Este miércoles se llevó a cabo, en los Conjuntos Jesuíticos Guaraníes de San Ignacio, la reunión del Consejo Provincial de Turismo (Co.Pro.Tur), con la participación de autoridades provinciales, municipales, referentes del sector y representantes de las distintas zonas turísticas de Misiones.
La jornada inició con las palabras de bienvenida del ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa. Posteriormente, el intendente de Puerto Rico y presidente de la CODEIM, Carlos Koth, y el intendente de Ruiz de Montoya, Víctor Vogel, destacaron la importancia del trabajo articulado para potenciar el turismo en la provincia.
Entre los principales ejes abordados se presentaron los resultados del fin de semana largo y Semana Santa, a cargo del Lic. Eduardo Scherer; el calendario del Rally Misionero, expuesto por Pablo Lizarraga y Luis Da Luz; avances en el Registro de Prestadores de actividades en entornos naturales hacia 2026, por la Lic. Liza Carlzon; propuesta de Viaje Estudiantil, presentada por la Lic. Liz Cuba.
Luego, se desarrolló el Espacio por Zonas, donde representantes de Sur, Centro, Norte y Alto Uruguay compartieron inquietudes y proyectos específicos de cada región.
La jornada culminó con el espectáculo de imagen y sonido que puso en valor el patrimonio cultural de Misiones.
El encuentro permitió avanzar en la planificación y presentación de proyectos, y generó un valioso espacio de convivencia e intercambio entre los representantes de turismo de las distintas localidades.
En las reuniones del CoProTur siempre se destaca el gran interés en compartir experiencias, dar a conocer el contexto actual de cada destino y trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento de las propuestas turísticas de Misiones. La jornada reveló, una vez más, la importancia de la cooperación y el diálogo para consolidar a la provincia como un destino diverso, competitivo y sostenible.
El Gobierno de Misiones oficializó la designación de Víctor Eduardo Maj como nuevo subsecretario de Seguridad y Justicia, cargo que depende del Ministerio de Gobierno. Maj reemplazará en el cargo a Milton Astroza.
La medida fue formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, en el que se establece que Maj reúne las condiciones necesarias para asumir las funciones dentro de la estructura estatal.
Según el instrumento legal, el nombramiento rige desde la fecha del decreto y se encuadra en la Jurisdicción 03 – Ministerio de Gobierno, dentro de la Unidad de Organización 01 (Unidad Superior). Asimismo, el decreto dispone que la medida sea refrendada por el titular de la cartera de Gobierno.
La designación se enmarca en la necesidad de cubrir un cargo clave dentro del esquema de seguridad y justicia provincial, en un contexto donde la articulación institucional y la gestión del orden público aparecen como ejes centrales de la agenda.
El documento también instruye a los organismos correspondientes -entre ellos la Dirección General de Coordinación del Sector Público, la Contaduría General y el Instituto de Previsión Social- a tomar conocimiento y ejecutar las acciones administrativas derivadas.
A cuatro días del 24 de marzo y en el umbral del 50° aniversario del golpe de 1976, el Gobierno de Misiones decidió intervenir con una señal política explícita en una fecha de alta densidad institucional. Mediante el Decreto N° 457, firmado en Posadas el 20 de marzo de 2026, la gestión provincial declaró el 24 de marzo como jornada de reflexión y memoria en todo el territorio misionero, invitó a la ciudadanía a revisar con sentido crítico lo ocurrido desde aquel quiebre institucional y ratificó su compromiso con las políticas públicas de Verdad, Justicia y Memoria. No es un gesto menor ni meramente ceremonial: en una fecha donde la memoria pública también es un campo de disputa, el decreto ordena posición, fija lenguaje y define el lugar desde el cual la provincia quiere hablar.
La decisión lleva las firmas del gobernador Hugo Mario Passalacqua, del ministro de Coordinación General de Gabinete, Carlos Sebastián Sartori, y de la ministra de Derechos Humanos, Karina Alejandra Aguirre. El texto, además, dispone que las banderas nacional y provincial permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos durante esa jornada. El dato administrativo parece simple, pero su peso político es más profundo: la provincia no se limita a adherir a una efeméride nacional ya instituida por ley, sino que construye una puesta en escena institucional propia en torno de los 50 años del último golpe militar.
