En un movimiento que busca reforzar la arquitectura comunicacional del Gobierno nacional en una etapa que la administración libertaria considera clave para consolidar su programa económico, el presidente Javier Milei designó a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa de la Nación.
La decisión se produce en un contexto en el que el oficialismo intenta pasar de una etapa centrada en el ajuste, la estabilización macroeconómica y la reducción de la inflación hacia una narrativa orientada al crecimiento, la inversión y la expansión de la actividad económica. En ese marco, la comunicación aparece como una herramienta estratégica para sostener la construcción política de una gestión que busca consolidar resultados y ampliar consensos.
Fernández llega al cargo con experiencia en comunicación institucional, relaciones públicas y gestión de prensa. Durante más de una década participó en distintos equipos de trabajo vinculados al sector público y privado, mientras que desde 2023 estuvo al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF, una de las compañías más relevantes del país y protagonista central del proceso de expansión energética que impulsa el Gobierno.
Su desembarco en la Casa Rosada también refleja una búsqueda de profesionalización de la comunicación oficial en momentos en que la gestión nacional procura consolidar un relato asociado a la recuperación económica y al fortalecimiento de la inversión privada.
Desde el Gobierno señalaron que Fernández trabajará de manera coordinada con el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien asumió recientemente la responsabilidad de la comunicación política cotidiana del Ejecutivo. La articulación entre ambos funcionarios será clave para ordenar los mensajes de una administración que enfrenta el desafío de comunicar una nueva fase de gestión tras más de dos años de profundas transformaciones económicas e institucionales.
La incorporación del exresponsable de comunicación de YPF se interpreta además como una señal de continuidad en la estrategia oficial de sumar perfiles técnicos y especializados en áreas consideradas sensibles para la consolidación del proyecto político libertario.
En el entorno presidencial sostienen que la Argentina atraviesa una etapa distinta a la de los primeros meses de gobierno, caracterizada por la estabilización de variables macroeconómicas, una recuperación gradual de la inversión y mejores perspectivas de crecimiento. Bajo esa lógica, la comunicación deja de estar enfocada exclusivamente en explicar medidas de emergencia para pasar a transmitir los resultados y objetivos de largo plazo del modelo económico.
FABIÁN FERNÁNDEZ ES EL NUEVO SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA NACIÓN
En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a…
La llegada de Fernández ocurre en un momento donde el Gobierno busca fortalecer su presencia institucional, ampliar su capacidad de interlocución con distintos sectores y consolidar una narrativa que acompañe la transición desde la estabilización hacia una fase de expansión económica. En esa estrategia, la Secretaría de Comunicación y Prensa adquiere un rol central como puente entre la gestión, los medios y la sociedad.
Misiones dio un nuevo paso en su estrategia de consolidación de la economía del conocimiento y el desarrollo tecnológico con la entrada en vigencia de la Ley VIII N.º 120, una norma destinada a promover la creación, radicación, consolidación y expansión de startups en el territorio provincial.
La legislación, sancionada por la Cámara de Representantes el 28 de mayo y promulgada por el gobernador Hugo Passalacqua el 12 de junio, establece un marco específico para empresas innovadoras de base tecnológica, con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor, atraer inversiones y generar empleo calificado.
La nueva normativa reconoce como startups a las personas humanas o jurídicas que desarrollen productos, servicios o procesos innovadores sustentados en tecnología o modelos de negocio disruptivos, con potencial de crecimiento escalable y actividad efectiva en Misiones.
La ley se inscribe dentro de una política provincial que en los últimos años tuvo como ejes la creación de Silicon Misiones, la expansión de programas de formación tecnológica y la promoción de industrias vinculadas a la innovación, la programación, la inteligencia artificial y la economía digital.
El corazón de la norma es la creación del Registro de Empresas Startups de la Provincia de Misiones, una herramienta que permitirá identificar y caracterizar al sector, además de constituirse en requisito indispensable para acceder a los beneficios previstos.
