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Milei defendió el rumbo económico y aseguró que hay un proceso de “destrucción creativa” de la estructura productiva

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El presidente Javier Milei cerró una nueva edición del Council de las Américas con una defensa enfática de su programa económico y un mensaje dirigido al establishment empresario y financiero: sostuvo que la Argentina ya atravesó un cambio estructural y que su mandato consiste en consolidar dos objetivos centrales: bajar la inflación y hacer crecer la economía. “Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir”, afirmó.

El discurso presidencial llegó después de una jornada en la que buena parte del equipo económico expuso ante empresarios, inversores y dirigentes políticos los argumentos oficiales para sostener el rumbo. El jefe de Gabinete, Diego Santilli; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno ocuparon previamente el escenario. El ministro de Economía, Luis Caputo, no participó por problemas de salud.

Milei eligió comenzar con una crítica frontal a la interpretación de los indicadores económicos y cuestionó a quienes, según su visión, priorizan encuestas de opinión de muestras reducidas por sobre las estadísticas oficiales. Su argumento central fue que el debate económico debe partir de los datos y no de percepciones aisladas. En ese marco, aseguró que la inflación pasó de niveles superiores al 200% anual al asumir a una tasa cercana al 31,5%, lo que presentó como una reducción del 85%.

El Presidente también puso el foco en la inflación mayorista, a la que consideró una señal particularmente relevante para anticipar la dinámica futura de precios. Recordó que al inicio de su gestión había alcanzado niveles extraordinariamente elevados y sostuvo que actualmente se encuentra en registros sustancialmente menores. Incluso volvió a referirse a su promesa de realizar un recital si la inflación comenzaba con cero, una apuesta que convirtió en parte del relato político de su programa de estabilización.

El segundo eje de su exposición fue el crecimiento. Milei sostuvo que la economía argentina ya acumula una expansión significativa durante su gestión y que, si se elimina el efecto de arrastre heredado de la administración anterior, el crecimiento de los primeros dos años supera los diez puntos porcentuales. La comparación con los períodos anteriores buscó reforzar una de las principales tesis del Gobierno: que la recuperación no responde solamente a un rebote estadístico, sino a un cambio en las condiciones estructurales de la economía.

En esa línea, el Presidente rechazó la idea de un crecimiento “a dos velocidades” y calificó ese concepto como una interpretación insuficiente de los procesos de transformación económica. Su argumento fue que una economía que cambia no puede expandirse de manera homogénea: mientras algunas empresas y actividades pierden participación o desaparecen, otras surgen, crecen y absorben recursos. Esa reasignación, sostuvo, constituye parte del proceso de crecimiento y no necesariamente una señal de deterioro.

La explicación conecta con uno de los conceptos centrales de su discurso: la “destrucción creativa”. Para Milei, el progreso tecnológico y la competencia obligan a modificar permanentemente la estructura productiva. Una empresa que ofrece un producto mejor o más barato puede desplazar a otra, pero los recursos liberados no necesariamente desaparecen: migran hacia nuevas actividades. El desafío, desde esta perspectiva, consiste en contar con mercados suficientemente flexibles para que trabajadores, capital e inversiones puedan desplazarse hacia los sectores con mayor productividad.

Ese planteo fue utilizado también para defender la apertura comercial y la desregulación. Milei sostuvo que la Argentina continúa siendo una economía excesivamente cerrada y comparó esa situación con una “cárcel”. La apertura, argumentó, permitiría ampliar el tamaño del mercado, generar economías de escala y abaratar bienes, mientras que los recursos que hoy se destinan a productos más caros podrían canalizarse hacia otras actividades.

El Presidente puso como ejemplo los neumáticos para ilustrar su argumento. Según su razonamiento, si un producto puede conseguirse en el mercado internacional a un precio significativamente inferior al doméstico, la apertura genera un ahorro para los consumidores que luego puede transformarse en demanda para otros sectores. El costo de sostener estructuras productivas ineficientes, en cambio, recaería sobre el conjunto de los consumidores mediante precios más elevados.

La misma lógica aplicó a la política de desregulación impulsada por Federico Sturzenegger. Milei sostuvo que la eliminación de normas y restricciones permite liberar recursos y mejorar la competitividad, aunque reconoció implícitamente que el proceso genera resistencia de sectores cuyos negocios dependían de determinadas regulaciones. En su interpretación, buena parte de la disputa política alrededor de las reformas responde precisamente a esa redistribución de beneficios y costos.

