Garupá

Escala la crisis en Crucero del Norte: suspendió servicios y los trabajadores tomaron la base por salarios adeudados

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La crisis que desde hace meses golpea al transporte de larga distancia escaló en Crucero del Norte. La empresa suspendió los servicios entre Buenos Aires y Posadas, cerró puntos de venta y retiró la cartelería de algunas de sus dependencias, mientras los trabajadores mantienen una toma pacífica de la base operativa en Garupá para reclamar salarios adeudados y, sobre todo, una explicación sobre qué ocurrirá con sus puestos de trabajo.

El conflicto tiene dos caras que se potencian entre sí. Por un lado, una empresa que ya venía achicando su operación por la fuerte caída en la venta de pasajes y el aumento de los costos. Por otro, cientos de trabajadores y sus familias que aseguran haberse enterado de la suspensión de los servicios prácticamente al mismo tiempo que los pasajeros y las agencias.

La falta de información terminó de encender el conflicto.

“Nos topamos de golpe con que la empresa paró. Nosotros no quisimos parar”, explicó Héctor Silva, uno de los trabajadores que permanece en la base de Crucero del Norte. Según relató, el personal venía acompañando el proceso de reestructuración porque conocía las dificultades económicas de la compañía.

“Sabemos que la empresa está mal, que no anda bien. Le dimos todo el apoyo habido y por haber. Pero ahora paró de golpe y nosotros nos quedamos sin saber qué pasó”, señaló.

El reclamo inmediato es por los salarios atrasados, pero la incertidumbre va mucho más allá del próximo pago. Conductores, mecánicos, administrativos y personal de oficina aseguran que no recibieron una comunicación formal sobre el alcance de la decisión empresaria ni sobre la continuidad laboral.

“Hace tres días que estamos acá. Nos enteramos por los mismos medios por los que se enteran ustedes. La empresa comunicó que suspendía las ventas y los servicios a las boleterías y agencias, pero a los que trabajamos acá nadie nos informó nada”, relató otro de los empleados.

Desde entonces, los trabajadores organizan guardias durante las 24 horas en la base. La medida, remarcan, es pacífica y continuará hasta que obtengan respuestas.

A la delicada situación económica se suma ahora un conflicto dentro de la familia propietaria de Crucero del Norte.

Los trabajadores aseguran que uno de los responsables de la compañía se presentó ante ellos y les explicó que la firma no se encuentra formalmente en quiebra, pero atraviesa diferencias entre sus propietarios, identificados por los empleados como la madre y sus dos hijos.

Para el personal, esa disputa no puede trasladarse a quienes dependen de su salario.

“Sabemos que hay un problema interno entre los hermanos, pero nosotros no tenemos nada que ver. No tenemos la culpa de que ellos estén peleados. Queremos nuestra plata, lo que trabajamos”, resumió Silva.

La frase expone el punto más sensible del conflicto. Detrás de la discusión empresarial hay familias que aseguran no saber cuándo volverán a cobrar ni si tendrán trabajo cuando termine la paralización.

“Necesitamos pagar las cuentas, comer, pagar la escuela, la facultad, el colegio de nuestros hijos. Estamos acá y no nos vamos a ir hasta que nos paguen el sueldo y alguien venga a decir qué va a pasar con nosotros”, advirtieron.

La suspensión también alcanzó a los pasajeros. Con las ventas y servicios interrumpidos, usuarios quedaron sin respuestas ante viajes programados, mientras el cierre de sucursales profundizó las señales de un repliegue de la compañía.

En Garupá, incluso, fueron retirados los carteles identificatorios de Crucero del Norte, una imagen que aumentó la preocupación entre los trabajadores.

Una crisis que venía gestándose

El escenario actual tiene antecedentes. Tres meses atrás, Crucero del Norte había confirmado a Economis que estaba atravesando una “profunda reestructuración” para intentar sostenerse frente al derrumbe de la demanda.

Entonces, Julio Koropeski descartó una venta de la compañía y explicó que se estaban revisando rutas, frecuencias, procedimientos y estructura de personal. La definición era clara: había que achicar la empresa para mantenerla operativa.

“Es una reestructuración operacional por baja ocupación, como todo el sector de larga distancia”, había explicado Koropeski.

El empresario vinculaba buena parte del problema con el deterioro económico de la clase media, históricamente uno de los principales públicos del transporte terrestre de larga distancia.

“Nuestros clientes son los de la clase media endeudada con la tarjeta de crédito y con Mercado Pago”, describía.

La radiografía era contundente: el servicio de cabotaje estaba funcionando con apenas el 40% de ocupación. De cada diez butacas disponibles, sólo cuatro viajaban con pasajeros.

