Industria Argentina

La UIA advierte que la presión impositiva absorbe hasta el 50% de los costos industriales

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La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a advertir que la elevada presión impositiva es el principal factor que explica la pérdida de competitividad de la producción local, en un contexto marcado por la apertura de importaciones y la persistencia de un esquema tributario que, según el sector, se mantiene sin cambios estructurales desde hace una década. El diagnóstico impacta de lleno en la discusión económica e institucional sobre costos, precios y capacidad exportadora de la industria nacional.

Una estructura de costos condicionada por la carga tributaria

Desde la UIA insisten en que la presión impositiva continúa siendo el principal obstáculo para que la industria argentina compita en igualdad de condiciones con los mercados externos. En declaraciones a Radio Rivadavia, Mauricio Badaloni, integrante de la mesa de la entidad por la región de Cuyo, sostuvo que la Argentina “mantiene la misma presión impositiva desde hace diez años”, un dato que, para el sector, explica buena parte de las dificultades estructurales que enfrenta la producción local.

Según el dirigente industrial, la estructura de costos de las empresas se encuentra fuertemente afectada por una carga estatal distribuida entre los niveles nacional, provincial y municipal, que encarece los procesos productivos y se traslada de manera directa al precio final de los bienes y servicios.

Las estimaciones del sector industrial son contundentes: entre el 40% y el 50% del costo de cualquier estructura productiva es absorbido por el Estado, a través de impuestos, tasas y contribuciones. Este nivel de incidencia fiscal, advierten desde la UIA, no solo reduce márgenes, sino que también limita las posibilidades de inversión, expansión y generación de empleo.

Apertura de importaciones y pérdida de competitividad

El reclamo de la UIA se da en un escenario de mayor apertura de importaciones, que expone con mayor crudeza las asimetrías de costos entre la producción local y los bienes provenientes del exterior. Desde la entidad sostienen que, sin una revisión profunda del sistema tributario, la industria nacional queda en desventaja frente a competidores que operan con menores cargas fiscales y estructuras más livianas.

Badaloni remarcó que esta situación impacta directamente en la capacidad exportadora y en el desarrollo de nuevos emprendimientos, al elevar los precios y reducir la competitividad sistémica. En ese marco, el debate sobre impuestos deja de ser sectorial para convertirse en un eje central de la política económica, con implicancias sobre el entramado productivo y el saldo comercial.

La preocupación industrial apunta a que la presión impositiva no solo afecta a grandes empresas, sino también a pymes y proyectos emergentes, que enfrentan mayores dificultades para absorber costos y sostener operaciones en un mercado cada vez más abierto y competitivo.

Críticas a la intervención estatal y el debate por la competitividad

Al referirse al caso Techint, Badaloni cuestionó la intervención del Gobierno en disputas comerciales entre privados, y planteó que el eje del problema no se encuentra en el comportamiento empresario, sino en el sistema tributario vigente. Según el directivo, la falta de competitividad es una consecuencia directa de un esquema impositivo que no fue corregido en la última década y que continúa gravando de manera excesiva a la producción.

Desde la UIA, el planteo se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol del Estado, la presión fiscal y la necesidad de generar condiciones macroeconómicas e institucionales que permitan a la industria recuperar competitividad, ampliar exportaciones y sostener el empleo.

El mensaje del sector industrial vuelve a poner sobre la mesa un reclamo histórico: sin una reducción efectiva de la carga impositiva y una simplificación del sistema tributario, la apertura comercial profundiza las desventajas estructurales de la producción local, con impacto directo en precios, inversión y desarrollo productivo.

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La economista Dal Poggetto alertó por el impacto del programa económico en la clase media

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La economista Marina Dal Poggetto sostuvo que, en el actual programa económico, “la variable de ajuste es el salario de la clase media” y remarcó que el Gobierno prioriza el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad. En un diagnóstico crítico, advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro del consumo y las dificultades crecientes del sector industrial, en un contexto de apertura comercial, tarifas elevadas y competencia importada.

Salarios, tarifas y consumo: el nuevo eje del ajuste

En declaraciones a Radio Rivadavia, la directora de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto, trazó un análisis del actual esquema económico y afirmó que “la variable de ajuste es el salario de la clase media”, en contraste con el modelo anterior, donde el control de tarifas funcionaba como amortiguador del impacto inflacionario sobre los ingresos.

“El gobierno anterior pisaba las tarifas para que la gente pagara bienes caros. Ahora, con tarifas altas, si los precios de los bienes no comprimen, la variable de ajuste termina siendo el salario de la clase media”, explicó. En ese sentido, ejemplificó que algunos precios mostraron caídas significativas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) —como los electrodomésticos, que retrocedieron 45%, o los textiles, con una baja del 20%—, pero advirtió que esa corrección no alcanza para compensar el aumento de los servicios regulados.

