hidrovía Paraná Paraguay

Marina Mercante: Argentina actualiza los requisitos de titulación y alinea su sistema de formación con estándares internacionales

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) aprobó la actualización de los requisitos para obtener títulos y certificaciones del personal embarcado de la Marina Mercante. La medida incorpora formalmente las Enmiendas de Manila al Convenio STCW y busca subsanar observaciones realizadas por la Organización Marítima Internacional (OMI), un paso clave para sostener la competitividad del sistema logístico y portuario argentino.

La Resolución 35/2026 pone al día un aspecto central de la infraestructura invisible del comercio exterior: la formación y certificación del capital humano que opera buques mercantes. Aunque el impacto no es inmediato sobre los costos logísticos, la decisión tiene implicancias estratégicas para el transporte marítimo, fluvial y portuario, ya que asegura que los títulos emitidos en Argentina mantengan reconocimiento y equivalencia dentro de los estándares internacionales exigidos por la navegación comercial.

La medida responde a una observación formulada por la OMI durante la auditoría realizada al país en 2023, donde se detectó que las denominadas “Enmiendas de Manila 2010” al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW) aún no habían sido plenamente incorporadas a la normativa nacional. La actualización busca cerrar esa brecha regulatoria y adecuar los requisitos de capacitación a las tecnologías y procedimientos que hoy predominan en la actividad marítima.

Un tema técnico con impacto económico

Para el sector productivo, especialmente para las economías exportadoras que dependen de la Hidrovía Paraná-Paraguay y de los puertos marítimos argentinos, la relevancia de la resolución excede el ámbito académico o profesional.

La certificación del personal embarcado es uno de los elementos que evalúan organismos internacionales, armadores, aseguradoras y operadores logísticos al momento de validar operaciones. Una eventual falta de adecuación a los estándares STCW podría generar restricciones operativas, observaciones internacionales o mayores exigencias de control para buques con bandera argentina.

La actualización aprobada por ANPyN establece nuevas condiciones para la obtención, renovación y recuperación de títulos de oficiales de puente, oficiales de máquinas, electrotécnicos, radioperadores, marineros y demás categorías contempladas en la Marina Mercante. También incorpora exigencias vinculadas con seguridad operacional, lucha contra incendios, protección marítima, gestión de recursos de navegación y prevención de la contaminación.

Más exigencias formativas y foco en nuevas competencias

Uno de los cambios de fondo es la consolidación de un esquema de capacitación continua. Las reválidas de títulos exigen acreditar períodos mínimos de embarco o actividades vinculadas al sector, complementadas con cursos de actualización técnica y operativa.

La normativa también incorpora competencias asociadas a estándares internacionales modernos, incluyendo gestión de recursos de máquinas, prevención de la contaminación, protección de buques y procedimientos de seguridad exigidos por la navegación contemporánea.

Para las empresas navieras, esto implica una mayor necesidad de planificación en materia de recursos humanos, capacitación y certificación de tripulaciones. A cambio, se fortalece la capacidad del sistema argentino para operar bajo parámetros reconocidos internacionalmente.

La Hidrovía y la logística regional en el centro de la escena

La actualización adquiere especial relevancia para el corredor fluvial más importante del país. La Hidrovía concentra buena parte de las exportaciones agroindustriales argentinas y es el principal canal de salida para productos provenientes del NEA y del NOA.

Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa observan con atención cualquier modificación vinculada al sistema de navegación, ya que la recuperación del transporte fluvial es una de las apuestas recurrentes para reducir costos logísticos y mejorar competitividad frente a mercados internacionales.

La profesionalización del personal embarcado constituye una condición necesaria para sostener esa estrategia. La expansión de operaciones fluviales requiere tripulaciones certificadas bajo estándares aceptados globalmente, particularmente en segmentos donde convergen operadores privados, cargas regionales y servicios internacionales.

Lo que cambia para el sector

Entre los principales efectos de la resolución se destacan: Adecuación formal de Argentina a las Enmiendas de Manila 2010 del Convenio STCW. Mayor reconocimiento internacional de los títulos emitidos por el país. Actualización de competencias vinculadas a seguridad, protección marítima y prevención ambiental. Fortalecimiento de la empleabilidad internacional de los profesionales de la Marina Mercante. Reducción del riesgo regulatorio derivado de observaciones de organismos internacionales. Mayor previsibilidad para armadores, operadores portuarios y empresas navieras.

La actualización normativa resuelve una deuda regulatoria que Argentina mantenía desde hace más de una década respecto de los estándares internacionales de formación marítima. El desafío ahora pasa por la implementación efectiva: capacidad de los centros de capacitación, tiempos de certificación, disponibilidad de cursos y adaptación del sector privado a las nuevas exigencias. Para una economía que busca ganar competitividad exportadora, la calidad del capital humano embarcado es tan importante como la infraestructura portuaria o el dragado de la Hidrovía.

