La transición hacia la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal tendrá un impacto inmediato sobre uno de los principales costos de la logística exportadora argentina: el peaje. A través de la Resolución 105/2026, la Administración General de Puertos (AGP) prorrogó la bonificación vigente para el tramo Santa Fe-Confluencia de la hidrovía hasta que la nueva concesionaria tome formalmente el control del servicio.
La medida busca garantizar previsibilidad para las empresas que utilizan la hidrovía mientras se completa el proceso de traspaso a la unión transitoria conformada por Jan de Nul N.V. y Servimagnus S.A., adjudicataria del nuevo contrato de concesión otorgado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
En los hechos, la resolución evita que los operadores enfrenten un incremento inmediato en los costos de navegación. El transporte internacional continuará abonando un peaje bonificado de US$ 1,30 por tonelada de registro neto (TRN), el mismo valor que se viene aplicando desde comienzos de este año.
La decisión tiene especial relevancia para el comercio exterior argentino. La Vía Navegable Troncal concentra la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país y constituye el principal corredor logístico para la salida de granos, aceites, harinas, minerales y otros productos con destino a los mercados internacionales.
Desde el Gobierno explican que la continuidad de la bonificación responde a razones tanto administrativas como económicas. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación, creada a comienzos de 2025 tras la reorganización del sistema portuario nacional, continúa atravesando un proceso de transición institucional que demoró la conformación definitiva de la Mesa de Trabajo encargada de revisar la estructura tarifaria del tramo Santa Fe al Norte.
En paralelo, la nueva concesión ya fue adjudicada y el contrato fue firmado el pasado 8 de julio de 2026. Sin embargo, el acuerdo prevé un período previo a la denominada “toma de posesión” del servicio, instancia que marca el inicio efectivo de las operaciones por parte de la nueva empresa concesionaria.
Hasta que ese proceso concluya, el Ejecutivo optó por mantener sin cambios el esquema tarifario vigente para evitar incertidumbre entre armadores, exportadores y operadores logísticos.
La historia reciente de este peaje explica la cautela oficial. La tarifa originalmente fijada en 2022 había generado fuertes cuestionamientos por parte de usuarios y entidades representativas del sector, que incluso impulsaron acciones judiciales. Como consecuencia, el entonces Ministerio de Transporte suspendió su aplicación y posteriormente comenzaron a otorgarse sucesivas bonificaciones que fueron prorrogándose a lo largo de 2024, 2025 y 2026.
La nueva resolución mantiene esa política de transición y evita modificaciones tarifarias mientras cambia el operador de uno de los activos estratégicos más importantes de la infraestructura argentina.
Más allá del aspecto administrativo, la decisión también refleja una lógica de estabilidad económica. En un contexto donde la competitividad de las exportaciones depende en buena medida de los costos logísticos, mantener el peaje sin aumentos contribuye a reducir incertidumbres para las cadenas productivas que dependen de la hidrovía.
El desafío comenzará una vez que la nueva concesionaria asuma plenamente la operación. Allí deberán definirse las condiciones tarifarias de largo plazo, las inversiones comprometidas y el esquema de mantenimiento y dragado que sostendrá la competitividad del principal corredor fluvial del país durante los próximos años.
La competitividad logística de la Argentina no depende únicamente de nuevas inversiones en infraestructura. También requiere conocer con precisión qué activos existen, dónde están ubicados y cuál es su estado real de los puertos argentinos. Con esa premisa, el Gobierno nacional puso en marcha uno de los relevamientos territoriales más ambiciosos de los últimos años para el sistema portuario argentino, una iniciativa que busca transformar información dispersa en una herramienta estratégica para la gestión pública y el desarrollo económico.
A través de la Resolución 45/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) autorizó el llamado a una licitación pública nacional para contratar un Servicio de Relevamiento Integral Multimodal, Sistémico y Georreferenciado de Infraestructuras Portuarias, con un presupuesto oficial de 2.573.550.000 pesos y un plazo de ejecución de doce meses, prorrogable por otro período similar.
