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América Latina va a la búsqueda de los tributos perdidos

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IPS Noticias – Autoridades de hacienda, economía y finanzas de 16 países constituyeron la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe, para ayudarse a lograr una tributación progresiva y más justa, y combatir la evasión fiscal, según asentaron en una declaración.

En el texto los firmantes expresaron su “compromiso para compartir experiencias, establecer posiciones comunes y encontrar soluciones no vinculantes que sirvan para elaborar políticas tributarias de acuerdo con los desafíos de la región”.

El país anfitrión fue designado para ejercer la presidencia pro tempore del nuevo organismo durante los próximos 12 meses, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que auspició la cita de los días 27 y 28 de julio, fue encargada de la secretaría técnica de la plataforma.

En la reunión participaron autoridades de las seis mayores economías de la región: Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú.

Una idea central de la nueva entidad es fomentar el diálogo y el intercambio de conocimientos para elaborar políticas fiscales “que permitan una mayor recaudación con la cual afrontar adecuadamente las crisis de la región”, según la declaración.

Esas políticas, ya sean internacionales o regionales, “deberán ser incluyentes, equitativas y sostenibles, ambiental y socialmente, y deben contribuir a la reducción de las desigualdades y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, la Agenda de las Naciones Unidas para el año 2030.

Además, el organismo deberá tener en cuenta los aportes de la academia, la sociedad civil, el sector empresarial y los organismos multilaterales, para identificar los problemas en materia de tributación y sus soluciones potenciales.

Un documento divulgado en el marco de la reunión por Amnistía Internacional (AI) sostuvo que “hasta ahora, los Estados de la región no han hecho suficiente en su obligación de maximizar recursos para garantizar nuestros derechos”.

En América Latina y el Caribe, según AI, se recauda en promedio 21,7 % del producto interno bruto, mientras que en los países industrializados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la recaudación promedia 34,1 % del PIB.

“Desde la perspectiva del gasto, nuestros países tampoco cuentan con herramientas efectivas para corregir las desigualdades que produce el mercado”, sostuvo AI, pues según sus datos las economías más grandes de la región gastaron 166 000 millones de dólares en subsidios a combustibles fósiles.

La región “requiere de una profunda revisión de sus pactos fiscales, con marcos de sostenibilidad de las finanzas públicas centrados en una combinación de aumento de los ingresos permanentes y mejora en la calidad y asignación del gasto”, observó el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

“Ambos elementos son esenciales para poder avanzar en la transformación de los modelos de desarrollo hacia modelos que sean más productivos, inclusivos y sostenibles”, abundó el responsable de la Cepal.

Por su parte, representantes de más de 60 organizaciones de la sociedad civil de 20 países de la región, entregaron a los participantes una lista de 10 recomendaciones sobre la justicia fiscal que promueven.

Coincidieron en que se debe impulsar en la región, considerada la más desigual del mundo, una tributación progresiva y más justa, combatiendo la evasión fiscal, de forma que se movilicen los recursos necesarios para garantizar servicios públicos de calidad, universales y sostenibles.

“Las reformas en los sistemas tributarios en América Latina y el Caribe deben proporcionar cambios reales para mejorar la vida de las poblaciones”, resumió Susana Ruiz, portavoz de las organizaciones presentes en Cartagena y responsable de justicia fiscal para la coalición de lucha contra la pobreza Oxfam.

Las organizaciones civiles proponen, en primer lugar, incorporar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en asuntos ambientales como principios generales que guíen y den forma a la toma de decisiones tributarias.

Plantearon promover la progresividad y la equidad de los sistemas tributarios, y reformas de la tributación corporativa, en especial de las empresas multinacionales, que consideren y protejan los intereses de la región.

Asimismo, tomar medidas orientadas a incrementar la transparencia fiscal y promover tributos que busquen la protección del ambiente, especialmente con relación a la transición energética y la respuesta a la crisis climática.

