Los espías de Macri investigaron a la misionera Ingrid Grudke
El sitio El Cohete a la Luna accedió a parte de las llamadas de los detenidos del Complejo Penitenciario de Ezeiza, escuchados en tiempo real por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia entre agosto de 2018 y febrero de 2019. Esta semana se supo que, sólo entre enero y febrero de 2019, hubo 220 comunicaciones entre abogados y detenidos grabadas por la AFI. Las transcripciones que obtuvo El Cohete incluyen diálogos del Año Nuevo, el pedido de una oración por un padre, menciones a niños y niñas y conversaciones de carácter sexual, apenas una muestra de la intromisión prohibida en la vida de cualquier detenido. Pero los papeles también empiezan a revelar como hipótesis estructural que la AFI usaba esa información para operaciones ilegales. El seguimiento a la modelo Ingrid Grudke, tras una comunicación de Cristóbal López, es uno de los disparadores de esa hipótesis. A continuación, los casos. Los documentos. Y una pregunta pendiente: ¿estas conversaciones también nutrieron actos procesales en causas como Cuadernos?
Varias sábanas de escuchas son del 1° de enero del verano de 2019. Roque Cirigliano habla con su esposa de los fuegos artificiales de la noche. Ella pide una oración por su padre y él, que dice que no cree, responde que esta vez se acordó. Eduardo Bernardi conversa con su hijo sobre un partido de tejo en la cárcel, que parece ser uno de sus fuertes. Juan Pablo Schiavi escucha a su esposa que dice que fueron las fiestas más tristes, pero que por suerte él tiene compañía. Hablan de Ricardo Jaime, de Cristóbal López. También cuentan que Amado Boudou está muy sensible y llora.
Gerardo Ferreyra era dueño de Radio del Plata. El 18 de enero de 2019 llama a alguien a quien le dice “Seba”. Hablan de “Graciana”, probablemente la defensora Peñafort. Durante el diálogo, Seba dice que Graciana está convencida de que los jueces pueden hacer lo que quieran respecto de las causas. El 6 de febrero, Fabián De Sousa llama a su abogado Ary Llernovoy. Es uno de los textos más extensos. Los espías escriben “Ari”. Y puntean una conversación con problemas en las causas, análisis de testigos que pide o descarta un tribunal, mencionan el nombre de Mauricio Macri y la causa Cuadernos. Todo es transcripto por los espías. Esta semana, De Sousa habló sobre las conversaciones en el tramo final del juicio por Oil Combustibles. Mencionó las grabaciones y dijo que, para entonces, ellos creían que los escuchaban porque cada vez que diseñaban una estrategia, siempre era desbaratada antes y con muchísima precisión. La transcripción también habla de la muerte de la madre de Carlos Alberto Beraldi, a quien le dicen “Alberto”, el nombre por el que lo conocen los íntimos.
Un documento importante es un llamado del 25 de enero de 2019 de Cristóbal López a Lucas, su contador y apoderado. “Llama desde el control, un señor, sería Cristóbal López”, transcribieron los espías. Lucas atiende, se reconocen y saludan. Lucas no tiene novedades. Habla de las causas, le dice que estaban terminando un informe para el Tribunal y que se había reunido con el abogado Alberto García Lema, a quien consultaron sobre la estrategia jurídica. En el final, Cristóbal López le hace una pregunta distinta. Quiere saber sobre el sobrino de su pareja, la modelo Ingrid Grudke. Pregunta si el sobrino le mandó la foto de una escuelita.
Ese día hizo otras dos llamadas por ese tema. Una, a Franco, el sobrino de Grudke. Hablan de la foto, de una tablet y de un auto.
En la última llamada de la serie, busca un auto para el sobrino Franco.
Diez días más tarde, los espías del grupo autodenominado Súper Mario Bros mencionaron en un chat a Ingrid Grudke entre los objetivos de la AFI. “¿A dónde gestiono el efectivo para hacer el seguimiento de la Grudke????”, escribió Martín Terra, el chef amigo de Gustavo Arribas que integró la Dirección de Operaciones de la AFI, conducida por Alan Ruiz. El mensaje estaba dirigido a la coordinadora del grupo, Denise Aya Tenorio. Y en él, agregó: “No me lo aclaraste”.