Al mismo tiempo, la estructura de costos seguía aumentando. Crucero señalaba entonces una suba del 40% en combustibles, mayores costos de neumáticos y nuevas cargas operativas. En ese contexto, aumentar los precios tampoco aparecía como una solución: con una demanda deprimida, encarecer los pasajes podía profundizar todavía más la pérdida de pasajeros.

A ese escenario se sumó la competencia de las aerolíneas low cost. En determinadas fechas y rutas, volar puede resultar igual o incluso más barato que viajar en colectivo, especialmente cuando las compañías aéreas ofrecen promociones.

“Venimos golpeados desde 2024 porque el cliente está sobreendeudado”, había advertido Koropeski.

De la reestructuración al conflicto abierto

En aquel momento, la estrategia era reducir frecuencias y hacer más pequeña la estructura para atravesar la crisis. Crucero del Norte ya había recortado servicios entre Misiones y Buenos Aires y otras empresas del sector tomaban decisiones similares.

La flexibilización regulatoria impulsada por el Gobierno nacional permitió a las compañías modificar frecuencias, cantidad de servicios y tarifas con mayor libertad. Pero esa posibilidad encontró un límite mucho más difícil de resolver: la falta de pasajeros.

La crisis tampoco es exclusiva de Crucero. El transporte de larga distancia viene atravesando un proceso de concentración, cambios de propietarios y absorciones, mientras distintas compañías reducen estructuras para compensar menores ingresos y mayores costos.

Los problemas de liquidez también comenzaron a trasladarse al frente laboral, con atrasos salariales y dificultades para sostener obligaciones vinculadas a los trabajadores.

En Crucero del Norte, aquella reestructuración que tres meses atrás todavía era presentada como el camino para preservar la compañía desembocó ahora en un escenario mucho más delicado: servicios suspendidos, sucursales cerradas, pasajeros afectados y trabajadores instalados en la base reclamando salarios y certezas.

El interrogante ya no pasa solamente por cuántas frecuencias puede sostener la empresa. Los empleados quieren saber algo bastante más elemental: si Crucero del Norte volverá a operar normalmente y qué sucederá con sus puestos de trabajo. Por ahora, dicen, esa respuesta no llegó.

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Compromiso con la Educación Ambiental en Misiones

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El Centro de Educación Ambiental de Misiones continúa recorriendo la provincia para fortalecer el Compromiso con el Ambiente junto a las comunidades educativas, promoviendo acciones concretas de sensibilización, participación y cuidado de la biodiversidad misionera. 

En el marco de estas actividades, se impulsa el padrinazgo de un árbol nativo por parte de estudiantes, docentes y familias, como una propuesta que busca transformar el aprendizaje ambiental en una experiencia de compromiso cotidiano junto a actividades didácticas de concientización. La iniciativa invita a cada comunidad a reconocer, cuidar y acompañar el crecimiento de una especie nativa, fortaleciendo el vínculo con el territorio y poniendo en valor la riqueza natural de Misiones. 

La propuesta se desarrolla a través de encuentros educativos, dinámicas participativas y actividades que permiten abordar el cuidado del ambiente desde una mirada cercana y comunitaria. De esta manera, la educación ambiental trasciende el aula y se incorpora a las familias y a toda la comunidad educativa como una responsabilidad compartida. 

“El compromiso con el ambiente no se construye solamente con información, sino con acciones concretas, porque cuando una comunidad educativa apadrina un árbol nativo, está asumiendo el desafío de cuidar una parte de nuestro patrimonio natural y, al mismo tiempo, de enseñar con el ejemplo a las nuevas generaciones.” afirmó el Lic. Nahuel Navarro Coordinador del Centro de Educación Ambiental 

La iniciativa ya llegó a distintas localidades y establecimientos educativos de la provincia. Entre las instituciones visitadas se encuentran la Escuela N.º 115 “Ruinas de Loreto”, de Loreto; la Escuela N.º 701, de San Javier; la Escuela N.º 276, de El Alcázar; la Escuela N.º 828, de Garupá; y el Colegio Provincial N.º 1 “Martín de Moussy”, de Posadas. 

Asimismo, el equipo docente del Centro de Educación Ambiental estuvieron presentes en comunidades educativas y territoriales de San Antonio, Bernardo de Irigoyen, Puerto Rico y otras localidades de la Tierra Colorada, ampliando el alcance de esta propuesta y generando nuevos espacios de encuentro para promover prácticas responsables y sostenibles. 

Las actividades realizadas en toda la provincia se realizan en conjunto con el Consejo General de Educación (CGE) y la Biofábrica Misiones. Es por eso que con cada visita, el objetivo es seguir construyendo una cultura ambiental basada en la participación, el conocimiento y el compromiso colectivo. Porque cuidar Misiones también significa conocerla, valorarla y asumir la responsabilidad de protegerla entre todos.

