Cabrera: “Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en una agenda constructiva”

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“Somos uno de los países más cerrados del mundo y tenemos que concretar acuerdos comerciales con países para ganar mercados”, explicó el ministro de la Producción de la Nación, Francisco Cabrera.
El comercio internacional volvió a crecer en 2017 de modo significativo, y se prevé que también lo haga en 2018, pero Argentina permanece relegada, sin que el gobierno atine a dar respuestas de política doméstica ante uno de sus peores momentos que atraviesan las exportaciones. Mira por tevé el avance del proteccionismo de USA aunque ya se haya cobrado víctimas compatriotas al haber bloqueado la entrada de biodiésel, acero y aluminio.
De un plumazo se evaporan US$2.000 millones en las arcas nacionales más el trabajo que los generaba. Pero para el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, la estrategia de integración al mundo sólo pasa por las importaciones. “Somos uno de los países más cerrados del planeta después de Sudán y Nigeria”. Lo atribuye a la falta de acuerdos comerciales con el resto de los países desde hace muchísimos años. “Tenemos que abrir nuevos mercados”, sostuvo en declaraciones a radio Continental. “La Argentina no está preparada para competir”, sentenció en exclusiva alusión a la vulnerabilidad de algunos sectores de la industria frente a las importaciones. Las exportaciones no contaron, al menos según el relato que hizo de la reunión, en el temario tratado con los empresarios, habida cuenta de que el nivel de recaudación de divisas ha venido dependiendo de la producción de commodities y su precio.
Marcelo Elizondo, desde la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales que dirige, deslizó un par de datos sobre los que el gobierno debería ponerse a trabajar si de competitividad se trata: 1) en 10 años se redujo un 60% la cantidad de empresas que colocan productos fuera de las fronteras (Brasil nos duplica y México triplica); 2) apenas el 1% de los exportadores argentinos supera los US$ 100 millones por unidad. Reflejarían, por un lado, un exiguo aporte vendedor de las filiales locales de las grandes compañías en las transacciones globales a nivel corporativo, y por otro, la necesidad de redoblar esfuerzos en pos de abrir mercados exteriores para las Pymes.

No es casual que Argentina haya tenido reiteradas performances decepcionantes en las exportaciones. No sólo en el concierto internacional sino también en el regional. La comparación de los últimos dos años de la década pasada con los dos años recientes es contundente: mientras los más grandes, México y Brasil, crecieron, nuestro país se estancó, lo cual amplió la desventaja. También una economía más chica como la de Chile nos pasó por arriba, como no lo hacía en la primera década del siglo XXI. Hasta Perú se arrima con ímpetu

Los problemas de competitividad que ahora treparon en la agenda de la relación entre el gobierno y los empresarios vienen de larga data y los testimonia la disminución de la cantidad de empresas exportadoras: de 15.075 que había hace 10 años fue a 9.637 en 2016, según datos oficiales. México triplica ese número y Brasil lo duplica.

De los exportadores argentinos, nada más que el 1% vende por valor de más de US$100 millones anuales.

Es cierto que el macrismo heredó este retroceso relativo que viene de largo y que se había estado disimulando en tanto eran altos los precios internacionales de los commodities.

Pero en cuanto dejaron de pesar en el platillo de la balanza comercial afloró y se agravó la descolocación de la producción nacional frente a competidores en los mercados externos.

El director general de Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), Marcelo Elizondo, quien trabajó activamente en la campaña que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia e iba a ser el primer director de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional hasta que el ministro de la Producción Francisco Cabrerale bajó el pulgar, aporta desde el llano 5 tips para revertir la caída:

-Que maduren las políticas dirigidas a reducir al mínimo los desequilibrios macroeconómicos (con mejoras la tasa de inflación, el costo financiero, la presión tributaria; y con adelantos en la calidad del entorno regulatorio). La consecuente elevación de la tasa de inversión será, al respecto, de gran utilidad.

-Que mejore el entorno mesoeconómico (infraestructura, acceso a servicios varios, acceso a recursos humanos, capital social) de las empresas exportadoras. Hay en acción políticas gubernamentales que aún no han culminado en su proceso de implementación.

