Instituto Nacional de la Yerba Mate

El INYM abrió el proceso para renovar su Directorio y fijó el 23 de octubre como fecha límite

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El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) puso en marcha el proceso para renovar la representación de los sectores privados y sindicales que integran su Directorio y fijó el 23 de octubre de 2026 como fecha límite para que las entidades y asociaciones yerbateras se inscriban o actualicen su documentación en el registro habilitado para participar de la elección de los representantes.

La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución 99/2026, publicada este martes 8 de septiembre, y alcanza a las organizaciones que representan a los sectores industrial, productor primario, cooperativo, trabajadores rurales y secaderos. El procedimiento constituye el paso previo para definir a los directores titulares y suplentes que ocuparán las representaciones privadas durante el próximo período.

La decisión adquiere especial relevancia para la institucionalidad de la actividad yerbatera, ya que el Directorio del INYM constituye su máximo órgano de decisión y reúne a representantes de distintos eslabones de la cadena junto con delegados de los gobiernos nacional y provinciales. La renovación se produce en un contexto en el que el funcionamiento y las atribuciones del organismo continúan siendo un punto central para productores, cooperativas, secaderos e industrias.

La normativa establece que las entidades que ya forman parte del registro deberán actualizar la documentación presentada oportunamente, mientras que aquellas que todavía no estén inscriptas deberán iniciar el trámite para quedar habilitadas a participar del proceso de designación.

El objetivo inmediato de la convocatoria es ordenar y actualizar el padrón de organizaciones que cuentan con derecho a intervenir en la conformación de la representación privada del organismo. Para ello, el INYM exige que las entidades acrediten su personería jurídica vigente, presenten memoria y balance correspondientes al último ejercicio y acompañen las actas que demuestren la vigencia de sus autoridades y la aprobación de los últimos estados contables.

Para las organizaciones que se incorporen por primera vez existe, además, un requisito adicional: deberán demostrar una antigüedad mínima de cuatro años en su funcionamiento, conforme lo establecido por el Estatuto del INYM. La exigencia busca garantizar que quienes participen de la conformación del Directorio sean entidades con una trayectoria institucional acreditada dentro de la actividad.

La documentación deberá presentarse en original o mediante copia certificada por escribano o juez de paz. El incumplimiento de los requisitos o la falta de inscripción en el registro dejará a las entidades fuera del procedimiento de designación de los representantes del sector.

El plazo vence el 23 de octubre de 2026, inclusive, y la presentación deberá realizarse de manera presencial en la Mesa de Entradas del INYM, ubicada en Rivadavia 1515, primer piso, Posadas, de lunes a viernes, entre las 7 y las 14.

Una instancia clave para la representación de la cadena

La convocatoria no constituye todavía la elección de los nuevos directores, sino la etapa administrativa necesaria para determinar qué entidades estarán habilitadas para participar posteriormente del mecanismo de designación.

La Ley 25.564 establece que los representantes de los sectores privados y sindicales permanecen dos años en sus funciones. Una vez vencido el mandato, pueden continuar hasta que sean designados sus reemplazantes, aunque esa prórroga no puede superar los seis meses. De allí que la actualización del registro sea un paso institucional relevante para evitar que el proceso de renovación quede condicionado por cuestiones formales.

El esquema también contempla la designación de suplentes junto con los titulares y por el mismo período. En consecuencia, la actualización documental no es un trámite meramente administrativo: determina qué organizaciones estarán en condiciones de intervenir en la construcción de la representación sectorial que tendrá participación en las decisiones del organismo.

Desde una perspectiva de gestión, el proceso ofrece también una oportunidad para que las entidades revisen su situación jurídica, contable y estatutaria y lleguen a la instancia de designación con su documentación regularizada. En una cadena productiva donde conviven empresas industriales, productores, cooperativas, secaderos y organizaciones de trabajadores, contar con una representación institucional formalmente habilitada resulta determinante para canalizar intereses y propuestas dentro del organismo.

El INYM dispuso que la convocatoria tenga amplia difusión en Misiones y Corrientes, además de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el sitio institucional del organismo. La intención expresada en la resolución es garantizar publicidad, transparencia e igualdad de acceso al procedimiento.

