Inflación Argentina

ANSES oficializó subas de 2,58% y un bono de $70.000: mejora el ingreso mínimo

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El Boletín Oficial de la República Argentina publicó este viernes disposiciones clave de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y del Poder Ejecutivo. Las medidas impactan en el esquema de asignaciones familiares, los haberes jubilatorios y pensiones, y establecen un bono extraordinario para quienes perciben ingresos previsionales mínimos.

ANSES oficializa un incremento del 2,58% en los límites de ingresos y en los montos de las asignaciones familiares a partir de junio de 2026. La Resolución 146/2026 dispone que el ajuste alcanza a trabajadores en relación de dependencia de los sectores público y privado, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La actualización se basa en la movilidad establecida por el Índice de Precios al Consumidor Nacional (INDEC), garantizando que las prestaciones mantengan su valor real frente a la inflación. El incremento se aplicará sobre los valores vigentes y afecta tanto a los límites de ingresos familiares como a los montos de las asignaciones. Los cuadros con los nuevos rangos y montos estarán disponibles en los anexos oficiales publicados por ANSES.

La resolución establece que cuando un integrante del grupo familiar perciba ingresos superiores a $2.970.968, todo el grupo quedará excluido del cobro de asignaciones, aunque la suma total no supere el tope general. Además, se indica que la Asignación por Ayuda Escolar Anual solo se actualizará por movilidad una vez al año y que, en caso de decimales, los montos serán redondeados al número entero siguiente.

Nuevos valores mínimos y máximos en jubilaciones y pensiones

La Resolución 139/2026 de ANSES actualiza los valores de las prestaciones previsionales a partir de junio. El haber mínimo garantizado se fija en $403.317,99 para los jubilados y pensionados, mientras que el haber máximo asciende a $2.713.948,17. La base imponible mínima para aportes queda en $135.837,40 y la máxima en $4.414.652,38.

La normativa también establece los nuevos montos para la Prestación Básica Universal (PBU), que será de $184.499,57, y para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que asciende a $322.654,39. Estas cifras surgen de la aplicación de la fórmula de movilidad mensual basada en el INDEC. Además, se actualizan los índices para calcular las remuneraciones de quienes soliciten su prestación después del 1° de junio de 2026.

La resolución faculta a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas de ANSES para dictar las normas necesarias para su implementación. Los detalles y cuadros completos pueden consultarse en los anexos oficiales publicados junto con la disposición en el Boletín Oficial.

Bono extraordinario previsional para haberes mínimos

El Decreto 399/2026 del Poder Ejecutivo establece un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a abonarse durante junio de 2026. El beneficio alcanza a titulares de prestaciones contributivas y no contributivas a cargo de ANSES, incluidas jubilaciones, pensiones, la PUAM y pensiones graciables.

El bono será de$70.000 para quienes perciban el haber mínimo. Para quienes cobren un monto superior, el adicional será el necesario para alcanzar el total del haber mínimo más el bono. El pago se realizará a cada titular, sin importar la cantidad de copartícipes en el caso de pensiones, y no estará sujeto a descuentos ni computable para otros conceptos, según lo establece el decreto.

El decreto establece que el bono extraordinario previsional será abonado exclusivamente durante el mes de junio de 2026 a los titulares de las prestaciones detalladas, siempre que el beneficio se encuentre vigente al momento de la liquidación. La ANSES queda facultada para dictar normas aclaratorias y complementarias para implementar el bono.

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La inflación esperada vuelve a subir: los hogares proyectan 37,5% para los próximos doce meses

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La desinflación oficial convive con una señal menos cómoda en el frente de las expectativas: los hogares argentinos volvieron a corregir hacia arriba su previsión de inflación para los próximos doce meses. Según la Encuesta de Expectativas de Inflación del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, en mayo la inflación esperada por la población se ubicó en 37,5%, 3,5 puntos porcentuales por encima del registro de abril, cuando había sido de 34%.

