El escenario político económico de la actualidad nos ratifica día a día que la decisión del gobierno nacional sobre el ajuste del gasto público no será momentánea sino que, por el contrario, parece llegar para quedarse por lo menos, durante un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo? Imposible de determinar en función de las propias debilidades que sostiene la macro nacional y que genera la posible necesidad de profundizar o, por el contrario, de aliviar la velocidad del ajuste.
Lo cierto es que actualmente no hay indicador de la economía nacional que no vea como este ajuste impactó de lleno. En marzo, por ejemplo, según datos del INDEC, la industria y la construcción cayeron en niveles altamente profundos: 21,2% y 42,2% respectivamente. Justamente respecto a la construcción, hubo otra mención que realizó el Presidente en su cadena nacional de hace unas semanas, cuando afirmó que se aplicó una “reducción drástica del 87% en la obra pública, históricamente vinculada al festival de corrupción que ha sido la Argentina”. Veamos en números esta situación.
Para evaluar el concepto obra pública en realidad hay que ver un indicador más amplio: la Inversión Real Directa. Esta se trata de gasto destinado a la adquisición o producción por cuenta propia de bienes de capital. Estos gastos comprenden las edificaciones, instalaciones, construcciones y equipos que sirven para producir otros bienes y servicios, no se agotan en el primer uso que de ellos se hace, tienen una vida superior a un año y están sujetos a depreciación. Es decir, por un lado tenemos las construcciones (que normalmente le decimos obra pública, como puede ser una pavimentación, construcción de puentes, construcción de jardines de infantes, etc.) y por otro, adquisición de equipos para producir otros bienes (aquí entran por ejemplo las maquinarias y equipamiento).
Cuando el presidente Milei se refirió a la obra pública, habló justamente de este concepto presupuestario que llamamos Inversión Real Directa, que de ahora en más le llamaremos IRD. Pero cabe realizar una aclaración más: en este punto, no se incluyen las transferencias de capital que el Gobierno nacional realiza a las provincias, sino aquellas erogaciones que realiza de manera directa la nación. Vamos ahora a los datos.
En efecto, entre enero y abril de este 2024, la IRD mostró una caída acumulada del 85,1% interanual en términos reales: totalizó $ 82.793 millones, contra los $ 145.566 millones que había acumulado en igual período del 2023. Entre las jurisdicciones subnacionales se observan caídas superiores al 25% real interanual con picos del -98%, aunque una provincia fue la excepción: Jujuy, que crece 30%. En Misiones, la merma de la IRD fue del 95,8%, ubicándose en el lote de provincias donde más cayó la inversión nacional.
Al desagregar la composición de la IRD, el apartado de las Construcciones concentra el 66% de la ejecución, mientras que el resto de los componentes lo hacen al 34%. En ambos casos, la motosierra fue parejita: -85,7% y -83,9% real interanual respectivamente. En Misiones, las construcciones cayeron 96,2% y el resto de los componentes de la IRD -76,2%.
¿Qué se ejecutó en Misiones en términos de IRD durante el 2024? Fueron apenas $ 383,7 millones los ejecutados por este concepto en la provincia en los primeros cuatro meses del año, cuando en igual período del 2023 habían sido por $ 2.259,6 millones. El 91% de lo ejecutado corresponde a Construcciones, por un total de $ 347,6 y la totalidad de esa ejecución se realizó vía líneas de crédito abiertas con organismos internacionales: $ 215,1 millones para construcciones de jardines de infantes financiado por el BID; $ 80,5 millones para la remodelación del Paso Fronterizo Internacional San Antonio financiado por FONPLATA; y $ 52 millones de construcción de Centros Territoriales de Políticas de Genero y Diversidad financiado por el BCIE. Por su parte, en Maquinaria y Equipos se ejecutó un total de $ 36,1 millones.
