“Sobre la base del análisis de la sostenibilidad de la deuda de julio de 2019, el personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible”. La frase, lacónica, describe el certificado de defunción de un relato que pretendió romantizar una relación tóxica con el organismo financiero internacional que venía a salvar a la Argentina de los excesos del mejor equipo que tenía al endeudamiento como única herramienta de gestión. Fueron cuatro años de acumulación de deuda durante el gobierno de Mauricio Macri que terminaron con el mayor préstamo de la historia del FMI hasta acumular una deuda casi equivalente a un PBI de la Argentina.
La frase también esconde la complicidad del propio FMI, entonces en manos de Christine Lagarde, con el endeudamiento de la Argentina pese a las evidencias de que el modelo económico del Gobierno anterior iba aceleradamente hacia el abismo. En julio del año pasado, el Fondo seguía girando dólares que terminaron maquillando el último tramo de la gestión de Macri e inflando de optimismo a Cambiemos de cara a las elecciones. Pero para esa altura, según la consultora Ecolatina, el FMI había desembolsado en la Argentina alrededor de 45.000 millones de dólares que corresponden al 80 por ciento del préstamo stand by de 57.000 millones acordado en 2018.
Ya entonces era evidente que el plan era insostenible. De acuerdo a lo pactado entre Macri y la buena de Lagarde, entre 2022 y 2023, Argentina debía devolverle al FMI más de USD 46.000 millones entre capital e intereses, el equivalente al 5% del PBI de cada año. Si a eso se sumaba el calendario de pagos de bonos para esos años, el monto casi se duplica.
“En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad”, señalaron -ahora- Julie Kozack, Subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, Jefe de misión para Argentina del FMI.
Las palabras de los enviados también implican el inicio de una nueva etapa en la relación con el FMI y, necesariamente, el punto de partida del gobierno de Alberto Fernández: renegociar la deuda es condición necesaria -casi excluyente- para volcar recursos a la reactivación de la economía y sacar al país de la parálisis que ya lleva más de año y medio.
En rigor, buena parte de la atención del inicio del nuevo Gobierno estuvo puesto en conseguir una renegociación y respaldos de los líderes de otros países para aliviar el peso de la deuda en la agobiada economía argentina. Todavía no está ganada la pulseada a los acreedores, pero el respaldo del FMI hace más factible una quita y es probable que el propio organismo que ahora conduce Kristalina Georgieva, acepte una reducción, además de estirar los vencimientos en por lo menos tres o cuatro años. Ya hay antecedentes de países que han logrado quitas sustanciales y totales del FMI.
“Necesitamos encaminarnos a un nuevo rumbo y reestructurar la deuda para restablecer su sostenibilidad”, dijo este sábado el ministro de Economía, Martín Guzmán después de reunirse con la nueva mandamás del Fondo. El ministro enumeró los males de los argentinos: el PBI cayó en tres de los últimos 4 años, el desempleo se sitúa en un nivel de dos dígitos, la tasa de la pobreza se acercó al 40%, la inflación en 2019 fue de 52,7% y también está el problema de insostenibilidad de la deuda.
Georgieva volvió a tirar ondas positivas tras la reunión en el G20 en Arabia Saudita. “Aplaudí el compromiso de las autoridades argentinas de continuar profundizando nuestro diálogo, incluso a través de un Artículo IV y los pasos hacia un programa respaldado por el FMI en el futuro”, señaló. ¿Qué es el artículo IV? La revisión del programa vigente con el Fondo y la posibilidad de modificarlo para aliviar tensiones.
Es un paso necesario para que el gobierno de Alberto Fernández tome impulso. Hasta ahora todo ha sido a paso cansino al ritmo de la escasez. Las decisiones más trascendentales pasaron por la recuperación de planes vigentes en la última etapa de Cristina, como el plan Remediar y complementos como medicamentos gratis para jubilados mientras que algunos mastican bronca por un aumento menor a la fórmula macrista. Pero de fondo para la economía, poco y nada, aunque la revisión de las tasas bancarias tendrá un impacto positivo en el bolsillo agobiado.
Pero ya resulta llamativa la demora en algunas designaciones dentro del Estado. Dos meses y medio parecen tiempo suficiente para cubrir vacantes en lugares clave del organigrama. Tal es la lentitud que los trabajadores de la Entidad Binacional Yacyretá emitieron un documento que reclama la designación la designación de nuevas autoridades, ya que hay trabajos comprometidos, firmas que deben estamparse y gastos de los que nadie se quiere hacer cargo en la represa hidroeléctrica que es vital para el abastecimiento energético de la Argentina.
En Misiones son varias las dependencias que están virtualmente acéfalas y no hay señales de los nombres para cubrir los cargos, lo que genera una innecesaria mora en algunos servicios.
En el Gobierno provincial entienden que la sintonía fina con Alberto es necesaria, pero no suficiente para resolver algunos de las demandas históricas de Misiones. El propio gobernador, Oscar Herrera Ahuad, le entregó al Presidente un documento en el que se detalla punto por punto en qué consiste la reparación histórica que se planteó en la campaña y que el entonces candidato se comprometió a cumplir.
