INFRAESTRUCTURA

Cómo crear empleos para los 1200 millones de nuevos trabajadores del mundo

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El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga advierte por una brecha de 800 millones de empleos y lleva el debate al G7 y el G20. Banga plantea que el desafío demográfico es económico y de seguridad nacional

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, puso sobre la mesa una cifra que reconfigura la agenda global: en los próximos 10 a 15 años, 1200 millones de jóvenes de países en desarrollo alcanzarán la edad laboral, pero las tendencias actuales indican que solo se crearán unos 400 millones de empleos. La brecha potencial de 800 millones no es, según su planteo, un problema sectorial ni una consigna de desarrollo; es un desafío económico estructural y, cada vez más, de seguridad nacional.

El diagnóstico adquiere relevancia política en un calendario marcado por foros internacionales. Tras pasar casi inadvertido en la última reunión de Davos, el tema podría emerger con mayor fuerza en la Conferencia de Seguridad de Múnich y en las cumbres del G7 y el G20. La tensión es clara: ¿los líderes priorizarán las crisis inmediatas o asumirán una “fuerza de baja frecuencia” que, si se ignora, puede derivar en inestabilidad sistémica?

Demografía, empleo y arquitectura institucional

Banga enmarca el fenómeno dentro de transformaciones de largo plazo como los cambios demográficos, la globalización y la escasez de recursos. A diferencia de guerras o crisis financieras —que dominan titulares—, el crecimiento acelerado de la población joven en economías en desarrollo avanza sin estridencias, pero con impacto acumulativo.

El planteo institucional del Grupo Banco Mundial se estructura en tres pilares. Primero, crear infraestructura física y humana. Sin electricidad confiable, transporte, educación y salud, la inversión privada no se traduce en empleo. El ejemplo citado es un centro de formación en Bhubaneswar, India, que capacita a casi 38.000 personas al año en alianza con el Gobierno y el sector privado, alineando habilidades con demanda real del mercado.

Segundo, promover un entorno regulatorio previsible. Normas claras y marcos estables reducen incertidumbre y habilitan la expansión de empresas, especialmente microemprendimientos y pymes, responsables de la mayor parte del empleo.

Tercero, facilitar crecimiento empresarial mediante capital accionario, financiamiento, garantías y seguros contra riesgos políticos. Se menciona un esquema reciente de garantía para financiamiento comercial del Banco do Brasil, que libera aproximadamente USD 700 millones para pequeñas compañías brasileñas, en particular del sector agrícola.

La estrategia focaliza en cinco sectores con alto potencial de empleo: infraestructura y energía, agroindustria, atención primaria de la salud, turismo y manufacturas con valor agregado. No se trata de una expansión indiscriminada, sino de asignación selectiva de recursos limitados.

Impacto político y correlación global

La advertencia tiene implicancias directas para la gobernabilidad de los países en desarrollo. Si 1200 millones de jóvenes ingresan al mercado laboral y solo 400 millones encuentran empleo, la presión sobre instituciones, migración irregular y conflictos se vuelve previsible. El empleo funciona como amortiguador social.

Para economías desarrolladas, el razonamiento es pragmático. Hacia 2050, más del 85 % de la población mundial vivirá en países en desarrollo. Eso implica la mayor expansión histórica de fuerza laboral y, al mismo tiempo, del universo de consumidores y mercados. Desde esta óptica, invertir en empleo no es altruismo; es una apuesta por estabilidad de cadenas de suministro, reducción de presiones migratorias y ampliación de demanda global.

El sector privado aparece como actor central. La creación de empleo a gran escala depende de su capacidad de inversión. El rol de las instituciones de desarrollo, según el planteo, es reducir riesgos reales y percibidos para catalizar capital.

La correlación de fuerzas en foros como el G7 y el G20 será clave. Si las potencias priorizan seguridad tradicional sobre seguridad económica y social, el desafío puede quedar relegado. Si lo incorporan como eje estratégico, el financiamiento y las reformas regulatorias podrían acelerarse.

Un dilema de anticipación

La tesis es sencilla pero exigente: actuar temprano o enfrentar consecuencias acumuladas. La expansión demográfica no es una hipótesis; es una proyección basada en tendencias firmes. El interrogante es político.

En los próximos meses habrá que observar si los compromisos multilaterales incorporan metas concretas de generación de empleo, si se amplían garantías financieras y si los países en desarrollo adoptan reformas regulatorias que faciliten inversión privada.