La intención oficial es contar con una base de datos actualizada que permita diseñar políticas públicas específicas para un segmento empresarial que, por su naturaleza, suele enfrentar dificultades para acceder a financiamiento tradicional y para escalar sus proyectos en etapas tempranas.
Las startups registradas podrán acceder a una batería de incentivos que incluyen:
Exenciones o diferimientos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y otros tributos provinciales.
Prioridad en programas de incubación, aceleración y capacitación.
Mentorías y asistencia técnica especializada.
Utilización de espacios de coworking, laboratorios y entornos de innovación administrados por el Estado provincial.
Acceso a líneas de financiamiento y programas de apoyo económico vigentes.
La reglamentación deberá definir los alcances concretos de los beneficios fiscales, así como las condiciones de acceso y permanencia dentro del régimen.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, a través de Silicon Misiones SAPEM y la Dirección General de Rentas, cada uno dentro de sus competencias.
Silicon Misiones tendrá un rol central en la implementación de la norma. Entre sus funciones estarán la administración del registro, la definición de criterios de elegibilidad, la articulación de programas de capacitación y financiamiento, y la promoción de vínculos con organismos públicos, universidades, centros tecnológicos e inversores privados.
Además, la ley faculta a la autoridad de aplicación a impulsar procesos de internacionalización, transferencia tecnológica y adopción de tecnologías emergentes, elementos considerados clave para que las empresas locales puedan competir en mercados globales.
Generar empleo y retener talento
Uno de los objetivos estratégicos de la ley es promover el arraigo del talento joven y altamente calificado en la provincia.
El texto reconoce que las startups son actores relevantes para la generación de empleo especializado y para la diversificación de la matriz productiva. En un contexto donde las economías basadas en el conocimiento ganan peso en la estructura económica global, la provincia busca consolidar un entorno favorable para emprendedores, desarrolladores, científicos de datos, programadores, diseñadores y profesionales vinculados a sectores tecnológicos.
La norma también apunta a fortalecer la inversión privada en actividades de alto valor agregado y a estimular la creación de empresas con capacidad exportadora.
La aprobación de la Ley VIII N.º 120 representa un paso institucional importante para un ecosistema que ya mostraba señales de crecimiento en torno a Silicon Misiones, la Escuela de Robótica, la Escuela Secundaria de Innovación y diversos programas provinciales de formación tecnológica.
Con esta herramienta legal, Misiones busca consolidar una estrategia de largo plazo orientada a transformar el conocimiento en producción, empleo y desarrollo económico, posicionándose como uno de los polos tecnológicos emergentes del norte argentino.
La creación de un régimen específico para startups también envía una señal al mercado inversor: la provincia pretende competir por proyectos innovadores, talento emprendedor y empresas tecnológicas en un escenario donde la economía del conocimiento se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento global.
El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a fijar posición sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei con una serie de definiciones que combinan respaldo a los objetivos macroeconómicos con fuertes cuestionamientos a la estrategia política y tributaria de la administración nacional. Durante una entrevista en el programa de streaming Economía de Quincho, el exfuncionario sostuvo que el programa económico necesita ser “más entendible” para generar previsibilidad, criticó los beneficios diferenciales que contempla el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y propuso avanzar en una reforma impositiva que elimine gravámenes considerados distorsivos.
Cavallo planteó que uno de los principales desafíos del Gobierno no pasa únicamente por la consistencia técnica del programa económico, sino también por la forma en que comunica sus objetivos y construye confianza entre los agentes económicos. Según explicó, la actual conducción genera incertidumbre porque resulta difícil comprender la lógica de algunas decisiones de corto plazo, situación que, a su juicio, debilita la previsibilidad necesaria para consolidar inversiones.
