El Gobierno nacional defendió la desregulación yerbatera y anticipó nuevas reformas del Estado en Diputados
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El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado defendió ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el recorte de estructuras administrativas, la reducción del empleo público y las medidas orientadas a flexibilizar regulaciones económicas. Durante la exposición, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, ratificó la decisión del presidente Javier Milei de mantener el rumbo desregulatorio en el mercado de la yerba mate y justificó los cambios en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) con el argumento de que las restricciones a la oferta perjudicaban el funcionamiento del mercado.
La presentación estuvo a cargo de Cacace y del secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, quienes expusieron sobre los cambios implementados desde diciembre de 2023, los ahorros presupuestarios que atribuyen a la reducción de estructuras y las reformas que el Poder Ejecutivo busca impulsar. La discusión también dejó planteadas diferencias sobre el alcance de los recortes, el funcionamiento de organismos técnicos y el papel del Estado en áreas como la infraestructura vial.
Yerba mate: el Gobierno prioriza al consumidor y defiende la desregulación
Uno de los intercambios con mayor impacto para Misiones y Corrientes se produjo cuando la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz consultó sobre la política aplicada al INYM y los efectos de la desregulación sobre la cadena yerbatera.
Cacace aseguró que el Gobierno escuchó a representantes del sector y a las autoridades de ambas provincias, y afirmó que mantuvo reuniones con la totalidad del directorio del Instituto. Sin embargo, ratificó la orientación oficial al plantear una disyuntiva entre proteger a la cadena productiva o priorizar al consumidor. “Siempre nosotros estamos a favor de proteger al consumidor”, sostuvo.
El funcionario argumentó que existían normas que, según su evaluación, restringían la oferta de yerba mate y defendió la decisión de eliminar regulaciones que considera distorsivas para el mercado. En esa línea, vinculó la política oficial con tres indicadores que presentó durante la exposición: un incremento del 32% en las exportaciones, un aumento del 3% en el consumo interno y una caída del precio en góndola.
Las cifras fueron expuestas por el secretario como respaldo a la estrategia de desregulación. No obstante, en el intercambio parlamentario no se detallaron las bases de comparación, los períodos utilizados ni la evolución de los ingresos de los productores y otros eslabones de la cadena. Esos elementos resultan relevantes para evaluar de manera integral el impacto de los cambios, especialmente en una actividad que tiene un peso económico y social significativo en Misiones.
El debate enfrenta dos dimensiones que no necesariamente evolucionan de la misma manera: el comportamiento de los precios para los consumidores y la rentabilidad de quienes producen, secan, industrializan y comercializan la yerba mate. La reducción de los precios minoristas puede beneficiar a los hogares, pero su efecto sobre la producción primaria depende también de los costos, los valores pagados por la materia prima y la distribución de los ingresos dentro de la cadena.
La exposición no modificó la posición del Ejecutivo respecto del INYM. Por el contrario, Cacace reafirmó que la prioridad oficial es evitar intervenciones que, a criterio del Gobierno, alteren el funcionamiento del mercado.
Reducción del Estado: menos ministerios, cargos y organismos
En su presentación, Fariña sostuvo que el Estado nacional tiene una estructura más pequeña que la recibida por la administración de Milei en 2023. Como parte de ese proceso, señaló que los ministerios pasaron de 18 a ocho y que la dotación total del sector público nacional se redujo un 16% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026.
El funcionario afirmó, además, que durante 2026 se produjo una reducción cercana a los 20.000 puestos, principalmente en el personal civil de la Administración Pública Nacional. Según su exposición, el recorte alcanzó tanto a las áreas centrales como a los organismos descentralizados y se complementó con una revisión de las estructuras jerárquicas.
Fariña precisó que las autoridades superiores pasaron de 307 cargos en diciembre de 2023 a 192, una reducción del 40%. Según los cálculos presentados, ese cambio representa un ahorro anual de $15.000 millones. En la Administración Central, indicó que los cargos descendieron de 2.476 a 1.994, lo que atribuyó a la eliminación de alrededor de 500 posiciones y áreas administrativas, con un ahorro salarial estimado en $35.000 millones anuales.
En paralelo, señaló que el número de organismos nacionales se redujo de 117 a 91, una caída del 22%. También informó que durante el último año se aprobaron más de 140 normas vinculadas con la reorganización de estructuras administrativas.
El argumento central del Ministerio es que la reducción de gastos permanentes permite liberar recursos presupuestarios y, en perspectiva, disminuir la presión tributaria. Sin embargo, para medir el resultado fiscal y social de la reorganización no alcanza con contabilizar los puestos eliminados o los ahorros salariales: también es necesario observar qué funciones continúan prestándose, cómo se distribuyen los recursos y si los cambios mejoran los tiempos de respuesta y la calidad de los servicios públicos.
