Macías estuvo acompañado por el diputado Rudi Bundziak y la secretaria legislativa del Centro del Conocimiento Parlamentario, Patricia López. Durante la visita, la comitiva conoció el funcionamiento del Poder Legislativo misionero y recorrió el recinto de sesiones, el Embajador Legislativo y el Salón de las Dos Constituciones.
La delegación estuvo integrada por los prefeitos de las ciudades de Horizontina, Porto Mauá y Tucunduva, junto a otros representantes institucionales y de los sectores productivo y económico del sur de Brasil.
En este contexto, Macías destacó la importancia del trabajo articulado en la región y expresó: “Para nosotros es un orgullo poder mostrar lo que hacemos, trabajar en conjunto y proyectar muchas cosas con el vecino país. Tenemos mucho por hacer, muchas alianzas por construir y mucho trabajo por delante”.
Asimismo, remarcó el valor del intercambio y la cooperación en un escenario económico desafiante: “Es una situación económica difícil en nuestro país, pero como provincia preservamos cuestiones que permiten seguir fomentando el comercio y la producción regional. Entendemos que, estando tan cerca de Brasil, no podemos salir adelante solos; por eso buscamos fortalecer estos vínculos, haciendo que todo progrese, pero también preservando lo nuestro”.
Finalmente, el presidente de la Legislatura puso en relieve la mirada regional señalando que, “dependemos mucho de Brasil y también de Paraguay para seguir creciendo. Más del 90 por ciento de nuestro territorio está hermanado con dos países; por eso creemos profundamente en los lazos internacionales y culturales. Tenemos mucho por crecer y este es el comienzo de un trabajo conjunto que estamos dispuestos a seguir fortaleciendo”.
Por su parte, desde la comitiva brasileña valoraron la visita como una oportunidad para conocer experiencias locales y consolidar un canal de diálogo más cercano. En ese sentido, destacaron la importancia de intercambiar buenas prácticas y avanzar en instancias de cooperación técnica y política, con el objetivo de impulsar el desarrollo de ambas regiones a partir de características y desafíos compartidos.
El presidente Javier Milei dispuso elevar a “ALTO” el nivel de seguridad en todo el territorio nacional a partir del 28 de febrero de 2026, según un comunicado oficial difundido desde la Oficina del Presidente de la República Argentina. La decisión responde a los acontecimientos de público conocimiento ocurridos ese mismo día en Medio Oriente y activa un esquema preventivo que incluye refuerzo de custodia en objetivos sensibles, monitoreo permanente del Sistema de Inteligencia Nacional y mayores controles en fronteras.
La medida no es solo operativa. También es una señal política. En un contexto internacional de alta tensión, el Gobierno busca mostrar capacidad de reacción inmediata y coordinación institucional. La pregunta que se abre es cómo impacta este endurecimiento del esquema de seguridad en la actividad económica, la logística y el clima de inversión.
El comunicado establece que se fortalecerán los dispositivos de protección sobre objetivos sensibles civiles e infraestructura crítica. Esto incluye el refuerzo de la custodia en representaciones diplomáticas extranjeras en el país.
Además, el Sistema de Inteligencia Nacional monitorea de manera permanente la evolución de los acontecimientos en cooperación con agencias internacionales, con el objetivo de detectar riesgos o amenazas contra la seguridad nacional.
En paralelo, se activó el protocolo de alerta en fronteras. La medida implica reforzar los controles de ingreso y egreso del país y aumentar la trazabilidad de movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles. El esquema articula a la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional —a través de la Dirección Nacional de Migraciones— y las Fuerzas Federales de Seguridad.
En términos institucionales, se trata de una activación preventiva dentro de las facultades del Poder Ejecutivo para resguardar la seguridad interior. No se anunció un estado de excepción ni se mencionaron restricciones extraordinarias, pero el salto en el nivel de alerta modifica la dinámica operativa de varios organismos.
