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Arranca 2026 con subas de servicios públicos: aumentan electricidad, gas y agua en todo el país

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El inicio de 2026 llegará con nuevos aumentos en las tarifas de luz, gas, agua y cloacas en todo el país, tras una serie de resoluciones oficiales que establecen ajustes de entre 2,5% y 4% promedio para los usuarios residenciales. Las subas, que ya fueron formalizadas en el Boletín Oficial y por los entes reguladores, no incluyen aún la eliminación de subsidios energéticos anunciada por el Gobierno nacional, una decisión que podría llevar los incrementos a porcentajes de dos dígitos, especialmente en el gas natural.

La política tarifaria combina actualizaciones mensuales indexadas por inflación, cambios en la segmentación de usuarios, un nuevo esquema de subsidios focalizados y señales de fondo orientadas a reducir el déficit fiscal, garantizar la sustentabilidad económica de los servicios públicos y avanzar en la reorganización regulatoria y empresarial del sector.

Electricidad y gas: subas moderadas en enero, con riesgo de mayores ajustes

En el caso de la energía eléctrica, el Gobierno confirmó que desde enero regirán nuevos cuadros tarifarios con un aumento promedio del 2,5% en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, áreas bajo concesión de Edenor y Edesur. En términos precisos, el incremento será del 2,31% para Edenor y del 2,24% para Edesur, según lo establecido en las Resoluciones 841 y 842/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

Para el resto del país, la actualización del precio mayorista de la electricidad será del 3,2%, aunque el impacto final en las facturas dependerá de las decisiones que adopten provincias y municipios sobre el componente de distribución.

Las normativas explican que los ajustes surgen de la aplicación mensual de la fórmula prevista en el artículo 17 de la Resolución ENRE 304/2025, cuyo objetivo es garantizar que la remuneración de las distribuidoras conserve su valor real durante el período tarifario de cinco años. Para el cálculo se toman las variaciones del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, que en noviembre fueron del 1,59% y 2,47%, respectivamente. La fórmula pondera un 67% el IPIM y un 33% el IPC, lo que arroja un aumento del 1,88% en el Costo Propio de Distribución (CPD) antes de su traslado completo a las tarifas finales.

En cuanto al gas natural por redes, el incremento anunciado para enero oscila entre 2% y 3%. Sin embargo, el principal foco de atención está puesto en la quita de subsidios, ya que la actualización llevará el precio mayorista del gas a 3,79 dólares por millón de BTU, frente a los 2,95 dólares que paga actualmente Metrogas. De concretarse plenamente este ajuste, algunas regiones y categorías de consumo podrían enfrentar subas superiores al 10%.

Nuevo esquema de subsidios y cambios regulatorios desde 2026

A partir del 2 de enero de 2026, el Gobierno reemplazará el esquema de segmentación tarifaria vigente hasta 2025 por una clasificación de solo dos categorías de usuarios residenciales. Además, los bloques de consumo subsidiado variarán según la estación del año, lo que podría modificar de manera significativa la composición de las facturas y el acceso a los beneficios estatales.

En paralelo, comenzará a implementarse el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que establece un tope de ingresos equivalente a tres canastas básicas totales. Los hogares cuyos ingresos totales superen ese umbral perderán el subsidio, en caso de que aún lo estuvieran recibiendo.

El Ejecutivo ratificó que la actualización tarifaria mensual indexada por inflación se mantendrá al menos hasta abril de 2030, con el argumento de preservar la capacidad de inversión de las empresas y evitar nuevos atrasos tarifarios. En ese marco, se prevé que durante el primer trimestre de 2026 se avance en la fusión de los entes reguladores del gas y la electricidad en un único organismo, con directorio y control parlamentario, para unificar la regulación y la supervisión del sector energético.

Agua y cloacas: AySA tendrá aumentos del 4% mensual hasta abril

El servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también registrará subas relevantes. La Resolución 53 del ERAS habilitó a AySA a aplicar aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril de 2026, en reemplazo del ajuste del 1% mensual que rigió durante 2025.

El cambio busca compensar un retraso tarifario acumulado del 21,05%, asociado a incrementos que no se aplicaron el año pasado, lo que derivó en una caída de ingresos estimada en 95.000 millones de pesos para la empresa. Ese desfasaje fue absorbido mediante la postergación de gastos e inversiones, en un contexto donde el Gobierno evalúa la privatización de la compañía.