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Santa Fe suma un nuevo depósito fiscal y fortalece la infraestructura logística de la Hidrovía

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La Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) autorizó a través de la Resolución 15/2026 la habilitación definitiva del depósito fiscal de Depósito Fiscal Alvear S.A., ubicado sobre la Ruta Nacional A012, en el Parque Industrial Avant Alvear, dentro de la jurisdicción de la Aduana de Rosario.

La resolución otorga una vigencia de 10 años al permiso y habilita una superficie operativa total de 4.445,39 metros cuadrados, compuesta por 879,03 m² cubiertos y 3.566,36 m² descubiertos, destinados al almacenamiento de mercaderías generales vinculadas al comercio exterior.

La decisión trasciende una mera autorización administrativa. En un contexto donde la competitividad exportadora depende cada vez más de la eficiencia logística, la incorporación de nueva capacidad fiscal en el nodo Rosario-Hidrovía representa una mejora concreta para la gestión de cargas de importación y exportación.

Más capacidad logística en el principal corredor exportador

Alvear forma parte del complejo industrial y portuario que rodea a Rosario, una de las áreas de mayor concentración de movimiento de cargas del país. La habilitación del depósito fiscal amplía la infraestructura disponible para operaciones aduaneras fuera de los puertos, permitiendo almacenar mercadería bajo control fiscal mientras se completan trámites de nacionalización, exportación o tránsito.

Para las empresas industriales y agroexportadoras, la disponibilidad de depósitos fiscales cercanos a centros productivos reduce costos asociados a traslados, tiempos de espera y congestión operativa en terminales portuarias.

La ubicación dentro de un parque industrial agrega un componente adicional de valor. Permite integrar almacenamiento, producción y despacho aduanero en un mismo ecosistema logístico, una tendencia que gana relevancia en cadenas de suministro que buscan mayor previsibilidad y menores costos de coordinación.

Uno de los aspectos destacados del expediente fue la validación de los sistemas tecnológicos exigidos por la normativa aduanera vigente.

ARCA confirmó que el depósito cumple con los estándares establecidos para: Sistemas de videovigilancia (CCTV). Equipamiento de control no intrusivo mediante escáner de rayos X. Integración con los sistemas de monitoreo remoto de la Aduana. Requisitos documentales y operativos previstos por la Resolución General 4352.

La incorporación de estos sistemas responde a una estrategia de fortalecimiento de la trazabilidad de las cargas y de modernización de los controles aduaneros, con menor dependencia de inspecciones físicas tradicionales.

Para los operadores logísticos, este esquema permite agilizar procesos sin resignar capacidad de fiscalización, un factor especialmente relevante en corredores con alto volumen de comercio exterior.

Impacto para la actividad productiva

La habilitación genera efectos directos sobre distintos segmentos de la economía regional:

• Mayor capacidad de almacenamiento fiscal para operaciones de importación y exportación.

• Reducción de costos logísticos por cercanía a puertos, rutas y parques industriales.

• Desconcentración operativa de instalaciones ya existentes en el área metropolitana de Rosario.

• Mejora en la competitividad exportadora al reducir tiempos de permanencia de las cargas.

• Atracción de nuevas inversiones industriales y logísticas en el entorno del Parque Industrial Avant Alvear.

En un escenario donde la logística representa una proporción significativa del costo final de los productos exportables, especialmente para economías regionales, la expansión de infraestructura fiscal adquiere una relevancia que excede a la provincia de Santa Fe y alcanza a gran parte del sistema productivo del centro y norte argentino.

La habilitación de nuevos depósitos fiscales aparece alineada con una tendencia de descentralización y modernización de la infraestructura aduanera. El desafío hacia adelante será verificar si la ampliación de capacidad viene acompañada por una mayor digitalización de procesos y una reducción efectiva de tiempos operativos. Para los sectores exportadores, la competitividad futura dependerá cada vez menos de la disponibilidad de espacio físico y más de la velocidad con la que la mercadería pueda atravesar toda la cadena logística.

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Sturzenegger promete una nueva ley de cabotaje para potenciar el transporte fluvial

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El Gobierno nacional prepara una de las reformas logísticas más ambiciosas de las últimas décadas: la modificación integral del régimen de cabotaje y navegación interior. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apunta a eliminar restricciones y costos regulatorios que, según el funcionario, encarecen artificialmente el transporte fluvial en la Argentina.

La discusión tiene un impacto directo sobre Misiones. En particular, sobre la industria forestal, uno de los principales complejos exportadores de la provincia, que desde hace años reclama una mayor utilización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y de los puertos locales como alternativa al transporte exclusivamente carretero.