Impacto económico: logística, comercio y percepción de riesgo
Aunque el comunicado no detalla efectos regulatorios adicionales, el endurecimiento de controles fronterizos puede tener implicancias en tiempos de tránsito y en la operatoria logística, especialmente en comercio exterior y transporte internacional. Un mayor nivel de trazabilidad y revisión suele traducirse en procesos más estrictos, con posibles demoras administrativas.
Para el mercado, el dato central es la estabilidad. Las decisiones en materia de seguridad influyen en la percepción de riesgo país y en el análisis que realizan inversores y compañías multinacionales sobre continuidad operativa. El refuerzo de custodia en representaciones diplomáticas y en infraestructura crítica apunta, justamente, a preservar esa normalidad.
En sectores como energía, transporte, telecomunicaciones y servicios estratégicos, el concepto de “infraestructura crítica” adquiere peso específico. La protección reforzada busca evitar interrupciones que impacten en producción, abastecimiento o precios. En un escenario internacional volátil, la anticipación es parte del mensaje.
Señal política en un escenario global incierto
El Gobierno reafirmó su compromiso con la defensa de la vida, la libertad y el orden constitucional. La elevación del nivel de seguridad se inscribe en una lógica de prevención antes que de reacción. No corrige una política previa, sino que profundiza un enfoque de alineamiento con estándares de monitoreo y cooperación internacional ante eventos externos.
Hacia adentro, la medida también ordena a la estructura estatal bajo un esquema de coordinación más intenso. Hacia afuera, comunica que Argentina busca blindar su territorio ante eventuales externalidades del conflicto internacional.
El efecto económico dependerá de la duración del nivel de alerta y de la evolución del contexto global. Por ahora, el Ejecutivo optó por anticiparse y marcar presencia institucional. En un mundo donde la seguridad y la estabilidad influyen directamente sobre mercados y flujos de inversión, esa decisión adquiere un significado que excede lo estrictamente operativo.
Cancillería expresó su respaldo a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán
La Cancillería expresó este sábado su apoyo a la ofensiva militar impulsada conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán y consideró que “las medidas adoptadas contribuirán a fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear”.
Conforme al comunicado oficial con estas acciones “se consolidará un marco de paz y seguridad duradera”.
“El Gobierno de la República Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”, inició el escrito.
En este sentido, enfatiza que “pese a los reiterados esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, Irán no desmanteló completamente su programa nuclear, no cesó sus actividades sensibles de enriquecimiento ni ha puesto fin al apoyo que brinda a actores armados no estatales que operan de manera desestabilizadora en distintos países de la región”, motivo por el que “se constituye una amenaza persistente a la paz y la seguridad internacionales”.
El canciller Pablo Quirno manifestó que “la Argentina condena enérgicamente los ataques” cometidos por Irán contra “naciones como Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Reino Unido, Arabia Saudita, Kuwait, así como “instalaciones y personal de EEUU en la región”.
Sin embargo, el Gobierno expresó su solidaridad con el pueblo iraní que durante estos años reclamó “con valentía su aspiración a vivir en libertad”, a la vez que el atentado terrorista perpetrado por Hezbolá contra la AMIA en 1994.
La cartera informó que “coordina con la red consular”, que “permanece en contacto con los connacionales a fin de asistirlos ante cualquier eventualidad”.
El gobernador de Salta. Gustavo Sáenz pidió hoy al Congreso Nacional que “se trate la ley de derribo y radarización“, en referencia a la caída de un avión cargado con más de 300 kilos de droga, que se estrelló en Rosario de la Frontera, unos 180 kilómetros al sur de la capital provincial.
A través de un posteo en sus redes sociales, Sáenz señaló que “No nos da tregua la lucha contra el narcotráfico. Soy el primer gobernador en la historia que logró que hoy día todas las fuerzas federales estén custodiando y cuidando nuestra frontera. Pero no alcanza, no es suficiente”.
“Tenemos más de 700 kilómetros de frontera y es necesario. Y por eso les pido a los legisladores nacionales, ya lo he hecho en otras oportunidades, que se trate la ley de derribo y radarización de toda la frontera. Es fundamental”, agregó.
