Industria Argentina

Lumilagro retrocede tras la crisis en redes y expone el costo político de la reconversión empresaria

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Lumilagro quedó atrapada en una crisis de comunicación con derivaciones económicas y simbólicas después de que su cuenta oficial en X recomendara comprar termos Stanley y defendiera esa elección como “lo mejor para el país”. El episodio, que derivó en un fuerte rechazo en redes sociales, terminó con la eliminación del posteo original y un giro discursivo de la propia empresa, que pasó de la provocación al tono defensivo para explicar que atraviesa una reconversión destinada a “adaptarse, sobrevivir y volver a crecer”. La secuencia no fue un simple traspié digital: expuso, en tiempo real, la tensión entre apertura comercial, competencia importada y supervivencia industrial.

El caso impactó porque tocó una fibra sensible del actual escenario económico. No se trató solo de una mala decisión en redes ni de un mensaje desacertado de community management. Según el texto base, la cuenta está manejada por su propio dueño, lo que le dio al episodio un peso mayor: la empresa no habló por error técnico, habló en primera persona. Y cuando tuvo que retroceder, ya no discutía una publicación, sino el sentido de su propio reposicionamiento frente a un mercado más hostil.

De la provocación a la explicación: qué mostró el giro de la empresa

Todo comenzó con una recomendación desde la cuenta oficial de Lumilagro para comprar termos Stanley. El mensaje, presentado bajo la idea de que era “lo mejor para el país”, generó una ola de críticas y desconcierto, precisamente porque provenía de una fábrica identificada históricamente con la producción nacional de termos. La controversia escaló rápido y una de las respuestas que tomó visibilidad fue la de Claudio García, conocido como el “Turco”, quien ironizó: “Miren, Adorni consiguió nuevo laburo de CM”.

Con el correr de las horas, el dueño de la empresa eliminó el tuit y fijó un nuevo mensaje. Ahí apareció el verdadero fondo del conflicto. Lumilagro explicó que atraviesa una situación económica compleja y defendió su proceso de reconversión. “Toda reconversión es dolorosa, pero ninguna empresa pone las reglas del juego”, sostuvo la firma. También aseguró que no despidió personal y que todos los retiros fueron “por común acuerdo” para adecuarse a un nuevo escenario competitivo.

Ese cambio de tono no fue menor. La empresa pasó de una comunicación disruptiva, casi desafiante, a una narrativa de justificación defensiva. En términos políticos y económicos, el giro reveló que detrás del escándalo digital hay un problema más estructural: la presión que ejerce la competencia sobre firmas que intentan sostenerse en un contexto de transformación del mercado.

Reconversión, competencia y señales sobre el nuevo clima económico

La explicación posterior de Lumilagro introdujo una definición central. La empresa planteó que adaptarse no es una opción ideológica, sino una condición de supervivencia. En ese marco, vinculó la reconversión con la apertura de locales propios, la fabricación de parte de sus productos y el crecimiento de sus áreas comercial, de diseño e ingeniería.

Traducido a clave de poder económico, el mensaje deja ver un desplazamiento. La firma no discute solamente cómo vender más; discute cómo seguir existiendo sin perder pie frente a la competencia. Y en ese punto, el episodio trasciende la anécdota de redes sociales. Muestra cómo una empresa local intenta reordenarse en un escenario donde las reglas del mercado, según su propia expresión, no las fija el sector privado.

El dato relevante es que la empresa buscó despegarse de una imagen de ajuste puro. Negó despidos y habló de retiros acordados. También proyectó que, si la reconversión funciona, podrá volver a generar empleo. No hay cifras ni plazos en el texto base para medir el alcance real de ese proceso, pero sí una señal concreta: Lumilagro ya no se presenta solo como fabricante, sino como una compañía que reorganiza su estructura para competir de otra manera.

El impacto político de un traspié que no quedó en lo digital

La repercusión del caso no se agotó en el repudio online. Lo que quedó expuesto fue una escena incómoda para el debate público: una marca emblemática asociada a la industria nacional terminó promoviendo a un competidor y después tuvo que explicar que lo hizo en medio de su propia crisis. Esa contradicción amplificó el costo reputacional.

