Puerto Iguazú pierde sus paseos fluviales, el Gobierno formaliza la salida de Delta tras dos años de operaciones. La rescisión del convenio expone un vacío en la oferta turística y deja vacante un espacio clave en la terminal fluvial en Puerto Iguazú. ¿Se abre una nueva licitación o un rediseño del esquema turístico?
El Gobierno provincial formalizó el 15 de abril de 2026 la rescisión del convenio con Delta Argentina Uruguay S.A. para el uso de la plazoleta y permisos de muelle en el puerto de Iguazú, tras el cese de operaciones de la firma desde el 1° de marzo. La medida, instrumentada mediante la Disposición Nº 028 de la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación, no solo pone fin a un vínculo administrativo reciente —vigente desde agosto de 2024— sino que reabre interrogantes sobre el control, explotación y reconfiguración del frente turístico fluvial en uno de los puntos más sensibles del circuito económico provincial.
Un retiro operativo que activa decisiones administrativas
La secuencia es formal, pero con implicancias políticas. La empresa comunicó la interrupción de sus servicios turísticos fluviales y solicitó la baja de los permisos de uso del muelle correspondientes a las embarcaciones Delta Queen (Matrícula N° 0834) y Delta Eco 1 (Matrícula N° 0285), junto con la rescisión del convenio por el uso de la plazoleta donde funcionaba su boletería.
Ese pedido activó un mecanismo previsto en el propio acuerdo firmado en 2024: la posibilidad de rescindir de común acuerdo, sin derecho a reclamo por parte del permisionario sobre las mejoras realizadas. En ese punto aparece un dato institucional clave: todas las obras fijas incorporadas al espacio pasan automáticamente a integrar el patrimonio portuario, bajo la figura de “accesión de dominio”, conforme al reglamento vigente.
La Subsecretaría avanzó entonces en una decisión integral: rescindió el convenio original, derogó las disposiciones que habían otorgado los permisos (Nº 115/2024, 104/2024 y 140/2024) y formalizó la recepción de las instalaciones sin objeciones, cerrando la relación administrativa sin litigios ni compensaciones.
Marco legal claro, impacto operativo abierto
Desde el punto de vista normativo, la resolución se apoya en instrumentos preexistentes y evita zonas grises. No hay conflicto contractual ni disputa judicial en puerta. Pero esa prolijidad administrativa no elimina el impacto político y económico de fondo: el retiro de un operador privado de un nodo estratégico del turismo fluvial en Iguazú.
El esquema vigente contemplaba permisos “precarios y onerosos”, lo que indica una lógica flexible de concesión. Esa flexibilidad, sin embargo, también expone la fragilidad de los modelos de explotación si no hay continuidad operativa. La salida de Delta deja no solo un espacio físico disponible —la plazoleta en la terminal fluvial— sino también infraestructura ya instalada que ahora pasa a manos del Estado.
La Prefectura Naval Argentina, la Dirección de Vías Navegables y la propia Subsecretaría quedan ahora como actores institucionales con capacidad de redefinir el uso inmediato del área.
Reacomodamiento de actores y señales al sector
En términos de correlación de fuerzas, la decisión no surge de una confrontación sino de un retiro empresarial. Sin embargo, el efecto político es similar al de una intervención: el Estado recupera control directo sobre un activo estratégico.
Esto puede fortalecer la posición del Gobierno provincial en futuras negociaciones con operadores turísticos, al contar con infraestructura disponible sin necesidad de inversión inicial. Pero también plantea una señal ambigua al sector privado: la viabilidad de los proyectos en el puerto dependerá no solo de permisos administrativos, sino de la sostenibilidad económica de la operación.
El movimiento podría reactivar el interés de otros actores del turismo fluvial o incluso abrir la puerta a un rediseño del esquema de concesiones. La ausencia de conflicto judicial facilita ese proceso, pero no elimina la necesidad de una definición política sobre el modelo de gestión.
Un espacio liberado y una decisión pendiente
Con la rescisión formalizada y el espacio ya restituido, el foco se traslada a lo que aún no ocurrió: qué hará el Gobierno con ese activo en el corto plazo. La infraestructura existe, la ubicación es estratégica y la demanda turística en Iguazú sigue siendo uno de los motores económicos de la provincia.