El equilibrio fiscal ocupó otro lugar central. Milei reivindicó el ajuste implementado desde el comienzo de su gestión y aseguró que permitió corregir un desequilibrio consolidado equivalente a unos quince puntos del PBI entre Tesoro y Banco Central. También destacó la reducción de impuestos y vinculó la mejora fiscal con una caída significativa de la relación deuda-producto y del riesgo país.

Para el Presidente, la estabilización constituye la condición necesaria para que aparezca una nueva etapa de inversión. En este punto coincidió con el mensaje previo del viceministro José Luis Daza, quien había afirmado que la Argentina dejó atrás la dependencia de los flujos de deuda de corto plazo y comenzó a atraer inversión directa. La apuesta oficial es que la estabilidad fiscal y monetaria, junto con reglas más previsibles, permita una acumulación de capital capaz de sostener un ciclo prolongado de expansión.

Milei también incorporó al diagnóstico el capital humano y el mercado laboral. Rechazó la idea de que el progreso tecnológico implique necesariamente una destrucción neta del empleo y recurrió a la experiencia histórica de la Revolución Industrial para sostener que los incrementos de productividad pueden ampliar la capacidad productiva y, simultáneamente, generar nuevas actividades.

El argumento adquiere especial relevancia frente a la transformación productiva que el Gobierno proyecta para los próximos años. Energía, minería, agroindustria, infraestructura y servicios asociados aparecen como sectores capaces de ampliar las exportaciones y generar una demanda creciente de trabajadores calificados. Daza había anticipado horas antes que la Argentina podría necesitar unos 18.000 ingenieros por año, además de soldadores, electricistas, mecánicos y otros perfiles técnicos.

La cuestión social apareció, aunque de manera secundaria, dentro de la exposición presidencial. Milei aseguró que durante su administración millones de personas dejaron de estar bajo la línea de pobreza y destacó especialmente la reducción de la indigencia. Sin embargo, reconoció que la situación social continúa siendo difícil. “La foto sigue siendo horrible”, admitió, aunque inmediatamente contrapuso esa imagen con lo que definió como “la mejor película de la historia argentina”.

Ese contraste sintetiza buena parte de la estrategia discursiva oficial: reconocer los costos inmediatos de la transformación, pero pedir que sean evaluados dentro de una perspectiva de largo plazo. El Gobierno sostiene que la caída de la inflación, la recuperación de la inversión y el aumento de la productividad deberían traducirse progresivamente en mejores salarios, mayor empleo privado y una ampliación de las oportunidades.

La apuesta más ambiciosa del discurso estuvo, precisamente, en el horizonte temporal. Milei planteó que la Argentina podría convertirse en una economía desarrollada en las próximas décadas si mantiene el proceso de reformas, incorpora tecnología y aprovecha sus recursos naturales y humanos. La inteligencia artificial aparece en esa proyección como un factor potencial de aceleración de la productividad, siempre que el marco regulatorio no termine funcionando como una barrera para la innovación.

El cierre del discurso trasladó la discusión económica hacia un terreno político y cultural. Para Milei, la transformación no depende solamente de medidas fiscales, monetarias o regulatorias, sino de un cambio en las reglas de funcionamiento de la sociedad. Libertad, propiedad privada, cumplimiento de los contratos, apertura y respeto por las instituciones constituyen, según su visión, las condiciones necesarias para construir un proceso de crecimiento sostenible.

Así, el mensaje ante el Consejo de las Américas fue más que una defensa coyuntural de los indicadores económicos. Milei buscó presentar la estabilización como la primera etapa de una transformación mucho más profunda, cuyo resultado debería medirse no solamente por la inflación o el déficit, sino por la capacidad de la Argentina para atraer capital, multiplicar productividad, generar empleos de mayor calidad y convertir sus ventajas en energía, minería, agroindustria y capital humano en un nuevo ciclo de desarrollo.