En la correlación de fuerzas, el episodio fortalece una lectura crítica sobre el impacto de la competencia importada en las empresas locales, aunque el texto base no permite extender esa conclusión más allá de esta firma. Al mismo tiempo, deja a la empresa en una posición delicada frente a su propio público: debe convencer de que su reestructuración no implica retirada, sino una apuesta a seguir en el mercado con otro formato.

También hay una dimensión política más amplia. Cuando una firma industrial queda obligada a explicar públicamente su reconversión tras un escándalo de comunicación, lo que se pone en juego no es solo su estrategia de marca, sino la legitimidad social de los cambios que está ejecutando. En ese sentido, Lumilagro no discutió únicamente un error de redes: discutió el relato de su continuidad.

Un episodio menor en apariencia, pero revelador en su trasfondo

A primera vista, el caso puede leerse como un papelón en X. Sin embargo, el fondo del asunto sugiere algo más. La marcha atrás de Lumilagro dejó al descubierto la incomodidad de muchas empresas cuando deben adaptarse a un entorno competitivo que las obliga a modificar procesos, achicar costos o redefinir su modelo operativo, pero sin perder identidad frente al consumidor.

Lo que habrá que seguir en las próximas semanas es si la firma logra estabilizar su mensaje y transformar esa explicación de crisis en una narrativa de relanzamiento. También quedará por ver si su apuesta por locales propios, nuevas áreas y fabricación parcial alcanza para recomponer su posición sin profundizar el desgaste reputacional que dejó el episodio.

Porque a veces una crisis en redes no nace solo de un posteo mal calculado. A veces funciona como síntoma. Y en este caso, lo que asomó detrás del error fue una discusión más áspera: cómo se adapta una empresa tradicional cuando el mercado cambia más rápido que su lenguaje.

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Bahco deja de fabricar en Santa Fe y reconfigura su negocio en Argentina

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La decisión de Bahco de discontinuar la producción en su planta de Santo Tomé, Santa Fe, y reconvertir ese establecimiento en un nodo exclusivamente comercial, logístico y de servicio vuelve a poner sobre la mesa un movimiento que ya se repite en distintos sectores: multinacionales que dejan de fabricar en la Argentina, pero no se van del mercado. Esta vez, el impacto inmediato alcanza a aproximadamente 40 trabajadores, según informó la propia compañía, y deja una pregunta que excede a una sola firma: cuánto margen conserva la industria para sostener producción local en un contexto económico que empuja a las empresas a rediseñar su presencia sin romper del todo su vínculo con el país.

La medida fue comunicada por SNA Europe Argentina, administradora local de la marca, y marca un cambio estructural en el rol que tenía la planta santafesina dentro del esquema del grupo. Ya no fabricará herramientas. Seguirá operativa, pero bajo otra lógica. El dato es políticamente sensible porque no se trata de un cierre total ni de una retirada completa, sino de una mutación del modelo de negocios: menos industria, más importación, distribución y postventa. En términos de poder económico, eso también reordena la relación entre empleo, producción y mercado interno.

De planta fabril a base logística: qué cambia en Santo Tomé

La empresa informó que la actividad industrial en Santo Tomé quedará desactivada y que la producción será transferida a otras plantas del grupo. El establecimiento, sin embargo, continuará funcionando para sostener la distribución, las ventas y el servicio. Es un cambio de perfil que altera el lugar que ocupaba la sede dentro de la estructura productiva de la compañía.

En el comunicado oficial, la firma vinculó la decisión con “la necesidad de adaptar nuestro modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico”. Esa formulación, habitual en los anuncios corporativos, traduce una decisión concreta: la compañía considera que producir localmente dejó de ser la mejor ecuación para su operación en Argentina, aunque sí le resulta estratégico conservar presencia comercial.

El impacto sobre el empleo aparece como la consecuencia más directa. Los 40 colaboradores alcanzados por la reestructuración fueron notificados, de acuerdo con el texto de la empresa, el miércoles 18 de marzo. Bahco aseguró además que cumplirá con las obligaciones legales correspondientes. No hay, en el material base, detalles sobre indemnizaciones, retiros o eventuales reubicaciones, pero sí queda claro que la fabricación dejará de formar parte de la actividad del predio.

