jue. Feb 26th, 2026

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El Gobierno adapta las regulaciones de capital para el sector hidrocarburífero

By Arguello Juan Carlos 4 años ago
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El Gobierno Nacional anunció este martes el Régimen de Acceso a Divisas para Producción Incremental de Hidrocarburos, que apunta a generar certidumbre e incentivos para fomentar las inversiones y el incremento de la producción del sector en la Argentina. 

El proyecto apunta a resolver limitantes y cuellos de botellas del sector, permitiendo que las compañías accedan a equipos especiales para obtener producción incremental y garantizando nuevas normas cambiarias a fin de permitir un incremento de la Inversión Extranjera Directa en el sector, impulsando un mayor valor agregado nacional en la producción hidrocarburífera, y promoviendo un crecimiento federal de la inversión sectorial.

A través de un Decreto que el Poder Ejecutivo publicará, se adaptarán las regulaciones para el acceso a divisas, con el objetivo de promover un aumento en la escalar de producción en el upstream. La medida también fomentará la producción de gas natural requerida para abastecer el Gasoducto Néstor Kirchner, una vez finalizada la obra. Además, impulsará la producción incremental de petróleo para abastecimiento del mercado interno, la sustitución de importaciones y la generación de saldos exportables, fortaleciendo así la resiliencia de la balanza de pagos y la capacidad de crecimiento de la economía argentina.

Asimismo, la soberanía hidrocarburífera que promoverá este decreto permitirá mejorar consistentemente las cuentas públicas vía reducción de subsidios energéticos.

Para ello, esta norma establece un nuevo régimen de acceso a divisas bajo los requisitos de: 1) producción incremental, para garantizar la sostenibilidad del incentivo a las inversiones; y 2) desarrollo de proveedores nacionales y regionales, para promover un mayor valor agregado doméstico en el salto productivo sectorial.

En la norma, se define como producción (inyección) incremental de petróleo (gas natural) a la diferencia entre la producción efectiva de los últimos 12 meses y la Línea Base definida como el volumen obtenido por cada empresa en 2021. Luego, se establece como Volumen de Producción Incremental Beneficiado (VPIB) y Volumen de Inyección Incremental Beneficiado (VIIB) al 20% de la producción incremental de crudo y al 30% de la producción incremental de gas natural que haya obtenido cada beneficiario. En este sentido, se obtendrán porcentajes adicionales por la cobertura del mercado interno, la reversión del declino técnico, la producción incremental en pozos de baja productividad, la contratación de empresas nacionales de servicios especiales y la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos en cuencas marginales.

Los beneficiarios tendrán el derecho al acceso al Mercado Libre de Cambios, por un monto equivalente a su VPIB y/o VIIB, según corresponda, valuado a precio de exportación neto de derechos y primas que correspondan. El acceso a divisas podrá ser destinado al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior, incluyendo pasivos con empresas vinculadas no residentes, y/o utilidades y dividendos, y/o repatriación de inversiones directas de no residentes. Este derecho podrá transferirse total o parcialmente a proveedores directos del beneficiario para los mismos fines disponibles para la operadora.

El Decreto determina la creación de un Régimen Acceso a Divisas para la Producción incremental de Petróleo (RADPIP); un Régimen Acceso a Divisas para la Producción incremental de Gas Natural (RADPIGN); y un Régimen de Promoción del Empleo, el Trabajo y del Desarrollo de Proveedores Regionales y Nacionales de la Industria Hidrocarburífera (RPEPNIH).

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Guillermo Hang, un ex compañero universitario de Guzmán, asumirá como secretario de Comercio de la Nación

By Arguello Juan Carlos 4 años ago
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El actual director del Banco Central de la República Argentina, Guillermo Hang, asumirá como secretario de Comercio de la Nación.

Hang tiene larga trayectoria en la función pública, habiéndose desempeñado en diferentes áreas del Ministerio de Economía desde el año 2008 al año 2015. Desde el inicio de la gestión del actual gobierno es miembro del directorio del Banco Central de la República Argentina.

Hang es Licenciado en Economía por la Universidad de La Plata.

