lun. Feb 23rd, 2026

gasto público

Tras rechazar el financiamiento universitario, el Gobierno también vetó la emergencia en pediatría

By Redacción Economis 5 meses ago
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La iniciativa proponía una recomposición salarial y una actualización en la partida presupuestaria para garantizar la atención de los pacientes.

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley N° 27.796, sancionado por el Congreso el 22 de agosto, que declaraba la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas nacionales por un año. El Decreto 651/2025, publicado este 11 de septiembre en el Boletín Oficial, fundamenta la decisión en el impacto presupuestario, la falta de definiciones claras y el riesgo de desfinanciar programas sanitarios esenciales.

El proyecto de emergencia sanitaria, impulsado con amplio respaldo parlamentario, buscaba garantizar acceso equitativo y de calidad a la atención pediátrica, recomponer salarios de médicos residentes y personal asistencial, y declarar al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional.

El texto establecía además exenciones de impuesto a las Ganancias para trabajadores de salud en actividades críticas y facultaba al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias del Ministerio de Salud.

El Gobierno, sin embargo, consideró que la norma era “inviable, ambigua y fiscalmente irresponsable”, subrayando que la recomposición salarial prevista equivalía a un gasto adicional de $115.030 millones, monto comparable a un tercio del calendario nacional de vacunas o tres veces el presupuesto destinado a políticas de cobertura en VIH, tuberculosis y hepatitis.

Contenido técnico: los puntos más controversiales del veto

El decreto, firmado por Milei junto a Guillermo Francos, Luis Caputo, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Luis Petri y otros ministros, detalla las razones del rechazo:

  • Mandatos abiertos e imprecisos: los artículos 2° y 3° no delimitaban con claridad las “funciones críticas” ni los beneficiarios de la recomposición, lo que generaba riesgo de litigiosidad y arbitrariedad en la implementación.
  • Impacto fiscal: la recomposición salarial y la exención de Ganancias suponían un gasto directo millonario y una merma en la coparticipación federal, al comprometer recursos compartidos entre Nación y provincias.
  • Desfinanciamiento de programas vigentes: reasignar recursos del Ministerio de Salud implicaba recortes en vacunas, tratamientos de alto costo, medicamentos esenciales y programas contra enfermedades infecciosas.
  • Distorsiones salariales: se advertía que el beneficio exclusivo a pediatría podía generar inequidades respecto de otros profesionales de la salud.
  • Exceso del Congreso: el Ejecutivo objetó que la ley derogaba la Resolución 2109/25 sobre residencias médicas, algo que —según el decreto— constituye una intromisión en facultades administrativas propias del Poder Ejecutivo.

Fundamentos oficiales: estabilidad macroeconómica versus gasto social

El Gobierno defendió el veto en nombre del equilibrio fiscal y de su meta de emisión monetaria cero, planteando que el Congreso impulsó una medida “bajo la apariencia de defender una causa noble” pero que “aumenta de forma desmedida el gasto público y pone en riesgo la estabilidad económica”.

En un pasaje del decreto, Milei advierte: “Cuando no existen recursos suficientes para solventar los compromisos asumidos, la consecuencia inevitable es la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los sectores que se proclama amparar”.

El texto también destaca la gestión del Ejecutivo en el Hospital Garrahan, donde se afirma que en un año y medio se logró alcanzar “déficit cero” con ahorros de $40.000 millones y un presupuesto garantizado de $220.000 millones (incluido el aporte de CABA). Por ello, el artículo que lo declaraba hospital de referencia se consideró innecesario.

Choque institucional y debate sanitario

El veto presidencial abre un nuevo frente con el Congreso, que podría intentar insistir con la ley por mayoría especial. El oficialismo buscará que el tema se discuta dentro del Proyecto de Presupuesto 2026, que será remitido al Parlamento el 15 de septiembre, como el ámbito legítimo para definir asignaciones de gasto.

