Un operativo de control y fiscalización del Comité Contra la Trata y Explotación de Personas halló en un establecimiento forestal de la localidad correntina de Ituzaingó a 40 trabajadores viviendo en carpas, sin agua potable, ni baños, en “condiciones inhumanas”, afirmó hoy el delegado de la región NEA del Organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación e informó que se realizó la denuncia en la Justicia Federal.
El informe del Comité concluye que los empleados del establecimiento Don Francisco (en el Paraje Vedoya, departamento de Ituzaingó) “vivían en carpas de plástico, sin baños, ni agua potable, ni energía eléctrica y en pésimas condiciones de habitabilidad”.
Además, remarcó que “los obligaban a trabajar jornadas extensas sin días de descanso” y “el empleador, les descontaba la comida y el valor de las herramientas”, entre otras irregularidades.
El delegado de la Región NEA del Comité contra la Trata y Explotación de Personas, José María Serbín, afirmó que “se detectaron claros indicios de explotación laboral, viven en condiciones inhumanas, sin servicios básicos y están fuera de la escala salarial y con jornadas extensas sin días de descanso”.
Mencionó, también, que realizaban sus tareas sin las debidas condiciones de seguridad e higiene, sin ropa de trabajo ni elementos de protección y que los trabajadores expresaron que el empleador les descontaba los alimentos y el valor de las herramientas.
Por otra parte, en el operativo de inspección laboral realizado en el Departamento Ituzaingó “se comprobó que los trabajadores fueron trasladados por la misma empresa desde la provincia de Misiones hasta el establecimiento forestal para realizar tareas de plantación y raleo en forestación”.
La inspección, cuyos resultados se difundieron hoy, se realizó con la presencia del delegado Región NEA del Comité contra la Trata de Personas dependiente de Jefatura de Gabinete de la Nación, José María Serbín, el delegado provincial de Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) y Roberto Cafferata junto a inspectores de organismos nacionales de control y fiscalización.
Por el caso, tras la fiscalización, se realizó la correspondiente denuncia en la Justicia Federal, precisó Serbín a Télam. y agregó que los trabajadores relevados víctimas de explotación accederán a prestaciones a través del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).
En el establecimiento familiar “San Francisco de Asís”, en pleno quebrachal de la Cuña Boscosa en Santa Fe, se revirtió la baja aptitud ganadera a partir de una intervención cuidadosa de las 200 hectáreas de bosque dentro del Gran Chaco Americano con un pastoreo racional, rotativo y diario. Así, hace 30 años se logró integrar a las vacas como un componente más del ecosistema, sin impacto. Un caso de éxito que cuenta con el acompañamiento del INTA.
Bautizado con el nombre del santo patrono de quienes cuidan los bosques, la naturaleza y el ambiente, el establecimiento familiar “San Francisco de Asís”, en pleno quebrachal de la Cuña Boscosa al norte de Santa Fe, revirtió la baja aptitud ganadera del bosque chaqueño a partir de una intervención respetuosa del bosque que lleva 30 años. Un caso de éxito del manejo de bosque con ganadería integrada (MBGI) que cuenta con el acompañamiento del INTA. Esta experiencia será una de las temáticas que se compartirán del 1 al 3 de septiembre en la muestra INTA Reconquista Puertas Abiertas.
“El bosque es un ecosistema que está compuesto por muchos componentes, cada uno de ellos con una función”, aseguró Abel Menapace, productor y dueño del establecimiento familiar “San Francisco de Asís” quien, además, no dudó en asegurar: “Cuando el bosque está saneado, todo el sistema tiende al equilibrio”.
Así, es posible integrar a la vaca con el bosque porque, según explicó, “la producción ganadera es una consecuencia y no un objetivo en sí mismo. Trabajamos en función de todo el ecosistema, no centrados en la vaca”.
Germán Castro -investigador del INTA Reconquista, Santa Fe- coincidió con Abel en que “la ganadería es un elemento más del sistema” y destacó la importancia del componente arbóreo en la región del Gran Chaco Americano, donde se ubica el establecimiento: “Estos ecosistemas tienen al árbol como elemento central que lo sostiene. Sin el bosque, el suelo desaparecería”.
Los bosques nativos tienen un 60 % de la superficie con una aptitud ganadera entre regular y mala, el resto son aptos para el ganado. Es decir que, en la Cuña Boscosa, se necesitan entre 3 y 5 hectáreas por unidad ganadera o vaca en producción. “Junto con mi hijo Leandro, en nuestro campo, logramos revertir esta situación, luego de un arduo y cuidadoso trabajo de selección de plántulas y ramas”, detalló Abel.
“Hoy, el 70 por ciento de la superficie de nuestro campo tiene una aptitud ganadera entre buena y muy buena, mientras que el 30 % restante funciona como refugio de la biodiversidad, con una aptitud ganadera entre regular y mala”, explicó el productor, al tiempo que reveló que la proporción de animales por hectárea de 1 a 1, es decir que, en los mejores momentos, hay entre 140 y 150 cabezas de ganado.
Para lograrlo, si bien reconoció la necesidad de intervenir el bosque para mantenerlo activo, destacó la importancia de “hacerlo con respeto a las especies y con mucho cuidado por nuestra actitud de juicio de valoración”. Es que, según remarcó, “cada componente del ecosistema cumple una función y es parte de un sistema”.
Además, explicó que el manejo del ganado en el bosque también tiene sus cuidados: “Realizamos un pastoreo racional, rotativo y diario con dos rodeos, uno de cría y otro de recría”. La ración del ganado en ciclos secos pasa a ser arbórea, es decir, frutas y hojas caídas, brotes y rebrotes.