El proyecto no consiste únicamente en levantar planos o realizar mediciones. La contratación contempla la generación de imágenes georreferenciadas, modelos tridimensionales basados en nubes de puntos y bases de datos espaciales que integren información sobre áreas terrestres, sectores acuáticos y las zonas de transición entre ambos ambientes en todos los puertos bajo jurisdicción nacional.
La iniciativa forma parte del Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria, impulsado por la Agencia durante 2025, cuyo objetivo es construir una base de información única y confiable sobre el patrimonio portuario del Estado. El diagnóstico oficial sostiene que disponer de datos precisos permitirá completar y actualizar el catastro, delimitar correctamente las jurisdicciones portuarias, avanzar en la regularización dominial de inmuebles y fortalecer los sistemas de información geográfica utilizados para la planificación.
Detrás de esta decisión hay un problema estructural que trasciende la gestión administrativa. Durante décadas, numerosos predios portuarios acumularon superposiciones catastrales, ocupaciones irregulares, documentación incompleta y límites poco definidos entre áreas operativas, fiscales y privadas. Esa incertidumbre jurídica suele traducirse en demoras para concesiones, conflictos sobre la utilización de terrenos estratégicos y mayores costos para proyectos de inversión.
El nuevo relevamiento apunta justamente a reducir esas asimetrías mediante tecnología de alta precisión. La información obtenida servirá como insumo para futuras decisiones sobre planificación portuaria, expansión de terminales, administración de concesiones, obras de infraestructura y preservación del patrimonio estatal.
La licitación se realizará bajo la modalidad de orden de compra abierta, un mecanismo previsto en el régimen nacional de contrataciones que permite ajustar la ejecución del servicio dentro de cantidades máximas establecidas, otorgando mayor flexibilidad operativa durante el desarrollo del contrato.
Desde el punto de vista económico, la inversión representa una apuesta por fortalecer uno de los principales activos logísticos del país. Más del 80% del comercio exterior argentino se moviliza por vía marítima o fluvial, por lo que disponer de información territorial precisa sobre la infraestructura portuaria constituye un insumo clave para mejorar la competitividad, reducir incertidumbres regulatorias y facilitar futuras inversiones públicas y privadas.
La resolución también aprueba el pliego de bases y condiciones técnicas y delega en la Subgerencia de Compras, Contrataciones y Convenios la organización del proceso licitatorio, incluyendo la fijación de fechas para la presentación y apertura de ofertas. Paralelamente, se designó la Comisión Evaluadora que analizará las propuestas de las empresas interesadas.
Si bien el impacto inmediato de la medida será administrativo, sus efectos potenciales exceden el ámbito burocrático. La consolidación de una cartografía digital unificada puede convertirse en una herramienta de largo plazo para transparentar la gestión del patrimonio público, disminuir litigios sobre inmuebles portuarios, acelerar procesos de inversión y brindar mayor previsibilidad a operadores logísticos y gobiernos provinciales.
En un contexto donde la eficiencia del comercio exterior depende tanto de las obras físicas como de la calidad de la información disponible, el relevamiento integral aparece como una inversión silenciosa pero estratégica: antes de construir nuevos puertos o ampliar los existentes, el Estado busca conocer con exactitud qué posee, cómo está distribuido y cuáles son las oportunidades de desarrollo sobre ese patrimonio.
La pulseada entre el Gobierno nacional y los prácticos de navegación escaló este lunes a un nivel inédito: mientras los profesionales mantienen un paro en rechazo al Decreto 690/2026, que desregula el régimen de practicaje y pilotaje, la Prefectura Naval Argentina intimó formalmente a más de 500 habilitados para que retomen sus funciones bajo apercibimiento de sanciones administrativas e incluso eventuales denuncias penales. El resultado inmediato ya tiene impacto económico: más de 150 buques permanecen demorados en distintos puertos del país, afectando la salida de exportaciones y la llegada de cargas.
