igualdad de género

Passalacqua pidió equiparar los espacios de poder y fortalecer la participación de las mujeres

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Esta mañana, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, participó de un nuevo encuentro de la Red de Concejalas Misioneras, realizado en el Media Club de Posadas. La jornada reunió a más de 130 concejalas, dirigentes y mujeres vinculadas con la actividad política, provenientes de 49 municipios de la provincia.

Durante su intervención, Passalacqua reivindicó el rol de las mujeres en la construcción política y planteó como objetivo avanzar hacia una participación igualitaria en los principales espacios de decisión. “Mi sueño es que el 50% de las intendencias estén conducidas por mujeres. Serán ministras, serán gobernadoras y habrá una gobernadora muy pronto, con seguridad. Hoy la Argentina no tiene una sola gobernadora: los 24 somos hombres”, expresó.

En ese sentido, afirmó que no se trata solamente de cumplir con una representación numérica, sino de “equiparar las cuotas de poder” entre mujeres y hombres. “Es un camino largo y complicado porque muchas veces los hombres no dan paso y se atrincheran, como si alguien estuviera quitándoles un derecho. Eso es absolutamente falso”, sostuvo.

“Las mujeres tienen una capacidad de percepción muy particular. Son más trabajadoras y, cuando son aguerridas, lo son de verdad. Esa valentía hace que se acerquen mucho más a los problemas de la gente en general, porque están involucradas en ellos e intentan solucionarlos en la práctica”, señaló.

“La sociedad necesita esa energía, sobre todo la sociedad postergada. Nosotros estamos para quien menos tiene, para el más humilde, para quien busca trabajo y no lo encuentra o para quien tiene un trabajo precario. Ese es nuestro rol en la política”, aseguró. También destacó el crecimiento sostenido de la Red de Concejalas Misioneras. Recordó que participó de sus primeros encuentros, cuando la convocatoria era reducida, y valoró que actualmente reúna a mujeres de casi medio centenar de municipios.

Una política que escuche a la gente

Passalacqua sostuvo que la principal responsabilidad de quienes ejercen una función pública es escuchar a la ciudadanía con humildad y sensibilidad. “La gente toma decisiones mucho antes que los dirigentes. El desafío es tener la sensibilidad, el oído fino y la humildad para escuchar lo que está pasando”, afirmó. En ese sentido, advirtió que quienes ocupan cargos de responsabilidad no deben considerarse dueños de la verdad ni pretender imponer sus ideas, porque “es la gente la que conduce”.

El mandatario también realizó una autocrítica sobre los resultados de las últimas elecciones y aseguró que el mensaje expresado en las urnas exigió revisar prácticas y reconocer errores. “Perdimos y había que hacer una lectura política. Había que acercarse a la gente, escuchar lo que decía, incluso aquello que expresaba por lo bajo, y reconocer que habíamos hecho cosas mal”, indicó.

Para Passalacqua, reconocer la existencia de un problema constituye el primer paso para encontrar soluciones. “Si creemos que todo está bien y seguimos actuando como si nada hubiera pasado, nunca vamos a buscar una solución. Las urnas muchas veces hablan y, en otras oportunidades, gritan. En este caso, gritaron”, expresó.

A partir de esa lectura, el Gobernador consideró necesario impulsar una construcción política más amplia, abierta y cercana a la ciudadanía. “Tenemos que ser un espacio abierto, sin preguntar de dónde viene cada uno, pero sabiendo hacia dónde queremos ir: hacia la gente, hacia quienes más lo necesitan y hacia soluciones útiles; lejos de las vanidades, los egoísmos y las altanerías, con austeridad y sencillez”, definió.

Asimismo, remarcó que conducir un espacio político no implica apropiarse de él. “Quien orienta debe escuchar, hacer una síntesis y mostrar un camino, pero no es el dueño. Los espacios políticos no pueden tener propietarios ni ser absolutistas. La gente no tiene dueño”, enfatizó. “Con Movimiento por lo que Viene estamos construyendo justamente eso, un espacio humano, sensible, abierto y cercano a los problemas de la gente”, aseguró.