En este punto, el investigador del INTA profundizó estos conceptos: “El manejo del bosque es el manejo del pastoreo”. Según precisó, la clave está en “manejar racionalmente ese pastoreo”, es decir hay que tener en cuenta todos los elementos del sistema: el pasto, el suelo, el agua, los árboles y los renovables o futuros árboles. Además, subrayó que “el pastoreo debe ser rotativo para darle al pasto el tiempo suficiente y necesario para que se recupere”.
Y no dudó en asegurar que, “según el manejo que se le dé al pastoreo, la vaca puede ser un agente de regeneración o de degradación”.
A su vez, especificó el aspecto “diario” del pastoreo al que hizo referencia Menapace: “Es clave estar en el campo, con una dedicación diaria y una constante observación de cada componente del sistema para una correcta toma de decisiones”. Y agregó: “Abel tiene un verdadero amor al trabajo, a su campo”.
El establecimiento de Abel es, además, un Centro Observacional con tres dimensiones: la investigación, la producción y la mejora. En este último, el objetivo es el avistamiento y la toma de datos para organismos como el INTA, estudiantes, ONG y Facultades, donde funciona una granja, una huerta y pronto habrá instalaciones para hospedarse.
“Con mi hijo Leandro, trabajamos en este emprendimiento familiar de 200 hectáreas hace 30 años y siempre el INTA estuvo presente en materia de asesoramiento. Actualmente, estamos en un proyecto de medición de biomasa forrajera de una parcela georreferenciada, mediante imágenes satelitales. Además, compartimos talleres y demás actividades”, detalló el dueño del campo.
“Nuestro gran orgullo es haber resistido con ganadería dentro del bosque nativo”, aseguró Menapace quien, además, escribió un libro llamado “Bosque-Pastoril” y se presentará el próximo 15 de septiembre.
Integrar bosques nativos con ganado, es posible
La Argentina cuenta con alrededor de 50 millones de hectáreas de bosque nativo, de las cuales más del 60 % fueron clasificadas como categoría II o de protección intermedia en el marco de la Ley 26.331. En esta categoría, se permiten usos de aprovechamiento sostenible como el silvopastoril que representa el 60 % de la superficie total de los planes de manejo financiados.
Entre las dificultades que presentan estos sistemas productivos se destaca la baja eficiencia productiva y reproductiva de la ganadería, tensión por el uso productivo de la tierra, escasas alternativas tecnológicas y manejo de pasturas en ambientes críticos. Todo ello, acentuado por los efectos del cambio climático y la falta de una visión integral en los planes de manejo.
“Frente a este escenario, el Manejo del Bosque con Ganadería Integrada (MBGI) se presenta como una oportunidad para lograr una producción diversificada con mayor valor agregado y un mayor conocimiento de los procesos de regeneración de bosques, factores determinantes de la productividad del sistema y servicios ecosistémicos”, aseguró Castro.
Según explicó, es una “herramienta de desarrollo frente al cambio de uso del suelo, en la que se incluye al bosque nativo en la matriz productiva como un agente proveedor de servicios ecosistémicos, entre los que podemos destacar la regulación hídrica la conservación de los suelos y de la fauna, y la fijación de Carbono.
Mediante el MBGI se promueven innovaciones que aportan soluciones a las deficiencias existentes en los sistemas foresto-ganaderos regionales, en línea con los compromisos ambientales internacionales.
Una muestra a puertas abiertas
Del 1 al 3 de septiembre se realizará INTA Reconquista Puertas Abiertas, una muestra de ciencia y tecnología que se llevará a cabo en las 1.200 hectáreas del INTA Reconquista, Santa Fe. Durante tres jornadas, los visitantes podrán conocer el trabajo que realiza el INTA, junto con otras instituciones, en beneficio del desarrollo productivo del norte de Santa Fe.
Entre las temáticas que se compartirán, están las líneas de investigación en las cadenas productivas presentes en la región, así como el trabajo territorial con grupos y organizaciones tanto rurales como urbanas y periurbanas.
La muestra estará abierta desde el viernes al domingo de 10 a 17 horas. En un programa diverso, habrá stands de ciencia, caminatas y recorridos en colectivo por el campo, charlas y espacios de encuentros, ferias y patio de comidas, espectáculos y actividades para las infancias.
La carrera hacia el net-zero ya empezó y para cumplir sus metas empresas de todos los sectores recurren a los créditos de carbono como parte de sus estrategias climáticas y de sostenibilidad. Y en el mercado voluntario de bonos de carbono, el sector forestal local se prepara para jugar un rol importante.
Los bonos o créditos de carbono -instrumento de mercado que permite certificar la captura de carbono o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)- son obtenidos luego de un proceso de certificación y su principal mercado son empresas, personas o gobiernos que los usan para compensar sus emisiones.
En los últimos dos años, el sector forestal entró en la mira de la industria energética. A fines de 2022 Central Puerto adquirió activos forestales del Grupo Masisa en la Argentina en una operación de u$s 70 millones. De esta manera, la compañía sumó más de 72.000 hectáreas de campos con potencialidad forestal en Entre Ríos y Corrientes que contribuyen a los objetivos de descarbonización.
Este año, en tanto, Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, se convirtió en el principal accionista individual de Fiplasto -único productor argentino de tableros de madera de alta densidad-, en una operación de u$s 12 millones. En el comunicado en el que se anunció la transacción los compradores explicaban que esta era su primera inversión en el sector industrial maderero y forestal, “recurso estratégico del país para cumplir con su compromiso de carbono-neutralidad en 2050”.