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Ser o hacerse, esa es la cuestión

By Rubén Darío Ochoa 4 años ago
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La semana nos deja con un dato más que interesante: la Argentina cuenta con más de 47.000.000 millones de habitantes. Se realizó el indispensable censo que en los próximos meses nos dará una invaluable información de cómo somos y cómo estamos para diseñar políticas públicas que transformen la realidad, una realidad que en estos días se muestra muy convulsionada con los mercados globales en caída vertiginosa, que nos golpean con la caída de un par de unicornios como Globant y Mercado Libre, pero que también elevó el riesgo país hasta superar los 2000 puntos básicos.

La inflación se ubicó nuevamente en el 6%, apalancada fuertemente por sectores estimulados y cuidados por el Estado como el caso de los textiles, que subieron un 9.9% y que vienen del 10.9% del mes pasado. Pero los cazadores de zoológico abundan: la canasta básica total para no ser pobre para una familia tipo se fijó en $95.260, mientras el salario mínimo vital y móvil no supera los $39.000.

El Presidente finalizó una nueva gira europea para proponer a la Argentina como abastecedor confiable de alimentos, aunque una semana después, dados los datos de inflación galopante en alimentos no descartó la suba de retenciones, mecanismo que por sí solo no funciona y menos como están diseñadas en este momento, ya que las exportadoras le descuentan a los productores la retención. Descartado este mecanismo hasta tanto no se mejore el control estatal sería interesante explorar la opción de los cupos y si se persiste en la especulación, proceder al cierre de exportaciones como las que anunció esta semana la India. Nadie debe asustarse de todos modos, ya que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez se encargó de desdecir a su jefe, en lo formal al menos, a la sazón el Presidente de la nación. Sería casi cómico si la falta de autoridad no trajera consecuencias tan graves para todos. 

El Gobierno sigue cruzado por las declaraciones del ala kirchnerista que pide mejorar el poder adquisitivo y cuidar los dólares que permitan consolidar la recuperación para que a ambas cosas no se las queden cuatro vivos. Algo que antes que la Vicepresidenta lo dijese el jueves en Chaco, lo tratamos hace dos semanas  en esta columna titulada el insumo de insumos, pero los reclamos también se dan dentro del propio equipo económico.

Se supo que el ministro de Economía viene batallando con el presidente del Banco Central al que, en coincidencia con el kirchnerismo, también critica por el manejo de las reservas.

El apuntado Miguel Angel Pesce se defendió diciendo que si bien es cierto que le ha vendido reservas a empresas para el pago de sus supuestas deudas en el exterior, siempre lo ha hecho bajo el compromiso de la concreción de nuevas inversiones, cosa que no se verifica en los hechos. Insistiré con el dato: 30.000 millones de dólares de superávit comercial, cero acumulación de reservas. Con este récord, hasta el peor entrenador de fútbol no necesita ni que le pidan la renuncia.

El FMI silenciosamente sigue con su revisión de las tres grandes variables que le interesan a saber, déficit fiscal, nivel de reservas y emisión, en especial esta última, al momento que escribo estas líneas el Tesoro ya tomó el 53% de los fondos de asistencia financiera del Central acordados con el FMI y aun ni siquiera pagó el medio aguinaldo y recién empieza a pagar el bono de asistencia que en dos tramos. La forma de poder cubrir genuinamente estos egresos es con ingresos, pero en una máxima de la gestión, lo que se anuncia casi nunca se concreta, así que esperamos el mentado impuesto a la Renta Inesperada, que parece que jamás llegará. Se parece a la opción superadora con el caso Vicentin, donde parece que los empresarios que llevaron este atraco se saldrán con la suya sin mayores consecuencias.Pero volviendo a lo que importa que son las cuestiones de pesos y centavos, me viene una reflexión con respecto a las capacidades del Estado en el marco de esta semana atravesada por el censo: la economía es una ciencia en donde los datos, los números y las precisiones son determinantes, un Estado que no conoce absolutamente nada de los costos de las cadenas de valor es básicamente un adorno, pero no sabe por el simple hecho que no quiere saber, ya que como se demostró en el censo cuando quiere saber, lo hace y monta un fenomenal esfuerzo colectivo con tal de conseguir la información que le interesa, entonces más que un Estado bobo tenemos uno que se hace el bobo.