La principal incógnita ya no es solamente si el Gobierno puede sostener la estabilización. El desafío que emerge de su propio discurso es más exigente: lograr que la reasignación de recursos que reivindica como inevitable se traduzca en oportunidades concretas para trabajadores y empresas, que la inversión se convierta en empleo y que la apertura y la productividad lleguen finalmente a la economía cotidiana. Allí estará la verdadera prueba de la “película” que el Presidente asegura estar construyendo.

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Grinman pidió consolidar el modelo económico de Milei, aunque reconoció que “hay empresas que la están pasando mal”

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El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, llamó a “consolidar este modelo” económico impulsado por el Gobierno de Javier Milei, aunque reconoció que el proceso de transformación atraviesa una etapa de costos para parte del entramado productivo. El empresario formuló sus declaraciones durante su discurso en el Council de las Américas, donde planteó que el cambio de régimen económico exige una mayor participación y responsabilidad del sector privado.

Grinman sostuvo que durante años la Argentina estuvo atravesada por un Estado “omnipresente” y sobredimensionado que, según su diagnóstico, terminó limitando las posibilidades de expansión de las empresas. En ese marco, consideró que la recuperación del protagonismo privado modifica las reglas de funcionamiento de la economía y obliga a las compañías a asumir una mayor cuota de responsabilidad.

“Los argentinos durante años estuvimos acostumbrados a un Estado omnipresente y ese Estado sobredimensionado impedía a las empresas crecer, pero cuando el sector privado recobra protagonismo le toca asumir una mayor cuota de responsabilidad”, afirmó el titular de la CAC.

La definición adquiere especial relevancia porque Grinman no presentó el proceso como un tránsito sin costos. Por el contrario, reconoció que parte del sector empresario enfrenta dificultades en el actual escenario. “Representó al sector más dinámico de la economía”, señaló al referirse al empresariado, aunque inmediatamente admitió que “hay empresas que la están pasando mal”.

La tensión entre la apuesta por una economía con mayor protagonismo privado y los costos de la transición quedó así expuesta en el propio discurso empresarial. Para Grinman, el desafío consiste en atravesar esa etapa sin abandonar el rumbo que, a su entender, puede modificar estructuralmente la relación entre el Estado, las empresas y la generación de actividad económica.

En esa línea, comparó el proceso con la necesidad de abandonar una situación conocida para ingresar en un escenario de mayor exposición y competencia. “En muchos casos es salir de la zona de confort para navegar las aguas abiertas”, sostuvo.

El planteo también coloca el foco sobre los sectores que comienzan a ganar protagonismo dentro de la economía. Grinman destacó precisamente la aparición y expansión de nuevas actividades como una de las señales de transformación del aparato productivo, en un contexto en el que la inversión privada y la capacidad empresarial adquieren un peso mayor frente a un Estado con una participación más acotada.

La cuestión central, entonces, no pasa únicamente por sostener un determinado esquema macroeconómico, sino por determinar si ese cambio consigue traducirse en una mejora sostenible de las condiciones para producir, invertir y generar empleo. La advertencia del propio sector empresario sobre las compañías que atraviesan dificultades introduce una dimensión social que será determinante para evaluar los resultados de la transformación.

Grinman, sin embargo, sostuvo que los costos actuales pueden justificarse si conducen a una modificación estructural de la economía argentina. “Si ese es el precio que tenemos que pagar para transformar nuestro país creo que vale la pena”, afirmó.

Y cerró con una definición contundente: “Si consolidamos este modelo vamos a tener un país espectacular”. El desafío que queda planteado para el sector privado y para el Gobierno es convertir esa expectativa en resultados concretos: más inversión, empresas competitivas, empleo formal y una economía capaz de sostener el crecimiento más allá de la etapa de transición.

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Créditos en dólares: los bancos respaldan la flexibilización

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La flexibilización del crédito bancario en dólares abrió una discusión que excede el volumen potencial de préstamos y vuelve a colocar en el centro del debate la arquitectura prudencial del sistema financiero argentino. Mientras la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) respaldó la decisión oficial y la definió como “un paso más en la dirección correcta”, exfuncionarios como Hernán Lacunza y Guido Sandleris plantearon que el cambio puede reintroducir riesgos que la regulación posterior a la crisis de 2001 buscó precisamente evitar.