Según Sebastián Fragni, director de GMF Latinoamericana, una compañía forestal pionera en el mercado de carbono forestal, empresas de todos los sectores están traccionando la demanda. “La forestación argentina está viviendo un boom. Para cumplir sus objetivos de descarbonización las empresas buscan soluciones basadas en naturaleza, como la forestación; en el mercado local hay muchas opciones”, dice. La industria farmacéutica, oil & gas, el agro, la metalúrgica, la aviación, el transporte son algunos de los sectores que están buscando proyectos viables. Los factores que delinean la oportunidad del mercado forestal local son disponibilidad de tierras aptas para el desarrollo de cultivos forestales y un excelente know how en el manejo forestal, principalmente.
Recuperación de bosques nativos GMF Latinoamericana opera actualmente 7 proyectos forestales para generación de carbono en distintas regiones del país y con diferente tipo de abordaje, sobre más de 15.000 hectáreas y con un potencial de mitigación de más de 1.375.000 toneladas de CO2 de los cuales ya se llevan mitigadas más de 500.000. Los proyectos incluyen la plantación de especies nativas más grande del país en Corrientes, proyectos de conservación y recuperación de bosques nativos en Jujuy y Salta y proyectos silvopastoriles para carne carbono neutral en Misiones. Además, lograron el primer proyecto donde los propietarios de la tierra obtienen pagos por servicios de carbono a través de la venta de servicios a distintas empresas pequeñas y medianas.
En el país hoy existen proyectos en desarrollo y certificación por una superficie de más de 70.000 hectáreas. Los proyectos, con una duración de entre 20 y 40 años, tienen una etapa muy rigurosa de planificación y registración, luego de monitoreo, validación y reporte. Dependiendo del tipo de proyecto carbono-forestal y su escala a partir del tercer año aproximadamente se comienza a certificar. El impacto social que se logre y la biodiversidad también son factores que pueden enriquecer el proyecto. “Los más integrales cotizan a mayor valor”, dice Fragni. El especialista remarca la necesidad de ser rigurosos al elegir el proyecto y hace hincapié en el concepto de adicionalidad: un bosque nativo o una reserva natural no genera per se carbono adicional. Para certificar carbono, la adicionalidad -el hecho de que se verifique y demuestre que el carbono capturado es adicional, es decir que se logra únicamente como producto de la intervención de quien genera el proyecto- es condición ineludible.
“Aunque hoy el precio del carbono está bajo, se estima que a 2030 se iría a u$s 50 por tonelada y después, a u$s 80. Pero hay empresas argentinas que internamente consideran su precio de carbono a más de u$s 100”, dice Fragni, que afirma que para las empresas tiene mucho sentido hacer este tipo de proyectos hoy en el mercado local. “Todos los sectores deben descarbonizarse, hacerlo acá y en pesos les permite ir a costo en vez de ir a precio”, explica.
Unitain Saica es otra firma del sector, la primera en lograr la certificación bajo VCS de Verra en proyectos forestales, el estándar con mayor reconocimiento internacional del mercado de carbono global. El año pasado se aprobó el registro del proyecto para la captura de 300.000 toneladas de CO2, que permitirá emitir 300.000 bonos de carbono como consecuencia de la plantación de especies leñosas nativas y exóticas, como el quebracho colorado, en las provincias de Chaco y Formosa. Trabajan con especies nativas a escala comercial, lo que representa una oportunidad para la generación de información y formulación de proyectos similares con potencial reducción de la presión a bosques nativos para obtener insumos. Y el programa se lleva a cabo en campos propios y arrendados. En 2025 contará con unas 3000 hectáreas en Chaco, Formosa y Corrientes con más de 4,5 millones de árboles. “En estas forestaciones se desarrollan también actividades que aumentan la biodiversidad como manejo silvopastoril, apicultura certificada, producción de cucurbitáceas y forraje”, cuentan en la firma que comercializa bonos de carbono en el mercado y financia proyectos para el sector privado.
Tierra de oportunidades “La demanda se vuelca cada vez más hacia los créditos de proyectos de captura de CO2 por sobre los proyectos de reducción de emisiones,” destaca Carlos Scavo, director de la consultora Strategy&.
Los emisores, impulsados por exigencias regulatorias o de clientes, inversores u otros grupos de interés, los necesitan cada vez más para compensar las emisiones que les resultan difíciles de reducir y generan demanda para estos títulos. “En la actualidad existen dos tipos de mercados, regulados y voluntarios, aunque están convergiendo, dando origen a mercados de carbono híbridos”, dice Scavo, quien plantea dudas sobre cómo el Artículo 6 será instrumentado, lo que genera un alto grado de incertidumbre en los mercados.
Pero la oportunidad está. El total de carbono comercializado a nivel global en 2021 fue de u$s 851.000 millones, de los cuales aproximadamente u$s 2000 millones fueron créditos de carbono voluntarios. “En América latina, el voluntario es el mercado más relevante. Según el BID, en 2020 y 2021 fue la segunda región que más créditos de carbono ofreció, aproximadamente 20% de la oferta global”, cuenta Scavo, para quien las empresas continuarán con necesidades crecientes de compensar sus emisiones no eliminables mediante certificados de carbono, con lo que se proyecta un fuerte crecimiento de la demanda, aproximadamente de 30 veces hacia 2050.
Una encuesta a más de 500 empresas de Estados Unidos y Europa destaca que cerca del 90% ya utiliza o planea utilizar créditos de carbono como mecanismo para compensar este tipo de emisiones.
Según las proyecciones, la oferta de proyectos de remoción de emisiones, preferidos por la demanda, crecerá menos que lo demandado y resultará en un déficit de oferta de proyectos de alta calidad y aumento de precios, de entre 10 y 15 veces, según estima el especialista. El resultado combinado de mayor demanda y mayores precios es un incremento del valor total del mercado voluntario de entre 5 y 50 veces para 2030 y entre 50 y 550 veces hacia 2050.
