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Fabricaciones Militares proyecta pérdidas operativas por más de $30.000 millones, pero apuesta a la exportación y al ingreso de capital privado

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En un escenario internacional marcado por el incremento del gasto en defensa y el rearmamento de numerosos países, el Gobierno nacional aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Fabricaciones Militares Sociedad Anónima Unipersonal (FM SAU), una empresa estratégica para la producción de bienes destinados a la defensa, la seguridad, la minería, la industria química y la metalmecánica. El desafío es tan claro como complejo: transformar una compañía con pérdidas operativas en un actor competitivo capaz de insertarse en mercados globales.

A través de la Resolución 1172/2026 del Ministerio de Economía, se oficializó el presupuesto de la empresa, que dependerá de un delicado equilibrio entre mayores ventas, aportes del Estado y una estrategia de internacionalización para sostener su funcionamiento. El plan refleja una realidad conocida por buena parte de las empresas públicas industriales: el mercado interno resulta insuficiente para financiar las inversiones necesarias para crecer.

Los números muestran esa tensión. Fabricaciones Militares proyecta ingresos operativos por 42.081 millones de pesos, mientras que sus gastos de operación ascenderán a 72.545 millones, lo que arroja una pérdida operativa estimada de 30.463 millones de pesos.

Sin embargo, el resultado cambia cuando se incorpora la asistencia del Estado. El presupuesto contempla 23.000 millones de pesos en transferencias corrientes de la Administración Nacional, que reducen significativamente el desequilibrio económico. Aun así, el ejercicio cerraría con un desahorro de 8.434 millones de pesos, mientras que el resultado financiero proyectado muestra un superávit cercano a los 976 millones, producto principalmente de recursos de capital y movimientos financieros previstos para el ejercicio.

Más allá de las cifras presupuestarias, el documento estratégico deja en claro cuál será la hoja de ruta de la empresa. Fabricaciones Militares reconoce que el actual contexto internacional, atravesado por conflictos geopolíticos y un creciente proceso de rearme, genera una demanda sostenida de productos vinculados con la defensa y la seguridad. Bajo ese diagnóstico, la compañía sostiene que mantiene negociaciones con actores internacionales para incorporar capital, tecnología y acceso a nuevos mercados.

La estrategia oficial también implica un cambio de enfoque comercial. La empresa buscará concentrar sus esfuerzos en las líneas de negocio de mayor volumen de ventas, aplicar políticas de precios más competitivas y diversificar su oferta para fortalecer su presencia tanto en el mercado argentino como en el exterior. Según el plan aprobado, la sostenibilidad futura dependerá en gran medida de consolidar alianzas estratégicas con empresas internacionales capaces de aportar financiamiento y ampliar la escala productiva.

El documento admite además una limitación estructural: el mercado doméstico no genera el volumen suficiente para financiar la modernización de las plantas industriales. Por ese motivo, el Gobierno plantea como objetivo atraer inversiones privadas —nacionales y extranjeras— que permitan expandir la capacidad instalada, incorporar tecnología, reducir costos y aumentar la competitividad internacional de la empresa.

En materia laboral, Fabricaciones Militares mantendrá una dotación de 950 trabajadores, de los cuales apenas 20 integran la planta permanente y 930 corresponden a personal temporario, según las proyecciones oficiales. El gasto en remuneraciones alcanzará los 34.553 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los principales componentes del presupuesto operativo.

La inversión en bienes de capital, en cambio, será moderada. El presupuesto destina 335 millones de pesos exclusivamente a la adquisición de maquinaria y equipamiento, sin contemplar nuevas construcciones o ampliaciones edilicias durante 2026.

Otro dato relevante es que la empresa no prevé tomar nueva deuda durante el ejercicio. La estrategia financiera estará basada en mejorar la administración de activos, optimizar la liquidez y sostener el funcionamiento mediante recursos propios, aportes estatales y eventuales asociaciones con capital privado.