Lucha contra el narcotráfico
Asimismo, el mandatario salteño pidió que “los legisladores nacionales acompañen esta medida”, y ratificó que n piensa “dar ni un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico”.
Y concluyó: “Vamos a seguir dando todas las batallas que sean necesarias para cuidar a los salteños y defender nuestra frontera”.
La avioneta, con matrícula boliviana, se precipitó a tierra este miércoles en las inmediaciones de Rosario de la Frontera, donde además fueron detenidos los dos pilotos y otras dos personas vinculadas a la causa.
Además, el personal policial decomisó 364 kilos de cocaína, una parte escondida en el fuselaje de la aeronave, y el resto oculta en una finca cercana.
Fronteras “descuidadas”
Salta comparte más de 890 kilómetros de frontera internacional: 534 con Bolivia, 294 con Chile y 66 con Paraguay, lo que la convierte en una de las provincias más expuestas al tránsito ilegal de drogas.
Sáenz también se alineó con la política del Gobierno nacional en materia de seguridad y narcotráfico. “Gracias nuevamente a la ministra Bullrich, al ministro Petri y a todos los que entendieron que la frontera Norte estaba absolutamente descuidada. Vamos a seguir trabajando juntos, con más fuerza que nunca, para terminar de una vez por todas con estos delincuentes y con el crimen organizado”, concluyó.
Crisis climática y fronteras: el LIF celebra su décimo aniversario con un ciclo de conferencias internacionales.
El Laboratorio de Investigación sobre Fronteras (LIF) del CONICET-UNaM lanza una propuesta para repensar los territorios y las geografías del cambio climático con la participación de destacados especialistas de Argentina y Canadá.
Un espacio de reflexión interdisciplinaria sobre los territorios en crisis
En el marco de su décimo aniversario, el Laboratorio de Investigación sobre Fronteras (LIF), perteneciente al Instituto de Estudios Sociales y Humanos (IESyH, CONICET-UNaM), organiza un nuevo encuentro dentro del Ciclo de Conferencias sobre Fronteras, que busca abrir el debate sobre los límites, las tensiones y las transformaciones espaciales en un mundo atravesado por el cambio climático.
La conferencia titulada “Los lugares, territorios y terrenos de un mundo en llamas. Una tríada espacial para la crisis climática” se realizará el martes 4 de noviembre a las 17 horas (Argentina) en modalidad virtual, y será transmitida en vivo a través del canal de YouTube @iesyh.conicetunam.
El evento contará con la disertación del Dr. Gastón Gordillo, investigador de la Universidad de British Columbia (Canadá), reconocido por sus estudios sobre geografía crítica, territorialidad y espacialidad en contextos de conflicto y transformación ambiental.
La conferencia será comentada por Facundo Rojas, investigador del IANIGLA (CONICET-Universidad Nacional de Cuyo), y moderada por Tania Porcaro, integrante del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (GEFRE).
Una tríada espacial para entender el cambio climático
El encuentro propone repensar las dimensiones espaciales de la crisis climática a partir de tres conceptos centrales —lugar, territorio y terreno—, en el marco de un mundo marcado por los incendios forestales, el extractivismo y la degradación ambiental.
“Reflexionaremos sobre cómo los incendios y los desastres ecológicos reconfiguran las nociones tradicionales de espacio, y cómo el territorio se convierte en un campo de disputa política, económica y simbólica”, señalaron desde la organización del LIF.
La propuesta busca tender puentes entre la geografía crítica, la antropología, la ecología política y los estudios ambientales, promoviendo un diálogo entre investigadores del norte y del sur global sobre las fronteras como espacios dinámicos de conflicto y resistencia.
Este ciclo se inscribe en una línea de trabajo consolidada por el LIF en la última década. Orientada al análisis de las fronteras geográficas, sociales, culturales y epistemológicas desde una mirada interdisciplinaria.