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Transporte: la grieta entre Guzmán y los gobernadores

By Alejandro Pegoraro 4 años ago
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Además del Censo realizado el miércoles pasado, uno de los temas relevantes de la semana fue el paro de transporte en todo el país, que terminó levantándose antes de tiempo, pero que puso de nuevo en alerta no solo al Gobierno nacional, sino sobre todo a las Provincias, que casi en bloque, a partir de declaraciones públicas de gobernadores y ministros, expresaron su disconformidad respecto al actual sistema de reparto de los subsidios. 

Pocas veces antes se había visto un trabajo coordinado en materia comunicacional por parte de las provincias, que sobre todo a través de publicaciones en Twitter pidieron por un reparto más federal y con mayor asistencia al interior. 

Para graficar la situación, la primera torta de reparto es más que evidente: por mes, la asignación de subsidios es de casi $26 mil millones al AMBA y $3 mil millones al conjunto de las provincias: es decir, casi el 90% solo al área metropolitana de Buenos Aires. 

Esta situación ya había generado un fuerte ruido a inicios de año, con reclamos de diferentes gobernadores, y que derivó en anuncios oficiales. A través de la Resolución 82/2022 de febrero pasado, el Ministerio de Transporte de la Nación estableció la distribución del “Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano del interior del país” por un monto mensual de hasta 3.200 millones, para el período enero a marzo de 2022. 

De eso, la Nación, a finales de abril pasado, ya había girado $5.865,2 millones (61,09% del total asignado por la resolución) y restaba aún el pago del saldo restante (por $3.734,8 millones), que se libera a medida que las provincias presentan las rendiciones de cuentas correspondientes. Pero el AMBA, que tiene tiene un sistema paralelo (no regido por la resolución mencionada), ya captó cerca de $48 mil millones. 

Es decir, la situación que describimos meses atrás en esta columna de Economis, no varió pese a los discursos. Por eso, ahora los gobernadores vuelven a ponerse en pie de lucha, no solo por la situación actual, sino también por lo que ven venir.

En el Palacio de Hacienda, el ministro Martín Guzmán y su equipo trabajan en la redacción de un decreto para el Presupuesto de este año, que recordamos fue rechazado en Diputados por el voto en contra de la oposición. En el Gobierno prometían tener listo este nuevo decreto para finales de abril, pero continúa demorado. Uno de los puntos centrales de esa demora es la falta de acuerdo político entre el equipo económico y los gobernadores (con fuerte representación de Manzur desde el gabinete nacional), y ese no-acuerdo interno está centralizado en el programa con el FMI: Guzmán, con el objetivo de cumplir las pautas del acuerdo, plantea reducir de manera muy fuerte las partidas y transferencias a provincias, donde los subsidios al transporte están incluidos. 

Al cierre de abril, las transferencias no automáticas a las provincias seguían teniendo un ritmo de crecimiento, aunque mucho más moderado que meses atrás, pero todo eso ahora se pone en juego: financiamiento para obra pública, subsidios al transporte, programas especiales e incluso las asistencias financieras están en duda. 

Un eventual recorte de subsidios tiene consecuencias directas: o un fuerte tarifazo en el interior del país del boleto, o una muy fuerte erogación de recursos por parte de las administraciones provinciales para sostenerlo, pero no todos los distritos tienen caja para hacerlo. 

Veamos los números misioneros: la Provincia recibió (hasta el 29 de abril, correspondiente a la asignación del primer trimestre del año) unos $273,4 millones del Fondo Compensador, el valor más alto en el NEA y el cuarto más alto del Norte Grande (detrás de Tucumán, Salta y Jujuy), representando el 4,7% del total repartido a las provincias. 

Misiones sostiene el boleto más barato entre las capitales de todo el Norte Grande, con fuerte inyección de recursos propios, una situación que no se observa en la totalidad de los distritos. Por ende, la presencia del Estado misionero es la que garantiza un boleto “barato”, y en consecuencia, la responsabilidad fiscal aplicada por el equipo de Hacienda provincial es quizás uno de los ejes principales para lograr esto, ya que ello garantiza un flujo de fondos tendientes a conservar esa situación. 

Sin embargo, la situación (en todo el país en general) es delicada: los costos de las empresas crecen, hay presiones sindicales y los subsidios se mueven de manera más lenta que lo deseado. Los tres días de paro convocados la semana pasada (se concretó uno) son un aviso de la conflictividad en el sector, pero la solución viene (o debería venir) del Gobierno nacional, principalmente, con una mejora en los esquemas de reparto como mínimo. 