También plantearon incorporar el enfoque de género en la política fiscal, descolonizar los estándares sobre tributación y transparencia internacional, y asegurar la participación genuina de la sociedad civil en la nueva plataforma.

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AFIP detecto una subvaluación de $100 millones en caballos de Polo

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI),  detectó una subvaluación de cien millones de pesos en caballos de polo en una de las firmas más reconocidas del rubro. 

Inspectores del área especializada en actividades agropecuarias del organismo que conduce Carlos Castagneto realizaron un relevamiento en uno de los predios de la empresa y verificaron la cantidad de equinos existentes y su ciclo desde la fecundación hasta la puesta a punto para la competición.

Como consecuencia de la fiscalización, se determinó que la valuación original realizada por la firma a los efectos de tributarios de alrededor de U$S802 por equino era escasa frente a la estimación realizada por la AFIP de U$S11.102 por animal. Como resultado, se determinó un impuesto a ingresar de 100 millones de pesos con implicancias para las futuras declaraciones juradas presentadas por el contribuyente.

Esta reconocida firma cuenta con predios en las provincias de Buenos Aires, San Luis y Córdoba para desarrollar en cada una diferentes etapas  del proceso de formación y obtención de los caballos.

Cabe hacer mencionar que por el alto hándicap que poseen, los equinos son reconocidos, comercializados a niveles internacionales y utilizados en los principales abiertos de polo del mundo.

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Las criptomonedas plantean importantes problemas fiscales, y podrían empeorar

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Escriben Katherine Baer, Ruud de Moojj, Shafik Hebous y Michael Keen -Los sistemas tributarios deben actualizarse para hacer frente a los criptoactivos, cuyo anonimato y naturaleza descentralizada plantean desafíos, sobre todo para el impuesto al valor agregado.

Los criptoactivos que pueden ser utilizados como instrumentos de pago han proliferado en más de 10.000 variantes desde el debut de Bitcoin en 2009, el primer y sigue siendo el más grande. La velocidad desconcertante con la que se han desarrollado y el seudónimo que pueden proporcionar han dejado a los sistemas tributarios jugando a la captura hacia arriba.

En un nuevo documento, discutimos cómo los gobiernos pueden abordar lo emergente. Desafíos de gravar estos activos criptográficos mientras su uso aún es limitado, por lo que que eviten una fuga de ingresos fiscales y protejan la integridad de la fiscalidad.

Clasificación de criptografía

Las opiniones de los activos criptográficos son diversas y se mantienen con pasión. La perspectiva de liberar las transacciones financieras de la supervisión por parte de los gobiernos y el La participación de las instituciones financieras es un sueño libertario para algunos. El Salvador y la República Centroafricana han ido tan lejos como para adoptar Bitcoin como moneda de curso legal.

Los críticos, sin embargo, ven los activos criptográficos no solo como inherentemente inútiles, sino que Un frente para el crimen, las estafas y los juegos de azar. También señalan su vértigo volatilidad. Bitcoin, por ejemplo, se disparó de $ 200 hace una década a casi $ 70,000 en 2021 antes de caer a alrededor de $ 29,000 hoy.

El colapso de FTX el año pasado y la reciente Bolsa de Valores de EE.UU. Las demandas de la Comisión contra Binance y Coinbase han alimentado la ansiedad entre los usuarios, mientras que la apelación a las actividades delictivas ha se ha reflejado en incautaciones de alto perfil de miles de millones de dólares. Estos Los acontecimientos han provocado un escrutinio cada vez mayor por parte de los responsables políticos y Llamamientos generalizados a la regulación.

Pero ya sea que los activos criptográficos finalmente aumenten o caigan, una forma coherente de gravar ellos es necesario.

Una cuestión clave es cómo clasificar los activos criptográficos, si deben considerarse como ¿Propiedad o moneda? Cuando la criptografía se vende con fines de lucro, las ganancias de capital deben tributar como lo serían sobre otros activos. Y compras realizadas con criptografía deben estar sujetos a los mismos impuestos sobre las ventas o al valor añadido, o IVA, que se aplicaría a las transacciones en efectivo.