Passalacqua también ratificó su posición federal y cuestionó la mirada centralista del Gobierno nacional. “Tenemos un Gobierno nacional bastante poco empático y con una visión muy centralista. Yo soy una persona profundamente federal y por eso abrazo e internalizo el concepto del misionerismo”, afirmó.

“Somos los misioneros quienes ponemos la agenda de los misioneros. No soporto que desde Buenos Aires nos quieran imponer la agenda”, añadió. No obstante, aclaró que la provincia no puede limitarse a la queja y debe continuar construyendo sus propias respuestas. “No podemos vivir en esa queja. Tenemos que construir lo nuestro y lo estamos haciendo. La sociedad espera mucho de nosotros y nosotros le vamos a dar esa respuesta”, aseguró.

Una red para fortalecer la participación política de las mujeres

El Gobernador estuvo acompañado por el ministro coordinador de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori. Por su parte, la coordinadora de la Red de Concejalas Misioneras, María Eva Jiménez, explicó que estos encuentros permiten desarrollar capacitaciones definidas a partir de las demandas e inquietudes de las propias participantes.

Las propuestas incluyen herramientas vinculadas con la tarea legislativa, como oratoria y gestión presupuestaria, además del abordaje de problemáticas planteadas por la ciudadanía, entre ellas la violencia de género y el abuso sexual infantil.

Jiménez señaló que la jornada también permitió unificar criterios y ratificar el acompañamiento político al Gobernador. “En estos tiempos es muy importante estar unidos y trabajar desde un mismo lugar y con un mismo fin, que es la gente”, concluyó.

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Designaciones judiciales: menos participación, menos diversidad 

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La eliminación de instancias de participación ciudadana en la designación de jueces, fiscales y defensores generó un fuerte rechazo de organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron que la medida implica un retroceso institucional, reduce los controles democráticos y debilita los criterios de igualdad de género en el acceso a cargos judiciales.

A través del Decreto 467/2026, publicado el 16 de junio, el Gobierno nacional modificó los Decretos 222/03 y 588/03, normas que desde hace más de dos décadas regulaban los mecanismos de participación pública en los procesos de designación de integrantes de la Corte Suprema, tribunales inferiores, el Procurador General, el Defensor General de la Nación, fiscales y defensores públicos.

La reforma elimina la posibilidad de que ciudadanos, universidades, organizaciones y entidades especializadas presenten observaciones, apoyos o impugnaciones sobre los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo antes de que los pliegos sean enviados al Senado para su tratamiento.

Para un amplio conjunto de organizaciones especializadas en transparencia, derechos humanos y acceso a la Justicia, la decisión representa mucho más que una modificación administrativa. Consideran que se trata de un cambio que afecta la calidad institucional al restringir los mecanismos de control social sobre una de las decisiones más relevantes del sistema democrático: la designación de quienes tendrán la responsabilidad de interpretar y garantizar derechos.

Un mecanismo creado para ampliar controles

Los decretos impulsados en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner fueron considerados en su momento un avance institucional significativo. Establecieron procedimientos de transparencia que permitían conocer públicamente a los candidatos propuestos para ocupar cargos judiciales de máxima relevancia y habilitaban un período de consulta pública para que la ciudadanía pudiera aportar información relevante sobre sus antecedentes, trayectoria y condiciones de idoneidad.

Ese proceso no era vinculante, pero generaba insumos tanto para el Poder Ejecutivo como para el Senado antes de adoptar una decisión definitiva.

Las organizaciones recuerdan que la instancia de participación tenía una duración inferior a dos meses y que, en comparación con los prolongados tiempos que suelen demandar las coberturas de vacantes judiciales en Argentina, constituía un plazo reducido frente a los beneficios institucionales que aportaba.

El argumento oficial

El Gobierno justificó la reforma en la necesidad de agilizar los procedimientos de designación y evitar demoras innecesarias.