La decisión no es sobre si la demografía moldeará el futuro. Eso ya ocurre. La discusión gira en torno a si la comunidad internacional convertirá esa presión en motor de crecimiento o permitirá que derive en inestabilidad. En ese margen se juega buena parte del equilibrio económico y político de las próximas décadas.

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Stelatto: “Mantener una ciudad es tan exigente como construirla”

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En la apertura del período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, eligió comenzar por donde entiende que empieza toda gestión pública responsable: la defensa irrestricta de la democracia. No fue una mención protocolar. A pocos días de cumplirse 50 años del último golpe cívico-militar, el jefe comunal enmarcó su discurso en una advertencia política y ética: “Nunca Más una Argentina sin Democracia”.

El mensaje no fue retórico. En un clima nacional atravesado por tensiones institucionales y discursos de confrontación, Stelatto reivindicó el Estado de Derecho como límite al poder y garantía de convivencia. Habló de resistir los discursos de odio, de preservar la libertad de expresión sin convertirla en herramienta de división, y de asumir el “contrato democrático” como un compromiso activo: proteger derechos individuales y atender el bienestar general.

Desde ese punto de partida, el intendente hilvanó un discurso que combinó principios, números y una línea política clara: sostener y eficientizar la ciudad en un contexto de ajuste nacional y retracción de recursos.

“El retiro de recursos directos e indirectos destinados a la administración de las ciudades y a la atención de los vecinos que venían de programas e impuestos recaudados por la Nación, y el desigual crecimiento económico que no ha derramado hacia ciudades de frontera como la nuestra, dejaron a las administraciones locales en la dificultad de atender áreas esenciales como obras públicas, servicios de saneamiento urbano, atención de la salud o políticas de contención social, con menos herramientas”, describió. 

“No dudamos a la hora de tomar decisiones difíciles para hacer más eficiente la gestión, maximizando la austeridad y el impacto directo de nuestras acciones en beneficio de los vecinos. Lo hicimos con plena confianza en la capacidad de nuestra ciudad para salir adelante, crecer y generar prosperidad, a través de la profundización de la alianza entre Estado y comunidad, que está en la base de las estrategias de las sociedades que en el mundo han alcanzado el desarrollo y los máximos estándares de calidad de vida”, remarcó. Stelatto confirmó una reducción del 40% en la cúpula del Ejecutivo local: de 12 a 7 secretarías, con eliminación de direcciones generales y direcciones, sin afectar la planta de trabajadores operativos.

La decisión, explicó, no fue simbólica sino estructural: menos jerarquías, más eficiencia administrativa y ahorro operativo en un escenario donde -según señaló- “a los municipios nunca se les pidió tanto y se les brindó tan poco”.

El plan de ajuste no implicó despidos en la planta operativa, sino una reorganización funcional para ganar agilidad. La señal política es evidente: ajustar la estructura jerárquica para sostener los servicios esenciales.

Ese proceso se complementó con la eliminación de 13 tasas municipales y del canon de venta de bebidas alcohólicas, en una apuesta por aliviar la carga sobre comerciantes y contribuyentes en un contexto económico difícil. La digitalización fue el instrumento clave de la modernización: más de 34.000 expedientes se tramitan íntegramente en formato digital, se implementó el Boletín Oficial Digital y se simplificaron los derechos de construcción, pasando de 30 categorías a solo 4. El resultado fue concreto: reducción de más del 60% en tiempos de tramitación y un incremento del 120% en trámites aprobados.

En materia de habilitaciones comerciales, el cambio fue sustantivo: de 48 días promedio a apenas tres días para actividades de bajo riesgo. Durante 2025 se tramitaron 2.036 habilitaciones, 721 de ellas nuevas aperturas. En un escenario de retracción económica, el dato adquiere peso político: más emprendimientos que apuestan por la ciudad.

El intendente no eludió el condicionante estructural de Posadas como ciudad de frontera. El paso Posadas–Encarnación registró más de 8,5 millones de cruces en el último dato publicado, una circulación anual equivalente a 26 veces la población del municipio. A ello se suman asimetrías tributarias significativas entre Argentina y Paraguay. 

“A las asimetrías económicas propias de la política cambiaria de cada país, y los niveles de informalidad de cada margen de la frontera, se suma la dispar presión tributaria; en Paraguay representa el 14,5 % del PBI, mientras que en Argentina asciende al 27,6 % del PBI, es decir, casi el doble. Pero acá viene lo más importante: en esa carga tributaria los impuestos nacionales representan el 83 % del total, y no todos son coparticipables, siendo el impacto de los impuestos municipales absolutamente marginal. En resumen, los municipios tenemos muy poco margen de acción para atender este fenómeno, pero cargamos con las consecuencias en la actividad económica y los niveles de empleo de nuestra ciudad”, detalló.