En el plano sanitario, la decisión generará críticas de asociaciones médicas y gremios de residentes, que vienen reclamando mejoras salariales y condiciones laborales. La Sociedad Argentina de Pediatría, mencionada en el proyecto, podría emitir un pronunciamiento.

En el plano político, el Gobierno busca reforzar su mensaje de austeridad y disciplina fiscal, aún a costa de enfrentar el costo social y simbólico de vetar una ley vinculada a la infancia.

Hacia un Presupuesto 2026 con foco en salud y recorte del gasto

La Casa Rosada anticipa que la discusión sobre financiamiento del sistema pediátrico se trasladará al debate del Presupuesto 2026, donde Milei intentará blindar su política de equilibrio fiscal y limitar los márgenes de gasto discrecional del Congreso.

El oficialismo apuesta a que la aprobación del Pacto de Mayo y el nuevo marco de reglas fiscales le den sustento político para sostener vetos como este, frente a una oposición que buscará capitalizar el costo político de la medida en un año de crisis económica.

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Más salario, menos deuda, más apoyo al sector privado: las claves de la ejecución presupuestaria misionera

By Alejandro Pegoraro 4 años ago
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Días atrás, se conocieron los datos de la ejecución presupuestaria de Misiones, correspondientes al acumulado al tercer trimestre de 2021. Antes de entrar en detalle de los resultados, cabe aclarar que por Ley de Responsabilidad Fiscal, las provincias deben publicar estos datos con hasta un trimestre de rezago, por lo cual, los datos finales del año los conoceremos, probablemente, para finales de marzo. 

Aún con datos parciales (en términos temporales), es factible analizar el comportamiento de la ejecución presupuestaria y hacer una primera aproximación a la evaluación de desempeño de los ingresos y el gasto de la provincia, y su comparación respecto a otros distritos. 

A primera vista, se destaca que Misiones mostró un comportamiento inverso al de la gran mayoría de las provincias: tuvo un crecimiento del gasto por encima de los ingresos, actuando de manera contracíclica en un momento donde ello es más que necesario, y así lograr saldar muchos de los desafíos pendientes que tiene la administración misionera. Por ello, sostenemos que Misiones tuvo un muy buen desempeño fiscal en este período.

Los ingresos totales que tuvo Misiones entre enero y septiembre (3º trimestre) del 2021, se ubicaron en torno a los $159.234,9 millones, teniendo un alza en moneda constante muy importante: +11,7% real, el tercer mayor crecimiento entre las 19 jurisdicciones que tienen sus datos actualizados. A su vez, los gastos totales fueron por $159.226,1 millones, y el crecimiento interanual fue del 20,7% real, el más alto entre los distritos relevados. 

Ya se observa solo con ese detalle que el gasto tuvo una velocidad de crecimiento mayor al de los ingresos, pero aún así se conservó superávit: la diferencia entre los ingresos y el gasto, en términos absolutos, dejó un superávit de $8,8 millones, que es poco abultado, pero el mismo está explicado, necesariamente, por una decisión política de no ajustar el gasto en un año donde se necesitaba más que nunca el acompañamiento del Estado para reactivar la economía. 

En este marco, es importante dar algunos detalles vinculados a la ejecución presupuestaria de la administración pública misionera, que permiten entender mejor las razones por la cual sostenemos que se trata de un buen desempeño fiscal provincial.

En relación a los ingresos, los ingresos tributarios crecieron 15,6% en términos reales y, dentro de estos, los de origen provincial lo hicieron en 27,7% real, casi triplicando la tasa de crecimiento respecto a los de origen nacional. Esto demuestra que la actividad económica tuvo un recupero traducido en recaudación, una situación similar a la que se dio en casi todos los distritos subnacionales del país.  

Por el contrario, los ingresos por transferencias corrientes cayeron 10 puntos en términos reales, producto de una menor asistencia del Gobierno nacional de partidas extra-coparticipables. Sin embargo, las que sí crecieron fueron las transferencias de capital (+7,2% real), que permitió fortalecer los niveles de inversión que realizó Misiones.