El presupuesto aprobado deja una lectura de fondo sobre el rol que el Gobierno asigna a Fabricaciones Militares. Lejos de plantear un esquema de mera asistencia fiscal, la estrategia apunta a convertir a la empresa en un proveedor competitivo para industrias de defensa y seguridad que hoy experimentan una expansión global. El interrogante será si esa oportunidad internacional alcanza para compensar las debilidades estructurales del mercado local y transformar un déficit operativo superior a los 30.000 millones de pesos en un modelo económicamente sustentable.

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Las diez obras que pueden cambiar la logística, la energía y las exportaciones de Argentina

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Durante décadas, Argentina convivió con una paradoja estructural: abundancia de recursos naturales, pero infraestructura insuficiente para transformarlos en crecimiento sostenido. Gas que no podía transportarse, rutas saturadas, redes eléctricas al límite y corredores logísticos con elevados costos redujeron la competitividad de sectores capaces de generar divisas y empleo.

Hoy, ese escenario comienza a mostrar un cambio de escala. Bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con una participación predominante del capital privado, avanza un conjunto de diez proyectos estratégicos que buscan atacar uno de los principales obstáculos de la economía argentina: la falta de infraestructura para producir más y exportar mejor.

La mayor parte de las inversiones se concentra en energía, aunque también aparecen iniciativas ferroviarias, portuarias, viales, eléctricas e internacionales que prometen modificar el mapa logístico del país durante los próximos cinco años.

El eje central es Vaca Muerta. Allí se concentran las inversiones de mayor magnitud. La ampliación del Gasoducto Perito Moreno, incorporada al RIGI mediante la Resolución 676/2026, demandará una inversión de 550 millones de dólares para incrementar en 12 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte entre Neuquén y Buenos Aires antes del invierno de 2027. La obra permitirá sustituir importaciones de gas natural licuado con producción local, reduciendo costos energéticos para hogares, industrias y centrales eléctricas.

En paralelo, el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) ya supera la mitad de ejecución. Con una inversión de 3.000 millones de dólares liderada por YPF junto a Vista, Pan American Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía, conectará Añelo con Punta Colorada para transportar hasta 550.000 barriles diarios de petróleo hacia los mercados internacionales.

Sin embargo, el proyecto de mayor envergadura es Argentina LNG. La iniciativa impulsada por YPF contempla inversiones cercanas a los 50.000 millones de dólares, de los cuales unos 30.000 millones se ejecutarán durante los primeros cuatro años. El objetivo es convertir el gas de Vaca Muerta en gas natural licuado para abastecer mercados internacionales desde la costa atlántica de Río Negro. La meta inicial apunta a exportaciones cercanas a los 14.000 millones de dólares anuales hacia 2030, con posibilidad de escalar hasta los 20.000 millones.

Ese ecosistema energético se complementa con el Gasoducto San Matías, otra obra incorporada recientemente al RIGI que demandará 1.300 millones de dólares y abastecerá al proyecto Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Según las estimaciones oficiales, el ducto permitirá generar exportaciones por unos 2.500 millones de dólares anuales.

Pero el desafío argentino no termina en producir más energía. También requiere transportar bienes hacia los mercados internacionales de manera más eficiente.

En esa lógica aparece el Corredor Bioceánico Capricornio, una obra regional valuada en aproximadamente 10.000 millones de dólares que conectará Brasil, Paraguay, Argentina y Chile mediante una red de 2.400 kilómetros. El corredor pretende consolidarse como una alternativa logística al Canal de Panamá para vincular el Atlántico con el Pacífico, aunque el tramo argentino continúa siendo el más rezagado de toda la iniciativa.

Con un objetivo similar avanza el Tren Trasandino, un proyecto ferroviario de 9.600 millones de dólares que contempla un túnel de 54 kilómetros bajo la Cordillera de los Andes, doble vía electrificada y un puerto de aguas profundas en Chile destinado a facilitar las exportaciones agroindustriales hacia Asia.