La conclusión fue directa: el margen fiscal municipal es limitado, pero el impacto económico recae sobre la ciudad. Por eso, sostuvo, cada peso debe administrarse con criterio.

En infraestructura, el mensaje fue de continuidad en tiempos de restricción. En 2025 se ejecutaron 263 cuadras de pavimento, más de 19.000 toneladas de asfalto, 145 cuadras de cordón cuneta, obras pluviales, veredas y mantenimiento integral de 270 espacios públicos. Sin embargo, la frase que condensó la visión estratégica fue otra: “Mantener una ciudad es tan exigente como construirla”.

No se trata solo de inaugurar obras, sino de sostenerlas. El bacheo permanente, el mantenimiento de playas como Costa Sur y El Brete, la preservación del Parque de la Ciudad, la limpieza urbana sistemática y el alumbrado público -con 7.600 nuevas luminarias LED instaladas en 2025 y más de 50.000 desde 2020- forman parte de esa lógica de consolidación. La modernización semafórica en 280 intersecciones redujo fallas y mejoró la circulación. La renovación integral de la Terminal de Ómnibus elevó estándares para 380.000 usuarios mensuales. La red de ciclovías ya alcanza 53 kilómetros y cubre al 68% de los barrios.

Entre los hitos institucionales destacó la sanción del nuevo Código de Edificación, que reemplaza una normativa vigente desde 1980. El intendente lo definió como un “contrato urbano”: reglas claras, criterios ambientales actualizados, accesibilidad, simplificación administrativa y mayor transparencia. Se suman ordenanzas que permiten regularizar superficies no declaradas o antirreglamentarias, otorgando seguridad jurídica a propietarios y desarrolladores. Es, en términos políticos, una señal de ordenamiento territorial y previsibilidad.

La estrategia de Ciudad Turística también exhibe cifras contundentes: más de 350.000 visitantes en 2025, 670.000 pernoctes, 233 eventos y un impacto económico estimado en 103.000 millones de pesos. La ocupación hotelera promedió el 53%, con picos superiores al 85% en temporada alta. Cultura, eventos y espacio público se integran como motor económico autónomo, menos dependiente de transferencias nacionales.

La agenda ambiental y de forestación acompañó esa visión de largo plazo: más de 6.000 árboles plantados en el año, 31.610 plantas producidas en vivero municipal, 1.360 toneladas recicladas en el Centro Verde, 12 EcoPuntos activos y 22 kilómetros de ribera saneados. La forestación fue presentada como política climática y sanitaria, no meramente ornamental.

En el plano social, la red de salud municipal realizó 41 operativos integrales, más de 41.000 determinaciones de laboratorio y 17.000 controles de alcoholemia. Se sostuvieron 5.600 raciones semanales en comedores, intervenciones en más de 800 casos de vulneración de derechos de niños y adolescentes y políticas de inclusión como el CIMPA, centro de referencia en evaluación de trastornos del espectro autista.

El cierre volvió al punto de partida: la democracia como valor estructural. Stelatto agradeció el acompañamiento provincial, pero subrayó que el mandato central proviene de los vecinos. “Esta gestión les rinde cuentas con humildad. Porque eso es la Democracia”, sostuvo visiblemente emocionado, tras mencionar el respaldo de su familia y de los vecinos, además de destacar la buena atención recibida en el hospital Madariaga, donde fue internado hace unos pocos días.

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Ucrania necesitará casi tres PBI para reconstruirse: nuevo informe del Banco Mundial y la UE

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Cuatro años después de la guerra con Rusia, la nueva Evaluación Rápida de Daños y Necesidades (RDNA5) estima que la recuperación y reconstrucción de Ucrania demandará casi USD 588.000 millones en la próxima década. La cifra —equivalente a más de EUR 500.000 millones— representa casi tres veces el PIB nominal proyectado para 2025 y expone la magnitud fiscal, económica e institucional del desafío.

La evaluación, publicada de manera conjunta por el Gobierno de Ucrania, el Grupo del Banco Mundial, la Comisión Europea y las Naciones Unidas, releva 46 meses de impacto —entre febrero de 2022 y diciembre de 2025— y actualiza el mapa sectorial de daños, pérdidas y necesidades. El informe no sólo cuantifica destrucción física: también delimita prioridades de política pública, reformas estructurales y condiciones para movilizar inversión privada.