El próximo hito, por lo tanto, será el 23 de octubre. Hasta esa fecha, las entidades deberán concentrarse en completar o actualizar sus antecedentes para quedar incorporadas al registro. Recién después de esa instancia quedará definido el universo de organizaciones habilitadas para participar en la renovación de las representaciones privadas y sindicales del Directorio del INYM.

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El INYM oficializó a Denis Bochert como nuevo representante suplente de Misiones

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El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) oficializó la incorporación de Denis Alfredo Bochert como representante suplente del Gobierno de Misiones ante el Directorio del organismo. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución INYM 90/2026, fechada el 27 de agosto y publicada este martes 1 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación.

La medida instrumenta el cambio dispuesto previamente por el Poder Ejecutivo provincial a través del Decreto 1637/2026, del 24 de agosto. Con ese decreto, Misiones dejó sin efecto la designación de Marta Graciela Cunha y designó a Bochert para ocupar la representación suplente ante el organismo yerbatero.

La resolución del INYM establece que Cunha deja de ser admitida como representante suplente desde la fecha del nuevo instrumento y declara formalmente a Bochert como integrante del Directorio en representación de la Provincia de Misiones.

El recambio y los requisitos para integrar el Directorio

La incorporación de Bochert no quedó limitada a la designación política. El INYM informó que previamente conformó su legajo personal y verificó la documentación exigida por la Resolución 14/2026, que establece los requisitos administrativos para la admisión de directores titulares y suplentes.

Entre la documentación analizada figuran el Documento Nacional de Identidad, pasaporte, licencia de conducir, certificado de antecedentes penales, constancia de inscripción ante ARCA, constancia de CBU, certificado de domicilio e informe comercial. También se incorporó una declaración jurada vinculada con el cumplimiento de los requisitos establecidos por el decreto reglamentario de la Ley 25.564.

El Departamento de Asuntos Jurídicos del INYM intervino en el expediente y el organismo concluyó que Bochert acredita las condiciones previstas en el artículo 24 del Decreto 1240/2002 para ejercer la representación provincial.

El cambio se produce bajo el marco de la Ley 25.564, que establece la composición del Directorio del INYM y contempla la participación de representantes de los gobiernos de Misiones y Corrientes, además del Poder Ejecutivo nacional y de los distintos sectores que integran la cadena yerbatera.

La propia ley establece que los representantes provinciales y nacionales permanecen en sus funciones hasta tanto sean designados sus reemplazantes. En este caso, el decreto provincial produjo el recambio y la Resolución 90/2026 completó el procedimiento administrativo dentro del instituto.

Una representación provincial en un momento sensible para la yerba mate

La modificación tiene una dimensión institucional que trasciende el reemplazo de un nombre. El representante suplente integra la estructura mediante la cual Misiones participa en las decisiones del organismo encargado de intervenir sobre distintos aspectos de la actividad yerbatera.

En una cadena que atraviesa una etapa de fuerte discusión sobre precios, condiciones de comercialización, producción y distribución del ingreso entre los distintos eslabones, la representación provincial adquiere especial relevancia para Misiones, principal territorio productor de yerba mate del país.

La resolución no modifica por sí misma las reglas de funcionamiento del mercado ni establece nuevas medidas para productores, secaderos, molinos o trabajadores. Su alcance es institucional: formaliza quién queda habilitado para representar al Poder Ejecutivo provincial como suplente ante el Directorio del INYM.

El paso siguiente será la participación efectiva de la nueva representación en el esquema institucional del organismo, en función de las atribuciones que establece la normativa vigente. La clave estará en cómo esa representación se articule con la estrategia provincial frente a los desafíos que enfrenta actualmente la cadena yerbatera.

Con la publicación de la resolución, el recambio queda formalmente concluido: Marta Graciela Cunha deja la representación suplente y Denis Alfredo Bochert pasa a ocupar ese lugar en nombre de Misiones ante el INYM.

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La asfixia del eslabón primario: el CCG y la distorsión de precios relativos en la yerba mate

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El desplome de los precios de la materia prima provocado por la desregulación del mercado yerbatero que impuso el presidente Javier Milei, abrió una grieta en un factor que tardó años en consolidarse: la seguridad social de la cadena productiva. La pérdida de rentabilidad que sufren los productores, llevó a que muchos comiencen a discutir la continuidad de la Corresponsabilidad Gremial Empresaria, lo que dejaría sin red de contención al eslabón más débil de la cadena. Sin embargo, hay datos que merecen ser analizados y que explican la preocupación de los productores. 