Según Dal Poggetto, esta dinámica impacta directamente en la capacidad de consumo de los hogares: “El salario ya no alcanza para cubrir prepagas o colegios”, señaló, al describir el efecto combinado de tarifas más altas y salarios reales en retroceso.

Actividad económica, industria y apertura comercial

En su análisis, la economista subrayó que el Gobierno “prioriza el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad”, una decisión que condiciona el desempeño de amplios sectores productivos. Si bien reconoció que la economía crecerá 4,3% este año, aclaró que ese resultado responde principalmente al arrastre estadístico, más que a una recuperación homogénea.

“La actividad en noviembre estaba en los mismos niveles que el año anterior. Hay sectores ganadores y perdedores, y la industria es uno de los más rezagados”, afirmó. En ese marco, recordó que la Argentina atraviesa ciclos recurrentes de ajuste y expansión sin resolver problemas estructurales: “Argentina es pendular y siempre discutimos lo mismo”.

Dal Poggetto describió el cambio de escenario para el entramado industrial: “Antes jugaban en Disneylandia. Podían fijar precios y cantidades con pesos baratos y protección. Ahora tienen competencia importada y un fuerte aumento de costos por las tarifas y servicios indexados”. Según su diagnóstico, esta combinación está detrás del aumento de cierres de fábricas y despidos, que comenzaron a multiplicarse en distintos rubros.

Además, remarcó que el Gobierno avanza en una mayor apertura de la economía “en parte con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con la baja de aranceles”, lo que refuerza la presión competitiva sobre la producción local.

Inflación, metodología del INDEC y perspectivas

En relación con la inflación, la economista señaló que, de acuerdo con los relevamientos de su consultora, “en las primeras tres semanas el ritmo viene en la zona del medio punto semanal”. Si bien reconoció que se trata de un nivel todavía elevado, destacó que es inferior al de meses anteriores.

“El dato de diciembre fue muy alto y dejó un arrastre importante para enero; estamos en la zona del 2,4%, después del 2,8% de diciembre”, precisó. En este punto, recordó que a partir de enero el INDEC implementa un cambio en la metodología del índice, con nuevos ponderadores y una estructura de consumo basada en 2017.

No obstante, relativizó el impacto de esta modificación estadística: “Dado que el ajuste tarifario fuerte se hizo principalmente en 2024, no debería haber casi diferencia entre un índice y otro; es probable que el número final esté en esa zona del 2,4%”.

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La capacidad instalada de la industria volvió a caer en noviembre y se ubicó en 57,7%

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La utilización de la capacidad instalada de la industria argentina volvió a retroceder en noviembre de 2025 y se ubicó en 57,7%, el nivel más bajo desde marzo, confirmando que el sector fabril continúa entre los más golpeados por la caída del consumo y el enfriamiento de la actividad económica. El dato, difundido por el INDEC, no solo marca un deterioro frente a octubre, sino que también refleja un fuerte contraste interanual: en noviembre de 2024, la capacidad utilizada alcanzaba el 62,3%, casi cinco puntos porcentuales por encima del nivel actual.

El desempeño industrial consolida así un escenario de debilidad persistente, solo superado por la construcción en términos de contracción, y expone las tensiones que atraviesan distintos complejos productivos en un contexto de menor demanda interna y mayor presión competitiva por el ingreso de productos importados.

Un indicador que vuelve a caer y profundiza la brecha interanual

Según el informe técnico del INDEC correspondiente a noviembre de 2025, la utilización de la capacidad instalada no logró sostener la recuperación parcial observada durante el tercer trimestre del año y volvió a descender, interrumpiendo la mejora que se había insinuado en septiembre y octubre. El nivel general del 57,7% se ubica no solo por debajo del promedio de 2025, sino también lejos de los registros de fines de 2024, cuando la industria operaba con mayor intensidad.

En la comparación interanual, la caída es significativa: el indicador se redujo desde el 62,3% de noviembre de 2024, lo que da cuenta de un deterioro generalizado del aparato productivo. El informe señala que la industria continúa afectada por la retracción del mercado interno, el ajuste en los niveles de producción y, en varios rubros, por una menor utilización de plantas y turnos de trabajo.