Una decisión empresaria con lectura industrial

El caso de Bahco se inscribe en una secuencia más amplia que ya muestra a distintas compañías reemplazando producción nacional por esquemas centrados en importación y distribución. No es un dato menor. Cuando una firma decide conservar marca, ventas y logística, pero desactivar la fábrica, el mensaje de fondo es que el mercado sigue siendo atractivo, aunque no necesariamente lo sea el proceso industrial local.

Ese punto vuelve relevante el anuncio más allá del establecimiento de Santo Tomé. La planta integraba desde hace años el entramado industrial de la región, por lo que su salida de la producción no solo afecta a los trabajadores involucrados de manera directa. También altera una pieza del tejido económico local y reduce densidad fabril en una provincia con peso histórico en la industria.

La empresa no habla de retiro ni de crisis terminal. Habla de reorganización. Pero en política económica las palabras importan menos que el sentido del movimiento. Y aquí el movimiento es claro: la producción se va a otras plantas del grupo, mientras Argentina conserva funciones de comercialización y abastecimiento. Es una racionalización empresaria que, al mismo tiempo, deja en evidencia el deterioro relativo de la competitividad industrial como plataforma de manufactura.

El mercado argentino sigue, la producción no

Bahco forma parte de un grupo internacional con presencia global, y sus productos se fabrican mayoritariamente en plantas propias en Europa. Ese dato ayuda a leer la decisión desde una lógica corporativa más amplia. El grupo no abandona la marca ni el mercado argentino; reubica la producción donde entiende que puede operar con mejores condiciones y deja en el país la etapa más cercana al cliente final.

Ahí aparece una diferencia clave. No estamos frente a una empresa que cierra y desaparece, sino ante una multinacional que conserva negocio, pero modifica la cadena de valor que desarrolla localmente. Para la economía regional y para la discusión industrial, esa diferencia importa: el consumo puede sostenerse, el canal comercial también, pero la pérdida de fabricación reduce empleo de calidad, capacidades productivas y peso industrial en el territorio.

La compañía remarcó que garantizará el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y postventa en todo el país. Es decir, busca transmitir continuidad hacia el mercado. El problema es que esa continuidad no evita el retroceso de la función productiva, que era precisamente el componente con mayor impacto sobre empleo e integración local.

Repercusiones: menos fábrica, más fragilidad en el frente industrial

El anuncio generó preocupación en el ámbito local por dos razones que se superponen. La primera es el empleo directo: los 40 trabajadores afectados concentran el impacto inmediato de la decisión. La segunda es más estructural y tiene que ver con el mensaje hacia el entramado productivo. Cada planta que deja de fabricar y pasa a un esquema de distribución confirma una tendencia que complica el frente industrial, incluso cuando la empresa insiste en que su negocio en Argentina seguirá activo.

En la correlación de fuerzas, este tipo de decisiones fortalece la lógica empresarial de centralizar producción en otras geografías y condiciona a los territorios que dependen de actividad fabril para sostener empleo y dinamismo económico. También deja a los actores locales con menos herramientas de negociación: cuando una firma no abandona el país pero sí la producción, el margen de presión pública baja, porque la compañía puede argumentar que mantiene operaciones y abastecimiento.

Desde el punto de vista económico, la decisión no incorpora en el texto base menciones a políticas públicas, incentivos o conflictos regulatorios específicos. Por eso la lectura debe mantenerse en ese límite: lo que se observa es una reestructuración empresaria en medio de un contexto donde otras firmas tomaron caminos similares. No hay elementos, en el material dado, para atribuir el cierre fabril a una sola causa puntual, pero sí para registrar que el “actual contexto económico” fue el argumento explícito utilizado por la empresa.

Una señal para mirar más allá de Santo Tomé

La historia de Bahco, nacida en 1892 y con una trayectoria de más de un siglo, agrega otra capa a la noticia. No se trata de una marca marginal, sino de una compañía con peso histórico en el mercado de herramientas. Que una firma de ese perfil decida resignar producción local y conservar solo la operación comercial no es un dato anecdótico. Funciona como síntoma de un cambio más profundo en la forma en que algunas multinacionales evalúan su permanencia en Argentina.

Lo que habrá que seguir en las próximas semanas no es solo la implementación concreta de esta reestructuración, sino el efecto espejo que pueda generar. Cada movimiento de este tipo reabre la discusión sobre cuántas plantas más pueden migrar hacia modelos de importación y distribución, y qué capacidad tiene el entramado industrial para resistir esa transición.