El dato no implica solamente una variación estadística. En una economía donde la memoria inflacionaria sigue condicionando decisiones de consumo, precios, salarios y financiamiento, el nuevo aumento de las expectativas muestra que el proceso de normalización todavía enfrenta un escollo central: la credibilidad de la desaceleración futura.

La mediana, en cambio, se mantuvo sin cambios en 30%. Esa diferencia entre promedio y mediana sugiere que una parte de las respuestas más elevadas empujó hacia arriba el resultado general, aun cuando el valor central de la distribución no se modificó respecto del mes anterior. Es decir, no todos los hogares ajustaron su percepción con la misma intensidad, pero sí creció el peso de quienes esperan una inflación más alta.

Sebastián Auguste, director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, señaló que la medición de mayo muestra “una nueva suba en el promedio”, luego del incremento registrado en abril, mientras que la mediana permaneció estable. La encuesta fue realizada entre el 4 y el 19 de mayo, un período clave para captar el pulso social sobre precios después de los movimientos económicos de comienzos de mes.

El deterioro fue generalizado por regiones, aunque con diferencias importantes. El Gran Buenos Aires mostró el salto más fuerte: pasó de una inflación esperada de 35,6% en abril a 42,2% en mayo. En el Interior, el indicador avanzó de 33% a 35,4%, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió de 35,9% a 36,7%.

La brecha territorial es relevante. El mayor incremento en el Gran Buenos Aires puede leerse como una señal de mayor sensibilidad social frente al precio de los alimentos, tarifas, transporte y servicios básicos, componentes que golpean con más fuerza en los presupuestos familiares de ingresos medios y bajos. En el Interior, la suba fue más moderada, aunque también confirma que la expectativa de inflación no descendió en ninguna de las regiones relevadas.

La encuesta también muestra una fractura clara por nivel socioeconómico. En los hogares de mayores ingresos, la inflación esperada subió de 33,5% a 35,6%. En los hogares de menores ingresos, el salto fue mucho más pronunciado: de 35% a 41,7%. Como resultado, la brecha entre ambos grupos se amplió.

Ese punto es especialmente sensible desde el punto de vista económico y político. Los hogares de menores ingresos suelen tener menor capacidad de cobertura frente a la inflación, menor acceso a instrumentos financieros defensivos y mayor proporción de gasto destinado a bienes esenciales. Cuando ese segmento espera más inflación, la percepción de pérdida de poder adquisitivo tiende a volverse más intensa, aun cuando los índices oficiales muestren una desaceleración respecto de los picos previos.

El dato mensual ofrece un matiz distinto. La expectativa de inflación para los próximos 30 días se ubicó en 3,86% promedio, levemente por debajo del 3,93% registrado en abril. La mediana mensual se mantuvo en 3%. Esto indica que, en el cortísimo plazo, los hogares no perciben una aceleración inmediata, pero sí proyectan mayores tensiones acumuladas en el horizonte de un año.

La lectura económica es doble. Por un lado, la expectativa mensual relativamente estable puede reflejar cierta aceptación social de que la inflación corriente dejó atrás los niveles más altos. Por otro, el aumento de la expectativa anual muestra que la población todavía no descuenta una convergencia rápida hacia niveles bajos y sostenibles.

En términos de política económica, el dato plantea un desafío para el Gobierno. La baja de la inflación observada necesita convertirse en expectativa persistente para consolidar decisiones de inversión, consumo, crédito y negociación salarial. Si los hogares siguen proyectando inflación elevada, las conductas defensivas pueden demorar la estabilización: remarques preventivos, compras anticipadas, reclamos salariales más altos o mayor preferencia por cobertura cambiaria.

La encuesta de la Di Tella no mide inflación efectiva, sino expectativas. Pero en la Argentina esa variable tiene peso propio. Después de años de inflación alta, la confianza no se recompone solo con algunos meses de desaceleración. Requiere consistencia fiscal, monetaria, cambiaria y, sobre todo, una trayectoria de precios que resulte creíble para los hogares.

