Contundente respaldo al reclamo a Nación por un régimen diferencial impositivo para Misiones
La discusión sobre la competitividad de Misiones volvió a instalarse con fuerza tras el reclamo de condiciones diferenciales para sostener la competitividad en la relación con Paraguay y Brasil. El planteo en Encuentro Misionero es claro: si Nación atiende la complejidad territorial de la provincia, Misiones está en condiciones de potenciar la economía local y las exportaciones, lo que redundará en un mayor ingreso de divisas a la Argentina.
El conductor de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, lo señaló en la última reunión del espacio. “Podemos eliminar ya Ingresos Brutos si la Nación nos elimina impuestos”. El mensaje caló hondo. Este martes se aprobó el dictamen de reclamo a la Nación con una contundencia inédita: hasta la Libertad Avanza acompañó la iniciativa.
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de Comunicación impulsado por Encuentro Misionero que solicita al Poder Ejecutivo Nacional la creación de un régimen diferencial impositivo y aduanero para Misiones, con el objetivo de corregir las asimetrías estructurales que enfrenta por su condición de frontera con Brasil y Paraguay.
No se trata de un planteo menor ni novedoso: es la reedición de un viejo reclamo misionero que reaparece en un nuevo contexto político y económico, marcado por la reforma fiscal que impulsa el presidente Javier Milei y por la necesidad urgente de sostener competitividad en una provincia que compite todos los días contra estructuras tributarias mucho más livianas del otro lado del puente.
Misiones tiene una singularidad económica que ningún otro distrito argentino presenta con la misma intensidad: el 91% de su perímetro limita con Paraguay y Brasil.
Eso significa competencia directa, cotidiana y feroz. Mientras en Encarnación o en Foz de Iguazú los precios encuentran alivio en menores cargas impositivas, menor presión regulatoria y ventajas cambiarias, del lado argentino el comercio, la industria y el consumo conviven con una estructura de costos considerablemente más pesada. El resultado es conocido: fuga de consumo, menor competitividad comercial, presión sobre la rentabilidad empresaria y dificultades para atraer inversiones.
Por eso, el planteo de Encuentro Misionero no apunta simplemente a una baja de impuestos, sino a la construcción de un régimen especial que reconozca esa condición geográfica excepcional. “El objetivo es impulsar un régimen diferencial, impositivo y aduanero para Misiones”, explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Pastori, al defender el proyecto.
La premisa es concreta: Misiones aporta mucho más de lo que recibe. La provincia genera el 31% de la recaudación del NEA, pero recibe apenas el 21% por coparticipación, una asimetría que desde hace años alimenta el reclamo político provincial.
El núcleo de la propuesta está en el Impuesto al Valor Agregado, el tributo con mayor incidencia inmediata sobre los precios.
La idea es que las ventas desde el resto del país hacia Misiones sean consideradas una “exportación suspensiva”. Traducido: un proveedor de Buenos Aires podría venderle a un comerciante misionero sin cargar IVA.
Eso implicaría una reducción directa en el costo de reposición y, en teoría, permitiría trasladar ese alivio a precios finales más bajos.
Las estimaciones que acompañan la propuesta proyectan bajas de entre 20% y 25% en determinados bienes de consumo. Un producto de 10.000 pesos podría reducirse a 7.900 pesos bajo ese esquema.
También se plantea alícuota cero o exención para servicios estratégicos como energía eléctrica, conectividad e internet, especialmente sensibles en una provincia sin gas natural y con altos costos logísticos.
No es un detalle técnico: es una discusión sobre competitividad estructural. El segundo eje es el Impuesto a las Ganancias.
La propuesta contempla bajar la alícuota corporativa del 35% al 15%, e incluso establecer períodos de tasa cero para determinados sectores o nuevas inversiones. La lógica es atraer capital.
Menor presión tributaria en la etapa inicial significa mayor posibilidad de reinversión, expansión de capacidad instalada y generación de empleo.
A eso se suma una herramienta clave: la amortización acelerada. Este mecanismo permitiría que industrias radicadas en Misiones puedan deducir inversiones en maquinaria, equipamiento o infraestructura en plazos mucho más cortos que los habituales.
En términos financieros, mejora flujo de caja y acelera procesos de modernización productiva.
La estimación es contundente: una baja de Ganancias podría liberar hasta 530.000 millones de pesos para reinversión productiva.
Otro punto sensible del planteo es la eliminación total del impuesto a los débitos y créditos bancarios para operaciones dentro de Misiones.
En una economía de frontera, donde la circulación de efectivo sigue siendo elevada y la informalidad tiene peso estructural, este tributo funciona como un desincentivo a la bancarización.
Eliminarlo implicaría no solo aliviar costos financieros, sino también incentivar mayor formalización económica.
Para sectores como yerba mate, té y madera, podría representar hasta un 10% de recuperación del margen neto.
El capítulo aduanero retoma directamente el espíritu de la Zona Aduanera Especial que había sido aprobada por el Congreso y luego vetada por el entonces presidente Alberto Fernández en 2022. Pero ahora el planteo es más amplio. Incluye importación sin aranceles de bienes de capital e insumos productivos, facilidades para reexportación y eliminación de retenciones para producciones misioneras como yerba mate, té y madera.
El dato político
Uno de los movimientos más significativos del debate fue el acompañamiento del bloque de La Libertad Avanza.
El espacio encabezado por Adrián Núñez no solo respaldó el proyecto, sino que además reconoció durante el tratamiento parlamentario que la presión fiscal de Misiones “se encuentra dentro de la media nacional”. Misiones está en la mitad de la tabla de la llamada presión fiscal, exactamente en el puesto 13.
La definición desarma uno de los argumentos más repetidos por sectores opositores que suelen responsabilizar exclusivamente a la carga tributaria provincial por la pérdida de competitividad.
El PRO no participó de la votación porque no integra la comisión legislativa, mientras que el diputado nacional Martín Arjol no tuvo intervención en el debate.
No se trata solo de pagar menos impuestos, sino de tener herramientas reales para competir en igualdad de condiciones con Paraguay y Brasil, sostener el mercado interno, atraer inversiones y evitar que la frontera funcione como una sangría permanente de consumo y capital.
El interrogante ahora es político: si el Gobierno nacional, que hizo de la baja de impuestos una bandera de campaña, estará dispuesto a aceptar un esquema diferencial para una provincia que reclama hace décadas ser tratada como lo que efectivamente es: una economía de frontera con necesidades extraordinarias.