Ahora viene quizás lo más relevante, que es el análisis del gasto. El gasto corriente en su conjunto presentó alzas del 23,3% en moneda constante (vs 12% de alza de los ingresos corrientes). 

En este marco, hay varios puntos a destacar, pero quizás los más relevantes son tres: en primer lugar, el Gasto en Personal, que no es otra cosa que la masa salarial que el Estado provincial abona a los agentes estatales de la provincia, creció en moneda constante 28,3%, siendo el incremento más alto entre todos los componentes del Gasto corriente. Esto implica una fuerte recomposición del salario de los agentes provinciales. Además, es la provincia con la mayor expansión en este punto, cuando la gran mayoría de distritos recortó este punto, congelando salarios públicos o moviéndolos bastante por debajo de la inflación. 

En segundo lugar, los pagos por servicios de intereses y gastos de la deuda pública, que en este caso la destacamos por razón inversa a lo detallado con el Gasto de Personal. Lo positivo en el caso de pago de deuda, es que se redujo no solo en términos reales (-54,9%), sino también absolutos (-$197 millones respecto a 2020). Esto es una nueva prueba del proceso consolidado de desendeudamiento que lleva a cabo la provincia, que permite no solo sostener stocks bajos, sino también bajos servicios, de manera tal que prácticamente no impactan en el gasto (apenas representan el 0,3% del gasto total).

El tercer punto relevante tiene que ver con el acompañamiento al sector privado: las transferencias a ese sector crecieron en ambos niveles (14,8% en transferencias corrientes y +39,5% en las de capital), mientras que los aportes de capital y préstamos lo hicieron en un 74,2%, todo en términos reales. 

Al consolidar los ingresos y gastos totales, se observa como el 2021 fue radicalmente distinto a los años previos: los ingresos se habían contraído en 2018 y 2019 (-8,3% y -6,4%, respectivamente), en 2020 tuvo un alza del 6,1% y en 2021 se consolidó ese camino de recuperación con un incremento del 11,7%. 

El gasto, por su parte, tuvo caídas entre 2018 y 2020, creciendo fuertemente en 2021. 

Muchas veces criticamos o vemos críticas, tanto de la sociedad en general como de la dirigencia política, en relación al gasto. “¡Hay que bajar el gasto!”, exclaman algunos con vehemencia. El gasto público en la Argentina es un problema, sin duda alguna. Pero el mayor de los problemas no es el volumen, sino su distribución y su ineficiencia. En el caso misionero, existe un muy importante incremento del gasto, direccionado en gran medida en resolver problemas: lo salarial, el apoyo al sector privado e incluso en lo referido a la seguridad social, que también tuvo un buen desempeño. 

Aún con el gasto creciendo casi el doble que los ingresos, la provincia logró cerrar este período de análisis con superávit. Si bien se trata de uno menor, el objetivo político parece ser claro: no al ajuste, pero tampoco al desequilibrio. Se trata de un juego win-win. 

Sobre 19 distritos relevados, todas mostraron superávit financiero y Misiones tuvo el menor de ellos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Una de las más clara es el Gasto en Personal: CABA, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe y Tucumán siguieron con caídas reales en el Gasto en Personal, sin lograr recomponer salarios de los agentes públicos. Sólo lograron hacerlo Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

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Gasto público y crecimiento: pensando más allá del Estado Nacional

By Arguello Juan Carlos 5 años ago
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El déficit fiscal nacional es una variable macroeconómica clave, en la medida en que determina cuánto impulso le da el Gobierno a la actividad económica, cuánto trepará la deuda soberana y cuánto será necesario emitir. Sin embargo, muchas veces se habla de las decisiones del Sector Público como las de un ente único, cuando en realidad éste se compone de centenares de organismos descentralizados en mayor o menor medida.  

Las funciones (tanto de recaudación como de gasto) del Estado se organizan en tres niveles de Gobierno: nacional, provincial y municipal. Considerando la importancia relativa del primero de ellos, el análisis suele enfocarse en él. En este informe, en cambio, indagaremos en los datos de las cuentas fiscales consolidadas y subnacionales para explicar la evolución de cada nivel de gobierno, su rol y el signo de su balance financiero a lo largo de los últimos años. 