El conflicto trasciende una discusión laboral. En juego está el funcionamiento del principal sistema logístico argentino, por donde se canaliza la mayor parte de las exportaciones agroindustriales, energéticas y de economías regionales. Cada día de paralización implica mayores costos para exportadores, demoras en la cadena comercial y un deterioro de la competitividad en un contexto donde el Gobierno apuesta a incrementar el ingreso de divisas.
La medida de fuerza comenzó luego de la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que modifica profundamente el régimen de practicaje y pilotaje. Entre los principales cambios, habilita una mayor competencia entre profesionales y elimina regulaciones sobre tarifas, que pasarán a definirse por el mercado.
Para los prácticos, la discusión excede lo económico. Sostienen que la flexibilización reduce estándares de seguridad en una actividad altamente especializada. Argumentan que la navegación en ríos, canales y accesos portuarios argentinos requiere conocimientos locales específicos sobre corrientes, profundidades y riesgos operativos, factores que consideran imposibles de reemplazar únicamente con la experiencia general de un capitán.
El Gobierno, por el contrario, sostiene que el nuevo régimen elimina privilegios corporativos, aumenta la competencia y reducirá costos logísticos para el comercio exterior, uno de los objetivos centrales de la agenda de desregulación que impulsa la administración de Javier Milei.
La respuesta oficial: intimaciones y advertencias penales
Frente a la continuidad del paro, la Prefectura Naval publicó un edicto mediante el cual notificó e intimó a los profesionales habilitados a poner inmediatamente a disposición sus servicios de practicaje y pilotaje.
La autoridad marítima advirtió que quienes mantengan la negativa podrían enfrentar sanciones disciplinarias previstas en el nuevo reglamento aprobado por el Decreto 690/2026 y recordó que determinadas conductas también podrían encuadrarse en los artículos 190 y 194 del Código Penal, vinculados con la seguridad de la navegación y la interrupción del transporte. La intimación alcanza a cientos de prácticos habilitados incluidos en el listado oficial difundido por la fuerza.
Desde el sector afectado rechazan la legitimidad de esa medida. Consideran que, al desempeñarse como profesionales independientes, ninguna norma los obliga a aceptar nuevas contrataciones ni habilita a la Prefectura a exigir la prestación inmediata de sus servicios bajo amenaza de sanciones.
El costo económico de una hidrovía paralizada
La preocupación crece especialmente entre exportadores, terminales portuarias y operadores logísticos. El Centro de Navegación (CNAV), entidad que representa a agencias marítimas responsables de más del 80% del comercio exterior argentino, advirtió que la paralización genera pérdidas millonarias por demoras, sobreestadías de los buques y alteraciones en la programación internacional.
La situación afecta particularmente al complejo agroexportador del Gran Rosario, principal nodo exportador de soja, maíz y derivados del país. Cada barco inmovilizado implica mayores costos de flete, posibles penalidades contractuales y retrasos en la liquidación de divisas.
El conflicto también comienza a impactar sobre proyectos estratégicos de infraestructura energética. Uno de los casos mencionados por operadores del sector corresponde a Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), donde el buque de transporte pesado White Merlin decidió permanecer fondeado fuera del puerto de Punta Colorada hasta contar con un práctico habilitado para realizar la maniobra de ingreso, generando costos adicionales y alteraciones en el cronograma de obras.
Seguridad versus desregulación
El debate de fondo enfrenta dos modelos regulatorios.
Para el Gobierno, la apertura del mercado permitirá reducir costos logísticos que históricamente fueron señalados como uno de los factores que restan competitividad al comercio exterior argentino.
Para los prácticos, en cambio, la discusión no puede reducirse a una cuestión de tarifas. Alertan que una flexibilización excesiva podría incrementar riesgos operativos en una red fluvial considerada una de las más complejas de Sudamérica y sostienen que aún faltan normas operativas complementarias para implementar el nuevo esquema con seguridad.