En esa línea, Fariña sostuvo que la reforma no apunta únicamente a achicar el aparato estatal, sino también a redefinir su funcionamiento y facilitar la interacción entre organismos. Como ejemplo, mencionó la necesidad de mejorar el intercambio de información para evitar que los ciudadanos deban resolver por separado trámites que podrían coordinarse dentro de la administración.
Un sistema único para administrar el empleo público
Entre los proyectos que el Ministerio prevé impulsar durante el próximo año, Fariña destacó la creación de un Sistema Único de Recursos Humanos y Liquidación de Haberes para la administración nacional.
Según explicó, actualmente existen más de 150 sistemas o áreas administrativas con herramientas y criterios propios para gestionar el personal y liquidar salarios. Esa fragmentación, afirmó, dificulta la aplicación de reglas homogéneas y el control de las incompatibilidades, las ausencias y otras situaciones vinculadas con el empleo público.
La iniciativa buscaría centralizar la información, facilitar los cruces de datos y unificar los procedimientos de liquidación y auditoría. El funcionario la presentó como una herramienta para fortalecer los controles y mejorar la gestión de los recursos humanos.
Fariña también respondió cuestionamientos sobre las partidas presupuestarias vinculadas con el proyecto. Aclaró que el gasto previsto para desarrollar el sistema no debía interpretarse como una contratación orientada a incorporar consultores, sino como una inversión que, según su planteo, podría generar ahorros posteriores al mejorar la administración del personal.
La eficacia de esa iniciativa dependerá de su implementación, de la calidad de los registros y de la capacidad de utilizar la información para corregir inconsistencias. El desafío operativo será que la integración tecnológica se traduzca en controles efectivos y no solamente en una nueva estructura administrativa.
Vialidad Nacional, el punto de mayor tensión por los recortes
La reducción del personal de Vialidad Nacional generó uno de los cruces más directos de la reunión. El diputado de Primero San Luis Ernesto “Pipi” Alí cuestionó el impacto de los recortes sobre la capacidad operativa del organismo y planteó que la eficiencia estatal debe evaluarse también por su capacidad de ejecutar obras y mantener la infraestructura.
Fariña confirmó que la dotación pasó de alrededor de 1.500 empleados a 176 y sostuvo que todavía existía margen para reducirla. El funcionario defendió la medida al señalar que el ahorro no se limita a los salarios, sino que también incluye edificios y otros recursos. Según su estimación, el proceso representaría cerca de US$3.000 millones anuales.
Alí contrapuso otra perspectiva: sostuvo que la reducción del personal no resuelve por sí misma las necesidades de infraestructura y reclamó que el organismo pueda cumplir con sus funciones. “No se trata de echar funcionarios, sino de hacer rutas”, planteó durante el intercambio.
La discusión expuso una diferencia central sobre el modo de medir la eficiencia pública. Para el Ministerio, el achicamiento de la estructura permite reducir gastos y generar condiciones para bajar impuestos. Para el diputado opositor, el resultado debe contemplar también la capacidad efectiva de realizar obras y sostener los servicios a cargo del organismo.
En términos de gestión, la evaluación requiere distinguir entre el ahorro presupuestario y el desempeño operativo. La disminución de la nómina puede reducir costos directos, pero el efecto final sobre las cuentas públicas y la sociedad depende también de cómo se resuelven las tareas que permanecen bajo responsabilidad estatal y de los recursos necesarios para garantizar su continuidad.
Combustibles y contrataciones: el Gobierno busca ampliar la competencia
Fariña también destacó cambios en las reglas de contratación pública. Entre ellos, mencionó la eliminación de una obligación que, según explicó, imponía al Estado comprar combustible a YPF sin desarrollar procedimientos competitivos.
El funcionario afirmó que la modificación permitió obtener un precio aproximadamente 4% inferior al de surtidor y estimó que podría generar un ahorro de $7.000 millones durante el próximo año.
La medida forma parte de la estrategia oficial de revisar las compras estatales y promover la competencia entre proveedores. El argumento del Ministerio es que los procesos abiertos pueden mejorar las condiciones económicas de contratación y reducir costos para el presupuesto público.
Durante la exposición, Fariña también defendió la revisión de servicios y certificaciones vinculados con organismos técnicos. Frente a los cuestionamientos sobre el INTI y el INTA, sostuvo que el Gobierno no considera conveniente que el presupuesto de una institución quede atado a una asignación específica, sino que debe definirse dentro del proceso general de discusión presupuestaria.
Sobre las certificaciones, afirmó que no se eliminaron servicios públicos esenciales, sino determinadas prestaciones que, según su interpretación, funcionaban con precios subsidiados y limitaban la competencia privada. La posición oficial es que los productores y empresarios deben contar con alternativas más económicas para acceder a esos servicios.
La discusión sobre estos cambios involucra dos objetivos que deben evaluarse conjuntamente: reducir los costos que afrontan las empresas y asegurar que las certificaciones mantengan condiciones adecuadas de calidad, confiabilidad y acceso. El resultado dependerá de la competencia efectiva entre prestadores y de la capacidad de los organismos de garantizar los estándares correspondientes.