Antes de discutir el valor del CCG tenemos que entender qué estamos discutiendo.

El Convenio de Corresponsabilidad Gremial es una herramienta de la seguridad social rural. Su objetivo es facilitar la registración de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en actividades estacionales como la yerba mate.

El sistema reemplaza determinados pagos periódicos por una tarifa vinculada con la producción.

En la actividad yerbatera esa tarifa se aplica sobre la hoja verde y sobre las distintas etapas de transformación de la materia prima. Los fondos no quedan en el INYM. Se transfieren a los organismos correspondientes de la seguridad social y, en lo que corresponde, al sindicato.

Por eso, el debate serio no es CCG sí o CCG no.

El debate es otro.

¿Qué peso tiene hoy esa tarifa sobre el ingreso del productor?

¿Qué pasó con ese peso en los últimos años?

Los datos muestran una situación que merece ser discutida.

  1. El punto de partida: La seguridad social no está en discusión

El Convenio de Corresponsabilidad Gremial (CCG) es un pilar fundamental para garantizar la registración laboral, los aportes previsionales y la cobertura de salud de los tareferos. No se trata de poner en duda la seguridad social rural ni de enfrentar a trabajadores con productores.

El verdadero debate es económico y estructural: ¿quién está pagando hoy el costo de esa seguridad social dentro de la cadena yerbatera?

  1. El “Efecto Tijera”: Desplome de ingresos y aumento de costos fijos

Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, la desregulación y la dinámica del mercado generaron un desacople crítico entre precios de venta y costos laborales/tarifarios:

Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, el precio de la hoja verde en secadero cayó 26,3% en términos nominales, ni hablar si se hace el cálculo en términos reales quitando el efecto inflacionario.

En el mismo período, la tarifa del CCG aumentó 234,1% en términos nominales.

El precio del paquete de un kilogramo aumentó 131,9% en términos nominales.

Pero el dato más importante aparece cuando dejamos de mirar solamente los aumentos nominales.

En diciembre de 2023, el CCG representaba el 3,47% del precio de la hoja verde en secadero.

En agosto de 2026 representa el 15,75%.

El peso relativo del CCG sobre la hoja verde se multiplicó aproximadamente por cuatro y medio.

Economis · Yerba mate

El efecto tijera del CCG

Mientras cae el precio de la hoja verde, el costo de la corresponsabilidad gremial gana peso sobre el ingreso del productor.

-26%Precio de la hoja verde en secadero
+234%Valor de la tarifa del CCG
39,8%Peso del CCG sobre el valor en planta
1

Hoja verde y tarifa del CCG

Comparación nominal entre diciembre de 2023 y agosto de 2026

ConceptoDic. 2023Ago. 2026Variación
Precio hoja verde en secadero$380,00$280,00-26%
Valor del CCG$13,19689$44,09443+234%
Ratio CCG / hoja verde3,5%15,7%+353%

Fuente: CCG – INYM / Precio promedio pagado – elaboración propia.

2

El ingreso que queda en planta

Descuento de tarefa, flete y CCG sobre el precio en secadero

ConceptoDic. 2023Ago. 2026Variación
Precio hoja verde en secadero$380,00$280,00-26%
− Tarefa$40,00$65,00+63%
− Flete$30,00$60,00+100%
− CCG$13,20$44,09+234%
Precio hoja verde en planta$296,80$110,91-63%
Ratio CCG / valor en planta4,4%39,8%+794%

Fuente: CCG – INYM / Precio promedio pagado – elaboración propia.

3

El CCG frente al precio de góndola

Evolución del paquete de un kilogramo y de la tarifa

ConceptoDic. 2023Ago. 2026Variación
Precio paquete de 1 kg$2.278,38$5.283,01+132%
Valor del CCG$13,19689$44,09443+234%
Ratio CCG / precio de góndola0,6%0,8%+44%

Fuente: CCG – INYM / Precio de góndola – INDEC.

Y cuando incorporamos otros costos de la cadena primaria, como la tarefa y el flete, el resultado es todavía más fuerte.