Un conflicto que trasciende a los puertos
La disputa se produce en un momento especialmente sensible para la economía argentina. Con el Gobierno apostando a aumentar exportaciones para fortalecer el ingreso de dólares, cualquier interrupción en la logística portuaria tiene efectos que van mucho más allá del sector marítimo.
Las economías regionales, el complejo agroindustrial, la industria energética y toda la cadena exportadora dependen de un sistema portuario operativo y previsible. Si el conflicto se prolonga, las pérdidas podrían multiplicarse no sólo por el incremento de costos logísticos, sino también por la pérdida de confianza de operadores internacionales y compradores externos.
La resolución del enfrentamiento aparece como un desafío urgente. La desregulación busca mejorar la competitividad, pero su implementación enfrenta la resistencia de un sector cuya actividad resulta indispensable para mantener en movimiento el comercio exterior argentino. Entre la apertura del mercado y la seguridad de la navegación, el país enfrenta un equilibrio delicado cuyo desenlace impactará directamente sobre las exportaciones y el ingreso de divisas.
El gobernador Hugo Passalacqua recibió este lunes, en Casa de Gobierno, al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, con quien mantuvo una reunión institucional para fortalecer la cooperación entre ambas provincias en el marco de la agenda estratégica que impulsa el Norte Grande. Durante el encuentro abordaron temas vinculados a infraestructura, energía, logística, producción, turismo e integración regional. Entre las prioridades analizadas se destacaron la necesidad de avanzar en obras de infraestructura para mejorar la competitividad de las economías regionales, el acceso al gas natural para el Norte Grande, el fortalecimiento de la hidrovía, el desarrollo de la cuenca forestoindustrial compartida y la consolidación de políticas conjuntas que potencien las capacidades productivas de Misiones y Corrientes.
En ese marco, Passalacqua destacó que “hoy Misiones y Corrientes están más unidas que nunca trabajando por el bien de sus pueblos y defendiendo los intereses de los misioneros y los correntinos”.
Asimismo, sostuvo que la articulación entre ambas provincias fortalece la posición del Norte Grande para impulsar proyectos estratégicos y sostener los reclamos históricos de la región ante el Gobierno nacional, con el objetivo de reducir las asimetrías que aún afectan a esta región del país. “Nos unimos para trabajar juntos y para reclamar a Nación deudas históricas que tiene con las provincias del norte argentino, como el gasoducto”, expresó.
Finalmente, el mandatario misionero remarcó que la unidad entre las provincias constituye una condición indispensable para alcanzar soluciones de fondo. “Si nosotros no trabajamos unidos, no vamos a encontrar soluciones a nada. Solos no se logra nada, solos no se puede. Con Valdés coincidimos en la visión de que tenemos que mantenernos unidos para lograr una mejor Argentina, una mejor región y provincias cada vez más fuertes”, concluyó.
Por su parte, Valdés destacó que el trabajo conjunto con Misiones responde a una visión estratégica compartida. “Venimos trabajando con el gobernador Passalacqua sobre la agenda en común que tenemos que tener Corrientes y Misiones pensando en el desarrollo estratégico de nuestra región”, expresó.
El gobernador correntino señaló que muchas de las necesidades de ambas provincias son compartidas y requieren una planificación coordinada, especialmente en materia de infraestructura, energía, logística y desarrollo productivo. En ese sentido, remarcó que la mejor manera de afrontar esos desafíos es mediante una agenda común que permita potenciar las capacidades de Misiones y Corrientes y fortalecer la posición del Nordeste Argentino.
Además, puso en valor el vínculo institucional construido entre ambos gobiernos y recordó que Passalacqua participó de su acto de asunción el pasado 10 de diciembre de 2025, convirtiéndose en el primer gobernador de Misiones en asistir oficialmente a la ceremonia de asunción de un mandatario correntino.