El chat es parte de la causa de espionaje. Los fiscales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide lo incluyeron en un dictamen del año pasado. Terra integraba la Súper Mario Bros, pero además era el encargado del control de Cristóbal López y de su entorno, de acuerdo al sistema de prioridades organizado a través de semáforos por la AFI, un Excel donde el nombre del empresario aparecía pintado de colorado y Terra, como su agente encargado. La relación entre estos dos hechos, la escucha a Cristóbal y el operativo Grudke, tiene una importancia superlativa. Una de las sospechas históricas es que las escuchas se usaban en tiempo real. Ya hubo un antecedente: el Operativo Puf. Las escuchas a los presos difundidas por la AFI en febrero de 2019 con la intención de bloquear la irrupción del caso D’Alessio, bajo el argumento de que era un complot contra Cuadernos, fue una señal de que los estaban grabando. El caso de Cristóbal López y de Ingrid Grudke agrega algunas hipótesis más. Por un lado, que los espías de la Súper Mario Bros no eran cuentapropistas, sino que actuaban con información que salía del corazón de la AFI: tanto la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia como la causa de Lomas de Zamora han dicho que detrás de las escuchas de Ezeiza estuvo la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI, que se había convertido en un área operativa con espías y un departamento de escuchas y transcripciones. Y por otro lado, podría probar que las llamadas activaron operaciones de seguimiento ilegal. Ahora, ¿qué más? ¿Se usaron también en las causas?
Los papeles
Los papeles a los que accedió El Cohete están encabezados por el rótulo de “Secreto”. Cada documento está identificado con un número de disco original, fecha y número del teléfono público desde el que se hicieron los llamados. Los documentos no son diálogos textuales, están glosados e interpretados por quien desgrabó. Uno de los bloques importantes es el contacto entre abogado y cliente, del que surgió la lista de 220 conversaciones que certificó el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi entre las transcripciones de enero y febrero de 2019 ordenadas por Claudio Bonadío después del Operativo Puf.
El 21 de enero de 2019, Alionzo Rutillo Ramos Mariños llamó a su abogado. “Atiende un señor, su abogado”, escribieron los espías. Se reconocen y saludan. Ramos Mariños pregunta sobre su hijo, a quien cambiaron de módulo. El abogado le dice que tiene que presentar una nota en el juzgado para verse con su esposa, que espere una autorización y promete encargarse. Se despiden y cortan. Fabián De Sousa hace un nuevo llamado un día después de la conversación con Ary Llernovoy. Es 7 de febrero de 2019. Habla con Carlos Alberto Beraldi, quien acaba de perder a su madre. De Sousa se conduele. Y luego le cuenta que están interviniendo los departamentos de la calle Uruguay. Beraldi lo sabe, dice el texto, porque le avisaron que había ido personal de Investigaciones. No conoce el motivo, pero cree que pondrían una custodia. Quedan en volver a hablar dos horas más tarde y cortan. Beraldi era una de las personas con las que De Sousa hablaba casi a diario. Era el edificio que «revienta» Bonadio en un allanamiento, explica uno de los defensores: allana en la creencia que eran de CFK y luego les hace una causa. La causa todavía hoy sigue vigente, Bonadío procesó, la Cámara revocó y dictó falta de mérito. El hermano de Fabián de Sousa, Osvaldo, probó que la compra la hizo con fondos propios.
Otro eje de las transcripciones es la Liga Argentina por los Derechos Humanos. La Liga organizaba visitas para sostener la moral de los detenidos. Las transcripciones mencionan encuentros con los abogados. Alguien llamado “Mimi” le anuncia a su pareja que irán a verlo. Es Mimi Kohen, la esposa de Gerardo Ferreyra. También le dice que Bonadío está deteniendo a cien empresarios, y que a él volvieron a citarlo. La esposa de Ricardo Jaime googlea información de la Liga en Internet, pero no encuentra.