El sector de gobierno de mayor proximidad es el municipal. Este ámbito abarca a más de 2.000 gobiernos locales (municipios, comunas, comisiones municipales y otros), que reciben recursos principalmente cedidos por las Provincias de las que forman parte (además de cobrar tasas). Por su escala y dispersión, este nivel es el que menos datos provee, a la vez que representó menos del 10% del presupuesto del Sector Público Argentino consolidado en 2017 -último año con datos-. Por este motivo, entonces, no lo tendremos en cuenta al momento de analizar el efecto macroeconómico de las cuentas públicas: su incidencia no es relevante a esta escala.  

Los Gobiernos Provinciales, por el contrario, son una porción muy importante del Estado: las 24 jurisdicciones (23 Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) representan 4 de cada 10 pesos del gasto público. Estos Gobiernos tienen a su cargo funciones muy relevantes de la provisión de servicios públicos como la educación (alrededor del 80% del gasto en educación es provincial) y la salud (más del 60% de esta función es pagada por administraciones subnacionales). A su vez, muchos de ellos tienen sistemas previsionales propios no transferidos a la ANSES, por lo que se encargan de cobrar aportes y contribuciones, además de pagar jubilaciones. Las Provincias también realizan obras públicas y pagan subsidios económicos en algunos casos (por ejemplo, a la Tarifa Social Eléctrica).  

Para concretar estas finalidades, la principal fuente de recursos de las Provincias es la coparticipación de la recaudación nacional. Muchos tributos (como IVA y Ganancias) se giran parcialmente a las arcas subnacionales, por haberse recolectado en su territorio. En segundo lugar, las mismas Provincias tienen fuentes propias de recaudación impositiva (principalmente, los impuestos a los Ingresos Brutos, Inmobiliario y a los Sellos). Además, algunas de ellas cuentan con los aportes y contribuciones a las cajas previsionales provinciales. Por último, también reciben transferencias del Estado nacional, tanto definidas en el Presupuesto para programas específicos como extraordinarias. Aunque las primeras suelen ser mayoritarias, representando alrededor del 80% del total, las últimas fueron especialmente relevantes en 2020, ya que, con motivo de la pandemia y la caída de los ingresos provinciales, se brindaron muchas transferencias de emergencia, alcanzando un volumen comparable a las presupuestarias.  

Considerando los distintos niveles de Gobierno, podemos observar que la presión tributaria (recaudación nacional y provincial y aportes y contribuciones a cajas previsionales de ambos niveles) alcanza a algo más del 30% del PBI. Este indicador fue creciente en el período analizado, pasando de 26% en 2005 a un máximo de 33% en 2015, para caer levemente después. Esta evolución fue similar en ambos niveles de gobierno, aunque la reducción de los impuestos provinciales comenzó con posterioridad (el pico se alcanzó en 2017, justo antes de la reducción de alícuotas acordada en el consenso fiscal de ese año). Del mismo modo, los ingresos totales del Estado crecieron, tanto por la suba de impuestos como por la incorporación del cobro de intereses, la venta parcial del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y de otros activos públicos.  

A pesar de la mejoría por el lado de los ingresos, los gastos fueron más rápido, provocando que el sector público consolidado mostrase un déficit financiero -incluyendo el pago de intereses- desde 2009 y primario -sin contar intereses- desde 2011, con excepción de 2019. Aunque el desbalance global es compartido por ambos niveles de gobierno, las Provincias muestran, desde 2018, un resultado primario superavitario. Esta no es una característica homogénea, ya que existen algunas jurisdicciones que presentan un déficit operativo en relación con sus ingresos totales (siendo Chubut, Río Negro y San Luis las más destacadas), mientras que muchas otras (Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja, en los primeros puestos) tienen un importante ahorro fiscal previo al pago de intereses.  