Otro componente estratégico es la Hidrovía Paraná-Paraguay. La nueva concesión privada por 25 años busca modernizar el principal corredor fluvial del país mediante inversiones tecnológicas y obras de mantenimiento que permitan reducir tiempos de navegación y mejorar la competitividad exportadora.

La infraestructura vial también atraviesa un proceso de transformación. La Red Federal de Concesiones reemplazará al esquema administrado por Corredores Viales mediante la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales financiadas íntegramente por inversión privada. Según el Ministerio de Economía, estos corredores concentran cerca del 80% del tránsito nacional y permitirán reducir tanto el deterioro de la infraestructura como el costo fiscal asociado a la administración estatal.

En materia energética, el Gobierno también lanzó un ambicioso Plan Nacional de Transporte Eléctrico, que contempla inversiones privadas por unos 6.600 millones de dólares para ejecutar 17 proyectos destinados a reforzar líneas de alta tensión, ampliar la capacidad del sistema e incorporar nuevas interconexiones nacionales e internacionales. El financiamiento se recuperará mediante cargos tarifarios aplicados una vez que las obras entren en funcionamiento.

El décimo gran proyecto corresponde al sistema ferroviario de cargas. La privatización del Belgrano Cargas y Logística incluirá las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza bajo un esquema que habilitará inversiones privadas para modernizar la infraestructura. Entre los principales interesados figura Ferromex, del Grupo México, que analiza un plan de inversiones de hasta 3.000 millones de dólares destinado a recuperar capacidad operativa y reducir costos logísticos para las economías regionales.

Más allá de la magnitud financiera, el denominador común de estas iniciativas es que buscan resolver restricciones estructurales que históricamente limitaron el crecimiento argentino. Para el economista Sebastián Laza, una mejora en la infraestructura energética y logística permitiría potenciar sectores donde el país posee claras ventajas comparativas —como el agro, la minería y los hidrocarburos— y generar un efecto multiplicador sobre la industria, el transporte, la metalmecánica y los servicios asociados.

En la misma línea, José Vargas, director de Evaluecon, sostiene que la verdadera transformación no reside únicamente en cada obra individual, sino en la capacidad de conformar un sistema integrado que reduzca costos, aumente la productividad y genere las divisas necesarias para sostener el crecimiento económico sin repetir la histórica restricción externa.

El desafío trasciende la construcción de infraestructura. La experiencia argentina demuestra que las grandes obras sólo producen cambios estructurales cuando están acompañadas por estabilidad macroeconómica, reglas regulatorias previsibles y continuidad institucional. Inflación baja, equilibrio fiscal, acceso al financiamiento y seguridad jurídica aparecen como condiciones indispensables para que el capital privado complete inversiones cuya recuperación demandará décadas.

Si esas condiciones logran consolidarse, el impacto podría extenderse mucho más allá de los sectores directamente involucrados. Una matriz logística más eficiente, menor costo energético y mayor capacidad exportadora no sólo fortalecerían el ingreso de divisas, sino que también mejorarían la competitividad de miles de empresas, favorecerían nuevas inversiones y ampliarían las oportunidades de desarrollo para las economías regionales, convirtiendo a la infraestructura en uno de los principales motores del crecimiento sostenible de la próxima década.

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Pese a los anuncios, el clima inversor es amarrate: el RIGI es sólo el 1,5% del PBI

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El Gobierno de Javier Milei acumula anuncios de inversiones, mejoras en la calificación de la deuda soberana y un renovado discurso de confianza en el rumbo económico. Sin embargo, detrás de las señales positivas persiste una realidad más compleja: el flujo efectivo de inversiones continúa siendo reducido y los analistas advierten que el sector privado aún espera señales de mayor estabilidad antes de comprometer capitales de largo plazo.

Uno de los indicadores que mejor refleja esa brecha es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con estimaciones privadas, de los casi 124.000 millones de dólares en proyectos anunciados, apenas unos 7.881 millones se desembolsarían efectivamente durante los próximos dos años. Esa cifra representa apenas el 7,2% del total previsto y equivale aproximadamente al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

Un clima de negocios que todavía no aparece

Para el economista Orlando Ferreres, la principal limitación no pasa por la existencia del RIGI, sino por el contexto general.