Por lo tanto, una tarea importante es garantizar la aplicación de estos principios, que requiere claridad sobre cómo caracterizar la criptografía a efectos fiscales: en esencia, como monedas para el IVA y los impuestos sobre las ventas y como activos para el impuesto sobre la renta Propósitos. Si bien esto no es fácil debido a la naturaleza evolutiva de los activos criptográficos transacciones, es perfectamente posible. Los desafíos más profundos están entonces en aplicación.

Consideraciones sobre los ingresos

Las estimaciones crudas sugieren que un impuesto del 20 por ciento sobre las ganancias de capital de la criptografía habría recaudado alrededor de $ 100 mil millones en todo el mundo en medio de los precios en alza en 2021. Eso es alrededor del 4 por ciento de los ingresos globales del impuesto sobre la renta corporativa, o 0.4 porcentaje de la recaudación total de impuestos.

Pero con la capitalización total del mercado criptográfico un 63 por ciento por debajo del pico de finales de 2021, los ingresos fiscales se habrían marchitado. Si estos Las pérdidas se compensaron totalmente con otros impuestos, habría un reducción correspondiente de los ingresos. En tiempos más normales y con el Tamaño actual del mercado, los ingresos globales por impuestos criptográficos probablemente promediarían menos que $ 25 mil millones al año. Eso, en el esquema más amplio de las cosas, no es un gran cantidad.

También hay importantes cuestiones de equidad en juego. Aunque su El seudónimo hace que sea difícil estar seguro exactamente quién tiene criptografía, hay señales de que la propiedad está fuertemente concentrada entre los relativamente rico, a pesar de que la tenencia de criptografía es sorprendentemente común entre las personas con bajos ingresos también. Las encuestas disponibles indican que alrededor de 10.000 personas mantener una cuarta parte de todo Bitcoin.

También hay IVA. Las transacciones criptográficas tienen similitudes con las del efectivo en su potencial para ocultarse a las administraciones tributarias. Hoy en día, el La proporción de compras realizadas con criptomonedas sigue siendo pequeña. Pero el uso generalizado, si los sistemas fiscales no estaban preparados, podría significar algún día una evasión generalizada del IVA e impuestos sobre las ventas, lo que lleva a ingresos gubernamentales materialmente más bajos. Esto puede ser la mayor amenaza de la criptografía.

Abordar la aplicación

La dificultad más fundamental para gravar los activos criptográficos es que son “seudónimo”. Es decir, las transacciones utilizan direcciones públicas que son extremadamente difícil de vincular con individuos o empresas. Esto puede hacer que los impuestos Evasión más fácil. Por lo tanto, la aplicación está en el centro de la cuestión fiscal autoridades.

El problema es superable cuando las personas realizan transacciones a través de Intercambios, ya que estos pueden estar sujetos a la norma “Conozca a su cliente” reglas de seguimiento y posiblemente retención de impuestos. Muchos países están poniendo tales reglas establecidas con la expectativa de que el cumplimiento tributario mejorará.

Sin embargo, las obligaciones de información podrían inducir a las personas a mantener las autoridades fiscales ignorante al utilizar intercambios centralizados en el extranjero. Para abordar eso preocupación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha desarrolló un marco para el intercambio de información relacionada con la criptografía entre Países. La implementación, sin embargo, está algo lejos.

Una posibilidad más preocupante es que las reglas de presentación de informes (y los fallos de algunos intermediarios criptográficos) podrían inducir a las personas a realizar transacciones cada vez más a través de intercambios descentralizados o directamente a través de operaciones peer-to-peer donde ningún órgano central de gobierno supervisa estas transacciones. Esos son: sigue siendo extremadamente difícil de penetrar para los administradores fiscales.