Mayo dejó, en ese sentido, una advertencia: la nominalidad puede estar bajando, pero la expectativa social todavía se resiste a acompañar plenamente. Y el mayor deterioro entre los hogares de menores ingresos confirma que la discusión inflacionaria sigue siendo, además de macroeconómica, profundamente distributiva.

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Economía licita deuda en pesos y dólares para sostener financiamiento y captar cobertura cambiaria

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El Gobierno convocó a una nueva licitación de instrumentos del Tesoro para el 27 de mayo con títulos en pesos, ajustados por inflación y bonos en dólares. La estrategia combina financiamiento de corto plazo, señales al mercado y búsqueda de estabilidad financiera en un contexto de fuerte seguimiento sobre reservas y tipo de cambio.

La Secretaría de Finanzas lanzó una nueva convocatoria para licitar instrumentos del Tesoro Nacional denominados en pesos y en dólares estadounidenses, en una operación prevista para el miércoles 27 de mayo que incluirá letras capitalizables, bonos CER, títulos dólar linked y bonos soberanos en moneda estadounidense.

La operación aparece en un momento sensible para la estrategia financiera del Gobierno nacional: sostener financiamiento en el mercado local, administrar vencimientos y mantener demanda por instrumentos públicos en medio de una economía todavía atravesada por tensiones cambiarias e inflación residual.

El menú financiero diseñado por Economía combina cobertura inflacionaria, cobertura cambiaria y deuda hard dollar, una señal que el mercado sigue de cerca para medir expectativas sobre tasas, reservas y estabilidad monetaria.

Qué instrumentos ofrecerá el Tesoro

La licitación incluirá ocho instrumentos distintos, distribuidos entre deuda en pesos y títulos vinculados al dólar.

Entre los instrumentos en pesos aparecen: una nueva LECAP con vencimiento el 15 de septiembre de 2026; dos BONCER ajustados por CER con vencimientos en marzo y septiembre de 2027; y un bono TAMAR a tasa variable con vencimiento en agosto de 2028. A eso se suman dos letras dólar linked: una con vencimiento en julio de 2026; otra en marzo de 2027.

El tramo más observado por el mercado será el de bonos en dólares estadounidenses: BONAR 2027 (AO27), y BONAR 2028 (AO28). Ambos deberán suscribirse exclusivamente en dólares.

El Gobierno busca pesos, dólares y señal política al mercado

La estructura de la licitación muestra una estrategia financiera múltiple.

Por un lado, el Tesoro intenta captar liquidez en pesos mediante instrumentos de corto y mediano plazo.

Por otro, ofrece títulos ajustados por CER y dólar linked para absorber demanda de cobertura frente a inflación y tipo de cambio.

Finalmente, vuelve a buscar financiamiento directo en dólares mediante reaperturas de BONAR.

El AO27 tendrá un tope de emisión de USD 200 millones en primera vuelta, mientras que el AO28 contará con un máximo inicial de USD 150 millones.

La operación incluirá además una segunda vuelta por adhesión para ambos bonos.

Cobertura cambiaria y tasas: la lectura del mercado

La presencia de nuevas letras dólar linked vuelve a mostrar que el Gobierno busca mantener instrumentos de cobertura cambiaria dentro del mercado formal.

Estos títulos permiten suscribir en pesos, pero ajustan capital según evolución del tipo de cambio oficial de referencia del Banco Central.

La decisión aparece alineada con un contexto donde el mercado sigue monitoreando: acumulación de reservas, ritmo de crawling peg, y sostenibilidad financiera del programa económico.

Al mismo tiempo, la continuidad de bonos CER refleja que la inflación todavía sigue siendo un componente central de las decisiones de inversión.

La licitación mantendrá el esquema de doble tramo: competitivo, y no competitivo. El tramo no competitivo estará limitado a: hasta VNO $50 millones para instrumentos en pesos; y hasta USD 50.000 para instrumentos en dólares.