Daños acumulados y sectores críticos: energía, transporte y vivienda concentran el impacto

Al 31 de diciembre de 2025, los daños directos superan los USD 195.000 millones (EUR 166.000 millones), frente a los USD 176.000 millones (EUR 150.000 millones) estimados en la RDNA4 de febrero de 2025. Es decir, en menos de un año el daño relevado aumentó en casi USD 19.000 millones.

Los sectores más afectados son:

  • Transporte: más de USD 96.000 millones (EUR 82.000 millones) en necesidades de reconstrucción.
  • Energía: casi USD 91.000 millones (EUR 77.000 millones).
  • Vivienda: casi USD 90.000 millones (EUR 77.000 millones).
  • Comercio e industria: más de USD 63.000 millones (EUR 54.000 millones).
  • Agricultura: más de USD 55.000 millones (EUR 47.000 millones).

Además, la gestión del riesgo de explosivos y la remoción de escombros demandan casi USD 28.000 millones (EUR 24.000 millones).

En el frente energético, el informe registra un aumento aproximado del 21% en activos dañados o destruidos desde la RDNA4, incluyendo generación, transmisión, distribución y calefacción urbana. El transporte también se deterioró: las necesidades crecieron alrededor del 24% por la intensificación de ataques a ferrocarriles y puertos durante 2025.

En vivienda, al cierre de 2025, el 14% del parque habitacional resultó dañado o destruido, afectando a más de tres millones de hogares. La concentración geográfica de daños se mantiene en provincias de primera línea y grandes áreas metropolitanas.

“Cuatro años después de la invasión a gran escala de Rusia, el costo total de la reconstrucción y recuperación de Ucrania se estima en casi 588.000 millones de dólares durante la próxima década, casi el triple del PIB nominal proyectado para 2025”, afirmó la primera ministra Yulia Svyrydenko. Y agregó: “La asistencia nos ayuda a reparar urgentemente nuestra infraestructura crítica para mantener el país en funcionamiento, así como a continuar con las actividades de recuperación sistemáticas”.

Financiamiento inmediato y rol del sector privado: reformas como condición para la inversión

Para 2026, el Gobierno de Ucrania prevé ejecutar más de USD 15.000 millones en proyectos de inversión pública y programas esenciales, incluyendo financiamiento de viviendas destruidas, desminado y apoyo económico multisectorial. Desde febrero de 2022, ya se habrían cubierto al menos USD 20.000 millones mediante reparaciones urgentes y recuperación temprana en sectores estratégicos.

Sin embargo, la magnitud del esfuerzo excede con creces la capacidad fiscal doméstica. En este punto, el informe enfatiza el papel del sector privado y la necesidad de reformas estructurales. La RDNA5 sostiene que liberar el potencial de inversión —nacional e internacional— dependerá de:

  • Mejoras en el entorno empresarial.
  • Fortalecimiento de la competencia.
  • Ampliación del acceso al financiamiento.
  • Superación de restricciones laborales.
  • Alineamiento con estándares verdes y digitales de la Unión Europea.

Anna Bjerde, Directora Gerente de Operaciones del Banco Mundial, subrayó: “El Grupo Banco Mundial mantiene su firme compromiso de apoyar la recuperación y reconstrucción de Ucrania y de ayudar a su población a progresar con empleos, oportunidades y esperanza en una economía resiliente, moderna y competitiva”.

La dimensión institucional aparece como eje transversal. La evaluación complementa la agenda de reforma e inversión del Mecanismo para Ucrania y el proceso de adhesión a la UE, integrando programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial. La estrategia económica posguerra —denominada Economía Ucraniana del Futuro (UEF)— se centra en estabilidad macrofiscal, gobernanza, estado de derecho, dinamismo privado e inversión en capital humano.

Reconstrucción, convergencia europea y resiliencia social

El volumen de USD 588.000 millones redefine cualquier parámetro comparativo regional. Representa casi tres veces el PIB nominal proyectado para 2025 y consolida a Ucrania como el mayor programa de reconstrucción en Europa en décadas.

Desde el punto de vista macroeconómico, el desafío es doble. Por un lado, sostener el funcionamiento del Estado y los servicios esenciales en contexto de conflicto. Por otro, diseñar una arquitectura financiera que combine ayuda multilateral, financiamiento concesional, inversión privada y reformas estructurales.