La pregunta ya no es administrativa sino política: si se optará por una nueva concesión, una explotación directa o un esquema mixto. Cada alternativa implica distintos niveles de control estatal, inversión privada y riesgos operativos.
Por ahora, la Disposición Nº 028 cierra un capítulo sin conflicto. Pero, al mismo tiempo, deja abierto un escenario donde el puerto de Iguazú vuelve a ser una pieza en disputa dentro del tablero turístico y económico provincial.
Como primera medida, el diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, impulsor del proyecto, pidió en la Comisión de Agricultura que se aborde la reducción del IVA para la harina de mandioca, un producto que involucra a unas 10 mil familias y pierde terreno frente a la competencia paraguaya.
En la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados que se celebró este martes, el legislador misionero Oscar Herrera Ahuad instaló un debate que el sector mandioquero viene reclamando desde hace tiempo: la necesidad de reducir la alícuota del IVA que grava a la harina de mandioca. El planteo encontró receptividad tanto en el presidente de la comisión como en el titular de Economías Regionales, que se comprometieron a articular acciones conjuntas.
Un producto misionero con desventaja tributaria
La fécula de mandioca tributa actualmente el 21% de IVA, mientras que otros almidones e insumos equivalentes —como la harina de trigo— pagan apenas el 10,5%. Esa brecha genera una asimetría competitiva que castiga a una cadena productiva concentrada casi en su totalidad en territorio misionero, donde la provincia explica cerca del 80% de la producción nacional.
Herrera Ahuad subrayó que se trata de un alimento libre de gluten cuyo consumo creció de manera significativa en las últimas dos décadas, pero que arrastra una carga fiscal diseñada en una época en la que el mercado sin TACC prácticamente no existía. Según planteó, alrededor de 10 mil familias dependen de este cultivo y cada vez son más las que abandonan la actividad ante la imposibilidad de competir con la producción que ingresa desde Paraguay a menor costo.
Consenso para avanzar con reuniones informativas
El presidente de la comisión, el legislador del Pro Martín Ardohain, valoró el planteo y señaló que la vía adecuada para construir consensos es la convocatoria a reuniones informativas donde participen los actores de la cadena. En esa línea, sostuvo que la apertura comercial que impulsa el Gobierno requiere un acompañamiento legislativo que contemple las particularidades de las economías del interior.
Luis Basterra, titular de la Comisión de Economías Regionales y referente de Unión por la Patria, coincidió con la necesidad de trabajar de manera conjunta entre ambas comisiones. El dirigente formoseño consideró que la articulación entre los dos cuerpos parlamentarios representa una oportunidad concreta para fortalecer el análisis de los problemas que atraviesan las producciones regionales.
Un reclamo con historia que gana fuerza parlamentaria
El pedido de equiparar la carga tributaria de la fécula de mandioca no es nuevo. Desde el Gobierno de Misiones y la Cámara Empresarial Clúster de la Mandioca Misionera se vienen realizando gestiones ante la Nación con ese objetivo. El ministro de Industria provincial, Federico Fachinello, ya había planteado la cuestión ante el secretario de Industria y Comercio nacional, Esteban Marzorati, meses atrás, y en reiteradas oportunidades señaló públicamente que la diferencia impositiva dificulta la llegada del producto a los grandes centros de consumo del país.
La sesión de la Comisión de Agricultura también abordó otros temas vinculados al sector agropecuario, como declaraciones de interés sobre eventos apícolas y el debate por la implementación de la caravana electrónica para la identificación de terneros, que generó reparos entre algunos legisladores del oficialismo.
Este miércoles se llevó a cabo, en los Conjuntos Jesuíticos Guaraníes de San Ignacio, la reunión del Consejo Provincial de Turismo (Co.Pro.Tur), con la participación de autoridades provinciales, municipales, referentes del sector y representantes de las distintas zonas turísticas de Misiones.
La jornada inició con las palabras de bienvenida del ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa. Posteriormente, el intendente de Puerto Rico y presidente de la CODEIM, Carlos Koth, y el intendente de Ruiz de Montoya, Víctor Vogel, destacaron la importancia del trabajo articulado para potenciar el turismo en la provincia.