-Que las negociaciones económicas que están en marcha progresen para permitir a Argentina acceder a más mercados externos en condiciones que al menos permitan el m ismo confort de acceso que el que logran otros países de la región. Y que otras nuevas comiencen especialmente en mercados de potencial creciente.

-Que se trabaje en la dotación de servicios a las empresas internacionales que les permitan obtener atributos competitivos necesarios para afrontar la nueva economía. La baja internacionalidad de los actores económicos debe ser subsanada.

-Que la oferta argentina aproveche mejor la demanda de muchos grandes importadores internacionales.

Salvo en los dos primeros puntos, que dependen de los resultados que logre la denominada mesa chica de la economía, los otros tres tienen como denominador común el trabajo, la dedicación, de una cartera de Estado que no se mostró demasiado activa en la materia duran te el primer medio término de gestión: la de Producción, cuyo responsable reaccionó mediáticamente con declaraciones que expresaban el malhumor presidencial hacia sus ex colegas empresarios por habérsela pasado criticando y sin invertir.

En los hechos, propuso en el encuentro corporativo con la Unión Industrial Argentina reactivar las mesas sectoriales, que no se sabe por qué fueron interrumpidas el año pasado, a pesar de que venían generando consensos en algunas áreas, como la petrolera, automotriz, electrónica y metalmecánica.

Proteccionismo ajeno

Otro partido que se le fue de las manos al Ministerio de la Producción fue el del reacomodamiento del intercambio bilateral con Estados Unidos, víctima de la acción de lobbies americanos que se montaron en el proteccionismo proclamado por el presidente Donald Trump.

El golpe más duro lo recibió la nueva industria nacional del biodiésel, que llegó a ser el principal producto de exportación a Estados Unidos, con 1,5 millón de toneladas, por US$ 1.140 millones en 2016, hasta que una presión local logró que la International Trade Administration del Departamento de Comercio la sacara de circulación, con subas de aranceles imposibles, a partir de las cuales a Louis Dreyfus Corporation Argentina le fijaron 72,28%, a Vicentín 71,45% y al resto de las empresas 71,87% por las ventas del biodiésel. No hay competitividad que valga ante tamaña barrera.

No hubo llamadas telefónicas de Macri a la Casa Blanca, ni misiones al Departamento de Comercio que valieran para revertir el daño. Como tampoco tuvieron efecto alguno las respuestas del gobierno argentino a la nueva discriminación arancelaria de Estados Unidos contra las ventas de acero y aluminio, si bien al estar exceptuados México y Canadá de la medida, el grupo Techint lo padecerá desde este lado del mapa, pero no en los principales negocios siderúrgicos que hacen sus plantas radicadas en el norte del continente.

Para Estados Unidos, el acero que le llega de Argentina representa apenas 0,6% del total que importa y el aluminio 2,3%, por lo que los despachos de ambos rubros provenientes de estas latitudes no causan ni contribuyen a las distorsiones que afectan a los mercados.

La balanza comercial del país sí estará afectada, al resignar unos US$770 millones por estas exportaciones industriales vedadas, que se suman a los US$1.200 millones que faltarán por el bloqueo al biodiésel.

O sea que casi US$2.000 millones en total se restan a la columna del haber en el intercambio bilateral con USA, destino de nuestras exportaciones que, paradójicamente por primera vez en varios lustros, el año pasado se había convertido en el segundo de Brasil y desplazando, aunque apenas, a China como nunca había ocurrido desde hace muchos años en el inicio del siglo.

De todos modos, ese ascenso de las ventas argentinas al País del Norte modificó lo alto del podio, pero no la estructura que asumió el platillo exportador de la balanza, donde 3 de los principales 6 destinos son asiáticos.

Precisamente, Sudamérica y Asia son los dos principales continentes receptores de nuestros productos.

En ese sentido, Asia Pacífico (US$10.237 millones) se ha venido acercando al Mercosur (US$11.970 millones).

La provisión de alimentos constituyó el principal componente (57% del total) de las exportaciones en 2017. La industria oleaginosa fue artífice de este resultado y los vegetales (especialmente primarios) se ubicaron segundos.

En cambio, el abastecimiento para la producción industrial fue el principal componente de lasimportaciones (58%), con preeminencia de máquinas y aparatos (28% del total), seguidos por el equipamiento de transporte.