El exministro recordó además sus diferencias con el presidente Javier Milei durante 2024, cuando advirtió sobre los riesgos de sostener un tipo de cambio apreciado sin una adecuada acumulación de reservas internacionales. Según relató, aquellas observaciones provocaron un distanciamiento con el mandatario. No obstante, insistió en que el programa económico debería complementarse con una conducción política “más defendible” y comprensible para reducir los niveles de incertidumbre.
Uno de los ejes centrales de sus críticas estuvo dirigido al RIGI, el esquema diseñado para atraer grandes inversiones mediante beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios. Para Cavallo, el régimen introduce privilegios sectoriales que contradicen el principio de igualdad de condiciones para toda la economía.
En ese sentido, sostuvo que los incentivos extraordinarios otorgados a grandes proyectos deberían extenderse progresivamente al conjunto del aparato productivo. Reveló incluso que trasladó esa inquietud al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien —según su relato— le respondió que el propio Milei considera que esos beneficios deberían generalizarse en el plazo de dos años.
Desde su perspectiva, la competitividad no debe construirse mediante regímenes especiales sino a través de reglas permanentes y homogéneas que permitan invertir bajo las mismas condiciones, independientemente del tamaño de cada empresa o del sector al que pertenezca.
En materia fiscal, Cavallo sostuvo que el principal objetivo del Gobierno debería ser eliminar gradualmente los impuestos que encarecen la producción y reducen la competitividad de las exportaciones. Afirmó que, mientras se mantenga el control sobre el gasto público, una eventual reducción transitoria de la recaudación no pondría en riesgo el equilibrio fiscal.
Entre las reformas prioritarias ubicó la eliminación progresiva de las retenciones agropecuarias, a las que calificó como una “aberración”, y propuso reemplazar gravámenes distorsivos por tributos más neutrales como el IVA, el Impuesto a las Ganancias y los impuestos inmobiliarios.
También cuestionó la carga tributaria que soporta la producción industrial a través de impuestos acumulativos como Ingresos Brutos y reclamó un esquema más amplio de reintegros para los exportadores. Respecto del impuesto al cheque, propuso transformarlo íntegramente en un pago a cuenta del IVA para reducir su impacto sobre los costos de las empresas formalizadas.
Otro de los puntos sobre los que hizo foco fue la fuerte reducción de la inversión pública en infraestructura. Cavallo consideró que la paralización de obras estratégicas representa un factor que deteriora la competitividad del país al incrementar los costos logísticos y de transporte.
En ese contexto defendió un esquema mixto de financiamiento basado en concesiones privadas, iniciativas público-privadas y el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A su entender, abandonar la inversión en infraestructura termina afectando directamente la productividad del sistema económico.
Durante la entrevista también analizó el escenario político y advirtió sobre la fragilidad institucional de las reformas económicas cuando dependen exclusivamente del resultado electoral. Señaló que un eventual cambio de signo político podría modificar nuevamente las reglas de juego, generando incertidumbre para inversores locales y extranjeros.
Por ello propuso construir acuerdos de largo plazo con gobernadores y distintos sectores políticos para consolidar reformas tributarias, laborales y regulatorias que trasciendan a una administración específica y otorguen mayor estabilidad al marco económico argentino.
Finalmente, Cavallo ratificó uno de los principios que ha sostenido desde la década de 1990: rechazó la utilización de devaluaciones como herramienta para mejorar la competitividad. Argumentó que la depreciación del tipo de cambio termina trasladándose rápidamente a los precios internos, anulando cualquier ventaja exportadora y deteriorando el poder adquisitivo de la población.
En su visión, la verdadera competitividad debe construirse mediante una combinación de menor presión tributaria, reducción del riesgo país, reglas estables para la inversión y una infraestructura eficiente que reduzca los costos logísticos. Bajo esa lógica, insistió en que la consolidación del programa económico dependerá tanto de su consistencia técnica como de la capacidad política para generar confianza y previsibilidad en el largo plazo.