Entre los principales ejes abordados se presentaron los resultados del fin de semana largo y Semana Santa, a cargo del Lic. Eduardo Scherer; el calendario del Rally Misionero, expuesto por Pablo Lizarraga y Luis Da Luz; avances en el Registro de Prestadores de actividades en entornos naturales hacia 2026, por la Lic. Liza Carlzon; propuesta de Viaje Estudiantil, presentada por la Lic. Liz Cuba.
Luego, se desarrolló el Espacio por Zonas, donde representantes de Sur, Centro, Norte y Alto Uruguay compartieron inquietudes y proyectos específicos de cada región.
La jornada culminó con el espectáculo de imagen y sonido que puso en valor el patrimonio cultural de Misiones.
El encuentro permitió avanzar en la planificación y presentación de proyectos, y generó un valioso espacio de convivencia e intercambio entre los representantes de turismo de las distintas localidades.
En las reuniones del CoProTur siempre se destaca el gran interés en compartir experiencias, dar a conocer el contexto actual de cada destino y trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento de las propuestas turísticas de Misiones. La jornada reveló, una vez más, la importancia de la cooperación y el diálogo para consolidar a la provincia como un destino diverso, competitivo y sostenible.
El Gobierno de Misiones oficializó la designación de Víctor Eduardo Maj como nuevo subsecretario de Seguridad y Justicia, cargo que depende del Ministerio de Gobierno. Maj reemplazará en el cargo a Milton Astroza.
La medida fue formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, en el que se establece que Maj reúne las condiciones necesarias para asumir las funciones dentro de la estructura estatal.
Según el instrumento legal, el nombramiento rige desde la fecha del decreto y se encuadra en la Jurisdicción 03 – Ministerio de Gobierno, dentro de la Unidad de Organización 01 (Unidad Superior). Asimismo, el decreto dispone que la medida sea refrendada por el titular de la cartera de Gobierno.
La designación se enmarca en la necesidad de cubrir un cargo clave dentro del esquema de seguridad y justicia provincial, en un contexto donde la articulación institucional y la gestión del orden público aparecen como ejes centrales de la agenda.
El documento también instruye a los organismos correspondientes -entre ellos la Dirección General de Coordinación del Sector Público, la Contaduría General y el Instituto de Previsión Social- a tomar conocimiento y ejecutar las acciones administrativas derivadas.
A cuatro días del 24 de marzo y en el umbral del 50° aniversario del golpe de 1976, el Gobierno de Misiones decidió intervenir con una señal política explícita en una fecha de alta densidad institucional. Mediante el Decreto N° 457, firmado en Posadas el 20 de marzo de 2026, la gestión provincial declaró el 24 de marzo como jornada de reflexión y memoria en todo el territorio misionero, invitó a la ciudadanía a revisar con sentido crítico lo ocurrido desde aquel quiebre institucional y ratificó su compromiso con las políticas públicas de Verdad, Justicia y Memoria. No es un gesto menor ni meramente ceremonial: en una fecha donde la memoria pública también es un campo de disputa, el decreto ordena posición, fija lenguaje y define el lugar desde el cual la provincia quiere hablar.
La decisión lleva las firmas del gobernador Hugo Mario Passalacqua, del ministro de Coordinación General de Gabinete, Carlos Sebastián Sartori, y de la ministra de Derechos Humanos, Karina Alejandra Aguirre. El texto, además, dispone que las banderas nacional y provincial permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos durante esa jornada. El dato administrativo parece simple, pero su peso político es más profundo: la provincia no se limita a adherir a una efeméride nacional ya instituida por ley, sino que construye una puesta en escena institucional propia en torno de los 50 años del último golpe militar.
Un decreto que toma una fecha nacional y la reinterpreta desde la política provincial
El punto de partida formal del decreto es la Ley Nacional 25.633, que establece el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sobre esa base, el Gobierno misionero monta una decisión con alcance provincial y la inscribe en el calendario político de 2026, un año que el propio texto identifica como especialmente sensible por cumplirse medio siglo del golpe que interrumpió un período constitucional.