Con la nueva escala, la factura promedio antes de impuestos se ubicará en 30.489 pesos para el valor zonal “alto”, 27.689 pesos para el “medio” y 22.248 pesos para el “bajo”. De mantenerse el ajuste del 4% mensual durante los primeros cuatro meses del año, el incremento acumulado alcanzará aproximadamente el 17%.

Pese a que se esperaba la realización de una audiencia pública en 2025 para definir un criterio uniforme de actualización tarifaria, el proceso no se concretó, dejando pendiente la discusión sobre el mecanismo definitivo que regirá los futuros aumentos.

Un inicio de año con mayor presión sobre los ingresos familiares

Las subas de luz, gas y agua que entran en vigencia desde enero se suman en un contexto de reordenamiento fiscal y reducción de subsidios, con un impacto directo sobre el presupuesto de los hogares y sobre la estructura de costos de comercios e industrias. Aunque los aumentos iniciales son moderados, el verdadero desafío estará en cómo evolucionen las tarifas una vez que se profundice la quita de subsidios y se consolide el nuevo esquema regulatorio.

El Gobierno sostiene que estas decisiones son necesarias para asegurar la sustentabilidad de los servicios públicos, reducir el déficit y avanzar con la desregulación de los mercados, pero el efecto social y político de los ajustes marcará buena parte de la agenda económica del primer tramo de 2026.

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Desde enero, el dólar se moverá por inflación: cómo funcionarán las nuevas bandas cambiarias

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Desde el 1° de enero, el Gobierno pondrá en marcha un nuevo esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación, una modificación clave de la política cambiaria que apunta a evitar la profundización del atraso del dólar y a abandonar su rol como ancla del resto de los precios de la economía. La decisión responde a reclamos del mercado y se inscribe en un proceso de normalización gradual del frente cambiario, con implicancias directas sobre reservas, expectativas e inflación.

La medida introduce un cambio sustantivo en el mecanismo de actualización: las bandas dejarán de ajustarse al 1% mensual y pasarán a moverse según la inflación oficial medida por el INDEC con dos meses de rezago, comenzando en enero con el 2,5% correspondiente a noviembre.

Cómo funcionarán las nuevas bandas y qué valores se esperan

Hasta ahora, las bandas cambiarias se ubicaban con un piso de $916 y un techo de $1.526. Con el nuevo criterio de actualización, y tomando como referencia la inflación de noviembre (2,5%), se estima que el techo podría escalar hasta alrededor de $1.564 hacia fines de enero.

Para febrero, el ajuste proyectado sería del 2,1%, en línea con la inflación prevista para diciembre de 2025 según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central entre unos 40 economistas. Este esquema introduce una mayor sincronía entre precios y tipo de cambio, con el objetivo de reducir distorsiones acumuladas.

En el mercado, el dólar mayorista se ubica actualmente en torno a los $1.455, y las expectativas ya reflejan el nuevo marco: para fines de febrero, los contratos de futuros operaron en $1.522, lo que implica un alza mensual del 2%; para marzo, se negociaron valores cercanos a $1.555, nuevamente con un incremento del 2% mensual.

Reservas, FMI y disciplina fiscal: el trasfondo de la decisión

Uno de los ejes centrales del nuevo esquema será acelerar la compra de reservas, una condición señalada como prioritaria por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con bandas que se mueven al ritmo de la inflación, el Gobierno busca estimular una mayor oferta de divisas y liberalizar gradualmente la demanda, reduciendo presiones sobre el mercado oficial.

Economistas consultados señalaron que, en este nuevo marco cambiario, será clave mantener el orden fiscal, sostener la aprobación del Presupuesto 2026 y capitalizar el respaldo político obtenido en las últimas elecciones de medio término, además del apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos. La consistencia entre política fiscal y cambiaria aparece como condición necesaria para evitar tensiones adicionales.

Turismo, demanda de dólares y señales del verano

La atención inmediata del mercado estará puesta en la demanda de divisas para turismo exterior, uno de los factores que podría tensionar el tipo de cambio durante el verano. Especialistas consideran que la dinámica del turismo emisivo ofrecerá una señal concreta sobre cómo debería acomodarse el valor del dólar bajo el nuevo esquema.

En paralelo, el Gobierno busca dejar atrás el uso del dólar como ancla nominal, una estrategia que ayudó a desacelerar la inflación, pero que también acentuó el atraso cambiario y afectó la competitividad.