Por ahora, Bahco deja una señal nítida: el mercado argentino todavía merece presencia, pero la fábrica ya no ocupa el mismo lugar en esa ecuación. Lo que sigue en discusión es si ese corrimiento será un caso puntual o una pieza más de una tendencia que todavía no termina de mostrar toda su dimensión.

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Sin producción local, Argentina abre el mercado de importaciones de aislantes eléctricos

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El Gobierno nacional avanzó con una decisión que combina urgencia operativa y definición estratégica: el Ministerio de Economía resolvió levantar las medidas antidumping sobre la importación de aislantes eléctricos de porcelana desde China, Brasil y Colombia.

La medida, oficializada el 17 de marzo mediante la Resolución 345/2026, responde a un dato crítico: la producción local dejó de existir. Con la salida definitiva de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino SA (FAPA), el país quedó sin capacidad interna para abastecer un insumo clave de la red eléctrica. La decisión abre el mercado, pero también deja al descubierto una tensión mayor: ¿la apertura es una respuesta puntual o el síntoma de un cambio más profundo en la política económica?

El dato técnico es contundente. Los aislantes alcanzados por la norma —utilizados en líneas, transformadores y sistemas eléctricos— son indispensables para el mantenimiento y expansión de la infraestructura energética. Sin producción local, el riesgo de desabastecimiento dejó de ser una hipótesis.

De la protección a la apertura: el giro forzado por la ausencia de oferta local

La resolución del Ministerio de Economía de la Nación elimina por al menos seis meses las barreras que desde 2021 protegían a la industria local frente a importaciones a precios considerados desleales. Pero el contexto cambió: ya no hay industria que proteger.

La decisión se apoya en un argumento directo. FAPA, que había concentrado la producción nacional de estos insumos, cesó sus operaciones de manera definitiva, incluso con el remate de su maquinaria. En términos concretos, el esquema de protección perdió sentido económico: mantener el antidumping implicaba encarecer importaciones sin resguardar producción local ni empleo activo.

El efecto inmediato es la habilitación del ingreso de aislantes desde mercados externos para garantizar obras y mantenimiento del sistema eléctrico. En otras palabras, el Estado reemplaza protección por abastecimiento.

Impacto en la red eléctrica: evitar un cuello de botella operativo

La salida de FAPA no solo representa un dato industrial. Tiene consecuencias directas sobre la infraestructura energética. La falta de aislantes comprometía la ejecución de obras y el mantenimiento de redes, un punto sensible en un sistema que ya opera con restricciones.

La apertura de importaciones aparece, en este contexto, como una decisión defensiva para evitar un freno en la red eléctrica. El objetivo es garantizar continuidad operativa en un sector crítico, incluso a costa de resignar instrumentos de política industrial.

El dato que subyace es que la política económica empieza a priorizar la disponibilidad de insumos por sobre la protección sectorial, al menos en rubros donde la producción local ya no existe.

Tensión con la industria: apertura, costos y empleo

La medida se inscribe en una tendencia más amplia. El Gobierno viene avanzando en la reducción de barreras a la importación en distintos sectores, con el argumento de normalizar mercados y reducir costos. Sin embargo, ese proceso tiene un correlato político: la presión sobre el entramado industrial.

El cierre de FAPA —que llegó a emplear a 70 trabajadores— se suma a una lista de empresas que no lograron sostener su actividad en este nuevo contexto. La ecuación es conocida: apertura, competencia externa y dificultades para igualar costos.

En ese escenario, la decisión del Ministerio de Economía refuerza una señal hacia el sector productivo. La protección deja de ser un eje automático y pasa a depender de la viabilidad efectiva de cada actividad. Cuando esa viabilidad desaparece, la política pública se reorienta.

Esto no ocurre en un vacío político. La relación entre el Gobierno y sectores industriales ya muestra tensiones, con cuestionamientos cruzados sobre el impacto de la apertura en el empleo y la producción.

Un cambio de lógica: de proteger producción a garantizar funcionamiento

La eliminación del antidumping en este caso puntual marca un desplazamiento en la lógica de intervención estatal. Ya no se trata de sostener una industria que no está, sino de asegurar que el sistema funcione.