El Gobierno apunta a movilizar una masa creciente de ahorro en moneda extranjera hacia la inversión productiva. Según explicó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, los depósitos en dólares del sistema bancario pasaron de unos US$23.000 millones a alrededor de US$40.000 millones. Actualmente, las entidades utilizan en préstamos cerca del 60% de esos depósitos y la nueva regulación busca elevar esa proporción hasta el 75%, lo que permitiría generar una capacidad potencial adicional de unos US$6.000 millones de financiamiento para empresas.

La lógica oficial es que una economía con una disponibilidad limitada de pesos necesita aprovechar la competencia entre monedas y profundizar la intermediación financiera para transformar ahorro en inversión. El objetivo no es solamente aumentar el volumen de crédito, sino canalizar recursos que permanecen dentro del sistema hacia proyectos de mayor plazo y escala.

“Para una economía donde la cantidad de pesos está muy acotada, para seguir bajando la inflación es importante que se dé la competencia de monedas y el concepto de la dolarización endógena”, explicó Furiase. Bajo esa concepción, el dólar deja de funcionar únicamente como reserva de valor y comienza a adquirir un papel más relevante como vehículo de financiamiento de la economía real.

ADEBA acompañó esa interpretación. La entidad que reúne a los principales bancos de capital nacional sostuvo que la modificación puede generar condiciones para desarrollar el ahorro y el crédito en dólares durante los próximos años. Desde la asociación consideraron que el cambio permitirá una intermediación más eficiente de los ahorros en moneda extranjera hacia el sector privado y favorecerá tanto la captación de depósitos como la generación de préstamos destinados a la producción.

La construcción aparece entre las actividades que podrían aprovechar con mayor intensidad esta nueva herramienta. Furiase identificó a los desarrolladores inmobiliarios como potenciales demandantes de financiamiento para proyectos de gran escala, particularmente en un mercado donde el plazo constituye una de las principales restricciones para transformar ahorro en inversión.

El Gobierno también pretende complementar esta estrategia con instrumentos destinados a recuperar fondos que permanecen fuera del sistema financiero. La denominada “inocencia fiscal” forma parte de ese esquema: según las estimaciones oficiales mencionadas por Furiase, los argentinos mantienen aproximadamente US$170.000 millones fuera de los circuitos formales.

La apuesta consiste en que una mayor confianza en el sistema permita captar una parte de esos recursos, remunerar mejor al ahorrista y, simultáneamente, ampliar el financiamiento de proyectos productivos. El mecanismo podría generar un círculo de mayor intermediación financiera, inversión, productividad y, eventualmente, salarios reales.

El límite está en quién toma el crédito

El principal punto de discusión no está en la existencia del ahorro en dólares, sino en el destino del crédito. La regulación anterior establecía una relación mucho más estricta entre la moneda en la que una empresa genera sus ingresos y aquella en la que se endeuda. La nueva normativa amplía el universo de empresas que pueden acceder al financiamiento en dólares, incluso aquellas cuyos ingresos no provienen directamente de exportaciones.

Ahí aparece el riesgo que señalan los críticos: el descalce de moneda. Una empresa que recauda principalmente pesos pero toma deuda en dólares puede afrontar una situación financiera manejable mientras el tipo de cambio permanece relativamente estable. Una depreciación significativa, en cambio, puede incrementar abruptamente el peso de sus obligaciones sin que sus ingresos aumenten en la misma proporción.

Ese escenario es el que llevó a Lacunza a advertir sobre la posibilidad de repetir errores de fines de los años noventa. El exministro de Hacienda cuestionó que se otorgue crédito en dólares a empresas cuyos ingresos están denominados en pesos y sostuvo que, ante una eventual suba del tipo de cambio, la dificultad de repago podría trasladarse al sistema financiero.

Su argumento recupera una de las lecciones centrales de la crisis de 2001: el problema no radica únicamente en la capacidad individual de una empresa para endeudarse, sino en qué ocurre cuando una depreciación cambiaria afecta simultáneamente a una gran cantidad de deudores.

Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, planteó una objeción similar desde la perspectiva de la regulación prudencial. Para el exfuncionario, la Argentina logró construir después de 2001 una de las pocas reglas financieras que atravesó distintas crisis cambiarias sin desembocar en una crisis bancaria: separar, en términos generales, los circuitos de intermediación en pesos y dólares.