Más cambios en 2026: blanqueo, mercado financiero y deuda

El debut de las nuevas bandas coincide con otros cambios relevantes en el frente financiero. A partir de 2026, se liberarán los depósitos por menos de USD 100.000 del último blanqueo de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA), tanto en bancos como en Alycs, por un volumen que superaría los USD 20.000 millones. Parte de esos fondos podría redirigirse a inversiones financieras e inmobiliarias, ampliando la oferta de capitales.

Asimismo, continúa la normalización del mercado cambiario, con mayor flexibilización de operaciones en divisas y una profundización del acceso al financiamiento externo. En ese marco, tanto empresas como el propio Gobierno avanzaron en la emisión de títulos de deuda en el mercado internacional, como el Bonar 2029.

Un giro clave para las expectativas

El nuevo esquema de bandas ajustadas por inflación marca un punto de inflexión en la política cambiaria. Si logra alinear el tipo de cambio con la dinámica de precios, fortalecer reservas y sostener la disciplina fiscal, podría contribuir a ordenar expectativas. El desafío será administrar la transición sin reavivar presiones inflacionarias ni comprometer la estabilidad lograda.

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El Gobierno anunció aumentos en el impuesto al combustible a partir de enero de 2026

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El Poder Ejecutivo nacional oficializó una actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que comenzará a regir el 1° de enero de 2026. La medida, instrumentada a través del Decreto 929/2025 y publicada en el Boletín Oficial el 31 de diciembre, impactará en los precios de la nafta y el gasoil, aunque mantiene el esquema de postergación gradual de los aumentos impositivos con el objetivo declarado de preservar la actividad económica y sostener el equilibrio fiscal.

El nuevo esquema redefine los montos fijos de los gravámenes establecidos en la Ley 23.966 y modifica el cronograma dispuesto previamente por el Decreto 617/2025. En los hechos, durante enero solo se trasladará una parte del ajuste total previsto por la normativa vigente, mientras que el incremento remanente fue diferido hasta el 1° de febrero de 2026.

Qué sube desde enero: montos, productos y regiones alcanzadas

Según el detalle incorporado al Decreto 617/2025 mediante el Decreto 929/2025, para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026, los impuestos se incrementarán en los siguientes valores:

En el caso de las naftas sin plomo (hasta y más de 92 RON) y la nafta virgen, el impuesto sobre los combustibles líquidos aumentará $17,291 por litro, mientras que el impuesto al dióxido de carbono se incrementará en $1,059 por litro.

Para el gasoil, el esquema es diferencial. El gravamen general del impuesto sobre los combustibles líquidos subirá $14,390 por litro, mientras que la alícuota diferencial aplicable a determinadas regiones del país —como las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el Partido de Patagones (Buenos Aires) y el Departamento de Malargüe (Mendoza)— tendrá un incremento de $7,792 por litro. A esto se suma una suba de $1,640 por litro correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.

Estos montos surgen de la actualización de los valores fijos previstos en los artículos 4°, 7° inciso d) y 11 del Título III de la Ley 23.966, que regula el régimen de impuestos sobre los combustibles líquidos y al CO₂.

El marco legal y la lógica del diferimiento impositivo

La normativa se apoya en un esquema de actualización trimestral basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC, tal como lo establece el artículo 7° del Anexo del Decreto 501/2018. Dicho mecanismo contempla ajustes en enero, abril, julio y octubre de cada año, considerando la inflación acumulada desde enero de 2018.

Sin embargo, desde 2024 el Poder Ejecutivo viene aplicando sucesivos diferimientos de esos incrementos. En particular, el Decreto 617/2025 había postergado hasta el 1° de enero de 2026 los aumentos remanentes correspondientes al año calendario 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025 para la nafta y el gasoil.

Ahora, el Decreto 929/2025 introduce una nueva modificación: reemplaza la fecha “1° de enero de 2026” por “1° de febrero de 2026” para la aplicación total del ajuste pendiente. De este modo, durante enero se aplicará solo una parte del incremento, extendiendo por un mes más el esquema gradual que el Gobierno viene sosteniendo.

En los considerandos, el Ejecutivo fundamenta la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, combinando el cumplimiento del marco legal de actualización impositiva con un manejo dosificado de su impacto en los precios.