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Garupá adhiere al narcotest obligatorio: alcanzará a conductores, funcionarios municipales y concejales

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Garupá se convirtió en uno de los nuevos municipios de Misiones en avanzar formalmente con la implementación de narcotest obligatorios tanto en controles de tránsito como en el ámbito de la función pública. La medida quedó establecida mediante la Ordenanza XII N° 6, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de mayo y promulgada el 1 de junio por el intendente municipal a través del Decreto N° 11.

La normativa aprueba la adhesión de la Municipalidad de Garupá al Decreto Provincial N° 776/2026, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Misiones para fortalecer las políticas de prevención de consumos problemáticos, mejorar la seguridad vial y promover mayores estándares de transparencia en la gestión pública.

La ordenanza establece que los controles de narcotest serán implementados en coordinación con el Ministerio de Salud Pública de Misiones y tendrán un doble alcance: por un lado, los conductores sometidos a controles de tránsito; por otro, los funcionarios municipales, empleados jerárquicos y concejales.

Según el texto aprobado, la finalidad de la medida es reforzar la prevención, la seguridad vial, la transparencia institucional y la protección de la salud pública. Además, se fija un procedimiento que deberá respetar los derechos de las personas sometidas al examen, garantizando la confidencialidad de los resultados y la posibilidad de una contraprueba.

Qué ocurrirá ante un resultado positivo

En el caso de los controles viales, la ordenanza dispone que un resultado positivo derivará en la retención de la licencia de conducir, la confección de las actas correspondientes y la aplicación de las sanciones previstas por la normativa municipal vigente.

Para los funcionarios y concejales, la disposición es aún más estricta. El artículo 8 establece la obligatoriedad de someterse al narcotest, mientras que el artículo 9 prevé consecuencias institucionales ante resultados positivos, incluyendo la separación preventiva de funciones y la adopción de medidas administrativas o políticas que correspondan.

La norma también habilita al municipio a celebrar convenios con organismos provinciales para la ejecución de los controles y el desarrollo de programas complementarios.

Además de los controles y sanciones, la ordenanza incorpora un componente preventivo. El municipio deberá impulsar campañas de concientización orientadas a informar sobre los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto en la conducción y el desempeño de responsabilidades públicas.

La reglamentación de la ordenanza deberá concretarse en un plazo máximo de 30 días, período durante el cual el Departamento Ejecutivo Municipal deberá definir los protocolos operativos, los organismos intervinientes y los mecanismos específicos de aplicación.

La adhesión de Garupá se enmarca en una política provincial que busca extender los controles toxicológicos más allá del ámbito vial. El Decreto Provincial 776/2026 promueve la incorporación de narcotest como herramienta de prevención y control en distintos niveles del Estado, bajo el argumento de fortalecer la confianza pública y garantizar que quienes ejercen funciones de responsabilidad lo hagan en condiciones compatibles con el servicio que prestan.

Con la promulgación del Decreto N° 11, la ordenanza ya se encuentra vigente y el municipio deberá avanzar en las próximas semanas en la puesta en marcha efectiva del sistema.

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Garupá busca endurecer el control sobre SAMSA bajo la sombra de un veto parcial

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El Concejo Deliberante de Garupá sancionó la Ordenanza XVI-Nº 10 para fiscalizar la prestación de agua potable, imponiendo obligaciones operativas y un régimen sancionatorio de hasta 60.000 UT. Sin embargo, el Ejecutivo municipal vetó los artículos centrales que exigían la instalación gratuita de válvulas de aire y la apertura de oficinas locales, citando conflictos de competencia con el marco regulatorio provincial.

La reciente publicación de la Ordenanza XVI-Nº 10 en el Boletín Oficial marca un hito en la puja por la calidad de los servicios públicos en el área metropolitana de Misiones. El instrumento buscaba corregir una de las fricciones más persistentes entre la prestataria SAMSA S.A. y los usuarios: el cobro de aire en las facturas y la falta de atención presencial en la localidad. No obstante, la intervención del Intendente mediante el Decreto Nº 07 ha cercenado el músculo de la norma, dejando vigentes solo los lineamientos generales y delegando la resolución del conflicto técnico a la órbita del EPRAC (Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas).

El conflicto de las válvulas y la presunción de consumo

Para el sector comercial y residencial de Garupá, el punto neurálgico era el Artículo 4°, que establecía una presunción iuris tantum (que admite prueba en contrario) de presencia de aire ante variaciones anormales de consumo.