Según su argumento, los depósitos en moneda extranjera podían prestarse esencialmente a quienes también generaban divisas, de modo que una depreciación del peso no transformara automáticamente una deuda en dólares en un problema de solvencia para el tomador y, por extensión, para el banco.

La advertencia de Sandleris apunta a una cuestión de diseño institucional: aunque el monto habilitado inicialmente sea relativamente acotado, el precedente regulatorio puede tener mayor relevancia que el volumen inmediato de crédito. El riesgo, desde esta perspectiva, no es necesariamente la medida actual sino una eventual ampliación futura del criterio.

El desafío es transformar ahorro en inversión sin trasladar el riesgo al sistema

La discusión ofrece dos diagnósticos diferentes sobre un mismo problema. El Gobierno observa una oportunidad: depósitos en dólares que crecieron con fuerza, una mayor confianza financiera y una economía que necesita inversión de largo plazo. Los críticos observan una vulnerabilidad: una economía todavía bimonetaria, con antecedentes de fuertes depreciaciones y empresas cuyos ingresos pueden estar denominados en pesos.

El punto de equilibrio está en los mecanismos de cobertura y en la evaluación individual del riesgo. La nueva regulación mantiene límites macroprudenciales y establece condiciones más exigentes para las financiaciones alcanzadas por el nuevo régimen, precisamente para evitar que una expansión del crédito se transforme en un deterioro de la solvencia bancaria.

Desde una perspectiva de desarrollo, el desafío consiste en lograr que el ahorro en dólares financie activos productivos capaces de generar los flujos necesarios para devolver esos dólares. No es lo mismo financiar una actividad exportadora, un proyecto inmobiliario con ingresos dolarizados o infraestructura vinculada a sectores transables que utilizar divisas para cubrir gastos de una empresa cuyos ingresos dependen exclusivamente del mercado interno.

La diferencia es crucial porque determina quién absorbe el riesgo cambiario. Si el proyecto genera dólares, el endeudamiento puede funcionar como una herramienta natural de financiamiento. Si genera pesos, la cobertura requiere mecanismos adicionales que impidan que una depreciación transforme una decisión empresarial en un riesgo sistémico.

En ese sentido, la flexibilización puede convertirse en una herramienta para profundizar el mercado de crédito argentino si consigue ampliar el financiamiento de inversiones sin deteriorar la calidad de los activos bancarios. El objetivo de política pública no debería ser simplemente prestar más dólares, sino conseguir que esos dólares financien productividad, infraestructura y capacidad exportadora.

La oportunidad está en aprovechar el crecimiento de los depósitos en moneda extranjera sin repetir el descalce que históricamente convirtió las crisis cambiarias en crisis financieras. La discusión que acaba de abrirse, por lo tanto, no enfrenta necesariamente crédito contra prudencia: plantea cómo diseñar una intermediación más profunda que pueda sostenerse también cuando cambie el ciclo cambiario.

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El BCRA amplía el crédito en dólares, pero fija un techo del 15% y endurece los controles prudenciales

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adecuará el marco prudencial para las financiaciones en moneda extranjera luego de la modificación del artículo 23 del Decreto 905/02 anunciada por el Poder Ejecutivo. La decisión amplía el universo de destinos al que podrán dirigirse los depósitos en dólares, pero incorpora un límite cuantitativo y mayores exigencias de capital para evitar que una expansión del crédito genere nuevos riesgos sobre el sistema financiero.

La lógica económica detrás del cambio apunta a profundizar la intermediación financiera en una economía donde el ahorro y las decisiones de inversión se encuentran parcialmente dolarizados. El objetivo es que una mayor proporción de los depósitos en moneda extranjera pueda transformarse en financiamiento para la inversión privada, la actividad productiva y el empleo, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de fuentes externas de crédito.

El cambio, sin embargo, no supone una liberalización irrestricta del crédito en dólares. El BCRA establecerá que las financiaciones provenientes de depósitos en moneda extranjera destinadas a clientes que no encuadren en los destinos que ya estaban habilitados no podrán superar, en conjunto, el 15% de los depósitos en dólares de cada entidad financiera.