Las escuchas
La historia de las escuchas tiene dos partes. Una empezó en 2016 y es parte del análisis que hicieron la Bicameral y el juzgado de Lomas de Zamora. La otra sucede a partir del caso Puf con D’Alessio. La primera parte comenzó con una escucha sobre el detenido Mario Segovia, conocido como El Rey de la Efedrina. En el marco de una investigación por narcotráfico, el juez federal Federico Villena ordenó vigilancia electrónica y escuchas en el Pabellón I del Módulo 1 donde estaba alojado. A partir del caso Cuadernos de agosto de 2018, con el ingreso masivo de viejos funcionarios y de empresarios a la cárcel de Ezeiza, el caso Segovia sirvió de pretexto para ampliar las escuchas. La Bicameral descubrió que Segovia fue relocalizado en el Pabellón A del Módulo VI, destinado a los nuevos presos, el mismo día que el espacio fue asignado al Programa IRIC. De esa manera, en su pabellón quedaron ubicados José María Núñez Carmona y Carlos Zannini. Poco después, la Dirección de Jurídicos de la AFI le ordenó al área de Contrainteligencia escribir un nuevo pedido al juzgado para que amplíe la intervención telefónica a los Pabellones C y D del Módulo VI, donde estaban los otros detenidos. De esa manera, la intervención alcanzó a todos los pabellones que alojaban a estos detenidos.
La Dirección de Jurídicos era una de las dos grandes estructuras de la AFI. La otra era Contrainteligencia. Durante el gobierno de Macri, Contrainteligencia perdió funciones que ganó Jurídicos. El área dependía de un hombre de Daniel Angelici, Sebastián El Enano Di Stéfano. Allí había también otras dos personas: Bernardo Miguens y Mariano Ruda Bart. El Informe de la Bicameral sostiene que a partir de entonces, “Jurídicos logró una nueva orden judicial en el marco de la causa Segovia con un objeto completamente ajeno a las personas detenidas”. La excusa era que Segovia había hablado por el teléfono de Boudou, en un caso. Y que tenía relación con un detenido del otro pabellón. Esto les permitió “acceder a las comunicaciones de los aparatos públicos de los pabellones A, C y D del Módulo VI del Complejo Penitenciario Federal I”. Así, sostuvo la Bicameral, lograron acceder a los aparatos por medio de los cuales los internos se comunicaban con sus abogados y planificaban estrategias a implementar para sus defensas, además de mantener conversaciones con sus familiares, allegados, dirigentes políticos y sociales. Las tareas se realizaron sobre Amado Boudou, Roberto Baratta, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Atanacio Pérez Osuna, Martín Báez, Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, José María Núñez Carmona, Nelson Lazarte, Rafael Resnick Brenner y Rafael Llorens, entre otros.
A esa misma estructura, el Informe le adjudicó el Operativo Puf con “el objetivo de influir en la situación institucional, política y social del país y en la opinión pública”. Lo que sucedió más tarde con esas escuchas se conoce de manera parcial. Tras el escándalo D’Alessio, Bonadío pidió copias de las escuchas a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), la Dirección de Escuchas de la Corte y también al juzgado de origen. Villena autorizó el acceso de sólo dos meses, enero y febrero de 2019. Bonadío le pidió a la AFI que desgrabara las conversaciones de la cárcel. La AFI entregó cajas de papeles desgrabados, parte de los cuales se presentan en esta nota. Luego de la muerte del juez, los papeles fueron y volvieron de Lomas de Zamora. Primero pasaron al juzgado de Martínez De Giorgi, quien reemplazó a Bonadío. El juez los mandó a los fiscales de Lomas de Zamora. Los fiscales comenzaron a estudiar las grabaciones a partir de un pedido del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que se presentó como querellante. La fiscala y el fiscal separaron los primeros datos de diálogos entre abogados y detenidos. Y enviaron un oficio a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en el que solicitaron el material completo con todas grabaciones de 2018. Este tramo finalmente quedó interrumpido cuando la causa pasó de Lomas a Comodoro Py. La hipótesis que manejaban los fiscales era la misma que tienen las defensas: que las conversaciones podrían haberse usado en tiempo real en los actos procesales. Hoy los papeles están en el juzgado de Martínez De Giorgi, ahora a cargo de la causa de espionaje. De su juzgado partieron las certificaciones con el listado de 220 conversaciones que se conoció esta semana.