El crecimiento del gasto que llevó a la reversión del resultado fiscal se dio en ambos niveles de gobierno, aunque fue más acelerado en el ámbito nacional. Así, el gasto público del Estado Nacional pasó de 15% del Producto en 2005 a un máximo de 26% en 2016, reduciéndose luego. Por su parte, el gasto provincial trepó de 13% del PBI a 18% entre 2005 y 2017. A nivel país, la suba estuvo vinculada en gran parte con el crecimiento del sistema de seguridad social público que se dio después de la estatización de las AFJP, las moratorias previsionales y la creación de programas de transferencias condicionadas como la Asignación Universal por Hijo. Además, se observó un aumento de los servicios económicos por los mayores subsidios y obras públicas. Estos mostraron una participación máxima sobre el presupuesto de 28% en 2014, y luego fueron recortados. Por último, el pago de deuda tomó una posición preponderante en 2018-19, por la suba de las tasas y el tipo de cambio que traccionó la crisis cambiaria. Así, esta finalidad llegó al 20% del gasto nacional en ese año, para descender luego con la reestructuración de 2020.  

Respecto a los gastos de las Provincias, su composición fue mucho más estable, mostrando apenas un crecimiento del 11% al 14% del total en seguridad social y una caída en otros servicios sociales (del 12% al 8% del presupuesto). Por último, la deuda también tomó relevancia en los Gobiernos subnacionales, pasando del 1% del gasto en 2015 al 5% en 2019. 

El crecimiento del Estado (mayores recursos y más gasto) vino acompañado de un aumento del empleo público. Esta modalidad de contratación alcanza al 26% de los asalariados formales de centros urbanos a nivel país, mostrando una concentración mayor en algunos aglomerados (Viedma-Carmen de Patagones, Río Gallegos, La Rioja) que en otros (Río Cuarto, Gran Córdoba, San Nicolás–Villa Constitución). Estos trabajadores incluyen docentes, médicos, policías y toda persona con una relación de dependencia con el sector público de cualquier jurisdicción, y treparon 27% desde que comienzan las estadísticas (enero de 2012). En el mismo lapso, el empleo registrado privado cayó 3%, y otras modalidades de empleo (empleados domésticos e independientes) crecieron 26%.  

Estos datos indican un problema en la dinámica del mercado de trabajo, replicable al nivel de actividad en general: mientras que el sector público y el informal crecen, a pesar de una mayor injerencia del Estado, el empleo privado formal cae. En este marco, la presión tributaria creciente recae cada vez más sobre un sector privado formal que se achica, generando un problema. En 2017, el gobierno de Cambiemos introdujo una reducción en las contribuciones patronales con la intención de fomentar las contrataciones, análogamente al programa de reducción de contribuciones para empleo joven lanzado la semana pasada, marcando que hay un consenso en las necesidades de relajar ciertos tributos. 

Ahora bien, dado que es difícil recortar la importancia de los gastos públicos -por ejemplo, la AUH y el sistema público de jubilaciones parecieran ser políticas de Estado-, el desafío pasa a ser cómo financiar las diversas funciones sin generar tensiones cambiarias o de deuda, ni agobiar al sector privado formal, tal como viene sucediendo desde 2012. Los puntos de llegada parecen tan claros como difusos los caminos. 

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Safrán: “Misiones está mejor parada frente a la crisis porque está desendeudada”

By Redacción Economis 7 años ago
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Los programas provinciales para motorizar la economía “generan buen humor económico en la sociedad”, dice el ministro Adolfo Safrán. Rescató el aporte del Fondo de Crédito de Misiones también como una ayuda para mantener activa la economía.