Una década de investigación sobre fronteras y territorialidades
El Laboratorio de Investigación sobre Fronteras (LIF) celebra en 2025 diez años de trayectoria como espacio de referencia en el estudio de las dinámicas de frontera en América del Sur. Integrado al IESyH (CONICET-UNaM), el laboratorio ha impulsado investigaciones sobre movilidad, soberanía, extractivismo, migraciones, pueblos originarios y conflictos ambientales en zonas de frontera.
El ciclo de conferencias, que se desarrolla a lo largo de todo el año, tiene como propósito fortalecer la red académica regional e internacional. Y consolidar un enfoque crítico sobre las transformaciones territoriales contemporáneas.
“El LIF reafirma su compromiso con la producción de conocimiento situado, interdisciplinario y con perspectiva latinoamericana”, destacaron desde la organización.
El Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones aprobaron un nuevo Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos. La medida, publicada este jueves 14 de agosto en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 3/2025, actualiza y reemplaza el instrumento vigente desde 2012, incorporando criterios y herramientas adaptadas a las nuevas modalidades del delito.
El nuevo protocolo será de aplicación obligatoria para todas las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que actúen como Policía Auxiliar Migratoria —Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria— así como para los agentes de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Su objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, detectar e investigar la trata de personas en los pasos de ingreso y egreso del país, en línea con los compromisos asumidos por Argentina en tratados internacionales.
La actualización responde a un cambio sustancial en la dinámica del delito. El protocolo anterior, aprobado en 2012, antecedía a la Ley 26.842, que modificó de forma profunda el marco legal sobre trata. En los últimos trece años, las redes criminales han sofisticado sus métodos, operando con carácter intra e internacional y mayor coordinación logística. Informes de la ONU (Oficina contra las Drogas y el Delito, 2024) advierten que los pasos fronterizos son escenarios críticos para detectar tanto a víctimas en etapa de captación y traslado, como a aquellas ya explotadas y en tránsito hacia otros puntos.
Contenido técnico y alcance del nuevo protocolo
El texto aprobado como Anexo IF-2025-81056586-APN-SSIC#MSG establece pautas unificadas para:
Identificación temprana de víctimas y presuntos tratantes en controles migratorios.
Procedimientos de intervención inmediata para resguardar la integridad de las personas.
Uso de herramientas tecnológicas y bases de datos para la verificación de identidad y antecedentes.
Coordinación entre organismos nacionales y cooperación con autoridades extranjeras.
El protocolo incluye un anexo reservado, con procedimientos específicos de actuación operativa, que no será de acceso público para resguardar la efectividad de las tareas de control.
La elaboración fue coordinada por la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual del Ministerio de Seguridad y la DNM, con apoyo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el marco del Programa EUROFRONT. También participaron el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, áreas de control de fronteras e hidrovías y de cooperación internacional, junto con las fuerzas federales. La ministra Patricia Bullrich y el director nacional de Migraciones, Sebastián Pablo Seoane, rubricaron la norma.
El refuerzo de los protocolos en frontera apunta a cerrar brechas operativas que las organizaciones criminales han explotado en los últimos años. Desde el Ministerio de Seguridad remarcan que “la prevención del delito de trata es una política de Estado” y que el control migratorio coordinado es “clave para la detección temprana y la protección de las víctimas”. Se espera que la implementación implique capacitaciones periódicas, uso de nuevos dispositivos de detección y la conformación de mesas de monitoreo interinstitucionales.
La norma ya está en vigor y se prevé su difusión interna inmediata entre los organismos involucrados. El monitoreo estará a cargo del Ministerio de Seguridad y la DNM, con revisiones periódicas para actualizar criterios frente a cambios en las modalidades delictivas. En el plano regional, la medida podría fortalecer la cooperación con países limítrofes, especialmente en zonas de alta circulación como Misiones, Formosa, Salta y Jujuy, donde la presión migratoria y la actividad del crimen organizado requieren respuestas rápidas y coordinadas.