El precio de la hoja verde en planta pasa de $296,80 a $110,91.

En esa misma comparación, el CCG pasa de representar el 4,45% al 39,76% de ese valor.

Estos datos no permiten afirmar que el CCG sea la causa de la caída del precio de la hoja verde. Sí permiten afirmar algo que merece una discusión pública.

El costo de la seguridad social está aumentando mucho más rápido que el precio que recibe el productor por su materia prima.

Y cuando una estructura de costos crece mientras el ingreso primario cae, hay que discutir quién termina absorbiendo esa diferencia.

Porque defender los derechos laborales de los tareferos es una obligación.

Pero también es necesario garantizar que el sistema productivo pueda sostener esos derechos.

El debate, entonces, no debe ser trabajadores contra productores.

El debate debe ser cómo se distribuye el costo de la seguridad social dentro de una cadena que tiene productores, trabajadores, secaderos, molinos, fraccionadores y consumidores.

Ese es el debate que tenemos que dar.

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INYM: denuncian irregularidades en la selección de cargos y apuntan al regreso de una gerenta desplazada

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La gestión del libertario Rodrigo Correa al frente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), suma un nuevo foco de tensión interna. Esta vez, la controversia se concentra en los mecanismos utilizados para seleccionar autoridades y cubrir cargos estratégicos dentro del organismo, con cuestionamientos que alcanzan al área de Recursos Humanos y a una consultora privada que interviene en las búsquedas.

En el centro de las objeciones aparece Edit Posdeley, responsable de Recursos Humanos del INYM y cercana al presidente del organismo. Fuentes del sector yerbatero sostienen que existirían vínculos entre Posdeley y la consultora privada encargada de realizar búsquedas destinadas a cubrir posiciones dentro del Instituto.

El caso adquiere mayor relevancia porque una de las posiciones en juego sería nada menos que la Gerencia General. Según pudo reconstruir Economis, la candidata que aparece con mayores posibilidades es Rosana Biale, quien ya ocupó ese cargo en el INYM y posteriormente fue desplazada del organismo.

Ahora, Biale regresaría con respaldo de sectores industriales. Fuentes vinculadas al Instituto aseguran que el proceso estaría avanzado y que la exgerenta ya mantuvo una reunión personal con Correa. Su eventual designación, sin embargo, todavía debería pasar por el Directorio.

En el sector yerbatero también vinculan a Biale familiar y profesionalmente con actores de peso dentro de la industria y señalan su cercanía con empresas ubicadas entre las de mayor volumen de ventas del mercado interno. Son relaciones que, ante una eventual designación, podrían alimentar el debate sobre los equilibrios que exige la conducción de un organismo en el que conviven productores, cooperativas, secaderos, trabajadores e industriales.

Las búsquedas que encendieron las alarmas

El 14 de julio, la firma Dichi Recursos Humanos publicó en sus redes sociales dos búsquedas laborales para Posadas: Contador/a Senior y Especialista en Proceso Agroindustrial.

Los avisos no identifican públicamente a la institución contratante. Sin embargo, fuentes del sector consultadas aseguran que estarían relacionados con vacantes del INYM: una de ellas vinculada con la Gerencia General y la restante destinada al área de Inspección, Control y Gestión de Calidad.

La controversia surge por el presunto vínculo entre la responsable de Recursos Humanos del Instituto y la consultora que lleva adelante el proceso.

De confirmarse esa relación y una participación de la funcionaria en decisiones posteriores sobre las mismas contrataciones, se abriría un potencial conflicto de intereses: una misma persona quedaría vinculada, directa o indirectamente, tanto con la estructura externa encargada de seleccionar candidatos como con el área interna que interviene en la incorporación de personal.

Las fuentes críticas de la conducción describen esta situación como estar “de los dos lados del mostrador”.

El cuestionamiento ganó además volumen después de que la misma consultora difundiera una actividad de “atención presencial exclusiva para empresas” realizada el viernes 7 de agosto en Gobernador Virasoro, Corrientes, cuya publicación incluía una fotografía de Posdeley.

El debate jurídico y ético

El INYM es un ente de derecho público no estatal creado por la Ley 25.564 y, por las características de sus funciones y del manejo de recursos públicos, sus decisiones se encuentran sujetas a obligaciones administrativas y principios de transparencia.