MisionesPlural – Con una inversión cercana a los 400 millones de pesos por año, el Gobierno de Misiones lleva adelante una serie de programas que vienen a ayudar a la economía provincial. Los “Ahora” (Ahora Pan, Ahora carne, Ahora Góndola, por ejemplo) son pequeños programas de impacto muy localizado en sectores económico que se pretende ayudar, define el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, ante Misiones Plural, para recordar que son más de 15 programas en ejecución “donde los números, los resultados, ayudan a mejorar las rentas de los sectores económicos que participan”.
Además de hacer frente a los aportes que la Nación dejó de enviar a distintos sectores y que la provincia se hizo cargo de mantenerlos, también lleva adelante este tipo de programas de ayuda sectorizada porque, explica el Ministro, las finanzas provinciales están preparadas para esta situación y en mejor situación que otras provincias que tomaron deudas.
Safrán reitera que Misiones desendeudada tiene autonomía y libertad de movimiento. Rescata la determinación tanto de la conducción como del Gobierno del espacio político que integra de no tomar deudas. En 1016 y 2017, las ofertas de crédito eran múltiples y varios países (el Gobierno argentino, entre ellos) y provincias tomaron créditos. “Misiones, como provincia desendeudada, era un cliente apetitoso para cualquier entidad financiera o grupo que quiera ubicar sus fondos. Pero Misiones tuvo la sabiduría de no hacerlo, de no endeudarse. Hoy, en 2019, están venciendo las primeras cuotas de esos créditos contraídos hace dos o tres años (no por Misiones sino por otras provincias) y tienen que solventar esas cuotas; quizás por eso también esta situación, la coyuntura económica nacional, nos encuentra mejor parados para sortear esta situación”.
Esos programas, como los Ahora que pretenden motorizar la economía por sectores, llegan a toda Misiones “y generan buen humor económico en la sociedad” mientras se van proyectando y los comercios se suman a la propuesta, mientras analizan agregar a otros sectores, como producto del análisis de los problemas que viven algunos sectores de la economía provincial, explicó el ministro Safrán.
En esa misma línea de acción, que busca mantener en movimiento la economía provincial, el Fondo de Crédito de Misiones tiene, para las pequeñas y medianas empresas, una línea de crédito rápido, de hasta 500 mil pesos, destinada a capital de trabajo: “busca evitar que la empresa corte su cadena de pago pero no todos los pagos sino aquellos relacionados con los proveedores, con la compra de mercadería o insumos. Son créditos que se destinan, con un mes de gracia y se devuelven al 22 por ciento anual en 12 meses. Tienen una tasa muy baja. No son para pagar sueldos, sino para que las empresas puedan afrontar los pagos de la adquisición de materia prima o mercadería para su empresa”, explicó.
Lo que se busca –dice- es que no se corte la cadena de pago, justamente porque no hay acceso a crédito, o estos tienen tasas muy elevadas.
Con los Ahora, Misiones tiene un presupuesto anual de unos 400 millones de pesos. Con el Fondo de Créditos Misiones puso en el mercado más de 180 millones en los dos años y medio que tienen el organismo. “Desde febrero de 2017 se otorgó más de 180 millones de pesos en créditos, a un promedio de 350 mil pesos cada uno, aunque hay más grandes y más pequeños, con una tasa de recupero elevada, que está por encima del 80 u 85 por ciento”, dijo Safrán.
¿De dónde saca la oposición los números para respaldar aquello de que Misiones recauda más de lo que recibe y de dónde surge la posición del gobierno que afirma todo lo contrario: que Misiones aporta mucho y recibe poco?, preguntó Misiones Plural. “Nosotros tomamos la información de Rentas y Luis Pastori, supongo, la toma de la AFIP. Pero la información fidedigna que maneja Misiones surge de la declaración jurada de las empresas radicadas en Misiones o empresas de otros lugares pero con sucursales en nuestra provincia. Lo escuché a Pastori, pero creo que la AFIP no tiene la información geográfica que manejamos nosotros. Y le doy el ejemplo: una sola empresa que tenga su CUIT (Código Único de Identificación Tributaria) en Capital Federal pero tenga una sucursal en Misiones, para la Afip todo el movimiento se genera en Buenos Aires y parece que esa empresa produce nada en Misiones. Si se toma esta información, Misiones aporta menos”, pero acá no están contemplados lo que se genera en la provincia como aportes, dijo el ministro Safrán a modo de ejemplo, resaltando que esa es una sola variante de otras que la Nación no contempla, como tampoco los funcionarios del Gobierno nacional, al momento de los análisis.