Allí aparece una primera lectura de poder. El decreto no se agota en recordar una fecha. Busca intervenir sobre el sentido de esa conmemoración. Por eso no sólo declara la jornada, sino que la carga de contenido político e institucional. El texto sostiene que el recuerdo de esa etapa debe servir para mantener viva la reflexión social sobre “los trágicos acontecimientos” del pasado reciente y sus consecuencias, y a la vez afirma que el Gobierno asume el compromiso de mantener vivo el legado del Nunca Más, identificado como el informe final de la CONADEP creado con el retorno de la democracia por el Decreto 187 del 15 de diciembre de 1983.
Ese encuadre no es neutro. La provincia se apoya en dos pilares de legitimidad estatal: la ley nacional que instituye la fecha y el legado del Nunca Más como referencia central del orden democrático recuperado. En términos políticos, el decreto no deja librada la interpretación del 24 de marzo a una recordación abstracta. La encuadra en una narrativa institucional precisa: memoria, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos.
La clave del texto: memoria sí, pero dentro de una formulación política específica
El contenido del decreto también muestra una construcción discursiva deliberada. En sus considerandos, el Gobierno sostiene que la memoria debe incluir “esa era de violencia social y política”, con atrocidades ya iniciadas con actos de terrorismo “en plena vigencia de la democracia”, que demandaban la actuación de la Justicia “pero jamás del terrorismo de Estado”. Esa frase condensa una parte sustancial de la arquitectura política del texto.
La formulación no diluye la condena al aparato estatal ilegal; por el contrario, traza una frontera explícita. Reconoce que existieron hechos violentos previos, pero fija como límite infranqueable que la respuesta no podía darse fuera del marco de la ley ni de la Constitución Nacional. En esa línea, el decreto remarca que no se construye una patria de paz y prosperidad destruyendo los valores constitucionales y que sin justicia independiente, sin partidos políticos, sin prensa libre, sin sindicatos y sin un Congreso nacional que represente la voluntad popular, es imposible conocer la verdad.
Allí el documento trasciende el homenaje protocolar y se vuelve una toma de posición institucional sobre las condiciones mínimas de la democracia. El Gobierno provincial no sólo recuerda el golpe: lo lee como ruptura de un sistema de garantías y representación. La memoria, así, deja de ser una evocación histórica y se convierte en un mensaje político anclado en instituciones concretas.
Del recuerdo a la acción estatal: qué ordena el Decreto 457
En su parte resolutiva, el Decreto 457 dispone tres movimientos centrales. Primero, declara el 24 de marzo de 2026 como jornada de reflexión y memoria en toda la provincia de Misiones, en conmemoración del 50° aniversario del “trágico golpe cívico militar” de 1976. Segundo, invita a los habitantes de la provincia a reflexionar con sentido crítico sobre los acontecimientos sucedidos en el país a partir de esa fecha y, de manera especial, sobre la “cruel metodología” empleada por el gobierno de facto de entonces. Tercero, ratifica el firme compromiso del Gobierno con las políticas públicas que resguarden los derechos humanos y las exigencias de Verdad, Justicia y Memoria.
La disposición de banderas a media asta completa esa secuencia con un componente simbólico estatal. No se trata sólo de recordar, sino de ordenar que el Estado provincial exprese institucionalmente ese recuerdo en todos sus edificios públicos. En otras palabras, el decreto baja una directiva política y administrativa a toda la estructura gubernamental.
Ese punto es importante porque transforma una definición discursiva en una señal operativa. El Ejecutivo provincial no habla únicamente desde una declaración general: instruye cómo debe verse esa posición en el espacio público estatal durante la jornada.
Qué revela esta decisión en el escenario político actual
El decreto llega en una fecha de alta sensibilidad y, precisamente por eso, tiene una dimensión que excede lo conmemorativo. El Gobierno de Misiones opta por fijar una postura clara en torno a memoria, verdad, justicia y derechos humanos, y lo hace con un instrumento formal del Poder Ejecutivo, no con una expresión aislada o una adhesión genérica. En tiempos en que las fechas históricas suelen convertirse en terreno de disputa política, esa elección no parece casual.