Dada la complejidad de los desafíos fundamentales planteados por el seudónimo, la rapidez de la innovación, las vastas brechas de información y la Incertidumbres por delante, la marea aún no ha cambiado en la batalla a Incorporar criptografía adecuadamente en el sistema tributario más amplio. Algunos de los elementos necesarios para hacerlo, como la claridad en su clasificación para el impuesto propósitos: son claros.

Pero los desafíos son fundamentales, y los riesgos, particularmente para el IVA y los impuestos sobre las ventas, pueden ser mayores de lo que la gente reconoce. Tantos (aunque lejos de todos) los gobiernos están empezando a darse cuenta de que los responsables de la formulación de políticas necesitan Desarrollar marcos claros, coherentes y efectivos para gravar la criptografía.

Katherine Baer, Jefa de la División de Administración de Ingresos II del Departamento de Finanzas Públicas del FMI

Ruud de Mooij, Director Adjunto del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI

Shafik Hebous, Jefe Adjunto de División del Departamento de Finanzas Públicas del FMI

Michael Keen, Subdirector del Departamento de Finanzas Públicas del FMI

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En primer semestre tributos coparticipables crecieron porcentualmente más que recaudación general

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Por Marcelo Bátiz – Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se vieron favorecidas en cada uno de los seis meses de la primera mitad del año, en los que las transferencias que recibieron por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos tuvieron un crecimiento porcentual superior al de la recaudación nacional.

En junio, los ingresos que tuvieron las 23 provincias y CABA en concepto de Coparticipación (sin considerar otras transferencias automáticas) ascendieron a un billón 105.033,4 millones, el mayor valor nominal de la historia.

El crecimiento interanual fue por 110,6%, más de un punto porcentual por arriba del 109,2% que en el mismo período tuvo la recaudación nacional informada por la Secretaría de Hacienda y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La brecha entre coparticipación y recaudación total se extendió a lo largo de todo el semestre e incluso con mayores diferencias que en junio: 7,3 puntos porcentuales en enero (100,7% contra 93,4%), 7,8 puntos en febrero (100,1% contra 82,3%), nada menos 22,5 puntos en marzo (110,8% contra 88,3%), 13,8 puntos en abril (104% contra 90,2%) y 7,4 puntos en mayo (112,3% contra 104,9%).

Esos incrementos, de enero a junio, se dieron hasta excluyendo del cálculo a los Derechos de Exportación (uno de los principales tributos que no se coparticipan) que vienen registrando caídas en términos reales debido al impacto negativo de la sequía en la actividad agrícola: la recaudación sin retenciones creció 99,4% en enero, 96,7% en febrero, 107,2% en marzo, 101% en abril, 111,1% en mayo y 110,5% en junio, siempre por debajo de la coparticipación.

Por lo tanto, las razones de la brecha entre coparticipación y recaudación exceden la incidencia de las retenciones y Télam recurrió al análisis de representantes de cuatro consultoras que habitualmente realizan el seguimiento de las transferencias de recursos nacionales a los 24 distritos.

Para Hernán Letcher, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “se observa que, dado que los impuestos coparticipables son básicamente IVA y Ganancias, a lo largo de estos meses -incluso con niveles de inflación alta- esos dos impuestos se han movido de manera considerable, sobre todo el IVA a la par de la inflación”.

“A diferencia de esto, en el nivel nacional, el impacto de la caída de la actividad agropecuaria como resultado de la sequía, hizo que la recaudación tuviera, en términos generales, un desempeño peor que el que tiene aquel segmento de impuestos coparticipables”.

Alejandro Pegoraro, de Politikon Chaco, coincide en la apreciación: “los crecimientos de los impuestos coparticipados tuvieron buenos desempeños en el primer semestre y traccionaron las transferencias automáticas en términos nominales”, destacó, para detallar que “el IVA crece 125 puntos en la primera mitad del año y Bienes Personales 132%”, a la inversa de otros que no se coparticipan, como el impuesto PAIS, que creció el 93%, o las retenciones, con un alza nominal del 75%, “casi 50 puntos por debajo del IVA”.