Ahora bien, cabe preguntarse cual es la relación entre la IRD nacional y la aplicada por la provincia. Analizando los datos de los últimos años, se observa que la IRD de la provincia fue ampliamente superior a la nacional. En términos de pesos porcentuales, nunca desde 2016 la IRD nacional representó más del 15% de la IRD provincial. Pero más relevante aún es preguntarse cuánto incide el aporte nacional a la inversión que realiza la provincia. Para ello, evaluaremos otro aspecto: el peso de las transferencias de capital de la Nación a la Provincia sobre la inversión real directa de Misiones.
Como dijimos antes, las transferencias de capital se contabilizan por fuera de la IRD ya que, en el primer caso, se trata de fondos que van desde la Nación a las administraciones provinciales para la ejecución de obras, pero en el segundo, es la erogación que realiza de manera directa la nación. Como ejemplo para entender esto: la Nación puede transferir una determinada cantidad de pesos a la provincia para la construcción de una escuela: en este caso, el manejo de los fondos y administración de la obra lo hace la provincia. Esto se conoce como transferencias de capital. En el caso de la IRD, la Nación licita y adjudica la obra de construcción de escuela en la provincia y su administración, pagos y demás se hacen directamente del estado nacional.
Ahora bien, la inversión real directa que ejecuta las provincias se nutre de dos vías de financiamiento: recursos propios y transferencias nacionales. Aquí está lo relevante. A lo largo de los últimos años, la participación del Estado nacional en la inversión misionera, vía transferencias, es cada vez menor. En 2016, las transferencias de capital representaron el 47,8% de la IRD provincial y caía sistemáticamente su nivel de participación hasta llegar al 16% en 2023. Es decir, apenas 16 pesos de cada 100 que ejecuta la provincia en inversión viene de fondos nacionales.
En toda la serie de análisis se ve que la participación de fondos nacionales en la inversión misionera es menor al promedio del NEA: en 2016, mientras que Misiones representaba el 47,8%, era del 90,4% en la región: 40% vs. 65% en 2017; 26,5% vs. 36,6% en 2018; 12,2% vs. 19,5% en 2019; 17,1% vs. 23,1% en 2020; 20,4% vs. 33,7% en 2021; 15% vs. 20,7% en 2022 y 16% vs. 20,2% en 2023.
Así, se puede concluir entonces que el esfuerzo de la administración provincial para realizar erogaciones de inversión es notablemente más fuerte que en el resto de las provincias de la región. Solo en 2023, para citar el último año completo, la diferencia con Chaco y Corrientes fueron significativas: las transferencias nacionales representaron el 23,1% de la inversión chaqueña y el 24,6% en el caso correntino.
Si ampliamos este análisis al total del Gasto de Capital de las provincias (es decir, IRD más transferencias de capital provinciales a los sectores privados y públicos e inversión financiera) la situación no cambia: los envíos nacionales representaron solo el 14% del total del gasto de capital misionero contra un 15,7% promedio del NEA.
Esta situación se suma a la que ya es harto conocida: la asimétrica relación Misiones – NEA en relación con la distribución de los fondos coparticipables. Esto genera que, al consolidar envíos nacionales en relación con el total del gasto de las provincias, el peso de los mismos sea altamente dispares.
Por caso, en 2023, el 70% del gasto total del Chaco fue financiado con transferencias nacionales (automáticas y no automáticas); en Corrientes, fue el 74,9% y en Formosa el 82,9%. ¿En Misiones? Solo el 58,1%. En otras palabras: solo 58 de cada 100 pesos erogados por la provincia provinieron de fondos nacionales, pero en Formosa fueron $ 83 de cada $ 100.
Misiones ya tiene trayectoria en el campo de soportar crisis nacionales, ya que no solo las crisis sino el esquema mismo la afectan de manera muy importante, más que a otras provincias de la región. Por ello, fue adquiriendo fortalezas a lo largo de los años que le permitan sortear estas situaciones y en la actualidad, como en la mayor parte de la historia reciente, la dinámica fiscal misionera es mucho más autónoma de la nación que en los distritos hermanos de la región.