Impacto económico y reacciones esperables

La actualización parcial de los impuestos tendrá incidencia directa en los valores de la nafta y el gasoil, con efectos indirectos sobre los costos logísticos, el transporte y la cadena de precios en general. No obstante, el diferimiento del ajuste completo busca atenuar el traslado inmediato a los surtidores, en un contexto donde los combustibles siguen siendo un insumo clave para la actividad productiva y el consumo.

Para las regiones alcanzadas por la alícuota diferencial del gasoil, el esquema mantiene un tratamiento impositivo reducido, aunque también incorpora una suba en enero. Al mismo tiempo, el cronograma ratifica que los aumentos pendientes —incluidos los que quedaron sin aplicar en 2024 y gran parte de 2025— terminarán de trasladarse a partir de febrero de 2026, lo que anticipa nuevas presiones sobre los precios relativos del sector energético.

Desde el punto de vista fiscal, la medida consolida la estrategia oficial de recomponer gradualmente la recaudación asociada a los impuestos a los combustibles, sin aplicar un shock pleno en un solo mes, pero sin renunciar al sendero de actualización previsto por la ley.

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INDEC: el empleo en la administración pública nacional bajó 7,8% interanual en noviembre

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La dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo a 281.785 personas en noviembre de 2025, según datos oficiales del INDEC, y acumuló una pérdida de 59.688 empleos desde diciembre de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei. La cifra consolida el ajuste sobre el sector público como uno de los ejes centrales de la política económica y administrativa del Gobierno nacional, con impacto directo en el funcionamiento del Estado, el mercado laboral y la estructura institucional.

En el último mes relevado, noviembre de 2025, el empleo público cayó 0,3% respecto de octubre (785 puestos menos) y 7,8% en la comparación interanual, lo que equivale a 22.322 trabajadores menos frente a noviembre de 2024. Los datos surgen del informe técnico “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades”, publicado el 30 de diciembre de 2025 por el INDEC.

Un ajuste sostenido en la administración pública nacional

El recorte se verifica en casi todos los segmentos del Estado nacional. La Administración Pública Nacional (APN) cerró noviembre con 192.219 empleados, una baja mensual de 0,2% y una caída interanual del 7,1%. Dentro de ese universo, la administración centralizada pasó de 39.272 a 39.011 trabajadores, lo que implicó una reducción mensual del 0,7% y una caída interanual del 10,7%.

La administración descentralizada, que concentra el mayor volumen de personal, también mostró una contracción: bajó 0,3% mensual, de 116.960 a 116.571 empleados, mientras que la administración desconcentrada fue el único segmento que registró una suba en noviembre, con 22.534 trabajadores, un incremento del 1,3% mensual (284 puestos más). En tanto, los otros entes redujeron su dotación 0,3%, al pasar de 14.148 a 14.103 empleados.

Si se toma el acumulado de enero a noviembre de 2025, la APN perdió 18.178 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 6,06% en lo que va del año. El contraste es más marcado al comparar con el inicio de la actual gestión: en enero de 2024, la administración pública nacional contabilizaba 333.784 puestos, por lo que el retroceso acumulado alcanza el 15,57%.

Empresas y sociedades del Estado: menos personal y menor estructura

El ajuste también se extendió a las empresas y sociedades del Estado, que en noviembre registraron 89.566 empleados, con una caída mensual de 374 puestos (-0,4%) y una reducción interanual del 7,8%. Este segmento explica una parte relevante del recorte total, en un contexto de revisión del rol del Estado empresario y de los costos operativos de las compañías con participación estatal.

En conjunto, la dotación total del sector público nacional —administración central, organismos descentralizados, entes y empresas— pasó de casi 300 mil trabajadores a comienzos de 2025 a los 281.785 actuales, consolidando una tendencia de reducción sostenida mes a mes. El informe oficial detalla que la medición incluye a 125 entidades, aunque en noviembre 10 empresas y sociedades no informaron su dotación, por lo que 5.194 personas (1,8% del total) fueron imputadas estadísticamente.

Impacto económico e institucional del recorte

La caída de casi 60 mil empleos públicos en dos años refleja el alcance del proceso de reorganización y reducción del Estado impulsado por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023. En términos económicos, el ajuste contribuye a la reducción del gasto corriente, especialmente en salarios, uno de los componentes más relevantes del presupuesto nacional. En el plano institucional, sin embargo, plantea interrogantes sobre la capacidad operativa de áreas clave del Estado, en particular en organismos con funciones regulatorias, técnicas o de prestación de servicios.