La Secretaría de Finanzas precisó además que las ofertas deberán presentarse mediante agentes registrados ante la Comisión Nacional de Valores.

Financiamiento interno y presión sobre el mercado

La licitación funciona como un termómetro de confianza financiera.

Un buen nivel de adhesión permitiría al Tesoro renovar vencimientos y sostener financiamiento sin incrementar presión monetaria.

Por el contrario, tasas elevadas o baja demanda podrían reflejar mayor cautela del mercado respecto de inflación, tipo de cambio o sostenibilidad fiscal.

La operación también influye sobre: curvas de tasas, costo del crédito, y expectativas de devaluación.

La licitación del 27 de mayo funcionará como una prueba relevante para la estrategia financiera del Gobierno.

El resultado permitirá observar: apetito por deuda en pesos, demanda de cobertura cambiaria, capacidad de captar dólares, y percepción de riesgo sobre el programa económico.

La combinación de instrumentos muestra que el Ejecutivo todavía necesita equilibrar múltiples frentes al mismo tiempo: financiamiento, reservas, inflación y estabilidad cambiaria.

El comportamiento del mercado frente a esta licitación será uno de los indicadores más observados por bancos, fondos de inversión y sectores productivos en las próximas semanas.

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FMI aprueba la revisión del acuerdo y libera USD 1.000 millones para Argentina

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La aprobación de la segunda revisión del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional destrabó un desembolso inmediato de USD 1.000 millones, una señal política y financiera que fortalece la estrategia del Gobierno de Javier Milei para sostener la estabilización macroeconómica y evitar tensiones cambiarias en un año de mayor fragilidad política y menor margen fiscal.

El directorio del organismo validó el rumbo fiscal y monetario del equipo encabezado por Luis Caputo, aunque dejó una advertencia explícita: las reservas internacionales todavía siguen por debajo de las metas comprometidas y el programa continúa expuesto a riesgos externos y domésticos.

Para Misiones, el impacto excede la discusión financiera nacional. La señal del FMI influye directamente sobre tres variables sensibles para la economía provincial: tipo de cambio y competitividad fronteriza. Costo financiero y nivel de consumo. Y perspectivas exportadoras para yerba, madera y economía del conocimiento

Reservas, dólar y frontera: el verdadero termómetro

El desembolso permitirá reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina en un contexto donde el Gobierno busca consolidar la desaceleración inflacionaria sin una devaluación brusca.

Ese punto es especialmente sensible para Misiones por su condición de provincia fronteriza con Brasil y Paraguay. A diferencia del AMBA, la economía misionera convive diariamente con diferencias cambiarias y tributarias que alteran precios, consumo y rentabilidad comercial.

Las llamadas asimetrías fronterizas describen justamente esa diferencia estructural de costos, presión impositiva y valor cambiario entre países limítrofes. Cuando el peso se aprecia o el dólar se estabiliza artificialmente, el comercio misionero pierde competitividad frente a Encarnación o ciudades brasileñas.

Por eso, el aval del FMI tiene una lectura dual en la provincia: En el corto plazo, reduce el riesgo de una corrida cambiaria. Pero si el tipo de cambio continúa atrasándose frente a la inflación regional, puede profundizar la pérdida de competitividad del comercio local.

El organismo destacó que el Gobierno avanzó en una mayor flexibilidad cambiaria y en la acumulación de reservas, aunque reconoció que la meta de reservas netas no se cumplió a fines de 2025.

El mensaje político del FMI: respaldo con condiciones

El dato más relevante del comunicado no es solamente financiero. El Fondo explicitó respaldo político al rumbo reformista del Gobierno argentino.

La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, destacó los avances en desregulación económica, reformas laborales y cambios tributarios, además de pedir continuidad en el ajuste fiscal.

Pero también introdujo un elemento clave para las provincias: el fortalecimiento de los marcos fiscales provinciales y municipales.