Según su análisis, Argentina aún no ofrece un ambiente de inversión comparable con el de otras economías de la región, ya que las empresas prefieren esperar definiciones políticas antes de comprometer grandes desembolsos. El interrogante central continúa siendo qué ocurrirá con el rumbo económico después de 2027.

En la misma línea, el exsecretario de Finanzas Daniel Marx sostiene que la pregunta más frecuente entre los inversores internacionales es si esta vez las reformas tendrán continuidad más allá del actual gobierno. Esa incertidumbre, coinciden distintos especialistas, sigue siendo uno de los principales frenos para el ingreso de inversiones productivas.

Mejora financiera, pero con poco impacto en la economía real

El optimismo oficial se apoya también en la recuperación de la percepción financiera del país. Esta semana, la calificadora Moody’s elevó la nota de la deuda argentina y dejó una perspectiva positiva, alineándose con las evaluaciones de las otras grandes agencias internacionales.

Para el Gobierno, esta mejora constituye una señal de confianza que debería facilitar el acceso al financiamiento y reducir el riesgo país. Sin embargo, los economistas distinguen entre la recuperación del mercado financiero y la inversión en la economía real. Una menor prima de riesgo ayuda a estabilizar el escenario macroeconómico, pero no garantiza por sí sola nuevas fábricas, plantas industriales o generación de empleo.

Pocas inversiones y muy concentradas

Otro de los rasgos que muestran los datos del RIGI es la fuerte concentración sectorial y geográfica.

La mayor parte de los proyectos aprobados corresponde a hidrocarburos, minería e infraestructura energética, principalmente en Río Negro y Neuquén. Tres emprendimientos explican alrededor del 60% de las inversiones previstas para los próximos dos años, una característica que reduce el efecto multiplicador sobre el resto de la economía.

En consecuencia, mientras algunos sectores estratégicos muestran una expansión significativa, buena parte de la industria continúa operando con bajos niveles de utilización de su capacidad instalada y el crecimiento económico se distribuye de manera muy desigual.

El desafío del Gobierno

La administración Milei apuesta a profundizar la desregulación, reducir aún más el riesgo país y consolidar el equilibrio macroeconómico para atraer inversiones de mayor volumen.

No obstante, el principal desafío parece ser transformar las mejoras financieras en decisiones concretas del sector privado. Mientras persista la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico y se mantengan elevadas las tasas de interés, gran parte del capital seguirá optando por esperar antes que asumir riesgos en proyectos productivos de largo plazo.

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Caputo relanza la “Inocencia Fiscal” para captar los dólares fuera del sistema y reforzar el ahorro en la economía formal

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El Gobierno nacional presentó una nueva versión del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que apunta a facilitar la regularización de ahorros no declarados y estimular el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la propuesta será enviada al Congreso con modificaciones destinadas a ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y brindar mayores garantías jurídicas para incentivar la adhesión.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para fortalecer el ahorro interno como fuente de financiamiento de la economía. Según estimaciones del Banco Central citadas por Caputo, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero unos US$170.000 millones, una cifra que supera ampliamente los depósitos en moneda extranjera dentro del sistema bancario.

“Necesitamos que esos dólares ingresen al circuito financiero para que haya más inversión, más crecimiento y mayores recursos que permitan seguir reduciendo impuestos”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda durante la presentación realizada junto a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y representantes del ámbito tributario.

El funcionario remarcó que conservar esos fondos fuera del sistema constituye un costo para la economía y para los propios ahorristas. “Tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Pierden valor y no generan financiamiento para el crecimiento”, afirmó.

Cambios para ampliar la adhesión

La nueva propuesta mantiene el espíritu del régimen aprobado anteriormente, aunque incorpora modificaciones técnicas surgidas de reuniones entre el Gobierno y especialistas en materia tributaria.