Una vez más, las compras externas se concentraron en tres países: Brasil, China y EE.UU., que ocuparon más de la mitad del total en 2017.

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Analizan bajar un 20% el costo de los servicios de practicaje en los puertos

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La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) presentó un dictamen para reducir un 20% el costo de los servicios de practicaje en todos los puertos del país, con el objetivo de mejorar la competitividad de las exportaciones y abaratar los insumos que importan las industrias nacionales.

Tras un minucioso análisis del costo del practicaje marítimo, que es el servicio de entrada y salidas de los buques en los puertos, la CNDC realizó recomendaciones para mejorar el servicio, garantizando la competencia y bajando el costo de un elemento logístico fundamental para el comercio.

Así lo anunciaron conjuntamente el ministro de Producción, Francisco Cabrera; el secretario de Comercio, Miguel Braun; el presidente de la CNDC, Esteban Greco; y el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz.

Los funcionarios, en conferencia de prensa, explicaron al detalle los serios de competitividad que representan los costos de los servicios portuarios, entre ellos los de practicaje y pilotaje, que constituyen un componente importante de los costos logísticos asociados al comercio internacional.

“Defender la competencia evitando prácticas abusivas e insertarnos inteligente al mundo son dos pilares de nuestro Plan Productivo Nacional”, señaló el ministro Cabrera. En este caso, las prácticas abusivas “atentan contra las posibilidades de aumentar nuestro comercio exterior y afectan también los costos del Estado”, remarcó.

De hecho, de prosperar las recomendaciones de la CNDC, el Estado se ahorraría 8 millones de dólares al año sólo por las importaciones de gas para uso residencial.

“Detectamos vacíos en la regulación del sector, analizamos la experiencia internacional, y recomendamos regular las tarifas de practicaje y pilotaje, como así también los servicios conexos, de acuerdo a los estándares internacionales”, indicó el presidente de la CNDC, Esteban Greco.

En tal sentido, añadió que se siguen “encontrando mercados con serios problemas de competencia y estamos avanzando con todos los organismos competentes para garantizar las mejores condiciones y favorecer la competitividad de la economía argentina”.

El costo de los servicios de practicaje y pilotaje puede alcanzar hasta un 45% del costo total asociado a los servicios portuarios que debe afrontar una compañía naviera en el caso de buques con destino a puertos en el río Paraná.

De acuerdo a un estudio difundido por la Bolsa de Comercio de Rosario, los costos de estos servicios en el puerto de Rosario y en el río Paraná para un buque sojero ascendían a 104.000 dólares y representaban un 5% del total del costo del flete marítimo a China.

En el caso del Río de la Plata, el costo promedio es de 30.000 dólares por barco, mientras que en el puerto de Bahía Blanca es de 17.100 dólares. Frente a este escenario, la CNDC recomendó al subsecretario de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte que establezca tarifas máximas para los servicios hasta tanto se verifiquen condiciones de competencia efectiva.

Este dictamen implica une reducción de 41 millones de dólares en el caso del río Paraná; 3 millones de dólares para Bahía Blanca y 2,4 millones de dólares para el Río de la Plata.

Las recomendaciones de la CNDC se encuentran en línea con el objetivo del Gobierno Nacional de bajar los costos logísticos y mejorar la competitividad en las vías navegables de todo el país. Los puertos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, representan el 35% de las exportaciones nacionales por un valor de 18.523 millones de dólares.

Desde el Ministerio de Producción bonaerense se está avanzando actualmente en obras de dragado en la mayoría de los puertos, en concesiones de espacios portuarios que estaban relegados, y hasta fuera de operación, y se accedió a financiamiento externo por US$ 18 millones para realizar 13 obras repartidas en los puertos de San Nicolás, Dock Sud y La Plata, las que estarán todas iniciadas antes de finalizar el año.

También se están realizando mejoras en accesos portuarios de San Pedro y Coronel Rosales y están previstas obras en los puertos marítimos de Quequén y Mar del Plata, con apoyo del Estado, por alrededor de US$ 100 millones.

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El Gobierno nacional subsidiará a las empresas electro-intensivas

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El Gobierno oficializó el programa de subsidios para las empresas electro.intensivas. La medida alcanzará a unas 800 compañías manufactureras, que recibirán descuentos de entre el 5% y el 20% en sus tarifas, y es para bajar los costos de producción.