Sectores con mejor desempeño y ramas en fuerte retroceso

El relevamiento oficial muestra un comportamiento muy dispar entre los distintos bloques sectoriales. Los rubros que operaron por encima del promedio general fueron:

  • Refinación del petróleo: 86,5%
  • Industrias metálicas básicas: 73,3%
  • Papel y cartón: 71,2%
  • Productos alimenticios y bebidas: 64,2%
  • Productos minerales no metálicos: 58,2%
  • Sustancias y productos químicos: 57,8%

En contraste, varios sectores clave se ubicaron muy por debajo del nivel general, evidenciando una fuerte subutilización de su capacidad productiva:

  • Edición e impresión: 50,6%
  • Industria automotriz: 46,3%
  • Productos del tabaco: 44,9%
  • Productos de caucho y plástico: 41,0%
  • Metalmecánica (excepto automotores): 39,9%
  • Productos textiles: 29,2%

La metalmecánica, excluida la automotriz, presentó la principal incidencia negativa en la comparación interanual. En noviembre de 2024, el sector utilizaba el 50,0% de su capacidad, mientras que en igual mes de 2025 cayó al 39,9%. De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI), dentro de este rubro la mayor baja se registró en la fabricación de aparatos de uso doméstico, con una contracción interanual del 39,7%. Referentes sectoriales vinculan este retroceso a la menor demanda local y al ingreso de productos importados.

Automotriz, alimentos y textiles: consumo débil y menor producción

La industria automotriz también mostró un deterioro marcado. En noviembre operó al 46,3% de su capacidad instalada, muy por debajo del 64,7% registrado un año atrás. El INDEC atribuye este desempeño a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales, en un contexto de ventas más débiles y ajustes en los planes de producción.

En alimentos y bebidas, la utilización fue del 64,2%, inferior al 66,9% de noviembre de 2024. La baja se explica principalmente por una menor elaboración de bebidas y una reducción en la producción de carne vacuna. Según la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA), las ventas de gaseosas, aguas, jugos, bebidas isotónicas y energizantes cayeron 7,5% interanual en noviembre. A su vez, el IPI manufacturero registró una disminución del 6,6% en la producción de carne vacuna.

El sector textil continúa siendo el más afectado. En noviembre utilizó apenas el 29,2% de su capacidad instalada, frente al 48,2% del mismo mes del año anterior. La caída responde a menores niveles de producción de tejidos e hilados de algodón: la fabricación de tejidos y acabado de productos textiles se desplomó 43,9% interanual, mientras que la producción de hilados de algodón retrocedió 37,1%.

En tanto, los productos de caucho y plástico operaron al 41,0%, también por debajo del 46,8% de noviembre de 2024. El informe detalla que la fabricación de manufacturas de plástico cayó 8,8% interanual, mientras que la producción de neumáticos se contrajo 34,0%.

Un panorama que anticipa desafíos para la reactivación industrial

Los datos de noviembre confirman que la industria argentina enfrenta un proceso de ajuste profundo y heterogéneo, con sectores que logran sostener niveles elevados de utilización, como la refinación del petróleo, y otros que operan muy por debajo de su potencial. La persistencia de una demanda interna débil y la presión de los productos importados aparecen como factores centrales detrás del freno industrial.

En este contexto, la evolución de la capacidad instalada se consolida como un termómetro clave para anticipar la dinámica del empleo industrial, la inversión y el nivel de actividad en los próximos meses, en un escenario donde la recuperación aún no logra generalizarse.

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Qué estudiar para aprovechar el acuerdo Mercosur–UE y vender servicios al mercado europeo

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Tras más de 25 años de negociaciones, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea abre una nueva etapa para la economía argentina, con impacto directo en el empleo, la formación profesional y el perfil exportador del país. El tratado permitirá acceder a un mercado de 500 millones de consumidores, con una reducción arancelaria cercana al 90%, pero también con mayores exigencias normativas. En ese escenario, el especialista en comercio internacional Carlos Alejandro Nahas sostuvo que la venta de conocimiento y servicios profesionales aparece como la principal oportunidad para que los argentinos compitan y facturen en euros.

El análisis se dio durante el programa “Basta Baby edición verano”, emitido por Radio Rivadavia, donde se debatió el alcance económico, productivo e institucional del acuerdo entre ambos bloques.

Un acuerdo de largo plazo que redefine el perfil exportador argentino

Según explicó Nahas —ex secretario general de la Comisión Nacional de Comercio Exterior y experto en derecho de la integración—, la implementación plena del acuerdo demandará alrededor de 15 años, pero el proceso ya marca un rumbo claro. “Existen sectores definidos para que los jóvenes argentinos vendan sus servicios y ganen en euros”, afirmó.