En el sector de alimentos, empresas en Brasil y Uruguay exportan productos carbononeutrales con precios diferenciales a mercados de alto valor, son algunas de las oportunidades que ven en PwC.
“La atractividad local para captar nuevas inversiones es indiscutible desde una perspectiva del desarrollo de proyectos forestales de remoción / captura de carbono”, dice Scavo. Según la Mesa de Competitividad Foresto Industrial, el país cuenta con 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, con posibilidad de expandir la superficie plantada en un 280%, sin competir con sitios conservados, bosques nativos ni cultivos. Además, el crecimiento promedio de los árboles en la región es hasta 5 veces más rápido que en el hemisferio Norte, lo que genera importantes ventajas comparativas. “Con más de 60 proyectos registrados de compensación de carbono, según registros nacionales e internacionales, en el país ya se cuentan con más de 20.000 hectáreas desarrolladas y más de 90.000 en evaluación o desarrollo”, cuenta Scavo. ¿La rentabilidad? Según Strategy&, si bien no hay datos públicos de rentabilidad de los proyectos en Argentina, los fondos forestales sostenibles a nivel global ofrecen rendimientos anuales de entre 8 y 12% en dólares, para inversiones en países desarrollados.
La naturaleza, protagonista
Los bosques regulan el ciclo del agua, mitigan fenómenos climáticos extremos, inundaciones y sequías, preservan los suelos contra la erosión y purifican el aire y son centrales para la biodiversidad y la preservación de flora y fauna, regulan la temperatura y almacenan carbono. Por eso, los proyectos de captura o reducción de emisiones de carbono son una oportunidad para generar ingresos económicos para quien conserve, haga un uso mejorado, restaure o reforeste bosques.
“En el país se calcula que el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del cambio de uso de la tierra y la silvicultura, es decir, de la pérdida y degradación de los bosques y su uso intensivo” explica Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Carbono Forestal Nacional (MCFN).
“Los mercados de carbono pueden traer beneficios ambientales, sociales y económicos, replicables y escalables, aunque deben crearse los espacios para una discusión más amplia, que incluya a más ecosistemas y sectores productivos para generar mejores condiciones, desde lo legal y político”, dice.
El tema regulatorio todavía incierto -no hay limitación para venta al exterior, lo que podría significaría una colisión entre el mercado regulado y el voluntario-, le resta confiabilidad al mercado. Ante la falta de iniciativas por parte de los gobiernos nacional y provinciales, las empresas que integran la MCFN se unieron para llevar ideas a los poderes legislativos y ejecutivos para elaborar un marco normativo y de instrumentos de política pública para la regulación y promoción de los mercados de carbono. “La idea es ordenar la discusión”, dicen.
Según BCG, uno de los principales argumentos de compra de estos proyectos es que el monitoreo, reporte y verificación sea confiable ya que “los compradores quieren asegurarse de que los créditos sean fáciles de probar contra afirmaciones de greenwashing”, explican. Para la consultora, a nivel mundial, la demanda de créditos voluntarios de emisiones de carbono crece rápidamente y la demanda de créditos basados en la naturaleza pronto podría superar la oferta. Y las preferencias de los clientes están cambiando de reducir las emisiones a eliminarlas por completo.
En 2021, el mercado voluntario de carbono creció a un ritmo récord, a cuatro veces su valor en comparación con el año anterior, y el ritmo de compras se aceleró en 2022, según la consultora. Para 2030 se espera que el mercado alcance entre 10.000 y 40.000 millones de dólares.
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy la eliminación de los derechos a la exportación para una serie de productos de las economías regionales y ayuda para productores en situación de emergencia y para industriales que procesan soja.
En su cuenta de la red social Instagram, el jefe del Palacio de Hacienda indicó que habrá “retención 0% para economías regionales con valor agregado industrial como el vino, el mosto, el arroz, el tabaco, la producción forestal, y la cáscara de citrus, entre otras”.
“Todos los productos que tienen un proceso de industrialización para las exportaciones, van a tener retenciones cero a los efectos de aumentar nuestras exportaciones con valor agregado”, enfatizó el ministro.
La decisión de eliminar las retenciones a las exportaciones de productos misioneros tendrá una incidencia directa en la chacra, particularmente en el sector tabacalero, que es minifundista.
El impacto en base a las exportaciones del año pasado es de unos quince millones de dólares en total, estimó el economista de la Fundación Mediterránea, Gerardo Alonso Schwarz, ante una consulta de Economis.
El tabaco sufría un retención del 12% y la madera aserrada y la perfilada, del 4,5%. Otras manufacturas de madera al igual que el papel y el cartón en crudo tributaban el 3%. A la quita de retenciones se le suma el incentivo de liquidar exportaciones a 340 pesos en lugar de los 300 que estaba vigentes previamente.
En el caso de la forestoindustria, el dinero que se quedará en Misiones equivale a unos once millones de dólares -siempre tomando en cuenta los valores exportados el año pasado-, lo que a valor oficial hoy serían 3.147.150.600,00 pesos.
En el caso del tabaco, serían unos cuatro millones de dólares- solo en retenciones, aunque en el sector estiman que se pueden conseguir cien pesos más por kilo ya que las industrias tendrán mejores condiciones para exportar. De este modo, serían unos 2.500 millones de pesos extra que se quedarían en manos de los productores.
El impacto más fuerte, de todos modos, se verá desde el año que viene, ya que la medida comenzará a regir el 1 de septiembre.
Massa destacó además que habrá “un nuevo programa de siembra para trigo y maíz con entrega de hasta 5 TN de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria a partir de un convenio con la compañía YPF Agro”.