La economía argentina exhibe una paradoja cada vez más evidente. Mientras algunos sectores vinculados a la exportación, los recursos naturales y las finanzas muestran tasas de crecimiento que superan ampliamente el promedio nacional, amplias ramas de la actividad continúan atravesando un escenario de estancamiento, caída de ventas y pérdida de empleo. Frente a esta realidad, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó una interpretación que busca explicar cómo la recuperación podría extenderse al conjunto de la economía: el denominado “eslabonamiento” productivo.
El concepto fue expuesto por el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, durante la presentación de un informe en el que el organismo reconoce explícitamente que la actividad económica avanza a distintas velocidades. Sin embargo, lejos de considerar esta situación como un problema estructural, el BCRA sostiene que los sectores más dinámicos terminarán generando una demanda indirecta de bienes y servicios capaz de impulsar a las actividades más rezagadas.
La apuesta oficial se apoya en el desempeño de los principales ganadores del actual esquema económico. Con una proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno cercana al 3,5% para 2026, actividades como la minería, la energía y el agro muestran una expansión significativamente superior al promedio de la economía. Según la visión del Gobierno, estos sectores no funcionan de manera aislada, sino que requieren infraestructura, transporte, logística, servicios urbanos, construcción especializada y una amplia red de proveedores que podrían convertirse en motores secundarios del crecimiento.
“Su eslabonamiento con otros sectores contribuirá a la creación de oportunidades de empleo”, sostiene el documento difundido por la autoridad monetaria. La idea remite a una lógica económica conocida: los sectores más competitivos generan una cadena de demanda que termina irradiando actividad hacia otras ramas productivas.
Sin embargo, detrás de esa explicación aparece un debate que excede lo académico y se instala en el terreno político. Para muchos analistas, el concepto de “eslabonamiento” se acerca a una versión actualizada de la histórica teoría del “derrame”, según la cual el crecimiento de determinados sectores termina beneficiando al conjunto de la economía. La diferencia es que, en este caso, el Gobierno evita utilizar ese término y pone el foco en los vínculos productivos que podrían surgir alrededor de los sectores exportadores.
Los datos más recientes parecen reforzar la existencia de esa economía dual. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la producción minera creció 9,5% interanual en abril. Dentro de ese resultado sobresalen el aumento de casi 20% en la extracción de petróleo crudo, el crecimiento de 12,5% en minerales metalíferos y un salto de 45,5% en los minerales no metalíferos. Son actividades intensivas en capital, orientadas a la exportación y beneficiadas por medidas de promoción como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
La energía, la minería, el agro y el sector financiero explican buena parte de los indicadores positivos que exhibe actualmente la macroeconomía. Sin embargo, el panorama es muy distinto en sectores históricamente vinculados al empleo masivo y al mercado interno.
La industria manufacturera, el comercio y la construcción continúan mostrando dificultades para recuperar los niveles de actividad previos al ajuste económico. La caída del salario real, la retracción del consumo, la paralización de gran parte de la obra pública y la mayor competencia derivada de la apertura de importaciones impactaron directamente sobre estos sectores, provocando cierres de empresas, reducción de planteles y una creciente presión sobre el mercado laboral.
La principal incógnita es si el crecimiento liderado por sectores extractivos y exportadores puede traducirse efectivamente en una recuperación amplia del empleo formal. A diferencia de la industria o la construcción, la minería y la explotación hidrocarburífera demandan una menor cantidad de trabajadores en relación con el volumen de inversión que movilizan. Por eso, aun cuando generan divisas y aumentan la actividad agregada, su capacidad para absorber mano de obra es considerablemente más limitada.
En paralelo, el Banco Central identifica a la inversión privada como el tercer motor de la recuperación económica, junto con las exportaciones y la estabilización macroeconómica. El informe destaca una reactivación del financiamiento corporativo, tanto en el mercado local como en el exterior, impulsada por la reducción del riesgo país y la mejora en las condiciones financieras.