Quienes cuestionan el procedimiento sostienen que una eventual intervención de una funcionaria en decisiones relacionadas con una empresa privada con la cual mantiene vínculos podría colisionar con los principios de imparcialidad y prevención de conflictos de intereses que rigen la función pública.

La discusión remite, entre otras normas, a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N.º 25.188, que establece deberes y pautas destinadas a evitar que intereses particulares interfieran en el ejercicio de responsabilidades públicas.

Para determinar la existencia concreta de una incompatibilidad o infracción administrativa sería necesario establecer documentalmente cuál es el vínculo entre la funcionaria y la consultora, bajo qué modalidad fue contratada la firma, quién autorizó su intervención y qué participación tuvo o tendrá Recursos Humanos del INYM en las decisiones finales.

Es precisamente esa trazabilidad administrativa la que reclaman quienes cuestionan el procedimiento.

De los concursos a una mayor discrecionalidad

El conflicto también pone nuevamente sobre la mesa un cambio más profundo en el funcionamiento interno del Instituto.

Hasta fines de 2025, el ingreso y la cobertura de determinados cargos se apoyaban en concursos de antecedentes y oposición, un mecanismo pensado para privilegiar la idoneidad profesional y reducir el margen para designaciones discrecionales.

La dinámica comenzó a modificarse con la Resolución 152/25, del 30 de diciembre de 2025, que otorgó mayores facultades a la Presidencia.

Entre otras disposiciones, su artículo 7.º habilitó al presidente a crear la Secretaría Privada de Presidencia y designar a una persona de confianza mediante un contrato a plazo fijo, encargando al Departamento de Asuntos Jurídicos la elaboración del instrumento correspondiente.

Para los sectores críticos, aquella modificación abrió la puerta a una creciente concentración de decisiones en la figura del presidente y debilitó el esquema de selección basado en antecedentes, concursos y carrera interna.

El antecedente Miño

No es la primera vez que la política de incorporaciones de la nueva conducción genera controversias.

Uno de los antecedentes fue el intento de incorporar al veterinario y excandidato a concejal por La Libertad Avanza Samuel Miño al frente del Área Técnica, sin concurso previo.

La designación finalmente no avanzó después de que el caso tomara estado público y generara cuestionamientos dentro y fuera del Instituto.

Para quienes cuestionan la gestión, aquel episodio y las actuales búsquedas forman parte de una misma lógica: reemplazar progresivamente cuadros técnicos y profesionales de carrera por personas identificadas o cercanas a la nueva conducción.

El clima dentro del INYM también se habría deteriorado en los últimos meses.

Fuentes conocedoras del funcionamiento del Instituto describen tensiones con empleados y profesionales de carrera que cuestionan decisiones de la actual administración por considerar que se alejan del espíritu y de los lineamientos establecidos por la Ley 25.564.

En ese contexto se inscriben las salidas de quienes encabezaban las áreas Técnica y de Modernización, que terminaron en renuncias, además de las tensiones que atraviesan otros sectores del organismo, entre ellos Promoción.

La sospecha instalada entre los críticos de Correa es que existe una decisión política de avanzar gradualmente sobre posiciones estratégicas para colocar funcionarios identificados con la nueva conducción y con La Libertad Avanza.

Por detrás de las designaciones aparece una disputa institucional todavía más importante: el alcance de las facultades que el Directorio delegó en la Presidencia del INYM.

El Directorio había incorporado en un orden del día la revisión de esas atribuciones, en medio del creciente malestar por la concentración de decisiones.

La iniciativa, sin embargo, no prosperó. Según fuentes del sector, la ausencia a último momento de un director representante de la Producción, considerado cercano a la gestión Correa, impidió reunir la mayoría necesaria para modificar el esquema vigente. Su voto era determinante.

Así, las amplias facultades de la Presidencia permanecieron intactas. La discusión excede entonces los nombres propios. El eventual regreso de Rosana Biale, las búsquedas realizadas mediante una consultora privada, los cuestionamientos sobre Recursos Humanos y las frustradas designaciones anteriores forman parte de una pelea más amplia por el control de un organismo que, desde la desregulación de la actividad yerbatera impulsada por el Gobierno nacional, perdió herramientas centrales de intervención pero conserva funciones sensibles de fiscalización, promoción, estadísticas y administración sectorial.