El movimiento tiene implicancias más amplias. Señala que, en determinadas condiciones, la política económica priorizará la eficiencia operativa del sistema —en este caso, la red eléctrica— por sobre la reconstrucción de capacidades industriales en el corto plazo.

Sin embargo, la medida es temporal. El plazo de seis meses deja abierta la posibilidad de revisión, lo que introduce un margen de flexibilidad en un contexto todavía inestable.

Entre la urgencia energética y la estrategia industrial

La decisión resuelve un problema inmediato, pero abre interrogantes hacia adelante. El primero es si la importación cubrirá de manera sostenida la demanda de estos insumos y en qué condiciones de costo.

El segundo, más estructural, es qué lugar ocupará la industria nacional en sectores estratégicos donde la producción se ha retraído o desaparecido. La experiencia de FAPA plantea una advertencia: una vez que se pierde capacidad productiva, la recuperación no es automática.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en cómo evoluciona el abastecimiento de la red eléctrica y si emergen nuevos casos similares en otros rubros. También en la reacción del sector industrial frente a una política que, en los hechos, empieza a redefinir prioridades.

La resolución del Ministerio de Economía no solo habilita importaciones. Expone una discusión de fondo que todavía no está cerrada: qué se protege, qué se abre y bajo qué condiciones en el nuevo esquema económico.

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Lumilagro redefine su modelo tras 85 años: menos industria, más importaciones

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La histórica fabricante argentina de termos Lumilagro atraviesa una de las transformaciones más profundas de su trayectoria. Tras más de ocho décadas de producción industrial, la empresa decidió apagar los hornos de su planta de Tortuguitas y discontinuar la fabricación local de ampollas de vidrio, en un giro estratégico que combina importaciones, diseño propio y fortalecimiento comercial.

El cambio se inscribe en un proceso de reconversión más amplio, marcado por la caída del consumo, el avance de productos importados -legales e ilegales- y una reconfiguración de la cadena de valor.

Fundada en 1941 por Eugenio Suranyi y hoy conducida por la cuarta generación familiar, la compañía supo ser líder regional en termos de vidrio. Sin embargo, el nuevo escenario obligó a replantear su esquema productivo. “La caída del 50% en las ventas es real”, reconoció el CEO Martín Nadler, quien además explicó que el apagado de hornos responde tanto a necesidades técnicas como a una menor escala de producción que ya no justifica su operación.

En ese marco, Lumilagro optó por un modelo híbrido: mantendrá en Argentina el ensamblado, la fabricación de carcasas y parte de la producción de termos de acero, mientras que componentes clave comenzarán a importarse desde Asia. Las ampollas de vidrio llegarán desde India y Vietnam, y los termos de acero inoxidable se producirán en China.

La reestructuración tuvo un fuerte impacto laboral. La planta de Tortuguitas pasó de 220 empleados en 2022 a cerca de 100 puestos entre directos e indirectos en la actualidad. En total, unos 170 trabajadores dejaron la empresa mediante esquemas de retiro voluntario.

Desde la firma sostienen que se trató de un proceso ordenado y sin despidos, aunque reconocen que fue una de las decisiones más complejas en la historia reciente de la compañía.

Uno de los factores clave detrás del cambio es el crecimiento del contrabando de termos, principalmente desde Bolivia y Paraguay. Según la empresa, estos productos -fabricados con acero de menor calidad- ingresan al país de forma ilegal y ganaron fuerte participación en el mercado.

“Antes de la pandemia, uno de cada diez termos era tóxico. Hoy es uno de cada cuatro”, advirtió Nadler. Estos productos, prohibidos por la ANMAT, compiten en precio con la producción nacional y generan distorsiones en el mercado.

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Se perdieron más de 106.000 puestos registrados en 2025 mientras crece el monotributo

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El mercado laboral argentino cerró 2025 con un dato que, en apariencia, sugiere estabilidad pero esconde un cambio profundo en la calidad del empleo. Según datos de la Secretaría de Trabajo basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el total de trabajadores registrados se mantuvo prácticamente sin variaciones interanuales, pero con una transformación significativa: el empleo asalariado cayó en más de 106.000 puestos mientras el trabajo independiente, especialmente el monotributo, creció con fuerza.