“Hay una coincidencia de desarrollo y de industrialización que tiene que unir los intereses de Misiones y Corrientes. Tenemos que dejar de estar separados; tenemos que trabajar en bloque, unir los intereses de los misioneros y los correntinos”, sostuvo.
Al finalizar la reunión, los mandatarios provinciales asistieron a la ceremonia de entrega de uniformes de gala de 91 cadetes de primer año de la Promoción XLVIII del Liceo Naval Militar “Almirante Storni” en Posadas.
El gobernador Valdés, visitó Misiones acompañado por el diputado nacional Diógenes González; el interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Pablo Cuenca; la subsecretaria de Legal y Técnica, Juliana Motta; y el interventor del Ente Regulador de Agua, Andrés Stegelmann, quienes integraron la comitiva oficial que participó de las actividades desarrolladas en la provincia.
La relación política e institucional entre Corrientes y Misiones comienza a adquirir una dimensión estratégica que trasciende la cordialidad entre gobernadores. Durante una reunión mantenida en Posadas, el gobernador correntino, Juan Pablo Valdés, y su par misionero, Hugo Passalacqua, avanzaron en la construcción de una agenda regional que busca instalar reclamos históricos del Nordeste argentino ante la Nación y fortalecer una estrategia conjunta para el desarrollo productivo, energético y logístico.
Lejos de limitarse a una visita protocolar, el encuentro reflejó una coincidencia política sobre la necesidad de que ambas provincias actúen como un bloque regional frente a decisiones nacionales que, según advirtieron, históricamente relegaron al NEA en materia de infraestructura y competitividad.
Valdés sostuvo que el objetivo central consiste en “generar oportunidades para que los correntinos y los misioneros no tengan que irse de sus provincias” y afirmó que la articulación entre ambos gobiernos debe convertirse en una política permanente de integración.
“La mirada es poner por delante los intereses de los misioneros y de los correntinos”, resumió.
Gas, energía y obras: los ejes de una agenda compartida
Uno de los principales temas abordados fue la infraestructura energética, particularmente la falta de acceso al gas natural que continúa condicionando el desarrollo industrial de ambas provincias.
Valdés cuestionó que los proyectos de expansión de los gasoductos vuelvan a privilegiar corredores destinados al abastecimiento industrial del sur de Brasil sin contemplar el abastecimiento de Corrientes y Misiones.
“Se piensa en alimentar un gasoducto que llegue a San Pablo y nuevamente esa traza deja afuera a Misiones”, señaló, al advertir que la ausencia del recurso energético limita la radicación de nuevas industrias y resta competitividad frente a otras regiones del país.
En ese sentido, ambos mandatarios coincidieron en impulsar un reclamo conjunto durante la próxima reunión del Norte Grande para incorporar entre las prioridades nacionales la construcción de la infraestructura necesaria para abastecer al NEA.
La estrategia apunta a presentar un documento consensuado entre los gobernadores de la región que incluya obras estructurales vinculadas al gas, rutas, logística y conectividad.
Tarifa diferencial para las provincias cálidas
Otro de los reclamos que ambos gobiernos buscarán instalar es la creación de un régimen de tarifa eléctrica diferencial para las zonas cálidas y muy cálidas, siguiendo el antecedente del régimen de Zona Fría que beneficia a usuarios de regiones con bajas temperaturas.
Valdés sostuvo que la discusión debe partir de una realidad climática diferente.
“Nos calefaccionamos y también nos refrigeramos con energía”, afirmó, al señalar que los elevados consumos eléctricos durante gran parte del año representan una carga significativa para las familias del Nordeste.
En Corrientes, estimó que cerca de 178.000 usuarios podrían acceder a ese beneficio, mientras que invitó a Misiones a sumarse formalmente al planteo para ampliar el alcance del reclamo.