“Tenemos una ley que básicamente hace muy cara esa navegación”, sostuvo Sturzenegger al explicar el proyecto. El ministro incluso vinculó la futura reforma con el espíritu original de la Constitución Nacional y el histórico artículo 26, que garantiza la libre navegación de los ríos interiores.

La referencia no es menor. La logística es hoy uno de los principales factores que restan competitividad a las economías regionales del norte argentino. En el caso de Misiones, gran parte de la producción forestal debe recorrer más de mil kilómetros en camión hasta puertos bonaerenses como Zárate o Rosario para acceder a mercados internacionales.

Sturzenegger puso como ejemplo concreto el caso de la industria maderera misionera. Según explicó, llenar un barco de madera implica actualmente movilizar alrededor de 300 camiones desde ciudades como Eldorado hasta los puertos del centro del país. Con la reforma, la lógica cambiaría por completo: la carga podría salir directamente desde puertos sobre el río Paraná, como el de Eldorado o el de Puerto de Posadas.

El efecto económico sería inmediato. “Le bajan los costos totales 15 o 16 puntos”, aseguró el ministro. En términos productivos, la reducción equivaldría -según su propia comparación- a una baja indirecta de retenciones cercana al 8%.

La potencial mejora excede al sector forestal. También podría beneficiar a industrias yerbateras, tealera, celulósica y a toda la cadena exportadora del noreste argentino. El ahorro logístico permitiría mejorar márgenes, ampliar mercados y ganar competitividad frente a competidores internacionales.

Además, la reforma podría reconfigurar el mapa portuario del norte argentino. Sturzenegger mencionó específicamente el caso de Barranqueras, al señalar que podría convertirse en “una segunda Rosario” para la salida de granos y producción regional. La lógica sería similar para los puertos misioneros si logran integrarse de manera eficiente al sistema fluvial exportador.

La discusión aparece en un momento clave para Misiones. La provincia viene impulsando desde hace años el desarrollo del transporte multimodal y la recuperación de su infraestructura portuaria. El Puerto de Posadas ya opera cargas contenerizadas y la Provincia avanza además con la licitación internacional para la modernización integral de la terminal y la consolidación de servicios regulares de transporte fluvial.

En paralelo, la eventual flexibilización del cabotaje podría aliviar otro problema estructural: el deterioro de rutas y el alto costo del transporte carretero. Menos camiones de larga distancia implicarían menor consumo de combustible, menos accidentes y menores costos de mantenimiento vial.

La apuesta del Gobierno es que la desregulación permita dinamizar inversiones privadas y acelerar la integración logística del norte argentino con mercados internacionales. Para Misiones, donde la competitividad exportadora depende en gran medida de los costos de salida, la discusión puede convertirse en uno de los cambios económicos más relevantes de los últimos años.

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Gobierno acelera la privatización de la Hidrovía y Jan De Nul queda mejor posicionada tras la apertura de ofertas

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La privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay avanzó este martes hacia su definición final luego de que el Gobierno nacional abriera las ofertas económicas de la licitación internacional para concesionar la Vía Navegable Troncal (VNT), la principal ruta fluvial de exportaciones de la Argentina. Las empresas belgas Jan De Nul y DEME presentaron exactamente la misma propuesta económica: una tarifa de US$3,80, el mínimo previsto en el pliego oficial.

Con ese escenario de paridad económica, la diferencia técnica obtenida en las etapas previas dejó mejor posicionada a Jan De Nul, actual operadora del dragado de la hidrovía, para adjudicarse un contrato de concesión que contempla operación, mantenimiento y modernización de la infraestructura durante los próximos 25 años.

Según informó el Ministerio de Economía, la nueva tarifa implica una reducción de 50 centavos respecto del esquema vigente y un ahorro estimado del 13,5%. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) deberá ahora completar la evaluación final combinando el puntaje técnico y la oferta económica antes de avanzar con la adjudicación definitiva.

Una licitación estratégica para el comercio exterior

El proceso licitatorio, iniciado en diciembre de 2025, quedó reducido en la instancia final a dos multinacionales belgas. La brasileña DTA Engenharia había participado en la primera etapa, aunque no superó la evaluación técnica.

La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye una infraestructura clave para el comercio exterior argentino y regional, ya que canaliza una porción significativa de las exportaciones agroindustriales y de otros sectores productivos. Por eso, el Gobierno nacional presentó la licitación no solo como una concesión de obra pública, sino como una pieza central de su estrategia de competitividad y reducción de costos logísticos.

En el comunicado oficial, el Ministerio de Economía sostuvo que el objetivo es “asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica”.