Un decreto que toma una fecha nacional y la reinterpreta desde la política provincial
El punto de partida formal del decreto es la Ley Nacional 25.633, que establece el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sobre esa base, el Gobierno misionero monta una decisión con alcance provincial y la inscribe en el calendario político de 2026, un año que el propio texto identifica como especialmente sensible por cumplirse medio siglo del golpe que interrumpió un período constitucional.
Allí aparece una primera lectura de poder. El decreto no se agota en recordar una fecha. Busca intervenir sobre el sentido de esa conmemoración. Por eso no sólo declara la jornada, sino que la carga de contenido político e institucional. El texto sostiene que el recuerdo de esa etapa debe servir para mantener viva la reflexión social sobre “los trágicos acontecimientos” del pasado reciente y sus consecuencias, y a la vez afirma que el Gobierno asume el compromiso de mantener vivo el legado del Nunca Más, identificado como el informe final de la CONADEP creado con el retorno de la democracia por el Decreto 187 del 15 de diciembre de 1983.
Ese encuadre no es neutro. La provincia se apoya en dos pilares de legitimidad estatal: la ley nacional que instituye la fecha y el legado del Nunca Más como referencia central del orden democrático recuperado. En términos políticos, el decreto no deja librada la interpretación del 24 de marzo a una recordación abstracta. La encuadra en una narrativa institucional precisa: memoria, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos.
La clave del texto: memoria sí, pero dentro de una formulación política específica
El contenido del decreto también muestra una construcción discursiva deliberada. En sus considerandos, el Gobierno sostiene que la memoria debe incluir “esa era de violencia social y política”, con atrocidades ya iniciadas con actos de terrorismo “en plena vigencia de la democracia”, que demandaban la actuación de la Justicia “pero jamás del terrorismo de Estado”. Esa frase condensa una parte sustancial de la arquitectura política del texto.
La formulación no diluye la condena al aparato estatal ilegal; por el contrario, traza una frontera explícita. Reconoce que existieron hechos violentos previos, pero fija como límite infranqueable que la respuesta no podía darse fuera del marco de la ley ni de la Constitución Nacional. En esa línea, el decreto remarca que no se construye una patria de paz y prosperidad destruyendo los valores constitucionales y que sin justicia independiente, sin partidos políticos, sin prensa libre, sin sindicatos y sin un Congreso nacional que represente la voluntad popular, es imposible conocer la verdad.
Allí el documento trasciende el homenaje protocolar y se vuelve una toma de posición institucional sobre las condiciones mínimas de la democracia. El Gobierno provincial no sólo recuerda el golpe: lo lee como ruptura de un sistema de garantías y representación. La memoria, así, deja de ser una evocación histórica y se convierte en un mensaje político anclado en instituciones concretas.
Del recuerdo a la acción estatal: qué ordena el Decreto 457
En su parte resolutiva, el Decreto 457 dispone tres movimientos centrales. Primero, declara el 24 de marzo de 2026 como jornada de reflexión y memoria en toda la provincia de Misiones, en conmemoración del 50° aniversario del “trágico golpe cívico militar” de 1976. Segundo, invita a los habitantes de la provincia a reflexionar con sentido crítico sobre los acontecimientos sucedidos en el país a partir de esa fecha y, de manera especial, sobre la “cruel metodología” empleada por el gobierno de facto de entonces. Tercero, ratifica el firme compromiso del Gobierno con las políticas públicas que resguarden los derechos humanos y las exigencias de Verdad, Justicia y Memoria.
La disposición de banderas a media asta completa esa secuencia con un componente simbólico estatal. No se trata sólo de recordar, sino de ordenar que el Estado provincial exprese institucionalmente ese recuerdo en todos sus edificios públicos. En otras palabras, el decreto baja una directiva política y administrativa a toda la estructura gubernamental.
Ese punto es importante porque transforma una definición discursiva en una señal operativa. El Ejecutivo provincial no habla únicamente desde una declaración general: instruye cómo debe verse esa posición en el espacio público estatal durante la jornada.