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“Trabajamos para reducir el gasto público sin una crisis”

By admin 9 años ago
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El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, asegura que trabaja para “reducir el peso del gasto dentro del PBI sin una crisis, porque hasta ahora siempre que en la Argentina se bajó el gasto se lo hizo en medio de licuaciones y crisis”, según señaló en un reportaje al diario Ámbito. En tal sentido, adelantó que para 2018 se prevé una meta de ahorro del 0,7% del PBI en los subsidios económicos. Además, se mostró confiado en que la economía crecerá este año cerca del 3%.

Periodista: ¿Habrá aumentos tarifarios en lo que resta del año?

Nicolás Dujovne: Estamos siguiendo un cronograma fijado en la revisión integral de tarifas que se aprobó en las audiencias públicas de noviembre del año pasado. Y tuvimos aumentos de luz, gas y agua.

P.: ¿Se descartaron para este año las subas en el transporte?

N. D.: Hubo una decisión de espaciar en el tiempo la suba del transporte y no está decidido cuándo se va a hacer. Fiscalmente fue compensado con recortes de subsidios adicionales que se hicieron a luz, gas y agua, entonces el impacto fue neutro, pero fue una decisión de esperar para luego continuar con la normalización de los precios.

P.:¿En cuánto reducen el gasto público los aumentos de tarifas?

N. D.: Este año el impacto es un 1,3% del PBI, es muy relevante. Es difícil saber cuánto reduce el gasto público, lo que sabemos es el impacto en el PBI y lo que ocurre es que en vez de crecer, el gasto deja de aumentar.

P.:¿Por el lado de servicios económicos es donde se hará la reducción del gasto?

N. D.: Es uno de los lugares donde tenemos que seguir trabajando. Argentina va a tener un 2,5% del PBI de subsidios económicos y esto va a seguir bajando en los próximos años. Obviamente no va a ir a cero porque tenemos establecida y hemos ampliado muchísimo la tarifa social. Va a quedar en un lugar entre el 0,5 y un 1% del PBI en los próximos años.

P.:¿Qué porcentaje estima de recortes a los subsidios?

N. D.: Para 2018 estamos trabajando con una meta de ahorro del 0,7% del PBI.

P.: En la reforma tributaria, se habla de reducir ingresos brutos, ¿en cuánto estima la baja?

N. D.: Ingresos Brutos es un impuesto que recaudan las provincias con lo cual nosotros tenemos capacidades acotadas. También es cierto que los impuestos nacionales se coparticipan y tendremos que negociar con las provincias. En el caso de Ingresos Brutos, la facultad legal para mover este impuesto es de las provincias. Nosotros pensamos que este impuesto se ha deformado con el tiempo. Es un impuesto que surgió hace muchísimos años y que esencialmente gravaba las rentas, pero terminó convirtiéndose en un monstruo que grava la producción con retenciones interjurisdiccionales. Se retiene como si hubiera aduanas interiores, algo que es anti constitucional. Nosotros estamos convencidos de que es prioritario volver a un nivel de ingresos brutos que permita seguir produciendo en las provincias argentinas. Tiene un costo fiscal importante y esta negociación por ingresos brutos debemos darla en el marco del Consejo Fiscal y en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

P.: Ya hubo reuniones con provincias por la ley de Responsabilidad fiscal ¿se avanzó?

N. D.: Sí, pero hasta ahora hemos hablado con las provincias del tema del gasto porque 22 de las 24 jurisdicciones (excluidas La Pampa y San Luis) nos acompañaron firmando un acta para ponerle límites al crecimiento del gasto, para que no crezca en términos reales. Falta que nosotros lo complementemos con la discusión de ingresos brutos, que esperemos que ocurra en los próximos meses.

P.:¿Cuál es la idea de reducción del impuesto de ingresos brutos?