El dato central revela una mutación en la estructura laboral. El empleo asalariado —que incluye al sector privado, al sector público y al trabajo en casas particulares— retrocedió 1% interanual en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024. En números concretos, la economía perdió 106.200 puestos formales bajo relación de dependencia.

Al mismo tiempo, el trabajo independiente aumentó 3,8%, con 104.800 nuevos inscriptos. Esa expansión compensó estadísticamente la caída del empleo asalariado y evitó que el total de puestos registrados mostrara un descenso más marcado.

El resultado plantea una tensión que ya comienza a discutirse en el plano político y económico: el empleo formal no desaparece del todo, pero cambia de forma. Y en ese proceso, el peso del trabajo con menor protección laboral crece.

La caída del empleo asalariado y el impacto sectorial

El retroceso del empleo registrado bajo relación de dependencia se distribuyó en varios segmentos del mercado laboral.

El sector privado explicó la mayor parte de la contracción, con una caída interanual del 1,4% equivalente a 88.800 puestos menos. El empleo público también mostró retrocesos, aunque más moderados: bajó 0,5%, lo que representa 18.700 empleos menos.

El único segmento con estabilidad fue el trabajo en casas particulares, que registró una variación prácticamente neutra, con un leve aumento de 0,3%.

Los datos muestran que el problema no se concentra en un solo sector. El deterioro atraviesa tanto al empleo privado como al estatal, lo que sugiere un impacto más amplio del contexto económico.

La dinámica tampoco es reciente. Según la serie del SIPA, la destrucción neta de puestos comenzó en septiembre de 2023 y se profundizó durante 2024. Aunque hacia fines de ese año se observó una recuperación moderada, durante 2025 el mercado laboral volvió a mostrar señales negativas.

Entre junio y diciembre del año pasado, el empleo privado acumuló siete meses consecutivos de variaciones negativas. En ese período se perdieron 96.800 puestos.

Si se amplía la mirada temporal, el deterioro es más marcado: entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025 desaparecieron aproximadamente 150.000 empleos privados registrados.

Industria y comercio, los sectores más golpeados

El análisis sectorial revela que el impacto del ajuste económico se concentró en actividades intensivas en mano de obra.

Durante 2025 la industria perdió cerca de 40.000 puestos de trabajo registrados, la mayoría durante el segundo semestre del año. El comercio también mostró una caída significativa: desde mayo se redujeron 22.600 empleos.

El fenómeno no parece limitado a sectores tradicionalmente vulnerables. Incluso áreas consideradas beneficiarias del actual esquema económico —como agro, minería o intermediación financiera— destruyeron empleo durante el segundo semestre de 2025.

Ese comportamiento sugiere que la desaceleración laboral responde a un cuadro económico más amplio, marcado por la caída de la actividad y el ajuste fiscal.

El crecimiento del monotributo como amortiguador estadístico

El crecimiento del trabajo independiente aparece como el principal factor que evita una caída más pronunciada del empleo registrado total.

Durante 2025, el monotributo incorporó más de 104.800 trabajadores. Desde noviembre de 2023, el aumento acumulado alcanza 159.501 nuevos monotributistas.

Sin embargo, ese crecimiento también abre un debate sobre la calidad del empleo generado. En muchos casos, el monotributo funciona como un esquema laboral con menor estabilidad, menos protección social y sin las condiciones propias del empleo asalariado formal.

El fenómeno no es nuevo en el mercado laboral argentino, pero los datos recientes indican que se aceleró en el contexto del ajuste económico.

Un mercado laboral en transición

El balance de 2025 deja un diagnóstico ambiguo: el empleo registrado no colapsó en términos cuantitativos, pero sí experimentó un desplazamiento hacia modalidades laborales más flexibles.

Esa transformación ocurre en paralelo a una economía que todavía no logra consolidar una recuperación sostenida de la actividad.

El comportamiento del empleo en los próximos meses dependerá de dos variables centrales: la evolución del nivel de actividad y la capacidad de los sectores productivos de volver a generar empleo bajo relación de dependencia.

Por ahora, los datos sugieren un mercado laboral que se mantiene en pie, aunque con una estructura cada vez más distinta de la que existía apenas dos años atrás.

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