Sin embargo, las entidades cuestionan ese razonamiento y sostienen que la participación ciudadana no constituye un obstáculo relevante para los nombramientos. Por el contrario, afirman que permite mejorar la calidad de las decisiones y prevenir controversias posteriores mediante un análisis más amplio de los antecedentes de los postulantes.

También rechazan otro de los argumentos oficiales: que la participación ya está garantizada durante el tratamiento de los pliegos en el Senado.

Según explican, ambas instancias cumplen funciones distintas. Mientras la discusión legislativa ocurre cuando la candidatura ya fue formalmente elevada, la participación previa permite aportar elementos que incluso podrían llevar al Poder Ejecutivo a revisar o retirar una propuesta antes de enviarla al Congreso.

Menos exigencias sobre diversidad y género

Otro de los puntos más cuestionados del Decreto 467/2026 es la eliminación de los criterios que obligaban a considerar la diversidad de género, especialidad y procedencia de los candidatos al momento de integrar la Corte Suprema.

Para las organizaciones firmantes, esta modificación supone un debilitamiento de las políticas destinadas a garantizar una composición más plural y representativa del máximo tribunal.

Sostienen además que la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos no es un criterio opcional ni una cuestión meramente política, sino una obligación derivada de compromisos internacionales asumidos por Argentina.

En ese sentido, recuerdan que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), incorporada al bloque de constitucionalidad a través del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, establece obligaciones concretas para garantizar la participación igualitaria de las mujeres en la vida pública.

El antecedente de la Corte Suprema

Las organizaciones vinculan la reforma con los conflictos generados recientemente en torno a la integración de la Corte Suprema.

Recuerdan que hace apenas dos años el Gobierno impulsó candidaturas que fueron cuestionadas por numerosas entidades durante el proceso de consulta pública previsto por el Decreto 222/03. Las críticas se centraron tanto en los perfiles propuestos como en la ausencia de paridad de género dentro del tribunal.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo avanzó con designaciones por decreto, una decisión que derivó en un hecho inédito: el rechazo explícito de esas postulaciones por parte del Senado.

Para las entidades, resulta preocupante que la respuesta institucional a aquella controversia sea precisamente la reducción de los mecanismos de participación y de los criterios orientados a promover una mayor diversidad en la Justicia.

Advertencia sobre la calidad democrática

Las organizaciones sostienen que la participación ciudadana fortalece la legitimidad de las decisiones públicas y mejora los mecanismos de rendición de cuentas. Del mismo modo, afirman que la diversidad dentro del Poder Judicial contribuye a una Justicia más representativa de la sociedad a la que debe servir.

Por ello, consideran que la eliminación de estos instrumentos puede profundizar la ya deteriorada confianza pública en las instituciones.

“La designación de las autoridades judiciales es una de las decisiones más trascendentes del sistema democrático y requiere mayores controles, no menos”, señalaron.

El pronunciamiento fue firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la campaña GQUAL.

Para estas organizaciones, el debate excede una cuestión procedimental: está en juego el modo en que se construye la legitimidad del Poder Judicial y la capacidad de la ciudadanía para intervenir en decisiones que impactarán directamente sobre la vigencia de sus derechos durante las próximas décadas.

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Después de 339 años, el histórico Colegio Monserrat tendrá por primera vez una mujer al frente de la institución

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La historia del Colegio Nacional de Monserrat sumó un capítulo trascendental. A casi tres siglos y medio de su fundación, la emblemática institución cordobesa tendrá por primera vez una mujer como máxima autoridad.

María José Alcázar fue elegida directora del establecimiento tras imponerse con el 62,9% de los votos en los comicios internos que involucraron a estudiantes, docentes, no docentes y egresados. Su triunfo no solo representa un cambio de conducción, sino también la consolidación de un largo proceso de transformación institucional en una de las casas de estudio más tradicionales del país.

El dato adquiere una dimensión histórica si se considera que el Colegio Monserrat fue fundado en 1687 por el presbítero Ignacio Duarte y Quirós y permaneció reservado exclusivamente para varones durante más de tres siglos. Recién en 1998 ingresó la primera cohorte de alumnas, luego de una intensa disputa judicial, política y cultural que marcó a la sociedad cordobesa de la época.

