El Gobierno autorizó obras por $85 mil millones y concesionará rutas bajo gestión privada
Milei reactivó la obra pública, autorizó inversiones por $85 mil millones y licitó 1.800 km de rutas bajo gestión privada. El Gobierno cambia de estrategia: reaparece la inversión pública y se consolida el modelo de concesiones
El Gobierno de Javier Milei autorizó la contratación de diez obras públicas nacionales por un monto total de $85.000 millones en los próximos tres años y lanzó una licitación pública nacional e internacional para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en lo que representa un giro significativo en la política de infraestructura tras meses de parálisis casi total.
La medida marca un punto de inflexión en la administración libertaria, que había reducido al mínimo la ejecución de proyectos de inversión durante el primer semestre de gestión. Según datos oficiales del Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, hasta mayo de 2025 solo se habían concluido 330 obras públicas nacionales, con 78 proyectos en ejecución normal y más de 1.400 sin avances.
El cambio de rumbo llega tras el resultado electoral favorable al oficialismo y la convocatoria al diálogo con provincias no peronistas, factores que influyeron en la decisión de corregir el Presupuesto nacional para reincorporar una porción acotada de inversión pública.
“Buscamos transparencia, eficiencia y estándares de calidad”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al presentar el nuevo esquema vial en su cuenta de X.
10 obras reactivadas: foco en infraestructura vial, ambiental y de agua potable
De las 2.692 obras nacionales que habían quedado inconclusas del gobierno anterior —sobre un total de 6.700 iniciadas entre 2019 y 2023—, el Ejecutivo decidió descongelar diez proyectos distribuidos en distintas provincias, con prioridad en infraestructura básica y de servicios esenciales.
Las obras seleccionadas implican una inversión total superior a los $85.000 millones, con ejecución escalonada entre 2024 y 2026.
Entre los proyectos destacados figuran:
- Sistema de provisión de agua potable en Tucumán, con una inversión de $25.938 millones, el más costoso del conjunto.
- Mantenimiento y mejora de la Ruta Nacional 11 (Rosario–Santa Fe), por $17.516 millones.
- Conservación mejorativa de la Ruta Nacional 33 (Rosario–Sancti Spíritu), por $23.631 millones.
- Construcción del Muelle Cabecera Norte en el Parque Nacional Lago Puelo (Chubut), por $4.716 millones.
- Obras ambientales y de conservación forestal en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Córdoba y Santiago del Estero, bajo el Proyecto Paisajes, con montos entre $1.400 y $2.200 millones.
- Reubicación y remodelación del BCG PPD MC en el barrio de Barracas (CABA), con $1.637 millones de inversión total.
La mayor parte de las obras se ejecutarán entre 2025 y 2026, lo que confirma una estrategia de reprogramación presupuestaria gradual, compatible con el objetivo de déficit fiscal cero.
La concentración geográfica también es significativa: Santa Fe reúne tres proyectos estratégicos, seguida por Tucumán, Córdoba y Chubut, mientras que las provincias patagónicas y del norte suman obras de menor escala pero de alto impacto local.
Red Federal de Concesiones: el Estado pasa de operador a regulador
Paralelamente, el Gobierno lanzó una nueva licitación pública para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en el marco de la Red Federal de Concesiones, una de las reformas estructurales más ambiciosas de la gestión Milei.
El esquema se sustenta en la premisa de que el Estado debe “liberarse de funciones improductivas” y actuar como regulador y garante de competencia, en lugar de operador directo de servicios.
El plan se articula en dos tramos principales:
- Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, de 1.325 kilómetros, que abarca las rutas nacionales 3, 205 y 206, además de las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas.
- Tramo Pampa, de 547 kilómetros, correspondiente a la Ruta Nacional 5, entre Luján y Santa Rosa.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será la encargada de supervisar los contratos y garantizar los estándares de seguridad y mantenimiento.
Esta segunda etapa se suma a la primera, presentada en enero de 2025, que ya había incorporado las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario–Victoria y tres pasos fronterizos a la gestión privada.
Desde la Casa Rosada destacan que el nuevo modelo “sigue estándares internacionales” y permitirá atraer capital genuino sin aumentar el gasto público.
Impacto económico y político: señales de gobernabilidad y apertura federal
La decisión de reactivar parcialmente la obra pública y relanzar el sistema de concesiones envía una señal política de moderación fiscal con apertura federal, tras meses de tensión con gobernadores y sectores afectados por la parálisis.
Según un informe de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI), la interrupción de obras públicas había generado problemas de infraestructura crítica, como la falta de un hospital materno infantil en La Matanza, deficiencias de agua potable en Santa Fe, cloacas sin tratamiento en Corrientes y tramos intransitables de la Ruta 40 en Chubut.
Con la nueva orientación, el Ejecutivo busca recomponer relaciones con provincias y recuperar capacidad de negociación institucional, al tiempo que traslada al sector privado la ejecución y mantenimiento de obras estratégicas.
El desafío inmediato será asegurar transparencia y competencia real en las licitaciones, en un contexto donde los mecanismos de control estatal seguirán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Obras Públicas.