La dimensión social tampoco es marginal. Matthias Schmale, Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en Ucrania, afirmó: “El recurso más importante de Ucrania es su gente. El retorno de los refugiados, la reintegración de los veteranos y la participación de las mujeres en la fuerza laboral determinarán la recuperación económica tanto como los flujos de capital y la reconstrucción de la infraestructura”.

En consecuencia, la reconstrucción no se limita a infraestructura física. Implica reconstruir capital humano, fortalecer instituciones y garantizar sostenibilidad fiscal y ambiental. La convergencia con la Unión Europea aparece como ancla estratégica de mediano plazo, tanto para reformas regulatorias como para la atracción de inversión.

En síntesis, la RDNA5 no sólo actualiza cifras: redefine el mapa de prioridades económicas y políticas para la próxima década. El desafío financiero es monumental, pero el componente institucional —reformas, gobernanza y confianza— será determinante para transformar destrucción en oportunidad de convergencia y modernización.

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La ANPyN extendió el descuento del 16,7% en el peaje del Canal Martín García

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso una nueva bonificación del 16,7% en la tarifa de peaje para los buques que utilicen el Canal Martín García, en el tramo comprendido entre las Secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal. La medida, formalizada por la Resolución 6/2026, rige desde el 3 de febrero de 2026 y por 40 días corridos, y busca preservar las condiciones de navegabilidad y ordenar el tráfico en un corredor estratégico para el comercio exterior argentino.

Marco normativo y continuidad de la política de bonificaciones

La resolución se inscribe en una secuencia regulatoria iniciada con los Decretos 427/2021, 699/2024 y 709/2024, que definieron el esquema de concesión, declararon servicio público a las actividades de dragado, balizamiento y control hidrológico, y habilitaron el llamado a licitación bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje y/o servicio público conforme a la Ley 17.520.

Posteriormente, el DNU 3/2025 creó la ANPyN como ente autárquico, con personería jurídica y capacidad para actuar en el derecho público y privado, y la estableció como continuadora jurídica de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. En ese marco, la Agencia asumió las facultades de Autoridad de Aplicación y Control del contrato de modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, que se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná (Confluencia) hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior, incluyendo el Canal Ingeniero Emilio Mitre y los tramos Paraná de las Palmas, Bravo, Guazú, Talavera y Paraná–Océano Atlántico.

La bonificación ahora prorrogada da continuidad a las establecidas por las Resoluciones 56/2025 y 65/2025, y a su renovación por Resolución 1/2026, que habían fijado el mismo descuento por plazos acotados. El vencimiento de ese esquema y la evaluación de resultados motivaron la nueva extensión temporal.

Alcance operativo y objetivos de la medida

La bonificación del 16,7% se aplica en ambos sentidos del tramo Sección 0.0 a Sección 1.2 del contrato vigente, exclusivamente para buques que utilicen el Canal Martín García. Según los considerandos, el objetivo central es mantener las condiciones de navegabilidad y optimizar el ordenamiento del tráfico en el Río de la Plata, en un contexto de reordenamiento de las actividades de mantenimiento y control hidrológico.

Desde el punto de vista institucional, la medida reafirma el rol de la ANPyN como autoridad técnica y regulatoria, al tiempo que articula con la Administración General de Puertos S.A.U. (en liquidación), que tomó intervención en el proceso. La decisión se adoptó con la intervención del servicio jurídico permanente, y se dictó en ejercicio de las facultades conferidas por el DNU 3/2025.

Impacto y proyección

En términos económicos, la prórroga del descuento reduce costos operativos para los buques que transitan el canal bonificado, con impacto directo en la competitividad logística del sistema fluvial y marítimo. Al tratarse de un corredor clave para la salida de cargas, la medida puede mejorar la previsibilidad de costos en el corto plazo y evitar desvíos de tráfico hacia rutas alternativas más onerosas.

La naturaleza temporal —40 días corridos desde el 3 de febrero de 2026— deja abierta la evaluación de nuevas prórrogas o ajustes en función de los resultados operativos y del avance del proceso licitatorio y de transición del contrato de concesión. En ese sentido, el esquema de bonificaciones aparece como una herramienta de gestión transitoria, alineada con el objetivo de regularidad, continuidad y eficiencia del servicio público de la Vía Navegable Troncal.