No obstante, el organismo también advierte que las empresas deberán adaptarse a un escenario diferente al que predominó durante los años de alta inflación. Según el diagnóstico oficial, los márgenes extraordinarios obtenidos mediante la remarcación constante de precios tenderán a desaparecer. En una economía con inflación descendente, la rentabilidad dependerá cada vez más de la productividad, la eficiencia operativa, la innovación tecnológica y la capacidad de aumentar volúmenes de venta.
En ese contexto, el consumo aparece como una de las variables más sensibles. Aunque el BCRA proyecta una recuperación gradual, reconoce que el sector privado deberá redefinir estrategias comerciales y adaptarse a cambios acelerados en los canales de comercialización y en los hábitos de compra de los consumidores.
El optimismo oficial también se apoya en el proceso de desinflación. Tras registros cercanos al 2% mensual, el Banco Central considera posible que el índice de precios perforé ese umbral durante los próximos meses, consolidando uno de los principales objetivos económicos de la administración de Javier Milei.
Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo temporal. El informe del BCRA plantea una expectativa de convergencia entre sectores dinámicos y rezagados, pero no establece plazos concretos ni cuantifica cuándo ese efecto de arrastre comenzaría a reflejarse en el empleo, el consumo y la actividad de las economías regionales.
Para provincias como Misiones, donde el comercio, la construcción, la industria forestal, la producción yerbatera y el turismo tienen una fuerte incidencia sobre el empleo, la discusión adquiere una dimensión particular. El desafío no pasa únicamente por sostener el crecimiento agregado de la economía, sino por determinar si los beneficios de los sectores exportadores terminarán llegando al entramado productivo que genera trabajo y movimiento económico en el interior del país.
La apuesta oficial está hecha. El interrogante que sigue abierto es si el “eslabonamiento” llegará a tiempo para compensar las dificultades de los sectores que todavía esperan señales concretas de recuperación.
El Gobierno nacional decidió habilitar el régimen de Tiendas Libres de Impuestos en fronteras terrestres del Mercosur. La medida habilita la instalación de mini duty free en pasos fronterizos y busca dinamizar el comercio, el turismo y el empleo formal en ciudades limítrofes. Para provincias como Misiones, donde la competencia con Paraguay y Brasil define buena parte de la actividad comercial, el impacto podría ser significativo y asoman fuertes voces críticas.
El Gobierno nacional oficializó la creación del Régimen de Tiendas Libres de Impuestos en Frontera Terrestre, una herramienta largamente utilizada por Brasil a través de las denominadas “lojas francas” y que ahora podrá implementarse en territorio argentino una vez que el Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dicten las reglamentaciones operativas correspondientes.
El Decreto 438/2026 incorpora una norma aprobada por el Mercosur en 2018 y establece que podrán comercializarse productos nacionales e importados sin cargas tributarias dentro de establecimientos especialmente habilitados en pasos fronterizos terrestres.
La decisión introduce un nuevo factor competitivo para las economías de frontera y, particularmente, para provincias como Misiones, Corrientes, Formosa y Entre Ríos, donde los flujos comerciales están condicionados por las diferencias cambiarias y tributarias con los países vecinos.
Más allá del debate político y comercial que abrió la medida, el decreto incorpora una lista de exclusiones que limita significativamente el alcance de las futuras tiendas libres de impuestos. En particular, varios de los rubros más sensibles para la economía de frontera de Misiones quedaron expresamente fuera del régimen.
Entre los productos que no podrán comercializarse en los duty free terrestres figuran los neumáticos, los materiales de construcción, la maquinaria agrícola e industrial, los cigarrillos y buena parte del calzado. También quedaron excluidos los vehículos, embarcaciones, aeronaves, armas y municiones, además de los electrodomésticos de gran porte.