El responsable de la cartera económica señaló que “vamos a continuar con el programa Puente al Empleo, para el sector agropecuario, que transforma los planes sociales en empleo registrado para quienes tomen trabajo en el sector rural, manteniéndose durante un año los planes”.
Finalmente, Massa adelantó un nuevo “Programa de Incremento Exportador y dijo que para los productos como la harina, el aceite y el pellet de soja vamos a dar la posibilidad de disponer del 25% de las divisas para comprar transitoriamente poroto de soja para procesar, manteniendo los puestos de trabajo de las plantas industriales y generando valor agregado en nuestro complejo industrial sojero”.
“Cuando se abrieron importaciones, en Misiones hubo un pueblo que cerró”, recuerda un maderero ante una consulta sobre la aplicación del plan económico de Javier Milei, potencial presidente de la Argentina.
“Era muy complicado producir acá en el uno a uno. Hoy están trabajando como cooperativa y muy bien”, coincide Ramón Almada, uno de los pobladores de Garuhapé Mi, el pueblo en cuestión, que, literalmente, cerró en 1998. La apertura indiscriminada de las importaciones durante el menemismo fue el detonante para que la fábrica de terciados bajara las persianas después de varios años de complicaciones. Todo un pueblo quedó a la deriva. El pueblo tardó años en recuperarse. La fábrica ahora es una cooperativa, que reabrió con el apoyo del Estado misionero.
En el sector forestal advierten que volver a un modelo de apertura indiscriminada de las importaciones, sería una nueva sentencia de muerte para decenas de Pymes que hoy ya atraviesan enormes dramas por la suba del dólar. En Misiones están en peligro más de ocho mil puestos de trabajo.
No sería el único dolor de cabeza para Misiones si se concreta el plan económico de Milei.
El decálogo de medidas del potencial presidente es drástico. ¿Qué pasaría en Misiones si se aplican?
La medida más mediática es la dolarización. Aunque nadie puede precisar demasiado el cómo. El Banco Central que Milei quiere liquidar, no cuenta con los dólares necesarios ni siquiera para ir a un uno a uno como en la Convertibilidad. Aunque no hay base cierta sobre la que realizar una aproximación, para entender la dolarización hay que sacar cuentas sencillas: dividir el salario mínimo -112.500 pesos- por el dólar oficial. Ese sería el salario dolarizado: 324 dólares. Si la conversión se hace al valor blue (de este viernes), el resultado es de apenas 144 dólares. Algunos economistas sostienen que será aún más bajo. Obviamente, los precios no bajarán con la misma velocidad.
“No existe evidencia contundente de que los países que dolarizaron su economía hayan tenido más o menos inversión que los países no dolarizados. En general no controlaron su déficit fiscal y viven en acuerdos con el FMI. Tuvieron un crecimiento menor que países similares no dolarizados y son más vulnerables a los Shock externos (baja del precio de lo que exportan o suba de lo que importan), lo que puede generar más desempleo ante estos fenómenos”, describe el economista Guillermo Knass.
Armar la valijas
Más allá de la discusión por el salario, la dolarización tendría un impacto directo en una actividad sensible de Misiones y que hoy atraviesa uno de sus mejores momentos: el turismo. Del turismo dependen cerca de 25 mil empleos. La actividad no deja de atraer inversiones: nuevos hoteles en la selva, glampings y modernos Centros de Convenciones. Solo Iguazú concentra ahora inversiones por más de 25 millones de dólares.
En Puerto Iguazú, además del posible récord de ingresos a las Cataratas del Iguazú, se vive un intenso movimiento comercial y gastronómico gracias a que los vecinos de Brasil y de Paraguay cruzan la frontera para consumir y degustar las distintas opciones que tiene la ciudad, atraídos por el tipo de cambio. Claramente, esto se da debido a la paridad internacional que hace que todo sea más accesible para los extranjeros, a raíz de que con mayor depreciación, mayor poder adquisitivo.
“Una dolarización traería aparejado un encarecimiento en términos de tipo de cambio real y nominal de todos los bienes y servicios que se comercializan en el país. Esto, para la actividad turística de Iguazú no sería favorable y perdería competitividad”, explica el licenciado Nicolás Benítez Caballero, integrante del equipo técnico del ITUREM.
“Si bien hoy el turismo se ha desarrollado mucho más de lo que estaba cuando el país transitó la convertibilidad -de 1991 al 2001 – destacando que en el 2022 la contribución al PBI del sector de viajes y turismo de la Argentina aumentó en un 39% respecto al 2021 (últimos datos observados), evidentemente, se trata de una actividad que creció notoriamente en los últimos años y, debido a la globalización, seguirá esa senda. No obstante, dolarizar traerá un detrimento al comercio fronterizo que se evidencia en Misiones, sabiendo que el 90% de nuestra provincia limita con Brasil y Paraguay. A esto, también, adherir el viajero internacional que proviene de diversas partes del mundo e ingresa al país por Iguazú y luego realiza su recorrido por el resto del país; por lo cual dolarizar dispondrá que, eventualmente, este segmento también se vea reducido. En conclusión, la posible conversión de la economía hacia el dólar no será beneficiosa para Iguazú, que verá reducida la actividad comercial y también, en cierto aspecto, la turística provocando así una reducción de las diferentes variables que motorizan las economías regionales que son elementales para la generación de puestos de trabajo, inversión y estructura que, como bien se sabe, son los pilares para un futuro prometedor”, enumeró el especialista.
Ganate un voucher
El plan de Milei también incluye un fuerte recorte del gasto público y una reforma tributaria que baje impuestos, flexibilización laboral y apertura unilateral del comercio internacional.