El Gobierno oficializó el programa de subsidios para la empresas electro-intensivas, que alcanzará a unas 800 compañías manufactureras, que recibirán descuentos de entre el 5% y el 20% en sus tarifas, como parte de una medida para bajar los costos de producción, según la resolución publicada este jueves en el Boletin Oficial.

La medida, está contenida en la Resolución Conjunta 1-E/2017 y establece que las empresas interesadas en obtener ese beneficio deberán inscribirse en un registro que habilitará el Ministerio de Producción.

Estas compañías, que consumen al menos 300 kilovatios/hora, recibirán un descuento del 20% en sus tarifas para los primeros 4.500 megavatios horas consumidos.

Si pasan ese umbral, y llegan a consumir hasta 9.000 megavatios/hora, estos segundos 4.500 megavatios tendrán un descuento del 10%, mientras que de 9.001 hasta 15.000 la reducción para esa franja será del 5%.

Estos descuentos se aplicarán de manera retroactiva desde el primero de febrero hasta el 31 de diciembre del 2019, y para acceder al beneficio las empresas no deberán mantener deudas con las compañías proveedoras de electricidad.

Esta rebaja implica un costo fiscal de unos $750 millones, destinados a bajar los costos de producción, según explicaron fuentes oficiales y está destinada a unas 800 empresas manufactureras, entre ellas textiles, metalmecánicas y químicas.

También la Resolución estableció un valor de u$s 18 para el megavtio/hora que consumen las empresas ultra electro-dependientes, que son tres en el país: la productora de aluminio Aluar, y las de ferroaleaciones Globe, en Mendoza; y EMA, en San Juan.

La tarifa para estas compañías se modificará de acuerdo con el precio internacional de los productos que ellos venden, y para acceder a este beneficio no podrán despedir a trabajadores sin causa justificada y deberán aprobar la certificación ISO 50.001 de uso eficiente de la energía.

Este régimen tarifario se aplicará de manera retroactiva desde el primero de abril, hasta el 31 de diciembre del 2019.

La Resolución Conjunta lleva las firmas de los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Producción, Francisco Cabrera.

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El proyecto de Compre Argentino busca “potenciar la industria nacional y desarrollar capacidades competitivas”

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El Gobierno impulsa ampliar las preferencia para proveedores nacionales en las compras públicas, que representan en la Argentina más del 5% del PBI y generan el 2,5% del empleo. El proyecto busca “potenciar la industria nacional y desarrollar capacidades competitivas en sectores estratégicos como la industria ferroviaria, energía y sectores asociados a la tecnología”, señaló el titular de Producción.

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley en busca de ampliar los márgenes de preferencia para proveedores nacionales en las compras públicas, con una integración de productos locales que llegará al 40% en grandes proyectos de infraestructura, anunciaron hoy los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Trabajo, Jorge Triaca.

“Estimamos que la inversión pública rondará los US$ 200.000 millones durante los próximos 8 años y queremos que las pymes argentinas tengan una preferencia y puedan sacar provecho participando en la integración de los productos”, señaló el ministro Cabrera durante un conferencia de prensa que ofreció junto al titular de la cartera laboral en el microcine del Palacio de Hacienda.

Las compras públicas representan en la Argentina más del 5% del PBI y generan el 2,5% del empleo y con el proyecto de Compre Argentino busca “potenciar la industria nacional y desarrollar capacidades competitivas en sectores estratégicos como la industria ferroviaria, energía y sectores asociados a la tecnología”, señaló el titular de Producción.

“Queremos que las pymes argentinas sean protagonistas del plan de infraestructura pública más importante de la historia del país”, afirmó Cabrera.

El funcionario aclaró al respecto que se impulsa “una medida desarrollista, no proteccionista, tomando como ejemplo, entre otros, los casos de Israel y Estados Unidos”.

Por su parte, Jorge Triaca señaló que se trata de un proyecto trabajado en conjunto “con cada uno de los sectores para mejorar la vida de los argentinos y hacer realidad el país que todos queremos con más producción nacional y, consecuentemente, más empleo de calidad”.