Uno de los cambios centrales elimina los límites patrimoniales y de ingresos para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias. De esta manera, podrán adherirse todas las personas humanas y sucesiones indivisas, mientras que los grandes contribuyentes también tendrán acceso a una modalidad simplificada para la liquidación del impuesto, aunque sin algunos de los beneficios adicionales previstos para el resto de los contribuyentes.

Otro aspecto relevante modifica el tratamiento de las denominadas discrepancias significativas detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El nuevo texto redefine los parámetros para considerar una diferencia relevante y, además, incorpora la posibilidad de que el contribuyente rectifique su declaración jurada y regularice la situación dentro de un plazo determinado antes de perder los beneficios del régimen.

La propuesta también introduce un cambio de criterio respecto de la carga probatoria. Será el organismo recaudador quien deberá fundamentar las observaciones utilizando información objetiva y verificable, sin recurrir a presunciones, reforzando así las garantías para quienes ingresen al sistema.

Asimismo, si posteriormente una impugnación administrativa fuera revocada, el contribuyente recuperará plenamente los beneficios del régimen y ARCA deberá reintegrar los importes abonados con los intereses correspondientes en un plazo de 45 días hábiles.

El desafío de transformar ahorro en inversión

Desde la perspectiva oficial, el proyecto busca resolver uno de los principales desafíos estructurales de la economía argentina: movilizar un importante volumen de ahorro privado que permanece fuera del sistema financiero.

El Ejecutivo sostiene que una mayor bancarización de esos recursos permitiría ampliar el crédito, financiar inversiones productivas, fortalecer el nivel de actividad y aumentar la recaudación sin recurrir a nuevos tributos, consolidando además el equilibrio fiscal.

En ese sentido, María Ibarzabal Murphy explicó que las modificaciones apuntan a “robustecer la seguridad jurídica del régimen” y generar la confianza necesaria para que un mayor número de contribuyentes decida formalizar sus activos.

El desafío político

La nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal iniciará ahora su recorrido legislativo, donde el oficialismo deberá construir consensos para su aprobación. El debate volverá a poner en discusión el delicado equilibrio entre ampliar la base tributaria, incentivar la formalización de capitales y garantizar reglas previsibles para los contribuyentes.

Más allá del resultado parlamentario, el proyecto refleja una estrategia orientada a canalizar el ahorro privado hacia la economía formal como herramienta para impulsar la inversión y sostener el crecimiento sin incrementar la presión fiscal, un objetivo que el Gobierno considera central para consolidar la estabilidad macroeconómica.

El detalle de las modificaciones

Los ejes principales estuvieron enfocados en ampliar el universo de contribuyentes al Régimen Simplificado de Ganancias y alivianar las discrepancias significativas, entre otros cambios.

Ampliación del universo: se eliminan los topes o barreras patrimoniales y de ingresos. El régimen queda abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas. Quienes revistan las categorías de “Grandes Contribuyentes” podrán adherir a la “modalidad simplificada” a los fines prácticos de el que fisco les pre-liquide el impuesto y para efectuar el pago, aunque no gozarán de las presuncionesefectos liberatorios ni demás beneficios previstos en la ley.

Discrepancia significativa: se configura una discrepancia si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos (lo cual implica una mejora técnica respecto del texto actual que hablaba de “saldos”) por un porcentaje inferior al 15%Aun superando el 15%, no habrá exclusión del régimen si la diferencia nominal reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión previsto ($5 millones).

Inversión de la carga probatoria y salvataje por rectificativa: se invierte la carga de la prueba hacia ARCA. Para sostener una discrepancia significativa, el fisco no podrá utilizar presunciones sino que solo podrá valerse de la información declarada, sus propios sistemas o datos de terceros. Se otorga una oportunidad al contribuyente para no perder el régimen. No se considerará configurada la discrepancia si el contribuyente presenta una declaración jurada rectificativa y cancela o regulariza la diferencia (más intereses) en un plazo no mayor a 15 días hábiles tras ser notificado de la liquidación administrativa (por ingresos directos) o de la determinación de oficio. En el texto actual solo se permitía en el caso de uso de facturas apócrifas.