El gasto público pretende reducirlo con el corrimiento del Estado de la mayoría de sus responsabilidades y la eliminación de ministerios para quedarse con apenas ocho -hoy son unos excesivos 21- y eliminar carteras clave como Educación, Salud, Ciencia y Turismo.
Aunque en la práctica, la Educación depende de las provincias, Nación gira fondos para infraestructura y becas. Misiones recibe al año más de 12 mil millones por las becas Progresar a razón de 20 mil pesos cada una. Desaparecerían. Y no sólo los chicos perderían ese respaldo, sino los comercios de cercanía. El kiosko, la librería, la leche y el azúcar.
A cambio, Milei promete un sistema de “vouchers” para incentivar la competencia entre escuelas y de ese modo “mejorar la calidad”. Aunque se aclara, será “para pobres”. Y cursar en la universidad, costaría un arancel en el orden del 1.500.000 ó 2.000.000 de pesos al año, según un estudio de la Universidad Nacional de San Juan.
El sistema de vouchers educativos fue promocionado durante los años 60 por Milton Friedman como una alternativa liberal que favoreciera la elección voluntaria de cada padre sobre la educación de sus hijos. El sistema fue adoptado con suerte dispar en un puñado de países, con Chile como más cercano. Pero los jóvenes chilenos que venían a estudiar a la Argentina, hicieron una revolución para cambiar el sistema.
Suecia fue otro. Los resultados de los exámenes PISA, una muestra global del conocimiento de los alumnos de 15 años, fueron un duro golpe para el país, que sufrió el más brusco descenso en sus calificaciones entre todos los países evaluados entre los años 2003 al 2012. Un cuarto de los estudiantes no obtenía el mínimo esperado en las pruebas de matemáticas, la cantidad de alumnos sobresalientes se redujo a la mitad y las calificaciones empeoraban en todos los ámbitos analizados.
Uno de los principales inconvenientes es que la responsabilidad migró del Estado hacia los padres: ellos son ahora los responsables de juzgar si la educación recibida es de buena o mala calidad sin que tengan en todos los casos las herramientas necesarias para hacerlo. No hay castigos ni intervenciones para las escuelas, sino que se «supone» que el mercado la castigará. La evidencia sugiere que esto no ocurre.
En Chile el sistema generó una enorme segregación entre escuelas ricas y pobres, ya que las escuelas privadas pueden seleccionar a los alumnos según sus criterios y cobrar una diferencia entre el valor del voucher y el costo real de la educación, lo que excluye a los sectores más vulnerables y crea brechas entre los distintos tipos de escuelas. Las escuelas de menores recursos, obviamente, tuvieron peores resultados en calidad educativa.
El sistema no garantiza mejores resultados académicos, ya que la competencia entre las escuelas puede llevar a una estandarización de los contenidos, una pérdida de la diversidad pedagógica y una presión por obtener buenos puntajes en las pruebas externas, sin considerar otros aspectos del desarrollo integral de los alumnos.
“Hoy no hay ningún país del mundo que avance hacia un sistema de vouchers. Fue una corriente de los 80 y principios de los 90 que se agotó. Incluso el Banco Mundial y la OCDE, basados en los datos de las pruebas PISA, se posicionan en contra de estimular vouchers”, describe el pedagogo Mariano Narodowski.
Y agrega. “Hoy un Presidente no puede establecer un sistema de vouchers educativos porque según la Constitución de 1853 (con sus reformas de 1860 y 1994) la educación depende de cada una las provincias, no del gobierno nacional. Es decir, para instalar un sistema de libre elección de escuelas se debería modificar el artículo quinto de la Constitución Nacional, desempoderar a las provincias, nacionalizar la educación y cambiar el esquema de coparticipación federal de impuestos.
Pero si aún así quieren hacerlo, hay algunas opciones algo menos lisérgicas:
Opción A: Dinamitar el Ministerio de Educación de la Nación y todo ese gasto transferirlo a las familias de la Argentina. Técnicamente no sería un voucher sino una“beca”, pero nos sacamos el gusto. La dificultad es que todo el dinero nacional hoy disponible para repartir entre alrededor de 10 millones de estudiantes serían unos irrelevantes $3.000 por mes… y su única utilidad como voucher sería ayudar muy poquito a pagar la escuela privada.
Opción B: Semi dinamitar el Ministerio de Educación y con ese dinero establecer acuerdos pro vouchers con provincias incentivadas por mayor financiamiento nacional vía vouchers. La dificultad es que dada la exigua cantidad de dinero de la Nación destinada a la educación (y suponiendo la obviedad de que los que proponen voucher no quieren aumentar el gasto público) sólo unas pocas provincias con pocos estudiantes podrán postularse voluntariamente a la aventura. Además, faltaría una burocracia nacional muy grosa para coordinar el desbole, así que cuidado con lo que semi-dinamiten.
Opción C: Des-dinamitar el Ministerio de Educación e inyectarle muchos más recursos para volver a crear y gestionar escuelas nacionales en cada provincia como lo dispuso la Ley Lainez en 1905. Una dificultad adicional de este escenario absurdo es que en la Argentina de 2023 (a diferencia de la de 1905) la educación ya no está en expansión acelerada por lo que éste sobre financiado al sector nacional sería muy chico hasta que la gente lo prefiera más y se aumente el gasto o se baje el valor del voucher”.
Rezar para que semejante desbole salga bien en sus términos, sea bien implementado de acuerdo a su esencia y además tenga efecto positivo en la inclusión y la calidad educativa: la evidencia es controversial porque no está claro si el virtual éxito relativo de los países con vouchers se debe a los ellos o a otra cosa”, define Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, académico Asociado de Argentinos por la Educación y ex ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires.
Eliminar ministerios de por sí no solucionará los problemas, aunque genere un “ahorro” en gasto público y salarios.