Las reformas pendientes y la agenda económica del Ejecutivo
Cacace vinculó la reducción del Estado con el programa económico general del Gobierno y destacó las reformas aprobadas desde el inicio de la gestión. Entre ellas, mencionó la Ley Bases, el Presupuesto 2026 y los cambios regulatorios que, según sostuvo, contribuyeron a ampliar las posibilidades de inversión y exportación.
El secretario señaló que Argentina superó los US$100.000 millones en exportaciones durante el año y relacionó ese desempeño con las modificaciones normativas implementadas por el Ejecutivo. También destacó el desarrollo de sectores como hidrocarburos y minería, y mencionó el crecimiento de las exportaciones de oro, plata y litio.
De acuerdo con las cifras presentadas por el funcionario, las exportaciones de esos minerales pasaron de US$2.797 millones en 2024 a US$6.251 millones en el período que expuso ante los diputados. Durante su intervención, además, hizo referencia a la aprobación de la Ley de Glaciares y a cambios en el régimen minero como parte del marco regulatorio que el Gobierno busca consolidar.
Cacace también enumeró iniciativas que forman parte de la agenda legislativa, entre ellas los proyectos conocidos como Hojarasca y Súper RIGI, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la iniciativa vinculada con la investigación científica y tecnológica y el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. A esa lista sumó la discusión para una nueva ley de semillas, que, según explicó, se trabaja con entidades agropecuarias y empresas del sector.
El funcionario sostuvo que una nueva normativa sobre semillas debería incentivar la inversión en innovación y reducir las brechas de productividad del agro. El objetivo declarado es alcanzar un consenso que permita enviar el proyecto al Congreso para su tratamiento.
También mencionó como reformas pendientes el mercado de carbono y la modernización del régimen de sociedades. Según Cacace, la agenda busca reducir costos, simplificar regulaciones y facilitar la actividad económica. Al mismo tiempo, reconoció que la reducción del gasto y de los impuestos requiere coordinación con los gobiernos provinciales.
Acuerdos comerciales y apertura económica
En el plano internacional, Cacace destacó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el entendimiento con Singapur y el acuerdo comercial y de inversiones recíprocas con Estados Unidos, que, según indicó, todavía debía ser enviado al Congreso para su tratamiento.
El secretario afirmó que el Gobierno negocia otros acuerdos con la intención de ampliar la integración de Argentina con la economía mundial. En su exposición, vinculó esa estrategia con el objetivo de incrementar las oportunidades para exportadores e inversores.
La apertura comercial y la flexibilización de las regulaciones pueden generar oportunidades para sectores competitivos, pero sus resultados también dependen de la capacidad de las empresas locales para adaptarse a nuevas condiciones, mejorar su productividad y sostener el empleo. La evolución de las inversiones, las exportaciones y la actividad productiva permitirá evaluar el alcance de esos cambios más allá de los anuncios normativos.
El Presupuesto, la discusión sobre los organismos técnicos y el empleo
Durante las preguntas de los legisladores, también se abordó la situación presupuestaria de los organismos técnicos y el alcance de los cambios administrativos. Fariña sostuvo que los recursos de instituciones como el INTI y el INTA deben discutirse en el marco del Presupuesto nacional, sin quedar vinculados de manera automática a asignaciones específicas.
El funcionario defendió la revisión de las funciones estatales y argumentó que algunas prestaciones podían ser cubiertas por el sector privado en condiciones competitivas. La discusión quedó centrada en cómo garantizar que la reorganización no se traduzca en mayores costos para los productores ni en una pérdida de capacidades técnicas necesarias para la actividad económica.
En otro tramo, Fariña destacó la recomposición salarial destinada a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Explicó que se incorporaron suplementos por función, riesgo y destino que alcanzan a más de 47.000 efectivos y que, según sus datos, beneficiaron a más de la mitad del personal de cada fuerza.
Por su parte, Cacace insistió en que la desregulación y la transformación estatal constituyen ejes centrales del programa presupuestario. El funcionario defendió la idea de que los ahorros obtenidos por la reducción de estructuras puedan traducirse en una menor carga impositiva para ciudadanos y empresas.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó el ritmo previsto para el debate presupuestario y consideró que había asuntos relevantes que no estaban siendo discutidos con suficiente profundidad. Solicitó que el dictamen se emitiera más cerca de la fecha tentativa del 18 de noviembre para una eventual sesión.
La exposición dejó así dos discusiones conectadas: cómo reducir el costo de funcionamiento del Estado y cómo garantizar que la reorganización administrativa mejore la prestación de servicios, la infraestructura y las condiciones para producir. En el caso de la yerba mate, el Gobierno ratificó que priorizará la desregulación y la protección del consumidor; el impacto sobre los productores y el resto de la cadena seguirá siendo uno de los puntos centrales para evaluar los resultados de esa política.
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