El tratado Mercosur–UE no solo implica una apertura comercial gradual, sino también un cambio estructural en la lógica de inserción internacional. El desafío, señaló el especialista, es dejar atrás un modelo centrado exclusivamente en materias primas y avanzar hacia exportaciones de alto valor agregado, especialmente en actividades donde la logística física no es determinante.

El debate contó con la participación de Mariano Fernández, Micaela Cendra, Aldana Gómez y la locutora Myriam Salinas, bajo la conducción de Verónica Albanese, en una mesa que puso el foco en el impacto laboral y formativo del acuerdo.

Las áreas con mayor potencial para exportar servicios al mercado europeo

De acuerdo con el análisis de Nahas, las industrias basadas en el conocimiento concentran las mejores oportunidades, apoyadas en el talento local y en una ventaja competitiva clave: el huso horario compatible con Europa. Entre los sectores destacados se encuentran:

  • Software y aplicaciones: el desarrollo tecnológico aparece como el rubro con mayor potencial exportador directo desde la Argentina hacia la Unión Europea.
  • Servicios profesionales: contadores y auditores que se especialicen en normativa europea podrán trabajar de manera remota para grandes firmas internacionales.
  • Diseño e ingeniería: áreas estratégicas para la exportación de servicios intensivos en conocimiento, sin dependencia del transporte físico.
  • Ciencias exactas: Nahas instó a los jóvenes a enfocarse en la generación de soluciones innovadoras, comparando el escenario actual con el surgimiento de grandes empresas tecnológicas a partir de estructuras mínimas.

En este contexto, el acuerdo funciona como un marco de previsibilidad institucional que favorece la internacionalización del talento argentino, especialmente en servicios digitales y profesionales.

Sectores sensibles, estándares europeos e inversión extranjera

El especialista advirtió que el tratado también plantea desafíos significativos. Además de la reducción de aranceles, la Unión Europea exige estándares elevados de calidad, trazabilidad y certificación. “Europa le da una importancia mayúscula a si los productos son genéticamente modificados”, explicó Nahas.

Entre los sectores más expuestos a la competencia externa identificó a la industria textil y del calzado, que podrían verse afectados si no inician un proceso de reconversión. La recomendación fue clara: adoptar normativas internacionales y modernizar tecnología desde ahora para no perder competitividad.

En paralelo, el acuerdo podría convertirse en un factor clave para atraer inversión extranjera directa, especialmente en agroindustria y energía, gracias a la mayor certidumbre jurídica que ofrece el tratado.

En ese marco, el análisis destacó el interés de la Unión Industrial Argentina (UIA), que observa en el acuerdo una oportunidad para reposicionar manufacturas de origen industrial en el mercado europeo, bajo el sello de calidad que exige el Viejo Continente.

Un cambio de paradigma productivo y educativo

El acuerdo Mercosur–Unión Europea no solo redefine el comercio exterior, sino que interpela al sistema educativo, al mercado laboral y a la estrategia de desarrollo. La posibilidad de exportar conocimiento, servicios y soluciones tecnológicas aparece como el principal canal para aprovechar el tratado, en un escenario donde competir ya no depende solo de precios, sino de capacidades profesionales, estándares y especialización.

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El INTI deja de prestar servicios metrológicos legales y certificaciones

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El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dispuso el cese progresivo de la prestación de servicios metrológicos legales y certificaciones vinculadas a instrumentos de medición reglamentados, mediante la Resolución 213/2025, publicada el 30 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial. La decisión redefine el rol operativo del organismo dentro del Sistema Nacional de Aplicación de la Ley 19.511, transfiere en los hechos mayor protagonismo a laboratorios y organismos de certificación acreditados ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y busca reducir costos, plazos y superposiciones administrativas en el mercado interno. El cronograma de salida se extenderá entre enero y junio de 2026, con impacto directo en industrias, comercios, servicios públicos y actividades donde el control metrológico es obligatorio.

Desburocratización y reordenamiento del sistema metrológico legal

La Resolución RESFC-2025-213-APN-CD#INTI se inscribe en el proceso de simplificación regulatoria impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional a partir del Decreto 891/2017, que aprobó las Buenas Prácticas en Materia de Simplificación. En sus considerandos, el Consejo Directivo del INTI reconoce demoras recurrentes en los trámites de aprobación de modelo, verificación primitiva y verificación periódica de instrumentos de medición, así como una “situación de superposición” entre las funciones del propio Instituto y las competencias delegadas a laboratorios de ensayo y organismos de certificación privados acreditados ante el OAA.