Más allá de que existan corrientes de pensamiento que expresan que “pagamos un boleto barato” cuando lo miden en dólares y comparándolo con otras ciudades del mundo, lo cierto es que el bolsillo del usuario no da para más, sobre todo en el interior, y más aún en aquellas ciudades donde el horario laboral no es de corrido, y obliga así a que un usuario tenga, de mínima, que pagar 4 boletos diarios solo para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Con un boleto barato, como el de Posadas, estamos hablando de 120 pesos diarios, 600 pesos a la semana y 2.640 pesos al mes considerando veintidós días hábiles. 

Un boleto más caro, como el correntino, llega el gasto mensual a 5.280 pesos solo en transporte. A priori, parecieran no ser valores muy holgados, pero al contrastarlo con el costo de vida en general y la baja nominalidad del salario que tenemos en nuestra región, se transforma en un peso enorme para el usuario. 

Se abre un período de fuertes interrogantes: ¿Qué hará Guzmán con su proyecto en borrador? ¿Buscará consensos provinciales? O más bien, ¿se abrirá una nueva grieta dentro del gabinete nacional enfrentándose con Manzur? 

La falta de concordancia de posiciones que existen hacia dentro del propio Gobierno (con un nuevo episodio visto el viernes entre el Presidente y Julián Domínguez) genera fuerte incertidumbres: para el mercado, para los gobernadores y para la ciudadanía, que se traduce en menores niveles de confianza. El Gobierno nacional debe volver a plantearse un rumbo unificado, más allá de las disidencias internas. Sin eso, no hay plan económico que sirva, y el país está hoy en momentos de inestabilidad que requieren consensos.

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Tropezar con la misma piedra

By Rubén Darío Ochoa 4 años ago
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Otra semana ha transcurrido en nuestro país, en donde la agenda sigue cruzada por una prematura interna en las dos coaliciones, no siempre ausente de interesantes debates y a veces con decepcionantes propuestas, como la de Boleta Única, que no tienen nada que ver, en absoluto, con la principal preocupación de la población que es la economía.

En ese sentido la economía es como la belleza… está en el ojo del que la mira, por eso para algunos su principal preocupación estará en el debate sobre la reforma de la novel ley de alquileres. Como es de esperar no llegaron a un consenso para reformarla, así el Gobierno insistirá con contratos de tres años con actualizaciones anuales utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En tanto la oposición propone volver a alquileres de dos años con una especie de renovación automática de un año si no mediare voluntad de discontinuar la relación contractual por las partes y como mecanismo de actualización propone que la actualización de los precios de los alquileres sea “por intervalos no menores a seis meses”, en base a un mecanismo que se acordará entre las partes al momento de firmar, “pudiendo utilizar índices oficiales elaborados o publicados por organismos nacionales, provinciales o municipales o lo que las partes acuerden”. En definitiva una ley más protectiva con el inquilino y otra más protectiva de los locatarios.

En tanto para las sectores más vulnerables se concretó por parte del Gobierno el adelantamiento de los aumentos del salario mínimo vital y móvil pasando de los vergonzantes $39.000 a los menos vergonzantes $45.540 a partir de junio para trabajadores mensualizados y $227,70 el valor de la hora para trabajadores jornalizados, y el segundo desde el primero de agosto cuando alcanzará los $47.850 y $239,30 el valor de la hora para trabajadores, según quedó dispuesto por la Resolución Nº 2022-6. Todo esto como resultado de la presentación de un proyecto de ley en el mismo sentido por parte de legisladores del propio oficialismo impacientes ante la desesperante parsimonia que distingue cada vez más a los miembros del Ejecutivo. Esta modificación impacta en los salarios de los trabajadores incluidos en los planes sociales que perciben el 50% del SMVM.

Mientras tanto el gobernador de la gigantesca provincia de Buenos Aires cerró un acuerdo paritario para los trabajadores estatales de su provincia del 60%  de incremento, que incluye a los docentes, estatales, médicos y judiciales. En clara señal del nuevo piso salarial debido a la descontrolada escalada de remarcaciones de precios que marcó el hito del 6,7% en marzo, la más alta en términos mensuales de los últimos  20 años y que en abril aflojó muy poco y se ubicó en el 6%. 