La decisión fortalece el perfil institucional del Ejecutivo provincial en un asunto donde el lenguaje, los símbolos y los encuadres importan tanto como las medidas. También consolida el papel del Ministerio de Derechos Humanos dentro de esa construcción, al quedar refrendado el decreto por Karina Alejandra Aguirre junto al Ministerio de Coordinación General de Gabinete. Es una señal de alineamiento interno: la política de memoria no aparece como un área lateral, sino integrada a la conducción general del Gobierno.
A la vez, el texto refuerza una alianza entre la autoridad política provincial y un marco normativo nacional preexistente. No hay aquí una confrontación jurídica con la legislación vigente, sino una apropiación política de esa base legal para dotarla de densidad local y de centralidad en el calendario provincial. Misiones toma una fecha nacional y la convierte en un pronunciamiento propio.
El trasfondo institucional: democracia, verdad y límites al poder
Uno de los aspectos más significativos del decreto está en la forma en que vincula memoria y calidad institucional. Cuando afirma que sin justicia independiente, sin partidos políticos, sin prensa libre, sin sindicatos y sin Congreso nacional representativo no puede conocerse la verdad, el texto desplaza la discusión desde el pasado hacia una idea más amplia de funcionamiento democrático.
Esa formulación no introduce medidas nuevas sobre el sistema político actual, pero sí deja una señal interpretativa. La verdad no aparece sólo como un problema histórico o judicial: queda asociada a la existencia de contrapesos, pluralidad y representación. En ese marco, el decreto no sólo condena un hecho del pasado, sino que delimita cuáles son las condiciones que el Estado considera necesarias para impedir su repetición.
También hay una dimensión pedagógica explícita. El texto sostiene que recordar esta etapa cruel de la historia argentina constituye un ejercicio colectivo de la memoria para que las generaciones actuales y futuras conozcan las gravísimas consecuencias que genera la sustitución del Estado de Derecho cuando quienes ejercen el poder aplican la violencia. Esa frase, en clave política, funciona como advertencia institucional: el problema no es únicamente la violencia, sino su ejercicio desde el poder estatal por fuera de la ley.
Una señal hacia adentro del Estado y hacia la sociedad
La invitación a reflexionar “con sentido crítico” tiene un alcance más amplio que el de un acto oficial. El Gobierno busca proyectar una pedagogía pública desde el Estado provincial. No impone una consigna partidaria ni convoca a una movilización específica; convoca a una reflexión social sobre lo sucedido y sobre la metodología del gobierno de facto. Ese matiz importa. La provincia no presenta la fecha sólo como un momento de homenaje, sino como una instancia de elaboración política y cívica.
En ese sentido, el decreto intenta ordenar un marco de lectura común. No dice únicamente qué se conmemora, sino desde qué valores debe ser procesada esa memoria: paz, tolerancia, respeto mutuo, justicia objetiva, rechazo de la venganza, defensa del Estado de Derecho. El documento incluso plantea que fortalecer la memoria colectiva ayudará a construir un destino social en paz, lo que ubica a la memoria no como un asunto del pasado cerrado, sino como un recurso político para el presente.
Qué habrá que mirar en los próximos días
La firma del Decreto 457 abre ahora una etapa de implementación y de traducción política. Habrá que observar cómo el Gobierno provincial materializa esa jornada del 24 de marzo, qué centralidad adquiere en la agenda institucional y de qué manera se articula el mensaje oficial con las políticas de derechos humanos que el propio texto ratifica. El decreto fija posición, pero también eleva expectativas sobre el contenido concreto de esa conmemoración en el año del 50° aniversario.
También quedará por ver cómo impacta esta definición en el clima político provincial y qué lecturas genera dentro del sistema institucional. La norma no inaugura un conflicto por sí misma, pero sí interviene en un terreno donde el lenguaje del Estado nunca es neutro. Cada palabra elegida —Nunca Más, terrorismo de Estado, verdad, justicia independiente, prensa libre, Congreso— compone una arquitectura política deliberada.
Misiones decidió no pasar por el 24 de marzo con una referencia lateral. Dictó un decreto, lo firmó al más alto nivel y le dio forma institucional a una postura. La dinámica política dirá ahora si ese movimiento queda sólo en el plano simbólico o si se convierte en una pieza más amplia dentro de la conversación pública que la provincia buscará sostener sobre memoria, democracia y límites del poder.