Una institución emblemática

Fundado como Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Monserrat, el establecimiento forma parte de la histórica Manzana Jesuítica de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.

Además de ser el colegio más antiguo de la Argentina en funcionamiento ininterrumpido, mantiene desde sus orígenes un vínculo estrecho con la Universidad Nacional de Córdoba, la casa de estudios más antigua del país.

Por sus aulas pasaron algunas de las figuras más relevantes de la vida política, académica, científica y cultural argentina, convirtiendo al Monserrat en una institución de referencia dentro del sistema educativo nacional.

El perfil de la nueva directora

Alcázar es profesora de inglés graduada en la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente se desempeña como secretaria académica del colegio. Nacida en Santiago del Estero, desarrolló prácticamente toda su carrera profesional dentro de la institución, donde comenzó como practicante hasta ocupar cargos de conducción.

Su propuesta de gestión estuvo enfocada en la innovación pedagógica, el fortalecimiento de la formación docente, la preservación del patrimonio institucional y la apertura internacional del colegio mediante programas de intercambio y cooperación académica.

También planteó como eje central el fortalecimiento del sentido de pertenencia de la comunidad educativa, buscando consolidar una institución más integrada y participativa.

Tras conocerse el resultado electoral, Alcázar destacó que el acceso de las mujeres a espacios de conducción es el resultado de un proceso gradual que se viene consolidando desde hace años dentro del establecimiento.

“Es un buen momento para que haya una mujer directora”, señaló, al tiempo que destacó la importancia de construir liderazgos basados en el diálogo, la empatía y la búsqueda de consensos.

Del ingreso de las alumnas al acceso a la conducción

La llegada de una mujer a la dirección del Monserrat puede leerse como la culminación simbólica de una transformación iniciada hace casi tres décadas.

Hasta fines de los años noventa, el colegio mantenía una estructura exclusivamente masculina. La decisión de abrir las inscripciones a mujeres generó una fuerte controversia en Córdoba, con protestas, recursos judiciales y una amplia discusión pública sobre igualdad, tradición y educación.

El debate llegó incluso a la Justicia Federal y posteriormente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Finalmente, distintos fallos confirmaron que no existían fundamentos legales para impedir el acceso de mujeres a una institución pública dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba.

Así, en 1998 ingresaron las primeras alumnas del Monserrat. Fueron 44 jóvenes que lograron aprobar el examen de ingreso y comenzaron a modificar una tradición que llevaba más de tres siglos.

Veintiocho años después de aquella decisión histórica, el colegio da un nuevo paso: una mujer no solo forma parte de su comunidad educativa, sino que asumirá la conducción de una institución que durante generaciones fue símbolo de una educación reservada exclusivamente para hombres.

Un cambio que trasciende a Córdoba

La elección de Alcázar tiene un valor que excede los límites del propio colegio. Refleja la evolución de instituciones centenarias que, sin renunciar a su historia, avanzan hacia modelos de gestión más representativos de las transformaciones sociales y culturales de las últimas décadas.

Para el Monserrat, el desafío ahora será combinar el peso de una tradición de 339 años con las demandas de una educación cada vez más abierta, innovadora e integrada al mundo.

La llegada de una mujer a la dirección marca un punto de inflexión en esa trayectoria y constituye uno de los hechos institucionales más significativos de la historia reciente de la educación argentina.

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Brasil sanciona ley que amplía la licencia por paternidad a 20 días y crea el salario por paternidad

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La nueva legislación reglamenta un derecho previsto en la Constitución y amplía la protección a monotributistas, trabajadores domésticos, eventuales y asegurados especiales.

Brasil dio un paso clave en materia de cuidado infantil: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó este martes (31) una ley que amplía la licencia por paternidad de 5 a 20 días, fortaleciendo la presencia de los padres en los primeros días de vida de sus hijos y promoviendo la corresponsabilidad en las tareas de cuidado.