El marco normativo que sustenta la medida es amplio. La Ley 19.511 estableció el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) y la obligatoriedad de que todo instrumento de medición reglamentado sea sometido a controles oficiales cuando se utiliza en transacciones comerciales, actividades industriales, agropecuarias, mineras, de servicios o en reparticiones públicas. El Decreto 960/2017 reglamentó esa ley y habilitó a la entonces Secretaría de Comercio —hoy Secretaría de Industria y Comercio— a delegar funciones en el INTI y en entidades públicas o privadas acreditadas.

En esa línea, la Resolución de la Secretaría de Industria y Comercio N° 276/2024 amplió formalmente la participación del OAA y de los organismos certificadores acreditados como integrantes del Servicio Nacional de Aplicación, y autorizó a laboratorios privados acreditados a realizar ensayos, certificaciones y verificaciones que antes concentraba el INTI. Según el texto oficial, el sistema cuenta hoy con “una oferta suficiente de laboratorios y organismos de certificación acreditados ante el OAA” en todo el territorio nacional, lo que permite al Instituto “centrar sus acciones en el marco de Metrología Científica e Industrial”.

En términos institucionales, la resolución redefine el perfil del INTI como articulador del Sistema Nacional de la Calidad, con foco en desarrollo tecnológico, innovación metrológica y elaboración de patrones y muestras testigo, dejando de operar directamente en servicios regulados que el mercado ya puede cubrir bajo esquemas de acreditación.

Qué servicios deja de prestar el INTI y desde cuándo

El artículo 1° dispone la cesación de los servicios regulados y certificaciones detallados en los Anexos I y II, que abarcan tanto actividades de laboratorio de ensayos como de organismo de certificación. Entre los instrumentos alcanzados se incluyen, entre otros:

  • Instrumentos de pesar no automáticos (Resoluciones SCyNE N° 3207/1980 y SIyC N° 25/2025).
  • Instrumentos automáticos para pesaje en movimiento de vehículos de carretera (Resolución SCI N° 492/2022).
  • Medidores de agua potable fría (Resolución SCI N° 402/2020).
  • Medidores de energía eléctrica en corriente alterna (Resolución SCI N° 247/2019).
  • Surtidores de nafta, kerosene y gas oil (Decreto N° 5410/1932 y Resolución SCI N° 50/1989).
  • Termómetros clínicos, etilómetros, cinemómetros, taxímetros, pesas patrón y medidas de capacidad, entre otros.

El cronograma de implementación establece una salida escalonada por regiones:

  • Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): cese efectivo a partir del 31 de enero de 2026, alcanzando a más de 40 municipios.
  • Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán: desde el 30 de abril de 2026.
  • Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe: a partir del 30 de junio de 2026.

La resolución aclara que los convenios, órdenes de trabajo y pedidos de certificación vigentes al momento del dictado de la norma “serán cumplidos y permanecerán vigentes hasta su finalización”, lo que busca evitar disrupciones contractuales y operativas durante la transición.

Asimismo, se instruyó a la Dirección Técnica de Metrología Legal y al Organismo de Certificación del INTI a elaborar un plan de transición que contemple el resguardo documental, la preservación de registros, la publicación de procedimientos técnicos vigentes, la comunicación a usuarios y organismos de control, el inventario del equipamiento y un cronograma de cierre operativo.

Impacto económico, sectores alcanzados y posibles reacciones

La medida tiene implicancias directas para sectores donde la metrología legal es crítica: comercio minorista y mayorista, energía, agua potable, transporte, industria manufacturera, servicios públicos, control de tránsito y actividades de fiscalización. En la práctica, importadores, fabricantes, prestadores de servicios y operadores comerciales deberán canalizar sus trámites de aprobación de modelo y verificaciones a través de laboratorios y organismos de certificación acreditados ante el OAA.

Desde el punto de vista económico, el objetivo explícito es reducir tiempos y costos de transacción, eliminando cuellos de botella administrativos que, según el INTI, “redundan en un perjuicio para los consumidores”. La mayor competencia entre prestadores acreditados podría traducirse en mayor oferta de servicios, plazos más cortos y mayor previsibilidad regulatoria.

En términos institucionales, el reordenamiento consolida un esquema más descentralizado de control metrológico, alineado con estándares de acreditación y supervisión, aunque también plantea desafíos de coordinación y fiscalización para la Autoridad de Aplicación. El rol del OAA y de los organismos certificadores privados se vuelve central, mientras que el INTI redefine su función estratégica dentro del sistema.

Las reacciones esperables incluyen una adaptación progresiva de empresas y organismos de control locales al nuevo esquema, así como un seguimiento atento por parte de sectores regulados que dependen de verificaciones periódicas para operar. La resolución subraya que no implica erogaciones adicionales para el presupuesto del INTI, pero sí una reconfiguración profunda de su oferta de servicios históricos.

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