El dato político que el Ejecutivo buscó remarcar fue la ausencia de impugnaciones. Ni Jan De Nul ni DEME cuestionaron el pliego ni realizaron objeciones durante las instancias previas. Para el Gobierno de Javier Milei, ese punto funciona como validación institucional de un proceso que en etapas anteriores había estado rodeado de tensiones y observación pública.

Respaldo empresarial y señal política

El comunicado oficial enfatizó además el apoyo multisectorial al proceso. Entre los actores que respaldaron la licitación figuran provincias, Naciones Unidas y cámaras empresarias vinculadas al comercio exterior y la actividad portuaria.

Entre ellas aparecen la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA-CEC), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPYM) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).

La construcción de ese consenso no es menor. La hidrovía concentra buena parte del flujo exportador argentino y cualquier modificación en costos o funcionamiento impacta sobre la competitividad de cadenas productivas completas. Por eso, el Gobierno buscó mostrar que el proceso cuenta con validación técnica y acompañamiento empresario en un área sensible de la economía.

De acuerdo con la información oficial, la futura concesión contempla inversiones estimadas en torno a los US$10.000 millones para modernizar y profundizar la vía navegable.

El esquema apunta a consolidar un modelo de gestión privada sobre una infraestructura estratégica para el comercio exterior. La reducción tarifaria anunciada aparece como uno de los argumentos centrales del Ejecutivo para justificar el nuevo esquema concesionado.

La etapa que resta consiste en la evaluación final de los oferentes y la posterior firma del contrato. La ANPYN será el organismo encargado de formalizar la adjudicación.

Impacto regional y mirada desde el NEA

Aunque el núcleo operativo de la hidrovía se concentra en el corredor agroexportador del Paraná, la definición también tiene implicancias para las economías regionales del NEA y particularmente para Misiones, cuya actividad forestal, yerbatera y de comercio exterior depende de la competitividad logística nacional.

Una eventual mejora en previsibilidad operativa y reducción de costos podría tener impacto indirecto sobre sectores exportadores del norte argentino. Sin embargo, el alcance concreto de esos efectos dependerá de cómo evolucione el nuevo esquema tarifario y de las futuras inversiones en infraestructura asociada al sistema fluvial.

Con las ofertas económicas ya abiertas y sin conflictos formales entre oferentes, la licitación ingresó en una etapa de definición técnica más que política. La ventaja acumulada por Jan De Nul en la evaluación previa la deja mejor posicionada para continuar al frente de la principal vía de salida del comercio exterior argentino.

El foco ahora estará puesto en la decisión final de la ANPYN, en los términos definitivos de la adjudicación y en la capacidad del nuevo contrato para sostener la promesa oficial de menor costo logístico, modernización e inversiones de largo plazo en una infraestructura estratégica para la economía argentina.

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Puerto de Posadas: el Gobierno avanza con la licitación y define quienes evaluarán las ofertas

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El Gobierno de Misiones dio un nuevo paso en el proceso de modernización y concesión del puerto de Posadas al formalizar la designación de la Comisión de Evaluación de Ofertas para la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/26. La medida, oficializada mediante decreto firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, apunta a avanzar en una de las iniciativas logísticas más relevantes para la provincia.

El llamado licitatorio, impulsado por la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana (APPSA), contempla la concesión integral del puerto, incluyendo su adecuación, mantenimiento, ampliación, modernización, equipamiento y operación, además de la provisión de un servicio regular de flete fluvial bajo esquema de riesgo empresario. Se trata de un modelo que busca atraer inversión privada para potenciar la infraestructura portuaria y mejorar la competitividad logística de Misiones.

En ese marco, el decreto establece que la Comisión de Evaluación estará integrada por el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán; el ingeniero Luis Enrique Lichowski, con amplia trayectoria en la gestión pública y el desarrollo industrial; y el presidente de la APPSA, Ricardo Enrique Babiak, quien además presidirá el cuerpo.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la conformación de esta comisión resulta clave para garantizar la transparencia, idoneidad técnica y rigurosidad en el análisis de las propuestas que se presenten en la licitación. El objetivo es seleccionar la mejor oferta en términos de inversión, operación y sostenibilidad del sistema portuario.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de la infraestructura logística de Misiones, con foco en reducir costos de transporte, mejorar la competitividad de las exportaciones —especialmente de economías regionales como la yerba mate, el té y la madera— y consolidar al puerto de Posadas como un nodo clave en la hidrovía Paraná-Paraguay.

Con este avance administrativo, el proceso licitatorio entra en una etapa decisiva, en la que comenzarán a evaluarse las propuestas de operadores interesados en gestionar y desarrollar el puerto bajo un esquema de inversión privada y operación eficiente.

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