La normativa también crea el salario por paternidad, un beneficio que garantiza ingresos durante el período de licencia, y amplía la cobertura más allá de los trabajadores registrados.

Las medidas representan un avance significativo para las familias al reconocer que el cuidado de los hijos no debe recaer de manera desigual sobre las mujeres, y que la participación del padre desde el inicio es fundamental para la protección de la infancia.

“La mujer ya conquistó el mercado de trabajo, pero el hombre aún no conquistó la cocina. Esta ley va a enseñar a los hombres a cuidar a sus hijos: bañarlos, levantarse de noche, cambiar pañales. Es una ley que sanciono con mucho placer”, expresó Lula durante la firma.

La ley reglamenta un derecho previsto en la Constitución desde 1988 y amplía su alcance. También tendrán acceso al beneficio microemprendedores individuales, trabajadores domésticos, eventuales y asegurados especiales.

La implementación será gradual:

  • 10 días desde 2027
  • 15 días desde 2028
  • 20 días desde 2029

La licencia estará garantizada en casos de nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción, sin afectar el empleo ni el salario.

Además, la norma:

  • Equipara la licencia por paternidad a la licencia por maternidad como derecho social
  • Garantiza estabilidad laboral desde la notificación hasta un mes después del fin de la licencia
  • Permite fraccionar el período
  • Contempla extensiones en casos de internación de la madre o del bebé
  • Amplía la licencia si el padre asume el cuidado total

También incluye a padres adoptantes y responsables legales, incluso en casos de adopción unilateral o fallecimiento de uno de los progenitores, y extiende en un tercio el período en situaciones de discapacidad infantil.

Salario por paternidad

En el plano previsional, la ley crea el salario por paternidad dentro del sistema general de seguridad social, asegurando ingresos durante el período de licencia también para trabajadores informales.

El beneficio podrá ser abonado por el sistema previsional o por la empresa, con compensación, en un esquema similar al salario por maternidad. El monto variará según el perfil del trabajador:

  • Total para empleados formales
  • Según aportes para autónomos y monotributistas
  • Equivalente al salario mínimo para asegurados especiales

Las medidas responden a una demanda histórica por mayor equidad en la distribución de las responsabilidades familiares. Estudios internacionales señalan que ampliar la licencia por paternidad fortalece los vínculos familiares, reduce la violencia doméstica y mejora la participación de los padres en la crianza, además de generar beneficios empresariales como mayor retención de talento.

Con esta ley, el Gobierno brasileño refuerza su compromiso con políticas de cuidado, igualdad de género y protección de la infancia, alineándose con los cambios sociales y laborales.

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Ipsos: percepciones divididas sobre igualdad de género en el mundo en 2026

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 Ipsos presenta los resultados de su Estudio Global 2026 sobre igualdad de género, realizado en 29 países entre el fines de 2025 y el enero de 2026, sobre una muestra de 23.268 adultos. El informe analiza percepciones sobre el avance en igualdad de derechos, expectativas hacia las nuevas generaciones y actitudes frente a los roles tradicionales, y ofrece una fotografía comparativa que permite observar cómo evolucionan estas opiniones y cómo se evalúan hoy las oportunidades de mujeres y hombres en distintos ámbitos.

Uno de los principales hallazgos muestra que, en el promedio de los 29 países, el 52% está de acuerdo en que, cuando se trata de otorgar a las mujeres los mismos derechos que a los hombres, las cosas han avanzado lo suficiente en su país. Esta percepción no es uniforme: el 55% de los hombres coincide con esta afirmación, frente al 44% de las mujeres. En todos los grupos de edad relevados, los hombres son más propensos que las mujeres a considerar que se ha hecho lo suficiente en materia de igualdad de derechos.

En paralelo, el 60% en el promedio global considera que las cosas funcionarán mejor si más mujeres ocuparan puestos de responsabilidad en el gobierno y las empresas. Este porcentaje incluye al 66% de las mujeres y al 52% de los hombres. Asimismo, el 54% cree que las mujeres no lograrán igualdad con los hombres en su país a menos que haya más mujeres en cargos de liderazgo en empresas y gobierno, con un nivel de acuerdo mayor entre mujeres (60%) que entre hombres (47%).