La decisión busca evitar distorsiones en sectores considerados estratégicos o especialmente sensibles para la producción y el comercio local. En el caso de Misiones, las restricciones atenúan parcialmente las preocupaciones del sector privado, ya que varios de los productos que históricamente generan mayores diferencias de precios con Paraguay y Brasil no podrán ser ofrecidos bajo el régimen de tiendas libres de impuestos.
De todos modos, comerciantes y cámaras empresarias advierten que el impacto final dependerá de la reglamentación que dicten la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Ministerio de Economía, así como de la ubicación, escala y oferta comercial que finalmente desarrollen estos establecimientos en las ciudades fronterizas.
La norma establece que las ventas estarán limitadas a viajeros que ingresen o egresen del país y deberán respetar los topes y franquicias vigentes -hoy son 500 dólares en el Duty de Iguazú- del régimen de equipaje. Es decir, no se trata de un canal para operaciones comerciales mayoristas sino de compras destinadas al consumo personal.
Más allá del componente comercial, la medida tiene una dimensión territorial relevante. El decreto reconoce expresamente que las tiendas libres de impuestos pueden contribuir al desarrollo local y a la generación de empleo formal en zonas de frontera.
Para las ciudades fronterizas del NEA, donde gran parte de la actividad económica depende del movimiento turístico y comercial, la posibilidad de instalar duty free podría generar nuevas inversiones privadas vinculadas al retail, la logística, los servicios y la infraestructura comercial.
Entre los efectos potenciales aparecen: Mayor atractivo turístico y comercial en ciudades fronterizas.Captación de parte del gasto que actualmente se realiza en establecimientos similares de Brasil y Paraguay.Nuevas inversiones privadas en infraestructura comercial.Generación de empleo formal asociado al comercio y los servicios.Incremento de la recaudación indirecta a través de mayor actividad económica local.
Sin embargo, el impacto dependerá de la reglamentación final y de los productos que efectivamente puedan comercializarse bajo el régimen.
Misiones, la provincia que puede cambiar el mapa de la discusión
El caso misionero merece un análisis particular. La provincia comparte más de 90% de sus límites con Brasil y Paraguay y mantiene desde hace décadas reclamos vinculados a las asimetrías tributarias y comerciales. El Gobierno provincial y empresarios advierten que el pedido de una Zona Aduanera Especial para todo el territorio, se mantiene vigente.
La resolución abre interrogantes para el comercio tradicional. La convivencia entre establecimientos duty free y comercios convencionales exigirá un diseño regulatorio que evite distorsiones internas y garantice condiciones de competencia previsibles. Desde el sector empresario misionero advierten que en el actual contexto comercial de “capa caída” podría ser una competencia desleal para el comercio local, aunque advierten que hay que esperar las normas que determine ARCA.
El decreto establece un modelo de fuerte supervisión estatal. Las tiendas sólo podrán instalarse en pasos fronterizos habilitados o en recintos autorizados por ARCA y requerirán una doble aprobación: comercial, por parte del Ministerio de Economía, y aduanera, por parte de la autoridad fiscal.
Además, las habilitaciones deberán otorgarse mediante procedimientos competitivos y transparentes, mientras que la Dirección General de Aduanas conservará facultades para suspender o revocar permisos ante incumplimientos.
Otro aspecto relevante es que las compras realizadas en estos establecimientos seguirán encuadradas dentro del régimen de equipaje. Esto implica que continuarán vigentes las franquicias, límites de valor y controles aduaneros ya previstos por la legislación argentina.
La postura de los empresarios de Misiones
Federico Panozzo, presidente de la CCIP, en diálogo con Radio Open 101.7 consideró que la medida abre “diferencias competitivas” con los comercios locales. Afirmó que “nos complica, por una cuestión de que volvemos a la discusión de asimetrías, Posadas y el comercio posadeño vienen combatiendo las asimetrías con países fronterizos y en este caso este tipo de medidas también nos hacen a nosotros competir, en este caso con un local, con un operador que tiene beneficios impositivos”.