N. D.: Nosotros pensamos en que hay que bajar las alícuotas en las primeras etapas de la producción y eliminar las retenciones entre jurisdicciones. Cómo se hace y cómo se financia es la conversación que todavía tenemos que cerrar con las provincias.

P.: Esto año no se ejecutó casi nada del programa de Participación Pública Privada ¿por qué?

N. D.: Es que la ley se terminó de reglamentar hace unos meses. Los primeros proyectos se podrán aprobar más cerca de fin de año.

P.:¿Cuánta inversión ingresó?

N. D.: La inversión en la Argentina es más o menos 15 ó 16 puntos del PBI sobre un PBI de 600 mil millones de dólares. La inversión anual en el país son unos 90.000 millones. Este año veremos un crecimiento importante de la inversión comparada con el 2016 y el 2015. Una cosa es cuánto se invierte y otra es cuánto crece la inversión respecto del año anterior. En el primer trimestre del año la inversión creció un 5% con respecto del cuarto trimestre ajustada por estacionalidad. Es un ritmo anualizado del 20%, para el año en su conjunto no va a ser menos del 20%.

P.:¿Cuánto necesita la Argentina que crezca la inversión?

N. D.: Argentina necesita que la inversión crezca en los próximos años un 8% por año para poder llegar en 2023 a una inversión del 20% en relación al PBI que es lo que necesitamos para crecer al 4% anual.

P.: Respecto del crecimiento, ¿sigue sosteniendo que Argentina crecerá un 3,5% este año?

N. D.: El 3,5% es la proyección que se puso en el presupuesto para calcular los recursos tributarios. Nosotros pensamos que vamos a estar cerca del 3% para este año.

P.:¿Están trabajando en un proyecto de una reforma laboral?

N. D.: Lo que se está haciendo es trabajar sector por sector. Y cada sector tiene sus necesidades específicas. Se trabaja de esta manera: con el dialogo de sindicatos, gobierno y empresarios para encontrar un espacio común donde todos salgan ganando. Por otro lado, hay cuestiones que afectan a la situación laboral que se están tratando en el Ministerio de Trabajo, como por ejemplo, la modificación de la ley de ART que es una manera de reducir los costos laborales sin afectar el salario. Desde marzo hasta hoy la litigiosidad ha caído 20%, las comisiones de las ART han caído 15% respecto de los niveles que tenían antes de la sanción de la ley. El Ministerio Trabajo está conversando con los sectores para avanzar en un proyecto de blanqueo laboral para que aquellas personas que están trabajando en la informalidad puedan ser formalizadas. 

P.: El presidente puso en foco en la alta litigiosidad, no solo por accidentes de trabajo. ¿Hay comprensión de los sindicalistas sobre este punto?

N. D.: La litigiosidad en la Argentina es enorme. Yo creo que sí, porque los sindicatos entienden que la litigiosidad beneficia a los abogados laboralistas y no a los empleados. Uno de los elementos que está trabajando el Ministerio de Trabajo es cambiar los incentivos para bajar la litigiosidad. Por ejemplo, que las multas vayan a financiar programas de empleo y no a los bolsillos de los abogados.

P.:¿Hay avalanchas de importaciones?

N. D.: De ninguna manera. La Argentina es una de las cinco economías más cerradas y nos estamos integrando al mundo de manera gradual e inteligente. Cuidando el empleo, pero de manera inexorable porque no hay manera de tener una economía más productiva y un país más próspero si somos autárquicos como pretendimos serlo en la Argentina de Cristina cuando no se podía importar ni un clavo.

P.:¿Cuál quiere que sea la contribución de su paso por Hacienda?

N. D.: Reducir el peso del gasto dentro del PBI sin una crisis, porque hasta ahora siempre que en la Argentina se bajó el gasto se lo hizo en medio de licuaciones y crisis. Que lo pueda hacer ordenadamente con la economía creciendo. Habiendo generado un sistema tributario muy simple y transparente, estable y mucho más sencillo que el actual. Con menos evasión y cuotas más bajas. Y habiendo ordenado también la relación fiscal entre la Nación y las provincias.

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