Ese punto anticipa una discusión que impactará directamente sobre gobernadores e intendentes: presión para ordenar cuentas públicas, menor margen para gasto discrecional, y necesidad de sostener infraestructura con recursos propios.

Para Misiones, que históricamente reclama compensaciones por su condición fronteriza y baja participación relativa en coparticipación, el escenario puede tensionar aún más la relación financiera con la Nación.

Aunque el FMI destacó la desaceleración inflacionaria y la reducción de la pobreza, el impacto real sobre el consumo todavía es heterogéneo.

Si la estabilización logra reducir inflación sin salto cambiario, podría mejorar gradualmente el crédito al consumo y la previsibilidad comercial. Pero si el ajuste fiscal continúa deprimiendo ingresos y actividad, el comercio fronterizo seguirá bajo presión.

El dato que sigue de cerca el empresariado local es otro: cuánto tiempo puede sostenerse este esquema sin una nueva tensión cambiaria.

El Banco Central acelera compras y busca sostener confianza

El comunicado llega mientras el Banco Central acumula compras récord de divisas. Según los datos oficiales, la autoridad monetaria ya superó los USD 8.800 millones acumulados desde enero y mantiene una extensa racha de saldo positivo en el mercado cambiario.

Ese proceso es central para el FMI porque las reservas funcionan como respaldo frente a eventuales shocks financieros o políticos. Sin embargo, el organismo dejó claro que la estabilidad todavía depende de: mantener superávit fiscal, sostener acumulación de reservas, continuar reformas estructurales, y recuperar acceso genuino a mercados internacionales.

El desembolso de USD 1.000 millones no modifica por sí solo la economía real de Misiones, pero sí reduce un riesgo inmediato: una nueva crisis cambiaria de corto plazo.

La pregunta de fondo para el sector productivo provincial pasa por otro lado: si el programa económico podrá sostener estabilidad sin deteriorar competitividad regional en una provincia donde frontera, logística y presión fiscal pesan más que en el centro del país.

El próximo trimestre será determinante para medir si la baja inflacionaria comienza a traducirse en recuperación del consumo y crédito productivo, o si la estabilidad macro queda limitada al frente financiero mientras persiste la fragilidad de la economía real.

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Misiones actualizó el precio del Ahora Pan tras ocho meses sin cambios: el kilo costará hasta $2.800

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El Gobierno de Misiones confirmó una actualización en el valor de referencia del programa Ahora Pan, que pasará a fijar un precio máximo de hasta $2.800 por kilo de pan francés o similar hasta el próximo 15 de junio, fecha en la que volverán a revisarse las condiciones del esquema.

La modificación representa el primer incremento del programa tras ocho renovaciones mensuales consecutivas sin cambios en el valor de referencia. La última actualización había sido aplicada a mediados de septiembre del año pasado.

Desde la Provincia remarcaron que la continuidad del programa se sostiene mediante un trabajo articulado con las cámaras empresariales nucleadas en el Centro de Industriales Panaderos de Misiones, con quienes se mantiene un esquema de diálogo permanente para amortiguar el impacto de los costos sobre el precio final.

En ese marco, el Gobierno provincial recordó que las panaderías adheridas continúan recibiendo una bonificación del 50% en las boletas de energía eléctrica, una medida orientada a sostener la competitividad del sector y evitar un traslado mayor de costos al consumidor.

El programa Ahora Pan forma parte de los Programas Ahora impulsados por la Provincia para estimular el consumo interno y proteger el poder adquisitivo de los hogares misioneros. En un contexto de inflación persistente y aumentos generalizados en alimentos, desde el Ejecutivo señalaron que Misiones mantiene uno de los precios del pan más bajos del país.

Actualmente, según referencias oficiales, el kilo de pan en Argentina oscila entre $3.500 y $4.000 promedio, por lo que el valor acordado en Misiones se ubica sensiblemente por debajo de la media nacional.

El listado de comercios adheridos puede consultarse en Programas Ahora Misiones.

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