El empresario aclaró que “nosotros estamos a favor de nuevas inversiones, de nuevos atractivos para la ciudad, no nos oponemos a eso. Lo que sí nos oponemos siempre y firmemente a las diferencias competitivas”. Explicó que “esta es una medida que el gobierno nacional implementa sin consultar y sin ver qué está pasando en las economías regionales. Sabemos que el gobierno nacional no se fija mucho puntualmente cuál es la realidad de cada provincia, sino que van tomando medidas en línea a sus objetivos macroeconómicos”.
Por ello Panozzo indicó que “lo que queremos hacer con el acompañamiento provincial y municipal es que nos habiliten un régimen aduanero especial para que todos los comercios, todo el entramado comercial misionero en este caso, tenga beneficios impositivos y así podamos competir. Insisto, la idea no es que no se instale más nadie y que no evolucione nuestro comercio ni la oferta para consumidores. La idea es que todos podamos tener reglas similares por lo menos para poder comercializar y ser competitivos”.
Entre las primeras voces críticas que surgieron tras la publicación del decreto se encuentra la de Alejandro Haene, expresidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), quien cuestionó la decisión del Gobierno nacional de habilitar tiendas libres de impuestos en ciudades de frontera.
Para Haene, la medida va en dirección opuesta a los reclamos históricos del comercio misionero. Sostiene que las empresas locales ya enfrentan una situación compleja por la diferencia cambiaria con Paraguay y Brasil, que incentiva las compras transfronterizas. En ese contexto, considera que sumar nuevos beneficios fiscales para emprendimientos específicos profundizaría las asimetrías que afectan al sector formal de la provincia.
“El comercio misionero viene soportando una competencia muy fuerte por el tipo de cambio y por las facilidades que tienen los consumidores para comprar en Paraguay o Brasil. Si ahora se agregan tiendas libres de impuestos, sería un golpe muy duro para quienes ya están instalados y generan empleo en la provincia”, planteó.
El dirigente señaló además que Misiones viene reclamando un tratamiento impositivo diferencial para compensar su condición fronteriza. Por eso, entiende que la prioridad debería ser reducir la carga tributaria sobre los comercios e industrias ya radicados en la provincia y no crear regímenes especiales para nuevos operadores. “Lo que necesitamos es una baja de impuestos nacionales para las empresas que ya invierten, producen y sostienen puestos de trabajo. No un doble estándar donde algunos negocios tengan ventajas fiscales mientras el resto continúa soportando toda la carga tributaria argentina”, sostuvo.
Aunque aclaró que se trata de una posición estrictamente personal, Haene fue categórico en su rechazo a la iniciativa. A su juicio, la creación de duty free terrestres podría agravar las dificultades de competitividad que enfrenta el comercio misionero y alejar aún más la posibilidad de avanzar hacia un régimen especial que equipare las condiciones con las ciudades fronterizas de los países vecinos.
El desafío de transformar una ventaja normativa en desarrollo real
La creación del régimen no garantiza por sí sola inversiones ni una inmediata expansión del comercio fronterizo. El verdadero impacto dependerá de la velocidad con que Economía y ARCA implementen las reglamentaciones, de las condiciones de inversión que se definan para los operadores privados y de la capacidad de las provincias para integrar esta herramienta dentro de una estrategia más amplia de desarrollo regional.
Para Misiones y el resto de las provincias fronterizas, la medida representa una oportunidad para recuperar competitividad en un escenario donde la disputa por el consumo ya no se limita a las diferencias cambiarias, sino que incorpora nuevos instrumentos comerciales dentro del propio territorio argentino.
Lo que habrá que seguir de cerca es cuántos pasos fronterizos serán habilitados, qué productos podrán comercializarse finalmente y si el régimen logra convertirse en un verdadero polo de atracción de inversiones o queda limitado a una herramienta de alcance acotado.