Años de atraso estructural y políticas de un Gobierno que en los últimos cuatro años profundizaron problemas como la pobreza, son necesarios reparar.
Misiones reclama una mejora sustancial en los recursos que recibe de la Nación a través de obras de infraestructura y cash, estimados en 2.500 millones mensuales extra de lo que se recibe por coparticipación.
El documento reseña que Misiones contribuye al país con recursos energéticos renovables y a cambio debe pagar tarifas caras, sin acceso al gas natural ni a combustibles a precio diferencial. También plantea el costo de cuidar la biodiversidad y no disponer de esas tierras para la actividad productiva -apenas un tercio del territorio se puede explotar- y la particularidad de la economía minifundista de las chacras misioneras, que se diferencia de las grandes extensiones graneras de otros puntos del país y obliga al Estado a ser un permanente refugio de los productores. La protección del medioambiente fue parte de la agenda analizada en detalle con el Papa Francisco, que bendijo las políticas aplicadas en la tierra colorada.
Ayer, en Colonia Aurora, el mandatario expuso su pensamiento y planteó la importancia de pensar en Misiones como la “capital nacional de la productividad, pero sustentable”, ya que Misiones es la capital argentina y sudamericana de la Biodiversidad y por esto “sería importante ir reemplazando productos que se utilizan hoy en los programas de producción de la diversificación productiva por otros más favorables”.
Más adelante resaltó que el Gobierno estará a disposición de la chacra, pero “siempre y cuando los procesos productivos lleguen a la mano de los productores”.
Y remarcó que “no voy a cortar ningún plan operativo anual, ningún beneficio de los productores misioneros, pero en esos planes cooperativos vamos a dejar en claro que se deben cumplir, se debe tener una meta de trazabilidad de qué vamos a hacer y el resultado que vamos a tener. Y así la Provincia va a ayudar y a acompañar y vamos a poner los recursos que son de cada uno de ustedes para mejorar la producción en Misiones”.
En el documento elevado al Presidente también se expone la complejidad fronteriza de Misiones, sofocada por economías desreguladas como la de Paraguay o mucho más potentes, como en Brasil, que ahora encaró una agresiva política comercial en las fronteras que amenaza con provocar una nueva sangría de divisas pese al dólar alto.
El dólar alto calmó las asimetrías con Paraguay y provocó incluso que compradores guaraníes y de Brasil volvieran a cruzar la frontera para comprar en Misiones. Pero el flujo fronterizo es impredecible y el temor a la reacción de Brasil está justificado: las lojas tax free comienzan a brotar como hongos a pocos pasos de las ciudades misioneras que no pueden competir con productos de primera línea y sin impuestos.
Este martes se inauguró una Loja Free en Porto Maúa, frente a Alba Posse y allí, los empresarios dueños de la franquicia, anunciaron que en el segundo semestre se inaugurará el próximo en Porto Xavier, frente a San Javier y donde se proyecta un puente que una ambas orillas con una inversión brasileña inicial de 500 millones de pesos.
En ese punto, hay coincidencia plena con el sector empresarial, que desde hace más de dos años viene reclamando a la Nación una atención diferencial en materia impositiva para poder afrontar costos de logística que se trasladan a un consumo deprimido. El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, advirtió que hay que “volver a la carga” por un tratamiento diferencial para la economía de Misiones, después de la fallida promesa del artículo 10 de la ley Pymes, promocionada por la alianza Cambiemos. Sin embargo, hasta ahora no hubo ningún contacto formal entre la Nación y el sector empresario misionero.
El argumento de Oscar Herrera Ahuad cobra sentido en los datos de la realidad. La brecha en el costo de vida entre Misiones y Buenos Aires es más amplia que nunca. La canasta básica total -que incluye servicios y vestimentas-, está 40 mil pesos en Buenos Aires para una familia tipo. En Posadas, con los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos, la misma canasta cuesta 45,250,50 pesos. La inflación, mes a mes, tiene al Nordeste como la región más golpeada, pese a la baja registrada en enero. Pero el último año de Mauricio Macri en el poder fue dramático para el poder adquisitivo. En enero del año pasado, la Canasta Básica Alimentaria costaba en Misiones solo 11,341.33 pesos y ahora trepó a 17,647.70, mientras que la CBT estaba doce mil pesos por debajo de los valores actuales.
Eso, por supuesto, se traduce en mayor pobreza medida por ingresos. En el último tramo del Gobierno de Mauricio Macri, la pobreza creció en Misiones al 37,8 por ciento de los hogares, mientras que el índice de indigencia -familias que no cubren la canasta mínima de alimentación, estimada en poco más de 16 mil pesos- llegó al 18,7%.Pese a recibir menos recursos que el promedio de provincias con menor población y actividad económica, Misiones es la provincia mejor administrada, con un stock de deuda bajo y con escasa exposición en moneda extranjera, lo que redunda en no esté hoy comprometida como otras provincias del país, incluso de la región, como Chaco.