Esos desempeños fueron suficientes para compensar la “paupérrima” performance del impuesto a los Combustibles, por la decisión de postergar su ajuste desde hace más de un año, combinada con la menor actividad de la actividad agropecuaria, con impacto directo en el transporte.

“En resumen, las transferencias automáticas a las provincias crecen más que la recaudación porque los componentes recaudatorios coparticipables y de leyes especiales crecen a un ritmo mayor que los que nos están sujetos a coparticipación”, sintetizó.

El director de la consultora Aerarium, Guillermo Giussi, destacó que el crecimiento en la recaudación del IVA compensó el menor incremento en la del impuesto a las Ganancias -otro de los principales entre los coparticipables-, que recortó en el primer semestre su tasa de expansión interanual en diez puntos porcentuales.

Asimismo, advirtió que en la importante suba en Bienes Personales influyó “el ingreso de las declaraciones juradas de personas físicas por acciones y participaciones”, así como “la aplicación de la percepción a la compra de moneda extranjera implementada en octubre de 2022”.

“La fuerza de los no coparticipables es más que nada por el lado de la Anses, por la generación de empleo registrado y la aceleración de paritarias”, agregó, además de reconocer que el magro desempeño de los derechos de exportación “viene tirando un poco para atrás”, más allá de la “levantada” originada por el Dólar Agro en el último tramo del semestre.

Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), prefirió la comparación en términos reales para dejar en claro la brecha favorable a los impuestos coparticipables: “la recaudación que va a la Nación debe haber caído en el primer semestre un 8%, no están los datos definitivos aún”, señaló, a la espera de que el próximo jueves 13 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de a conocer el Índice de Precios al Consumidor de junio.

“Pero la recaudación que va a provincias y CABA cayó un 2%: esto obedece a que los impuestos al comercio exterior -por la sequía en el caso de los Derechos de Exportación- han tenido una dinámica muy distinta al resto de los impuestos, por eso se da esa divergencia”, puntualizó.

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Minera multinacional reconoció elusión en ganancias y pagó 1.000 millones en impuestos

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), recuperó 1.000 millones de pesos en impuesto a las ganancias de una minera multinacional que subestimó sus beneficios mediante operaciones con su casa matriz en el exterior. La firma, dedicada a la extracción de oro, contabilizó un aporte de capital de la empresa principal como deuda en dólares a lo largo de varios años, lo cual erosionaba la base imponible para calcular el tributo y, por ende, le permitía pagar menos de lo que le debería por ese gravamen.

Tras una exhaustiva auditoría, el organismo conducido por Carlos Castagneto aplicó los ajustes correspondientes, al entender que no era legítimo computar intereses y diferencias por el tipo de cambio aducido por la compañía.

Las tareas de fiscalización y control consistieron en una auditoría de las operaciones de la casa matriz y los servicios facturados a empresas vinculadas, también radicadas en el extranjero. De esta manera, la investigación buscó detectar y desarticular maniobras para que la tributación se trasladara a fiscos extranjeros.

Las áreas especializadas en minería de la AFIP impugnaron que el capital mencionado se computara anualmente como un pasivo, sujeto a intereses y a variaciones en el tipo de cambio y que, llamativamente se refinanciaba automáticamente. Además, el organismo objetó que los servicios contratados con una empresa vinculada, también en el exterior, se contabilizaran como un gasto necesario para llevar adelante sus operaciones.

Este conjunto de maniobras contables tenían un efecto negativo en la recaudación por el impuesto a las ganancias, al horadar su base imponible, es decir el monto para calcular el pago del tributo.El ajuste por 1.000 millones de pesos fue conformado por la compañía, que rectificó sus declaraciones juradas y abonó la suma reclamada por la AFIP.

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