Qué revela esta decisión en el escenario político actual
El decreto llega en una fecha de alta sensibilidad y, precisamente por eso, tiene una dimensión que excede lo conmemorativo. El Gobierno de Misiones opta por fijar una postura clara en torno a memoria, verdad, justicia y derechos humanos, y lo hace con un instrumento formal del Poder Ejecutivo, no con una expresión aislada o una adhesión genérica. En tiempos en que las fechas históricas suelen convertirse en terreno de disputa política, esa elección no parece casual.
La decisión fortalece el perfil institucional del Ejecutivo provincial en un asunto donde el lenguaje, los símbolos y los encuadres importan tanto como las medidas. También consolida el papel del Ministerio de Derechos Humanos dentro de esa construcción, al quedar refrendado el decreto por Karina Alejandra Aguirre junto al Ministerio de Coordinación General de Gabinete. Es una señal de alineamiento interno: la política de memoria no aparece como un área lateral, sino integrada a la conducción general del Gobierno.
A la vez, el texto refuerza una alianza entre la autoridad política provincial y un marco normativo nacional preexistente. No hay aquí una confrontación jurídica con la legislación vigente, sino una apropiación política de esa base legal para dotarla de densidad local y de centralidad en el calendario provincial. Misiones toma una fecha nacional y la convierte en un pronunciamiento propio.
El trasfondo institucional: democracia, verdad y límites al poder
Uno de los aspectos más significativos del decreto está en la forma en que vincula memoria y calidad institucional. Cuando afirma que sin justicia independiente, sin partidos políticos, sin prensa libre, sin sindicatos y sin Congreso nacional representativo no puede conocerse la verdad, el texto desplaza la discusión desde el pasado hacia una idea más amplia de funcionamiento democrático.
Esa formulación no introduce medidas nuevas sobre el sistema político actual, pero sí deja una señal interpretativa. La verdad no aparece sólo como un problema histórico o judicial: queda asociada a la existencia de contrapesos, pluralidad y representación. En ese marco, el decreto no sólo condena un hecho del pasado, sino que delimita cuáles son las condiciones que el Estado considera necesarias para impedir su repetición.
También hay una dimensión pedagógica explícita. El texto sostiene que recordar esta etapa cruel de la historia argentina constituye un ejercicio colectivo de la memoria para que las generaciones actuales y futuras conozcan las gravísimas consecuencias que genera la sustitución del Estado de Derecho cuando quienes ejercen el poder aplican la violencia. Esa frase, en clave política, funciona como advertencia institucional: el problema no es únicamente la violencia, sino su ejercicio desde el poder estatal por fuera de la ley.
Una señal hacia adentro del Estado y hacia la sociedad
La invitación a reflexionar “con sentido crítico” tiene un alcance más amplio que el de un acto oficial. El Gobierno busca proyectar una pedagogía pública desde el Estado provincial. No impone una consigna partidaria ni convoca a una movilización específica; convoca a una reflexión social sobre lo sucedido y sobre la metodología del gobierno de facto. Ese matiz importa. La provincia no presenta la fecha sólo como un momento de homenaje, sino como una instancia de elaboración política y cívica.
En ese sentido, el decreto intenta ordenar un marco de lectura común. No dice únicamente qué se conmemora, sino desde qué valores debe ser procesada esa memoria: paz, tolerancia, respeto mutuo, justicia objetiva, rechazo de la venganza, defensa del Estado de Derecho. El documento incluso plantea que fortalecer la memoria colectiva ayudará a construir un destino social en paz, lo que ubica a la memoria no como un asunto del pasado cerrado, sino como un recurso político para el presente.
Qué habrá que mirar en los próximos días
La firma del Decreto 457 abre ahora una etapa de implementación y de traducción política. Habrá que observar cómo el Gobierno provincial materializa esa jornada del 24 de marzo, qué centralidad adquiere en la agenda institucional y de qué manera se articula el mensaje oficial con las políticas de derechos humanos que el propio texto ratifica. El decreto fija posición, pero también eleva expectativas sobre el contenido concreto de esa conmemoración en el año del 50° aniversario.