En un mercado atravesado por una fuerte puja entre productores e industria, quién ocupa cada silla del INYM -y mediante qué procedimiento llega a ella- dejó de ser una discusión meramente administrativa para convertirse en una cuestión de poder dentro de la cadena yerbatera.

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Emergencia yerbatera: Passalacqua recibió un proyecto para fijar un precio sostén y proteger a pequeños productores

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La crisis de la producción primaria de yerba mate dio un nuevo paso hacia la búsqueda de una respuesta institucional. Tras reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua, representantes de asociaciones de productores y de los tareferos entregaron un proyecto de ley que propone declarar la emergencia yerbatera en Misiones y crear un régimen extraordinario para proteger a los pequeños productores mediante la fijación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde. La iniciativa busca contener una situación que, según los impulsores, ya dejó de ser un problema sectorial para convertirse en una amenaza para la economía provincial.

El abogado de las asociaciones de productores, Federico Padolsky, explicó a Economis que el encuentro permitió abrir una instancia de trabajo con el Ejecutivo provincial. “Le presentamos un proyecto de ley de emergencia. Entendemos que se tiene que decretar la emergencia yerbatera en la provincia de Misiones. El gobernador nos escuchó y nos dijo que estaba totalmente de acuerdo con lo que le comentaron tanto tareferos como productores”, señaló.

Como resultado de la reunión, las partes acordaron conformar una mesa de trabajo para revisar la iniciativa y darle forma definitiva antes de enviarla a la Cámara de Representantes de Misiones para su tratamiento legislativo.

De la reunión participaron el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; referentes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), encabezados por Hugo Sand; representantes del INYM, de la Asociación del Alto Uruguay, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, de la Cooperativa Río Paraná y del Movimiento Agrario de Misiones, además de integrantes del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), del Sindicato de Tareferos de Jardín América (SITAJA), de la UATRE y de la Asociación Civil de Tareferos de la Zona Centro.

Productores esperando ser recibidos por el Gobernador de Misiones

“Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, afirmó Passalacqua

A través de un comunicado emitido por Casa de Gobierno, se indicó que el mandatario propuso avanzar con una mesa de diálogo para profundizar el análisis de la situación y manifestó su acompañamiento a los reclamos de los productores. “Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, remarcó.

El gobernador también ratificó su respaldo a la recuperación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “No voy a parar de luchar para que el instituto recupere sus facultades. Acá no hay cuestiones partidarias”, afirmó.

Además, sostuvo que las cuestiones de mercado no resuelven por sí solas todos los problemas económicos de los ciudadanos y señaló que la situación que atraviesa la actividad yerbatera “priva a todos los misioneros” de mejores condiciones de vida.

Los fundamentos del proyecto

La propuesta se sustenta en un diagnóstico económico contundente. Según expusieron los representantes del sector durante el encuentro, la caída del precio de la hoja verde provocó que aproximadamente 250.000 millones de pesos dejaran de ingresar al circuito económico de Misiones, afectando no solo a los productores y tareferos, sino también al comercio, los municipios y toda la economía del interior.

Padolsky remarcó que la problemática no responde a una crisis del negocio yerbatero en su conjunto, sino específicamente al eslabón más débil de la cadena productiva. “No es la crisis del negocio yerbatero; es la crisis del sector primario. Al desaparecer la herramienta de regulación de precios, los pequeños productores perdieron capacidad de negociación y hoy enfrentan un proceso acelerado de descapitalización“, sostuvo.

Foto Prensa Casa de Gobierno

El planteo coincide con los fundamentos del proyecto de ley presentado al gobernador. Allí se argumenta que la crisis actual no se explica por una sobreproducción ni por una caída del consumo, sino por una alteración en las condiciones de negociación de la materia prima tras los cambios introducidos por el DNU 70/2023, que limitaron las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

La iniciativa propone declarar la emergencia por 360 días para productores cuya unidad económica no supere las 50 hectáreas, facultando al Poder Ejecutivo provincial a establecer un Precio Mínimo Sostén obligatorio para la hoja verde. Ese valor debería cubrir los costos de producción, la mano de obra, las obligaciones previsionales y tributarias, además de garantizar un margen de rentabilidad que permita la continuidad de las explotaciones familiares.