El estudio también analiza expectativas hacia el futuro. Más de la mitad (55%) considera que las mujeres jóvenes de hoy tendrán una vida mejor que la de la generación de sus madres, resultado que se mantiene estable respecto de la medición anterior. En contraste, el 40% cree que los hombres jóvenes tendrán una vida mejor que la generación anterior, lo que representa una disminución de cinco puntos porcentuales en comparación con 2025. Además, el 28% considera que su vida será similar y el 25% que será peor.

En relación con los roles tradicionales, las opiniones aparecen divididas. En el promedio de 29 países, el 29% considera que los hombres se benefician más cuando las mujeres cumplen roles femeninos tradicionales, mientras que el 17% cree que se benefician más cuando no los cumplen. Un 35% señala que no tiene impacto en los hombres si las mujeres mantienen o no esos roles. A nivel generacional, Millennials y Generación Z son más propensos que Generación X o Baby Boomers a afirmar que los hombres se benefician cuando las mujeres mantienen roles tradicionales.

La investigación también aborda la percepción sobre oportunidades. Si bien en distintos ámbitos prevalece la idea de que hombres y mujeres tienen la misma cantidad de opciones, el 39% afirma que los hombres tienen más opciones en cuanto a los tipos de trabajos que pueden desempeñar, frente al 10% que considera que las mujeres tienen más opciones en ese aspecto. En cambio, en dimensiones como la vestimenta, las citas o los roles dentro del hogar, una proporción mayor señala que las mujeres cuentan con más opciones que los hombres.

En América Latina, los resultados forman parte del promedio global relevado por el estudio, lo que permite comparar percepciones regionales con el conjunto de los 29 países encuestados y observar diferencias por género y edad en línea con las tendencias internacionales.

En Argentina, el 60% de las personas considera que se ha avanzado lo suficiente en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres; esta percepción es compartida por el 61% de los hombres y el 58% de las mujeres. Es decir, las opiniones no son completamente homogéneas entre géneros, incluso dentro de esta mayoría que entiende que el avance ha sido suficiente. En comparación con el promedio global del 52% en los 29 países relevados, Argentina se ubica por encima de la media global, lo que permite contextualizar cómo se posiciona el país dentro del escenario mundial”, señaló Martín Tanzariello, Gerente de Marketing y Comunicación en Ipsos Argentina.

El panorama en Argentina

En Argentina, el 60% está de acuerdo con que, cuando se trata de dar a las mujeres los mismos derechos que a los hombres, se ha avanzado lo suficiente en el país. Este indicador creció 9 puntos porcentuales desde 2019 y se ubica entre los más altos de América Latina, apenas por debajo de México (66%) y Chile (65%). En este contexto, el 34% de los argentinos se autodefine como feminista, una proporción intermedia dentro de la región.

En relación con el liderazgo, el 58% considera que las cosas funcionarían mejor si más mujeres ocuparan puestos de responsabilidad en el gobierno y las empresas. Se trata del nivel más bajo entre los países latinoamericanos relevados, por debajo de Colombia (70%), Perú (65%) y Brasil (64%), donde la percepción sobre el impacto positivo del liderazgo femenino es más alta.

En el ámbito de los roles tradicionales, Argentina es el país de la región con menor acuerdo con la afirmación de que los hombres se benefician más cuando las mujeres mantienen roles femeninos tradicionales (28%). Además, junto con Chile, registra el nivel más bajo de acuerdo (13%) con la idea de que “una esposa siempre debe obedecer a su marido”, por debajo del promedio de 29 países (20%).

En conjunto, los datos muestran que, mientras una mayoría percibe que en términos de derechos se ha avanzado lo suficiente y el apoyo al liderazgo femenino es comparativamente menor en la región, también se observan niveles bajos de adhesión a enunciados asociados a roles tradicionales en el ámbito privado.

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