Como síntesis de las contradicciones en un Gobierno que no logra dominar la inflación que volvió a los niveles en los que se consolidó en el periodo 2018-2019 que solo bajó a fuerza de la recesión provocada por el Covid en 2020 y que retomó su inercia en la post pandemia, se facilitan paritarias que buscan empatar esos niveles en una muestra de impotencia para moderar a los formadores de precios. No es que considere que no sea necesario esa convalidación de aumentos, pero es una tragedia en sí misma, dado que en paralelo los salarios no se recuperan  como analizamos en la entrega anterior, el capital concentrado de los grupos económicos recuperó márgenes de rentabilidad, de forma que podríamos calificar sin miedo de ser injustos, de forma predatoria.

Un ejemplo vale más de mil palabras, el grupo Clarín distribuyó entre sus accionistas $41.000 millones. O sea que recompuso ganancias y en gran parte gracias a un fallo judicial que le permitió aumentar tarifas y apropiarse por esta vía de los ingresos de sus consumidores.  Internet y telefonía, a esta altura del siglo 21 son una necesidad básica y deberían ser regulados como tal. 

Pero este nueva forma de ganar dinero desposeyendo a los demás es una característica de nuestros tiempos y si usted piensa que el caso del  gigante de las telecomunicaciones con sede en el paraíso fiscal estadounidense del estado de Delaware es un escándalo, comparado con el sector de intermediación financiera, cuesta hasta escribir las cifras dada su extensión pero lo intentaremos: a diciembre de 2019 las famosas letras y pases del BCRA (Leliq) eran $790.000 millones lo que suponía el equivalente a un 64% de la base monetaria, a mayo de este año estos instrumentos alcanzaron los $ 5.000.000.000.000, si lo es un número increíble 5.000 billones de pesos, el incremento fue de 523% y alcanza la friolera del 150% de la base monetaria.

Y como todo tiene que ver con todo en economía, esta semana se adelantaron medidas que ponen un poquito más de dinero en el bolsillo de los trabajadores argentinos, sean estos pymes, trabajadores en blanco o en negro, todos aquellos que viven de su esfuerzo, pero el día viernes salió el dato de inflación y la misma fue nuevamente de 6%.  El ministro Martín Guzman repite como un mantra  al que lo quiera escuchar que la inflación es multicuasal, por ende puede venir por costos, básicamente por salarios, energía o costo empresario. Pero se viene un aumento de tarifas que en el caso de usuarios grandes comercios e industrias en especial será bastante más que la domiciliaria. Otra causa puede ser monetaria, cuando se emite para financiar la inversión del Estado, esta emisión viene bajando y según los mandatos del FMI no podrá superar el 1% del PBI, pero lo paradigmático es que la forma de conjurar la inflación vía emisión es restringir la misma, cosa que se hace, como estamos viendo y otra es recomponiendo reservas, cosa que no se verifica. De hecho la actual gestión dejó salir el aproximado de 35.000 millones de dólares del superávit comercial sin acumular un solo dólar.  Para cubrir esa inoperancia emitió el equivalente a esa cantidad de dólares pero no logró acumular en sus reservas, pero hay otra emisión que está disfrazada y se la denomina déficit financiero o cuasi fiscal, mientras que el déficit primario baja, el déficit financiero sube, el mismo esquema que se evidenció durante los cuatro años del Gobierno de Cambiemos y con especial énfasis en los últimos dos. 

Si se hacen las mismas cosas, no es de extrañar que se obtengan los mismos resultados, es así que lo que parece inconexo aparezca bien conectado, los ganadores del modelo que se instauró a partir de diciembre del 2015 son los ganadores ahora y por ende los perdedores de aquel entonces son los mismos perdedores ahora, lo que hace crujir a la coalición de gobierno que ganó en 2019 y que ve que los sectores sociales y productivo que la llevaron al triunfo no ven el fruto de ese acompañamiento, mientras los asalariados y las pymes apenas empatan con la inflación, las telecomunicaciones, los complejos agroexportadores cerealeros, las empresas de alimentos de consumo masivo y los bancos llevan sus ganancias a limites predatorios.Como perlita dejo un dato, la ganancia diaria de las Leliqs y Lebacs es de $2.000 millones al sector financiero, en tanto que el ministerio de desarrollo social destina al plan Potenciar Trabajo donde se emplea a 1.100.000, $300 millones diarios. Como diría Cicerón, cualquiera puede errar, pero sólo los necios perseveran en su falta.

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