El proyecto aclara que no pretende reemplazar al INYM ni modificar el régimen nacional, sino ejercer las competencias que conserva la Provincia para proteger el trabajo rural y evitar el colapso de la principal economía regional misionera. También contempla facultades de fiscalización, control y sanciones para quienes paguen por debajo del precio mínimo establecido.

Uno de los aspectos que más destacaron los representantes del sector es el perfil social de los beneficiarios de la iniciativa. “Cuando hablamos de productores no estamos hablando de grandes empresarios. El promedio es de 20 hectáreas y el límite que propone la ley es de 50 hectáreas. Estamos hablando de minifundistas, de familias agrarias que viven exclusivamente de ese ingreso“, explicó Padolsky.

Esa mirada también fue compartida por el gobernador durante el encuentro, según relataron los participantes, al reconocer que la crisis excede a la producción primaria y termina impactando sobre toda la estructura económica provincial.

Una herramienta transitoria para evitar el colapso

El proyecto de emergencia plantea un mecanismo excepcional, pero con un objetivo concreto: evitar que miles de pequeños productores abandonen la actividad mientras se redefine el marco regulatorio nacional.

En sus fundamentos sostiene que el federalismo habilita a la Provincia a ejercer sus competencias constitucionales cuando está comprometida la continuidad de una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de Misiones.

La propuesta busca instalar un piso de negociación, no un precio único. El texto deja expresamente establecido que cualquier comprador podrá pagar por encima del Precio Mínimo Sostén, pero nunca por debajo de ese valor, considerado indispensable para garantizar la supervivencia económica de las explotaciones familiares.

Con la conformación de la mesa de trabajo entre el Gobierno provincial y las organizaciones del sector, la discusión ingresa ahora en una etapa política. Si prospera el consenso, Misiones podría debatir en las próximas semanas una ley que intenta convertirse en el principal instrumento provincial para contener una crisis que ya trasciende a la yerba mate.

Un proyecto para sostener el precio de la hoja verde

Tras la reunión, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, se refirió al proyecto presentado por los productores para abordar la situación del sector yerbatero. “Vinieron a presentar un proyecto de ley para buscar levantar el precio de la hoja verde, que es la principal problemática que venimos trabajando desde hace dos años, a partir de que el INYM perdió su función de regular un precio mínimo”, señaló.

El ministro indicó que el gobernador instruyó al Ejecutivo provincial a trabajar junto con la Cámara de Representantes en herramientas legislativas que permitan proteger a productores y trabajadores rurales mientras continúe la discusión nacional sobre las atribuciones del instituto. “Vamos a seguir defendiendo que se devuelvan las facultades del INYM y, mientras eso no ocurra, como provincia autónoma vamos a trabajar para buscar un mejor precio y respaldo para los trabajadores rurales”, sostuvo.

Foto Prensa Casa de Gobierno

Asimismo, se refirió a la postura del Gobierno provincial respecto del proyecto de modificación de la Ley de Tierras. “Misiones es una de las provincias que tiene más tierra en manos extranjeras, así que el gobernador fue contundente: no vamos a acompañar la ley de tierras”, afirmó.

Una agenda común para el futuro de la Yerba Mate

En diálogo con los medios tras la reunión, el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, destacó la necesidad de avanzar en herramientas que permitan sostener la actividad y mejorar las condiciones del sector.

“Ese valor debe contemplar los costos de producción, un margen de rentabilidad para el productor y las condiciones laborales necesarias para que los trabajadores puedan desempeñarse dignamente”, expresó.

Foto Prensa Casa de Gobierno

“Nosotros no nos resignamos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate cumplió con sus obligaciones y con sus funciones. En el mientras tanto, necesitamos una herramienta de emergencia que nos permita sostener a los pequeños y medianos productores”, sostuvo.

Sand también valoró la propuesta del gobernador de generar un espacio de trabajo conjunto para abordar la crisis del sector. “El señor gobernador nos ofreció generar una mesa de diálogo y creemos que a partir de ahí tenemos que convocar a toda la comunidad y a todos los sectores sociales para defender los derechos de los ciudadanos”, afirmó.

Proyecto Ley Emergencia Yerbatera by CristianMilciades

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