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Puente San Javier–Porto Xavier, avanzan los pasos técnicos para iniciar la obra binacional

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Misiones y autoridades del sur de Brasil avanzaron en una reunión binacional clave para poner en marcha la fase operativa del puente internacional San Javier–Porto Xavier, una obra ya aprobada que ingresa ahora en la etapa técnica y administrativa previa al inicio de los trabajos. El encuentro marcó un punto de inflexión: dejó atrás el plano de los anuncios y se concentró en los procedimientos concretos —ambientales, territoriales y logísticos— necesarios para pasar a la ejecución de un proyecto estratégico para la integración regional, el comercio y el desarrollo local.

De la planificación a la ejecución: una agenda técnica decisiva

La reunión permitió ordenar una agenda técnica y administrativa orientada a destrabar los últimos pasos antes del inicio de obra. El puente, que será financiado por el gobierno de Brasil, se consolidó a lo largo de los años mediante gestiones sostenidas, agendas bilaterales y trabajo institucional entre el Gobierno de Misiones, los municipios involucrados y organismos del país vecino. Este nuevo avance responde al impulso del Estado misionero y de los intendentes de la provincia, que mantuvieron activo el proyecto y promovieron de manera constante las instancias necesarias para alcanzar esta etapa de concreción.

Participaron del encuentro el ministro coordinador de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori; el jefe de Asesores del gobernador Hugo Passalacqua, Eduardo Morales Lezica; los intendentes de San Javier y Porto Xavier, Matías Vilchez y Gilberto Menin; y autoridades locales y provinciales, entre ellos el viceintendente de San Javier, Víctor Rafael Cabrera; el concejal Duilio Sosa; asesores del Ejecutivo y representantes de Vialidad. Por el lado brasileño, asistió el secretario de Desarrollo y Turismo de Porto Xavier, Ovidio Kaiser.

También estuvieron presentes representantes del consorcio empresario vinculado al proyecto, encabezado por Rivoli Costruttora, empresa de capitales italianos que lidera el conjunto de cinco firmas seleccionadas por el gobierno brasileño para ejecutar la obra. La participación de los equipos técnicos permitió delinear el trabajo conjunto en territorio y organizar las próximas instancias operativas.

Puntos técnicos: licencias ambientales, relocalizaciones y accesos

Durante el encuentro se abordaron los ejes técnicos que permitirán pasar de la planificación al inicio efectivo de obra. Entre los puntos centrales figuraron el avance de los trámites de licenciamiento ambiental, la definición de áreas sensibles y los procesos de relocalización, así como la planificación de accesos y obras complementarias en ambas cabeceras del futuro viaducto.

En particular, se analizó la situación de los terrenos involucrados, con foco en sectores destinados a áreas aduaneras y de servicios. Allí será necesario avanzar en relevamientos, delimitaciones y eventuales procesos de indemnización. De acuerdo con los primeros estudios, el área afectada comprende a un grupo acotado de familias asentadas en zonas de expansión urbana, lo que obliga a articular mecanismos de relocalización y compensación dentro de los marcos técnicos y administrativos correspondientes.

Asimismo, se puso en común el estado de los trámites ambientales en Brasil, donde ya se trabaja sobre estudios y protocolos desarrollados en instancias anteriores del proyecto. Esta base técnica previa optimiza tiempos y acorta etapas, con impacto directo en el calendario general de la obra. En paralelo, se avanzó en criterios de coordinación institucional para ordenar procedimientos entre ambos países.

Impacto regional y expectativas: conectividad, empleo y logística

El ministro coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, destacó el avance del proyecto y expresó su optimismo respecto al inicio próximo de las obras. “Esto promueve el desarrollo local de ambas ciudades, tanto del lado argentino como del brasileño. Fortalece la conectividad y abre la puerta a la generación de nuevos puestos de trabajo”, afirmó.

En la misma línea, subrayó que “se genera una enorme expectativa, porque el impacto no será solo directo sobre el comercio, sino también indirecto, a partir del crecimiento de nuevas dinámicas logísticas que resultan clave para consolidar y potenciar toda la región. Es sin dudas un avance importante para San Javier y toda la provincia será beneficiada”.

El puente San Javier–Porto Xavier es considerado estratégico para la integración regional y el desarrollo económico y turístico. Además de mejorar la conectividad entre Misiones y el estado de Río Grande do Sul, el viaducto se proyecta como una nueva vía para el intercambio comercial, la circulación de personas y la articulación logística entre ambos países. La actual fase técnica consolida un proceso con múltiples etapas previas —estudios, gestiones diplomáticas y acuerdos institucionales— y enfoca los próximos pasos en profundizar estudios, ordenar procedimientos ambientales y administrativos y establecer un esquema de trabajo coordinado que permita materializar la obra tras años de planificación.

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