Ese límite funciona como una barrera prudencial frente a uno de los principales riesgos de una mayor dolarización del crédito: el descalce de moneda. Un tomador que genera sus ingresos en pesos pero contrae una deuda en dólares puede enfrentar un deterioro abrupto de su capacidad de repago si se produce una variación significativa del tipo de cambio. Por eso, la nueva regulación combina la ampliación del crédito con requisitos adicionales para bancos y deudores.

La primera protección estará vinculada al capital. Para estas nuevas financiaciones, el requisito de capital mínimo será equivalente al 125% del correspondiente a otras operaciones comparables. En términos regulatorios, esto implica que las entidades deberán respaldar con una mayor cobertura patrimonial los créditos considerados más expuestos al riesgo cambiario.

El segundo mecanismo operará sobre los límites de exposición crediticia. Estas financiaciones computarán por 1,25 veces la exposición que correspondería si no estuvieran alcanzadas por el tratamiento específico. De esta manera, el regulador eleva el costo prudencial de incrementar este tipo de cartera y desalienta una expansión excesivamente acelerada.

El tercer componente será la evaluación de la capacidad de repago. Las entidades financieras deberán analizar cómo responderían los tomadores ante escenarios de variación del tipo de cambio de diferente magnitud. El objetivo es que la decisión de otorgar un préstamo en dólares no se base exclusivamente en la situación financiera actual del cliente, sino también en su capacidad para absorber eventuales movimientos cambiarios.

La combinación de límite cuantitativo, mayor exigencia de capital y pruebas de capacidad de pago busca resolver una tensión central de la política financiera argentina: cómo utilizar los dólares depositados dentro del sistema para financiar inversión sin trasladar al sistema bancario los riesgos derivados de prestar en una moneda distinta de aquella en la que generan ingresos muchos de los tomadores.

En ese sentido, la medida parte de una premisa relevante para una economía bimonetaria: profundizar la intermediación entre el ahorro doméstico y la inversión privada puede reducir el desbalance entre ambos. Cuando los dólares permanecen fuera del circuito crediticio, el sistema financiero pierde capacidad para transformar ese ahorro en inversión productiva. Cuando se habilita su utilización, aumenta potencialmente la oferta de crédito, pero también adquiere mayor importancia la gestión del riesgo cambiario.

El desafío consiste, entonces, en ampliar la frontera del financiamiento sin deteriorar la calidad de los activos bancarios. La regulación diseñada por el BCRA busca que la expansión sea gradual y que cada peso de riesgo adicional tenga un respaldo patrimonial acorde con su exposición.

Para las empresas, especialmente aquellas con ingresos o activos vinculados al dólar, la modificación puede ampliar las alternativas de financiamiento disponibles dentro del sistema local. El efecto sobre la inversión dependerá, sin embargo, de la capacidad de los bancos para canalizar esos fondos y de que la demanda de crédito encuentre proyectos con flujos suficientes para sostener obligaciones en moneda extranjera.

La medida también apunta a un problema estructural de la economía argentina: la baja profundidad del crédito bancario. Movilizar el ahorro en dólares existente dentro del sistema puede generar una fuente adicional de financiamiento sin depender exclusivamente del ingreso de capitales externos. Para que ese mecanismo tenga impacto sostenido, será necesario que el nuevo crédito se dirija hacia actividades capaces de generar productividad, exportaciones o ingresos compatibles con la moneda del financiamiento.

El BCRA plantea así una estrategia de expansión controlada: permitir nuevos destinos para los depósitos en dólares, pero establecer límites explícitos y una cobertura prudencial superior. La eficacia de la medida se jugará en el equilibrio entre ambos objetivos: transformar ahorro inmovilizado en crédito útil para la economía real sin comprometer la solvencia y liquidez de las entidades financieras.

En última instancia, el cambio regulatorio no busca solamente aumentar el volumen de préstamos denominados en dólares. Su objetivo más profundo es ampliar la capacidad del sistema financiero argentino para conectar ahorro e inversión dentro del país. El resultado dependerá de que esa mayor disponibilidad de crédito pueda convertirse en inversión productiva y empleo, manteniendo bajo control el riesgo que históricamente representa el descalce de monedas.