Restablecimiento de la presunción y reintegro con intereses en plazo expedito: si el contribuyente paga el ajuste para no perder el régimen y posteriormente se revoca la impugnación de ARCA, se le restablece plenamente la presunción de exactitud. En este escenario, ARCA está obligada a reintegrar los importes con intereses de repetición en un plazo no mayor a 45 días hábiles desde la notificación de la resolución firme.

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Avanzan con la privatización de rutas nacionales: abren las ofertas económicas de la Etapa III, que incluye a Misiones

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de concesión de la infraestructura vial al abrir este miércoles las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un esquema que prevé incorporar capital privado para la operación, mantenimiento y modernización de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidas en once provincias, entre ellas Misiones.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que esta etapa forma parte del plan para concesionar más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos, por donde circula cerca del 80% del tránsito nacional. El objetivo oficial es reemplazar el financiamiento estatal de estas obras por inversión privada, bajo un modelo de concesión que busca mejorar la infraestructura vial y reducir los costos logísticos para la producción.

Para Misiones, el proceso adquiere especial relevancia porque la provincia integra dos de los corredores licitados. Por un lado, el Tramo Mesopotámico, que comprende 276 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 18, y por otro el Tramo Noreste, con 456 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 105, dos ejes fundamentales para la conectividad provincial y el comercio con Paraguay y Brasil.

La Ruta Nacional 12 constituye el principal corredor logístico de Misiones. Conecta la provincia con Corrientes y el resto del país, además de vincular ciudades estratégicas como Posadas, Jardín América, Eldorado, Puerto Esperanza e Iguazú. La Ruta Nacional 105, en tanto, funciona como uno de los principales accesos al área metropolitana de Posadas y canaliza buena parte del tránsito de cargas provenientes del sur provincial.

La Etapa III también incluye otros seis corredores distribuidos en distintas regiones del país. El Tramo Centro comprende 681 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 19 y 34; el Centro Norte abarca 536 kilómetros de la Ruta Nacional 34; el Noroeste suma 596 kilómetros sobre las rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016; el Litoral comprende 547 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16; el corredor Chaco-Santa Fe cubre 497 kilómetros de la Ruta Nacional 11; mientras que el Tramo Cuyo incorpora 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7.

Según explicó Caputo en sus redes sociales, la apertura de las ofertas económicas representa un nuevo avance del proceso licitatorio y permitirá continuar con la evaluación para adjudicar cada uno de los corredores.

“Se realizó la apertura de las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un nuevo avance del proceso licitatorio para concesionar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión 100 % privada”, señaló el ministro.

El funcionario sostuvo además que estos corredores son “fundamentales para la producción, el comercio, el turismo y la integración regional”, al tiempo que reafirmó la estrategia oficial de avanzar hacia un esquema donde el mantenimiento y desarrollo de la red vial quede en manos de operadores privados.

La iniciativa se enmarca en el proceso de transformación del sistema de infraestructura impulsado por el Gobierno nacional, que busca reemplazar el modelo tradicional de obra pública financiada con recursos del Estado por concesiones de largo plazo. En este esquema, las empresas adjudicatarias asumirán las inversiones necesarias para mantener, reparar y ampliar las rutas, recuperando esos desembolsos a través de la explotación de los corredores concesionados.

Para Misiones, donde la competitividad de sectores como la forestoindustria, la yerba mate, el té, el turismo y el comercio internacional depende en gran medida de la calidad de la infraestructura vial, la modernización de estos corredores aparece como un factor clave para reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad y fortalecer la integración logística con el Mercosur. El desafío, sin embargo, será que las futuras concesiones logren equilibrar inversiones, calidad del servicio y costos para los usuarios, en un contexto donde el transporte terrestre continúa siendo uno de los principales motores de la economía regional.

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