“En la práctica las reparticiones quedan sin rango de ministerio sujetas a un ministerio superior o sea un ministro que coordine diversas áreas. Es cierto que el crecimiento desmedido de las reparticiones en ministerios no es bueno, pero la eliminación sin cirugía puede ser igual de malo. Las gestiones de salud o de educación se verán postergadas, ejecutadas con demora porque el ministro superior no dé curso en la rapidez necesaria a los diferentes trámites (pago de comedores, pago de programas de salud etc )”, detalla un funcionario conocedor del manejo presupuestario. En pandemia sería sencillamente un desastre.
Unitarios y federales
Hay otra idea de Milei muy promocionada. Eliminar la coparticipación. Nuevamente, hace falta una revisión del sistema de reparto de los recursos federales. Pero una operación sin anestesia, provocaría un caos económico, dejando a las provincias en un estado de vulnerabilidad extrema. Eso sin mencionar que los recursos, en la práctica, son generados por las provincias. No por un abstracto “Nación” que atiende en Buenos Aires. En la práctica, sería muy difícil dar de baja al sistema por las trabas legales, pero un Milei presidente bien podría simplemente dejar de girar los fondos “discrecionales”. Allí, la más perjudicada serían Buenos Aires y Capital Federal.
Eliminar la coparticipación llevaría al país a un régimen tributario como el de Brasil, dónde cada estado recauda lo que produce y una parte la envía a Nación. En la Argentina, Nación recauda y luego distribuye.
La paradoja es que un cambio de ese tipo, corregiría en primera instancia la eterna inequidad que reclama Misiones: una actualización de la coparticipación acorde a lo que genera la economía local. Hoy Misiones aporta más de lo que recibe.
En cambio, en el país, el modelo Milei concentrará más los recursos en las provincias más ricas y perjudicará a las más pobres acentuando el crecimiento demográfico. El centro del país crecerá más que el resto también en habitantes por las corrientes migratorias. Pero puede ser peor. No está claro si el plan de Milei es quedarse con el cien por ciento de la recaudación de los impuestos nacionales, sin repartirlos. “Eso muestra un desconocimiento de lo que producen y aportan las provincias y apropiarse indebidamente desde la Nación de recursos que no le pertenecen”, explica un tributarista.
Y vos no me escuchaste…
No se puede después argumentar “yo no sabía”. En su plataforma, Milei promete una reforma del sistema de salud e impulso al privado, privatización de empresas públicas, eliminar retenciones y derechos de importación y unificar el tipo de cambio.
También una ley de alquileres que habilite libre acuerdo entre las partes, lo mismo que los aranceles médicos.
Para las empresas, promete reducción de cargas patronales y eliminar indemnizaciones para despidos sin causa para reemplazarlas por un seguro de desempleo que frene la litigiosidad.
Otro punto clave: Milei promete derogar la ley de tierras, que impide que los capitales extranjeros acumulen propiedades. Las tierras en manos de extranjeros en la Argentina, representan un territorio equivalente a casi la mitad de Misiones. Y justamente, en Misiones se redujo el porcentaje de tierras en manos extranjeros. Si gana Milei, nuevamente cualquier capital externo podrá hacerse de la tierra.
Romper paredes
¿Qué pasaría si se privatiza la obra pública? El sistema “puede” funcionar en el caso de grandes obras de infraestructura, como una autopista que se pague con peajes o una obra eléctrica que se pueda repagar con la venta de energía. Mauricio Macri lo intentó. Pocas obras avanzaron.
Pero el sistema anularía obras “menores” como el asfaltado de un barrio en un pueblo o la construcción de una sala de primeros auxilios en un paraje alejado. Lo mismo con las viviendas. ¿Qué constructora haría un barrio popular en Pozo Azul sin garantía de cobro? El sistema UVA que implementó el Gobierno anterior, casi lleva a la ruina a los tomadores de créditos. El Gobierno misionero fue uno de los que salió al rescate.
La obra pública además impulsa el empleo. Misiones tiene hoy diez mil empleos vinculados a la construcción. No hay que ir demasiado lejos para evaluar el impacto de la parálisis de la obra pública. En noviembre de 2019, últimos días de la era Macri, Misiones tenía 7.527 trabajadores registrados. Desde noviembre de 2015, se perdieron 5.284 puestos de trabajo, equivalente al 41,2%.
En contraste, ahora Misiones acumula 27 meses consecutivos de crecimiento interanual del empleo en la construcción. El último dato oficial marcaba 9.592 puestos de trabajo registrados en la construcción. Y casi 500 empresas activas.
Toco madera
Volvamos a la apertura de importaciones y su impacto en Misiones. La memoria está fresca. El Gobierno de Mauricio Macri abrió la importación de fenólicos entre 2016 y 2017.
“Muchas Pymes cerraron. Se quería importar casas de China. Si se abren importaciones las más perjudicadas van a ser las economías regionales, que además no tenemos poder para defendernos. Y somos las que generamos trabajo y riqueza. Nos va a perjudicar mucho”, cuenta, preocupado Guillermo Fachinello, presidente de la Confederación Económica de Misiones y maderero de larga historia. “Vamos a terminar tomando té de la India y yerba de Uruguay”, lanza con ironía.
Fachinello sostiene que a pesar del momento de crisis, el sector forestal no está despidiendo. “Sí puede haber reducción de horas, nos está costando mucho seguir con los sueldos. Y ahora con las altas tasas de interés, será complicado la cuestión financiera. Hay que enfriar la cabeza”.
El sector forestal es clave por obvias razones. Grandes empresas, más de 600 aserraderos y cerca de diez mil empleos.
Milei no vino a Misiones a hacer campaña. En 2018 había venido a Posadas a hablar de capitalismo.
El presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera, Román Queiroz fue tajante: “Todos los modelos son discutibles, menos el de Milei”. Al respecto, señaló que lo votan “porque es un loco y grita”, pero no tiene un modelo sino “maneras de intentar gobernar y va a quitar derechos a un montón de ciudadanos”.
“La gente vota en contra de sus propios derechos. Me preocupa y nos tiene que ocupar. Tenemos que ver qué hicimos para que la juventud haya votado a Milei. Es culpa nuestra por no llevar la política a nuestras casas y hacer pensar que la política es solo lo económico”, opinó.
“Abrir las importaciones sin ningún miramiento, traería enormes dificultades a las Pymes. Decir que la obra pública desaparece, eso nos preocupa mucho a las Pymes. El 30 por ciento de lo que se produce en las pymes forestales va a la obra pública, imagínense lo que pasaría si se paraliza la obra pública”, explicó.
Queiroz también hizo un inusual mea culpa sobre la crisis actual. “Si sube el dólar oficial subimos los precios, si sube el blue, también. Un poco porque nos queremos proteger, otro por ser oportunistas. Hay culpa e irresponsabilidad del sector privado. No todo es culpa del sector político, si creemos eso estamos equivocados. Es culpa de todos”.
“No tenemos proyecciones. Esta semana fue de muchos problemas, pero los argentinos somos parte de ese problema, En el sector privado somos cómplices, todos y me incluyo. Todos tocamos la lista de precios. Entiendo que queremos protegernos, pero tenemos que hacernos cargo también”, se sinceró.
La apertura de importaciones durante los 90 provocó el cierre de muchas Pymes forestales. Lo mismo que sucedió entre 2016 y 2017 con la apertura de importaciones de fenólicos, que paralizó a la industria maderera. En contraste, Milei promete en su plataforma, “estímulos impositivos en materia forestal y garantizar estabilidad de las inversiones”.
Otro ejemplo se puede encontrar en una industria emblemática en Misiones. Dass llegó a Eldorado en 2007. Llegó a tener 1.500 empleados. Durante el macrismo, que impuso una apertura de importaciones, la fábrica estuvo al borde del cierre ydespidió a 1.200 operarios. Hoy tiene 520 y 25 fueron incorporados en las últimas semanas.
“En 2017 empezaron los despidos masivos y duraron todo 2018. Impacto directo de la apertura indiscriminada de importaciones. Me da tristeza que la bronca nos haga elegir volver a lo mismo”, definió Darío Vera, delegado gremial de Dass.
Hasta los países más liberales restringen las importaciones argumentando cuestiones sanitarias, de control de calidad y de dumping de precios. La apertura indiscriminada en los 90 llevó al cierre de fábricas y comercios y a una desocupación en la Argentina del 21%.
Mate amargo
¿Y qué pasaría con la yerba? A diferencia de Cambiemos, que presentó en el Congreso un proyecto de ley para desregular la economía -firmado entre otros por Alfredo Schiavoni, candidato del derrotado Horacio Rodríguez Larreta-, Milei no habló específicamente de la yerba. De hecho, nunca vino a Misiones a hacer campaña.
Sin embargo, vale repasar sus discursos para advertir que Milei piensa más o menos lo mismo que Larreta. “El tema de la yerba, el tema del precio sostén, toda esa parafernalia de un Gobierno metiéndose: desregulación”, había dicho el intendente porteño en su última visita a Misiones antes de caer derrotado ante Patricia Bullrich.
Milei piensa -y se expresa- en modo similar. “Vamos a hacer una reforma del Estado. No sólo de tamaño, sino por la maraña de regulaciones que se desprende de las oficinas estatales, que entorpece el desarrollo de la economía. La función del Estado no es entrometerse en cada aspecto de la vida de los individuos. Nuestra primera acción de Gobierno será una reforma completa del Estado para volver a un modelo que teníamos antes de la llegada del kirchnerismo al poder”.
En el modelo previo al kirchnerismo, no existía el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que entró a funcionar en 2002 después de la crisis derivada de la desregulación de la economía durante la década previa, como parte esencial del plan Cavallo. La yerba valía limosnas y se produjo una enorme transferencia de recursos del sector productivo al industrial comercial, calculada en más de mil millones de dólares.
Ante el avance de ideas similares, los productores se reunieron el miércoles en Apóstoles y emitieron un documento con una encendida defensa del modelo actual.
“Expresamos nuestra defensa a la plena vigencia del INYM, entendiendo que contribuye decididamente al crecimiento y desarrollo de la chacra, que reủne a 15 mil tareferos, 12.500 productores, 49 cooperativas, 200 secaderos y 100 industrias, con la generación de trabajo y la dinamización de la economía en esta región el país. Con el INYM, se jerarquizó la actividad y en ese marco, desde entonces se atienden aspectos sensibles como la fijación de un precio mínimo para la materia prima, se realizan relevamientos para definir líneas de acción, como los datos estadísticos y el registro de productores y yerbales; se implementan proyectos para mejorar el rendimiento de las cosechas y optimizar la calidad, fortaleciendo el mercado, en apoyo directo a todos los eslabones de la cadena yerbatera”, señala el documento. Y agrega, para no dejar dudas: “En la actualidad la actividad yerbatera atraviesa un muy buen momento, pocas veces registrado en sus más de 100 años de cultivo sistemático, ya que el precio de la hoja verde se paga a los productores hasta 140 pesos el kilo de hoja verde, es decir por encima del valor oficial, y en el primer semestre de 2023, las industrias despacharon la mayor cantidad de paquetes de la historia, alcanzando un récord de 138.749.599 mil kilos de ventas en el mercado interno, es decir, aumentó el consumo”.