¿Es posible pensar que estas conversaciones se usaron en Cuadernos? Es posible. Alan Ruiz, el jefe de la SuperMarioBros de la AFI, aseguró que ya estaban trabajando para Bonadío, en uno de las conversaciones grabadas por los espías y desgrabadas por la Bicameral: “Ya hicieron un listado de todos los políticos que están en cana —se le escucha en una de las grabaciones—. Todos los que están metidos en una causa, todos los que tengan que ver con esto por un pedido que nos hizo Bonadío. Y con eso empezamos a ´parcear´ (sic) todas las visitas”.
Es el diálogo en el que habla del «alambrado»:
La fiscalía de Lomas también encontró un listado con el nombre de empresarios y políticos vinculados a Cuadernos donde figura el nombre de Cristina Fernández de Kirchner. El documento apareció en un allanamiento a la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), junto a fotos de movilizaciones y un parte de inteligencia con persecución a Julio de Vido de octubre de 2017.
A partir de las escuchas, las defensas analizan pedir nulidades en Cuadernos. Alejandro Rúa retoma el audio de Alan Ruiz, Bonadío y las grabaciones para sostenerlo. También explica que la información que obtenían los espías era derivada a la Unidad de Información Financiera (UIF) para la causa. “Se probó ya en el curso de esta investigación sobre el accionar de los grupos de tareas de la AFI, que el espionaje penitenciario se desencadenó a partir de un pedido del juez Bonadío. Y de su catarata de detenciones en su causa por los Cuadernos. El propio Alan Ruiz se lo explica a los SúperMarioBros. Y a la correspondencia temporal evidente de la llegada masiva de esos detenidos a los pabellones ‘alambrados’ y con los teléfonos pinchados sin ningún motivo legal, se suma la aparición concreta de los listados y las fichas con la información obtenida de los espiados y de sus abogados, que ya presentamos tiempo atrás ante la ONU y estaban tanto en poder de los agentes penitenciarios como de la AFI. Todo eso, a propósito de la suscripción de un convenio injustificable para compartir información que también se concretó en ese mismo tiempo. Las escuchas eran en tiempo real, no se utilizaban para ningún motivo legal y lo que obtenían también era derivado a la UIF para su utilización en la causa”.
Esta semana, Rúa presentó un informe ante el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán. Allí reúne la última información de la causa, con el listado de comunicaciones entre abogados y detenidos. Rúa ya había hecho presentaciones ante ese organismo por el seguimiento a él y a Graciana Peñafort, documentado también en esta causa. Ahora requirió la intervención del organismo para un llamamiento urgente a las autoridades del Estado argentino por las maniobras de espionaje ilegal en perjuicio, entre otras cosas, de la independencia de los abogados. El texto recuerda los derechos inviolables. “El derecho a comunicarse con el defensor exige que se garantice al acusado el pronto acceso a su abogado. Los abogados deben poder reunirse con sus clientes en privado y comunicarse en condiciones que garanticen plenamente el carácter confidencial de sus comunicaciones. Además, los abogados deben poder asesorar y representar a las personas acusadas de un delito de conformidad con la ética profesional establecida, sin ninguna restricción, influencia, presión o injerencia indebida de ninguna parte”.
Si algo le faltaba a la dinámica de espionaje del macrismo era eso: las escuchas prohibidas con sus abogados hablan de una operación para conseguir pruebas que bloquearan, además, toda posibilidad de libertad.