La evolución del empleo público se convirtió así en un indicador central para seguir la estrategia de desregulación y transformación del Estado, en un contexto de fuerte debate político sobre el tamaño del sector público, la eficiencia administrativa y el impacto social del ajuste. Con los datos de noviembre, el INDEC confirma que la tendencia descendente se mantiene y que el redimensionamiento del Estado sigue siendo uno de los pilares de la política económica vigente.

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La agroindustria exportó USD 4.715 millones en noviembre

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Noviembre de 2025 cerró con las mejores exportaciones agroindustriales de la última década. La agroindustria argentina alcanzó en noviembre de 2025 su mejor desempeño exportador en al menos diez años, con un salto interanual del 36% en volumen y del 25% en valor. Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, el anteúltimo mes del año totalizó 10,09 millones de toneladas exportadas por USD 4.715 millones, con envíos a más de 100 destinos, consolidando un punto de inflexión en la inserción internacional del sector y un aporte clave al ingreso de divisas.

Los datos, procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional en base a estadísticas del INDEC, confirman una mejora generalizada en los principales complejos productivos y una diversificación de la canasta exportadora, con efectos directos sobre la balanza comercial, la actividad regional y la generación de empleo asociado a las cadenas agroindustriales.

Un salto histórico en volumen y valor, con 25 complejos en alza

Durante noviembre, 25 complejos agroindustriales —que incluyen productos primarios y sus derivados— registraron aumentos en las cantidades exportadas respecto del mismo mes de 2024. Los mayores incrementos interanuales se verificaron en:

  • Trigo: +133%, con 1,38 millones de toneladas, principalmente trigo en grano.
  • Cebada: +110%, con 198,8 mil toneladas, impulsadas por la cebada cervecera en grano.
  • Foresto-industria: +91%, con 107 mil toneladas.

A estos desempeños se sumaron subas significativas en otros complejos relevantes: tabaco (+88%, con 9,1 mil toneladas, mayormente tabaco desvenado), legumbres (+87%, con 45,9 mil toneladas, explicadas por porotos), arroz (+85%, con 40 mil toneladas de arroz no parbolizado) y soja (+75%, con 5,74 millones de toneladas, principalmente residuos y subproductos y porotos de soja).

En términos de valor, 12 complejos alcanzaron en noviembre el mayor monto exportado en una década, con un total de USD 1.043 millones. Entre los destacados se encuentran trigo, girasol, bovinos, sorgo, arroz, apicultura, frutas de carozo, golosinas, aromáticas y especias, lo que refleja una mejora tanto en precios como en volúmenes comercializados.

Diversificación exportadora y concentración en los principales complejos

Un dato relevante del desempeño de 2025 fue la reaparición de 26 productos que no registraban ventas externas desde hacía varios años. Si bien se trata de montos reducidos, el fenómeno refuerza la tendencia hacia una mayor diversificación de la oferta exportadora. Entre estos productos se incluyen arroz con cáscara no parbolizado; grañones y sémola de trigo; papel y cartón sin estucar; copos, gránulos y pellets de papa; glucosa; nueces de cajú con cáscara; aceites esenciales de menta japonesa; trufas y hongos secos, entre otros.

Al mismo tiempo, el esquema exportador mantuvo una fuerte concentración: 10 complejos agroindustriales explicaron el 95% del total exportado en noviembre. El ranking estuvo liderado por soja, maíz, trigo, girasol, cebada, foresto-industria, bovinos, maní, sorgo y azúcar, consolidando el peso estructural de estos sectores en el comercio exterior argentino.

Destinos y repercusiones económicas

Las exportaciones agroindustriales de noviembre tuvieron como principales destinos, en orden de importancia, a China, Brasil, Vietnam, Perú, Indonesia, Malasia, India, Irlanda, Chile y Turquía. Estos diez mercados concentraron más del 55% de las ventas externas del sector durante el año, lo que confirma la relevancia de Asia y la región como motores de la demanda.

Desde una perspectiva económica e institucional, el desempeño de noviembre muestra el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para fortalecer la inserción internacional, en un contexto donde el ingreso de divisas resulta central para la estabilidad macroeconómica. Para las economías regionales y los complejos exportadores, el resultado implica mayor actividad, utilización de capacidad instalada y previsibilidad comercial, mientras que para la política económica refuerza el rol del agro como principal generador de dólares.

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