También quedará por ver cómo impacta esta definición en el clima político provincial y qué lecturas genera dentro del sistema institucional. La norma no inaugura un conflicto por sí misma, pero sí interviene en un terreno donde el lenguaje del Estado nunca es neutro. Cada palabra elegida —Nunca Más, terrorismo de Estado, verdad, justicia independiente, prensa libre, Congreso— compone una arquitectura política deliberada.
Misiones decidió no pasar por el 24 de marzo con una referencia lateral. Dictó un decreto, lo firmó al más alto nivel y le dio forma institucional a una postura. La dinámica política dirá ahora si ese movimiento queda sólo en el plano simbólico o si se convierte en una pieza más amplia dentro de la conversación pública que la provincia buscará sostener sobre memoria, democracia y límites del poder.
El programa Ahora Pan continuará sin modificaciones en su precio de referencia y mantendrá el kilo de pan en hasta $2.500 hasta el próximo 15 de abril, tras un nuevo acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Misiones y las cámaras del sector panadero.
La decisión garantiza la continuidad de una de las herramientas de contención de precios más relevantes de la provincia, con impacto directo en miles de hogares. El esquema es resultado del trabajo articulado con el Centro de Industriales Panaderos, en el marco de una estrategia que busca sostener el acceso a alimentos básicos en un contexto económico adverso.
Desde la Provincia destacaron que el valor del programa se mantiene muy por debajo del promedio nacional, donde el kilo de pan ya supera los $4.000 en la mayoría de las jurisdicciones, lo que refuerza su carácter diferencial dentro del esquema de políticas de consumo.
Otro aspecto relevante es la estabilidad del programa: durante el período 2025/2026, el precio de referencia registró únicamente dos actualizaciones, lo que aporta previsibilidad tanto a consumidores como a comerciantes.
En un escenario de alta inflación y presión sobre los costos, el sostenimiento del Ahora Pan se apoya en el diálogo permanente entre el sector público y privado, con el objetivo de equilibrar la rentabilidad del sector panadero y el poder adquisitivo de las familias.
El listado completo de panaderías adheridas puede consultarse en el sitio oficial: www.ahora.misiones.gob.ar.
El Gobierno de Misiones, en articulación con el Banco Macro, puso en marcha una nueva operatoria destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, así como a jubilados, pensionados y retirados, que presenten un alto nivel de endeudamiento en relación a sus ingresos.
La medida está dirigida específicamente a aquellos casos en los que las cuotas de créditos vigentes alcanzan hasta el 50% del sueldo neto, un umbral que refleja el creciente peso de las obligaciones financieras sobre la economía familiar en el actual contexto macroeconómico.
“En el actual contexto económico por todos conocido, donde el crédito se ha encarecido y las obligaciones financieras pesan cada vez más en la economía familiar, esta medida busca ofrecer una herramienta concreta para que cada beneficiario pueda, si desea usarla, reorganizar sus compromisos, cancelando saldos de préstamos y tarjetas de crédito mediante una financiación con tasa bonificada y plazos acordes a su situación”, detalló el gobernador Hugo Passalacqua.
“De esta manera, seguimos acompañando a las familias misioneras con herramientas reales, pensadas para cuidar su economía y brindar alivio dentro de las posibilidades de la Provincia”, señaló el gobernador.
Según se informó, la operatoria permitirá a los beneficiarios reorganizar sus compromisos mediante la cancelación de saldos de préstamos personales y tarjetas de crédito, accediendo a una nueva financiación con tasa bonificada y plazos adaptados a su capacidad de pago.
La iniciativa surge en un escenario donde el crédito se ha encarecido de manera significativa, lo que ha derivado en un deterioro de la relación entre ingresos y deuda, especialmente en sectores con ingresos fijos como el empleo público y el sistema previsional.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es ofrecer una herramienta concreta que permita aliviar la carga financiera de los hogares misioneros, brindando previsibilidad y evitando situaciones de sobreendeudamiento más severas.
La operatoria ya se encuentra vigente y estará disponible hasta el 23 de abril de 2026, en lo que se configura como una ventana acotada para acceder a este esquema de refinanciación con condiciones preferenciales.