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Fabricaciones Militares proyecta pérdidas operativas por más de $30.000 millones, pero apuesta a la exportación y al ingreso de capital privado

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En un escenario internacional marcado por el incremento del gasto en defensa y el rearmamento de numerosos países, el Gobierno nacional aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Fabricaciones Militares Sociedad Anónima Unipersonal (FM SAU), una empresa estratégica para la producción de bienes destinados a la defensa, la seguridad, la minería, la industria química y la metalmecánica. El desafío es tan claro como complejo: transformar una compañía con pérdidas operativas en un actor competitivo capaz de insertarse en mercados globales.

A través de la Resolución 1172/2026 del Ministerio de Economía, se oficializó el presupuesto de la empresa, que dependerá de un delicado equilibrio entre mayores ventas, aportes del Estado y una estrategia de internacionalización para sostener su funcionamiento. El plan refleja una realidad conocida por buena parte de las empresas públicas industriales: el mercado interno resulta insuficiente para financiar las inversiones necesarias para crecer.

Los números muestran esa tensión. Fabricaciones Militares proyecta ingresos operativos por 42.081 millones de pesos, mientras que sus gastos de operación ascenderán a 72.545 millones, lo que arroja una pérdida operativa estimada de 30.463 millones de pesos.

Sin embargo, el resultado cambia cuando se incorpora la asistencia del Estado. El presupuesto contempla 23.000 millones de pesos en transferencias corrientes de la Administración Nacional, que reducen significativamente el desequilibrio económico. Aun así, el ejercicio cerraría con un desahorro de 8.434 millones de pesos, mientras que el resultado financiero proyectado muestra un superávit cercano a los 976 millones, producto principalmente de recursos de capital y movimientos financieros previstos para el ejercicio.

Más allá de las cifras presupuestarias, el documento estratégico deja en claro cuál será la hoja de ruta de la empresa. Fabricaciones Militares reconoce que el actual contexto internacional, atravesado por conflictos geopolíticos y un creciente proceso de rearme, genera una demanda sostenida de productos vinculados con la defensa y la seguridad. Bajo ese diagnóstico, la compañía sostiene que mantiene negociaciones con actores internacionales para incorporar capital, tecnología y acceso a nuevos mercados.

La estrategia oficial también implica un cambio de enfoque comercial. La empresa buscará concentrar sus esfuerzos en las líneas de negocio de mayor volumen de ventas, aplicar políticas de precios más competitivas y diversificar su oferta para fortalecer su presencia tanto en el mercado argentino como en el exterior. Según el plan aprobado, la sostenibilidad futura dependerá en gran medida de consolidar alianzas estratégicas con empresas internacionales capaces de aportar financiamiento y ampliar la escala productiva.

El documento admite además una limitación estructural: el mercado doméstico no genera el volumen suficiente para financiar la modernización de las plantas industriales. Por ese motivo, el Gobierno plantea como objetivo atraer inversiones privadas —nacionales y extranjeras— que permitan expandir la capacidad instalada, incorporar tecnología, reducir costos y aumentar la competitividad internacional de la empresa.

En materia laboral, Fabricaciones Militares mantendrá una dotación de 950 trabajadores, de los cuales apenas 20 integran la planta permanente y 930 corresponden a personal temporario, según las proyecciones oficiales. El gasto en remuneraciones alcanzará los 34.553 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los principales componentes del presupuesto operativo.

La inversión en bienes de capital, en cambio, será moderada. El presupuesto destina 335 millones de pesos exclusivamente a la adquisición de maquinaria y equipamiento, sin contemplar nuevas construcciones o ampliaciones edilicias durante 2026.

Otro dato relevante es que la empresa no prevé tomar nueva deuda durante el ejercicio. La estrategia financiera estará basada en mejorar la administración de activos, optimizar la liquidez y sostener el funcionamiento mediante recursos propios, aportes estatales y eventuales asociaciones con capital privado.

El presupuesto aprobado deja una lectura de fondo sobre el rol que el Gobierno asigna a Fabricaciones Militares. Lejos de plantear un esquema de mera asistencia fiscal, la estrategia apunta a convertir a la empresa en un proveedor competitivo para industrias de defensa y seguridad que hoy experimentan una expansión global. El interrogante será si esa oportunidad internacional alcanza para compensar las debilidades estructurales del mercado local y transformar un déficit operativo superior a los 30.000 millones de pesos en un modelo económicamente sustentable.

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