Triacca aprovechó la oportunidad para recordar que en los “últimos 9 meses viene mejorando el empleo privado formal”, y adelantó que los números de marzo “marcan un crecimiento significativo, por arriba de los 30.000 nuevos puestos de trabajo”.

Para la elaboración del proyecto, el Ejecutivo contó con el asesoramiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), referente en la materia, y siguió los lineamientos de países modelo en este tipo de medidas como Israel, Estados Unidos, México y Brasil.

El secretario de Industria, Martín Etchegoyen, estimó que “se podrían generar 70.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años con una integración del 40% de productos nacionales en las compras que realice el Estado”.
“Queremos que las grandes compras del Estado sean una palanca para el desarrollo de una industria competitiva y de calidad”, explicó Etchegoyen.

Entre otros puntos, el proyecto de ley establece que al momento de licitar productos que no son producidos localmente, se establezca un incentivo para que prevalezca aquella oferta que prevea una mayor integración de piezas locales.

El proyecto crea mecanismos de coordinación dentro del Estado para que el desarrollo de la infraestructura y las compras estratégicas puedan promover una matriz productiva más integrada al mundo y más competitiva.
Participaron del encuentro, entre otros, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, y el titular de la Cámara Argentina de Comercio, Jorge Di Fiori.

“Los anuncios fueron buenos en términos generales. De todas maneras, hay que trabajar a fondo el tema del costo argentino porque es producto de una serie de ineficiencias como las cargas tributarias y eso es lo que nos descoloca”, subrayó Di Fiori.

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Cabrera negó que haya “mala leche” con Sancor y afirmó que “la administración es mala”

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¿Macri tiene “mala leche” con Sancor?

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, dijo que la crisis de Sancor es producto de la “mala adminsitración” y que el Gobierno ya ayudó a la firma láctea con créditos “por afuera del circuito financiero por 500 millones de pesos”.

El funcionario dio a entender que no habrá nuevas ayudas hasta que la empresa se reordene y achique su estructura, en declarciones publicadas por el diario Clarín.

“Sancor es una empresa grande con muchos problemas desde hace muchos años” y sostuvo que la compañía “se metió en un problema serio” cuando, durante la gestión kirchnerista, fue “un exportador importante de leche en polvo a Venezuela y Venezuela le dejó de pagar”.

 

“La empresa amplió su estructura en forma desmesurada, no fue cuidadosa con sus costos”, evaluó el ministro de Producción en una entrevista con radio Mitre en la que indicó que, “por supuesto”, en esa etapa, la compañía “tuvo sus beneficios porque le vendía la leche en polvo al Estado venezolano a más del doble del precio internacional”.

En este marco, Cabrera remarcó que “desde que empezó el Gobierno” de Cambiemos, en diciembre del 2015, el Estado “ha estado al lado de Sancor ayudándola” con “préstamos por fuera del circuito financiero para que pudieran avanzar en su proceso de reestructuración”, y precisó que esa ayuda rondó hasta el momento en los “500 millones de pesos”.

En este contexto y ante una consulta, Cabrera reconoció que el Gobierno le dijo “no” cuando “vinieron a pedir 4.500 millones de pesos” adicionales y consignó que lo que le plantearon frente a esta nueva demanda fue que “se ordenaran, porque así no van a llegar a ningún lado”

“Es mala la administración y, cuando pasan estas cosas, las empresas fracasan”, aseveró.

Allí, también, subrayó que en Sancor “evidentemente tienen un problema de deuda” y consideró que “la forma de reestructurarla no es seguir tomando deuda sino encarar el tema de qué es lo que le está produciendo esa deuda que crece”.

“Si la deuda crece, tiene que reestructurar algo de su plan de negocios”, advirtió el ministro, quien, no obstante, subrayó que “el caso de Sancor es un caso particular porque los productores que le venden leche son los dueños de la compañía industrial y, durante muchos años, se subsidió el precio de la leche de manera que los tamberos, que eran los accionistas, tuvieran un mejor precio que el del mercado”.

En este contexto, sostuvo que “el verdadero problema de Sancor no es tanto el tambero, que es una persona solvente porque tiene activos, sino los empleados, los que trabajan en los sectores productivos de sus plantas”.

MB

 

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