La iniciativa será presentada ante la Jefatura de Gabinete nacional con el objetivo de construir un esquema de compensación para provincias donde las altas temperaturas convierten al consumo eléctrico en una necesidad permanente.
Una visión regional para potenciar la economía del NEA
Más allá de la infraestructura, ambos gobernadores coincidieron en avanzar hacia una integración económica más profunda entre Corrientes y Misiones.
Valdés destacó que la región comparte cadenas productivas estratégicas como la forestoindustria, la yerba mate, el turismo y parte de la producción tealera, lo que abre oportunidades para desarrollar políticas conjuntas de agregado de valor.
En materia forestal, remarcó que las inversiones que actualmente desembarcan en Corrientes —incluido el anunciado proyecto industrial por unos 2.000 millones de dólares y otras inversiones privadas en ejecución— no deben interpretarse como un fenómeno exclusivamente provincial.
Por el contrario, consideró que la cuenca forestal debe pensarse como un sistema regional donde ambas provincias puedan complementarse.
“La madera que sale de Corrientes puede encontrar agregado de valor en Misiones y la madera de Misiones también puede hacerlo en Corrientes”, explicó.
La propuesta busca consolidar una plataforma forestal integrada que permita aprovechar capacidades industriales, logística y mercados compartidos.
Turismo, hidrovía y comercio exterior
La agenda bilateral también incorporó proyectos vinculados al turismo y al comercio internacional.
Valdés planteó fortalecer la complementariedad entre el Parque Nacional Iguazú y los Esteros del Iberá mediante estrategias conjuntas de promoción turística, aprovechando la fuerte conectividad aérea que posee Puerto Iguazú para extender el flujo de visitantes hacia Corrientes.
En paralelo, ambos gobiernos coincidieron en impulsar el desarrollo de la hidrovía como herramienta para reducir costos logísticos y potenciar las exportaciones regionales.
El mandatario correntino señaló que la habilitación plena del sistema permitirá mejorar el funcionamiento del puerto de Posadas mediante un mayor calado y frecuencias más elevadas para el transporte fluvial de cargas.
También mencionó el respaldo de Misiones al proyecto del puente Chaco-Corrientes, obra considerada estratégica para fortalecer la integración logística del Nordeste con los mercados internacionales.
La relación con Milei y el debate por las economías regionales
Consultado sobre el vínculo con el presidente Javier Milei, Valdés definió la relación institucional como “correcta” y valoró la posibilidad de profundizar el diálogo con el Gobierno nacional tras los cambios recientes en el gabinete.
El mandatario sostuvo que Corrientes continuará acompañando aquellas reformas que considere beneficiosas para el país, aunque aclaró que siempre priorizará la defensa de los intereses provinciales.
Respecto de las economías regionales, consideró necesario revisar algunos aspectos del actual esquema económico, especialmente en sectores como la yerba mate.
Si bien evitó reclamar una vuelta plena a los mecanismos de regulación previos al Decreto 70/2023, sostuvo que resulta necesario fortalecer el rol de los productores y avanzar hacia un sistema donde toda la cadena pueda capturar rentabilidad.
“No creo en la sobrerregulación, pero sí creo que hay que volver a darle el lugar que tienen los productores”, afirmó.
También vinculó el futuro de las economías regionales con la transformación de la matriz exportadora argentina. Según su visión, el crecimiento esperado de sectores como el petróleo, el gas, la minería y las tierras raras debería reducir la dependencia fiscal del agro y abrir la posibilidad de eliminar gradualmente las retenciones que afectan a las producciones regionales.
La reunión entre Passalacqua y Valdés deja entrever un cambio de estrategia política en el Nordeste. En lugar de negociaciones aisladas entre provincias y Nación, ambos gobernadores buscan consolidar un frente regional capaz de instalar una agenda común en infraestructura, energía y desarrollo productivo. El desafío será trasladar esa coincidencia política al ámbito institucional del Norte Grande y convertir los reclamos compartidos en proyectos con financiamiento y ejecución efectiva.
