La implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) quedará en suspenso hasta que el proceso de desinflación esté “consolidado”. Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al referirse a la renuncia de Marco Lavagna como titular del INDEC, una salida que —según explicó— se produjo en “muy buenos términos” pero estuvo directamente vinculada a diferencias sobre los tiempos para aplicar el cambio metodológico. El episodio reabre el debate sobre la medición de la inflación, su impacto político y la credibilidad estadística en un contexto de ajuste macroeconómico y tensión financiera.
La renuncia de Lavagna y la decisión de postergar el nuevo IPC
La salida de Marco Lavagna del INDEC, organismo que conducía desde 2019, sorprendió al inicio de la semana y fue confirmada por el propio Caputo en una entrevista radial. El ministro reconoció que el motivo central fue la discrepancia sobre cuándo poner en marcha el nuevo IPC, cuya implementación estaba prevista para febrero de 2026.
“Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación esté consolidado”, explicó Caputo. Según detalló, cuando se definieron originalmente los plazos, la inflación mostraba una desaceleración que permitía prever un escenario más estable para este año. “En mayo, cuando estábamos en 1,5%, podíamos pensar que para enero íbamos a estar mejor”, señaló, aunque advirtió que luego “el ataque político tuvo implicancias en el riesgo país y la inflación”.
Desde el Ministerio de Economía sostienen que, tras ese episodio, la evolución de los precios “pegó un salto”, lo que llevó a replantear la estrategia. En ese marco, Caputo confirmó que el nuevo índice no se aplicará hasta que la baja inflacionaria sea sostenida, con el objetivo de evitar cuestionamientos sobre un eventual impacto estadístico en la desaceleración de los precios.
La metodología en debate y el trasfondo técnico
El nuevo IPC, basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018, se encuentra técnicamente listo desde fines de 2024. Sin embargo, su entrada en vigencia fue postergada en distintas oportunidades. De acuerdo con la información oficial, Lavagna había optado inicialmente por esperar a que pasaran las elecciones de medio término para evitar que una aceleración de precios condicionara el escenario político.
El inicio del nuevo cálculo estaba previsto para el martes 10 de febrero, junto con la difusión del dato de inflación de enero de 2026. No obstante, Caputo justificó la postergación al afirmar que “cambiarlo en el momento en que estás haciendo que todo caiga” podría generar la percepción de que la inflación baja no por el efecto de la política económica sino por un cambio en el índice.
El ministro también relativizó las diferencias entre ambas metodologías. Según indicó, las simulaciones realizadas por el propio Lavagna mostraban resultados similares: “Diciembre daba un poquito más abajo el nuevo. Enero lo mismo”. Incluso citó estimaciones privadas, como la del economista Martín González Rozada, que ubicaron la inflación en 33,6% frente al 31,5% que cerró el INDEC con la ENGHo 2003/2004, sin evidenciar un “recalentamiento” sustantivo del indicador.
El nuevo IPC prevé un mayor peso relativo de rubros como vivienda —que incluye servicios públicos—, transporte y comunicaciones, reflejando cambios en los patrones de consumo de los hogares.
Continuidad institucional y señales al mercado
Caputo insistió en que la salida de Lavagna fue “acordada” y sin conflictos personales, y confirmó que Pedro Lines, actual número dos del organismo, será el nuevo titular del INDEC. “Es un funcionario de excelente trayectoria e intachable. Está en el INDEC desde hace muchísimos años”, afirmó, al despejar dudas sobre la continuidad técnica del instituto.
Desde el punto de vista institucional, la decisión de mantener el IPC vigente busca preservar la credibilidad del proceso de desinflación y evitar lecturas políticas sobre los datos oficiales. Al mismo tiempo, el Gobierno envía una señal de cautela a los mercados, en un contexto donde el riesgo país y las expectativas inflacionarias siguen siendo variables sensibles.
“Estamos confiados que la inflación va a caer y no queremos dar lugar a que se diga que ocurrió porque tocamos el índice”, reiteró Caputo. La definición deja en claro que, por ahora, la prioridad oficial es consolidar la tendencia descendente de los precios antes de introducir cambios metodológicos que, aun siendo técnicamente consistentes, podrían generar ruido político y financiero.