Veto a la inversión forzosa: Se rechazaron los artículos que obligaban a la empresa a instalar dispositivos de purga en un plazo de 90 días a su exclusivo costo. El Ejecutivo argumentó que esto constituye una “injerencia directa en aspectos económicos propios del marco concesional” provincial.

Seguridad Jurídica: El veto a los artículos 19° al 29° evita, según el municipio, una “doble sanción” por los mismos hechos, dado que las multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias (UT) podrían superponerse con las ya previstas en el contrato de concesión provincial.

Atención al Cliente: También quedó sin efecto la obligatoriedad de habilitar una oficina física en Garupá en un plazo de 30 días, medida que buscaba reducir los costos de traslado de los vecinos hacia Posadas.

La autonomía municipal frente al contrato provincial

Misiones presenta una estructura de servicios públicos centralizada en entes reguladores provinciales, a diferencia de otras jurisdicciones donde los municipios retienen mayor poder de policía sobre sus concesiones. En Garupá, una ciudad con un crecimiento demográfico exponencial y una dependencia crítica de la infraestructura compartida con Posadas, la falta de una oficina local se traduce en una asimetría de acceso para el usuario periférico.

La decisión del Ejecutivo de vetar los artículos más agresivos responde a la necesidad de evitar litigios que comprometan la coparticipación o los fondos municipales ante posibles demandas por incumplimiento del equilibrio contractual de la concesión de agua.

Puntos vigentes de la Ordenanza

Pese al veto, la ordenanza conserva artículos que establecen nuevas obligaciones de transparencia:

Plan de Contingencia (Art. 7°): La empresa sigue obligada a garantizar abastecimiento alternativo y respaldo energético ante cortes.

Información y Avisos (Art. 8°): Se mantiene la exigencia de avisos de corte inmediatos y canales digitales accesibles.

Fondo Especial (Art. 34°): Se crea un fondo con lo recaudado en multas (de los artículos no vetados) destinado exclusivamente a mejoras en el servicio de agua del municipio.

Escenario a mediano plazo: ¿Hacia una auditoría externa?

La declaración de “fracaso” de los artículos sancionatorios más duros traslada la presión política nuevamente al EPRAC. Lo que el sector empresarial y el contribuyente deben seguir de cerca es la aplicación del Artículo 30°, que faculta al municipio a realizar auditorías propias y coordinar con el ente provincial.

Si bien SAMSA evita por ahora la inversión compulsiva en válvulas de aire, la presión legislativa local sugiere que la sustentabilidad social del servicio en Garupá está al límite. El desafío para la prestataria será mejorar la medición y la atención antes de que la judicialización de los reclamos por “aire en las cañerías” se convierta en una contingencia financiera inmanejable.

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La Virginia ya opera en Garupá y prepara su centro de distribución sobre la ruta 12

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La firma La Virginia ya se encuentra instalada en Garupá con su nuevo centro de distribución ubicado sobre la ruta nacional 12, en una apuesta logística que refuerza su presencia en Misiones y en el Nordeste argentino. Desde el pasado 20 de abril ya comenzó a operar en el predio, mientras avanza con los últimos ajustes de infraestructura interna.

El nuevo centro logístico se ubica en una zona estratégica de Garupá, sobre uno de los principales corredores viales del Mercosur, lo que permitirá optimizar la recepción y distribución de mercadería en toda la región. Actualmente, la firma atraviesa una etapa de mudanza, reorganización operativa y adecuación interna del predio. En principio, trabajarán 23 jóvenes, más cuatro fleteros.

Desde el municipio indicaron que la empresa se encuentra todavía en proceso de asentamiento y que entre junio y julio alcanzaría el funcionamiento pleno.

“Están tratando de acomodarse y yo creo que el mes que viene van a empezar ya el 100% de las actividades ahí. De acuerdo a lo que nos comunicaron, después de ese asentamiento normal y formal de la empresa, van a empezar a tomar algunos operarios”, señalaron fuentes cercanas al proceso.

Actualmente, el trabajo está centrado en el acondicionamiento de la estructura interna del predio, especialmente en todo lo vinculado a la recepción y salida de mercadería, un punto clave para el funcionamiento de un centro de distribución de gran escala.

La llegada de La Virginia a Garupá representa una señal relevante para la actividad económica local, especialmente por el movimiento logístico que implica una operación de esta magnitud sobre la ruta 12, y por el potencial impacto en empleo privado formal en un contexto donde la provincia viene mostrando dificultades en ese segmento.

Con fuerte presencia nacional en café, té, yerba mate, azúcar y otros alimentos de consumo masivo, La Virginia consolida así una base estratégica en Misiones, apuntando a mejorar tiempos de distribución y cobertura comercial en toda la región.

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