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Argentina avanza con el plan de exportar gas a Brasil

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Argentina y Brasil dieron un paso en la consolidación de un mercado regional de gas al finalizar un informe técnico conjunto que traza una hoja de ruta para ampliar las exportaciones argentinas hacia el país vecino. El documento, elaborado en el marco del Grupo de Trabajo Bilateral, identifica alternativas de infraestructura y confirma que el país cuenta con recursos suficientes para sostener ventas externas de largo plazo.

El avance se inscribe en la estrategia del Gobierno nacional de posicionar al gas como eje de generación de divisas y atraer inversiones bajo un esquema basado en capital privado, previsibilidad regulatoria y menor participación estatal en el desarrollo de obras. En continuidad con todos los análisis anteriores, la provincia de Misiones sigue excluida de todo desarrollo de la red gasífera.

Un nuevo esquema energético: del Estado a la inversión privada

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación informa que concluyó el informe técnico elaborado en el marco del Grupo de Trabajo Bilateral (GTB) Argentina-Brasil, creado para evaluar alternativas de infraestructura, interconexión y exportación de gas natural argentino hacia el mercado brasileño.

El trabajo confirma el enorme potencial de la Argentina como proveedor regional de gas natural, a partir del desarrollo de Vaca Muerta y del crecimiento de la producción de la Cuenca Neuquina. Entre sus principales conclusiones, el informe destaca que el país cuenta con recursos suficientes para abastecer la demanda interna y sostener exportaciones de largo plazo, lo que abre una oportunidad concreta para profundizar la integración energética regional.

Vaca Muerta y Brasil: oferta y demanda en convergencia

El documento también identifica a Brasil como un mercado con fuerte potencial de expansión de la demanda, especialmente en el segmento industrial, y remarca que una mayor integración entre ambos países puede generar condiciones para ampliar el comercio regional de gas natural, fortalecer la seguridad de abastecimiento y promover nuevas inversiones en infraestructura.

El documento técnico destaca dos variables clave. Por un lado, el crecimiento de la producción en Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina, que posiciona a Argentina como potencial proveedor regional. Por otro, la expansión esperada de la demanda en Brasil, especialmente en el sector industrial.

Esa complementariedad abre una oportunidad para consolidar un flujo sostenido de exportaciones, con impacto en la balanza energética y en el ingreso de divisas.

Sin embargo, el informe también advierte que el principal cuello de botella es la infraestructura: para viabilizar exportaciones firmes será necesario ampliar la capacidad de transporte desde los centros de producción.

Las rutas del gas: opciones en análisis

El estudio evaluó distintas alternativas de interconexión para llevar gas argentino al mercado brasileño. Entre ellas, se analizaron rutas a través de Bolivia, Paraguay, Uruguay y una conexión directa entre ambos países.

Cada opción implica distintos niveles de inversión y coordinación regional, pero todas coinciden en un punto: la necesidad de nuevas obras en territorio argentino para evacuar mayores volúmenes desde Vaca Muerta.

En ese sentido, se mencionan antecedentes de interés privado, como proyectos para ampliar la capacidad del Gasoducto Perito Moreno, lo que refuerza la viabilidad del esquema propuesto.

El foco en la inversión privada

En ese camino, la Argentina avanzará bajo un esquema basado en inversión privada, previsibilidad regulatoria y libertad empresarial. El informe destaca que la Ley 27.742 incentiva la inversión privada en proyectos de hidrocarburos y habilita que cualquier interesado pueda obtener autorizaciones de transporte para construir y operar gasoductos y oleoductos. También remarca la figura de los “gasoductos dedicados” o “de acceso restringido”, pensados para promover mercados de exportación sin intervención estatal.

De este modo, el desarrollo de la infraestructura necesaria para ampliar las exportaciones de gas no se plantea desde un esquema de planificación centralizada del Estado empresario, sino desde reglas claras para que el sector privado invierta, compita y defina las alternativas más eficientes para llevar el gas argentino a nuevos mercados.

Asimismo, el informe señala antecedentes concretos en esa dirección, como la iniciativa privada para expandir la capacidad del Gasoducto Perito Moreno, lo que refuerza que existe interés del sector en acompañar este proceso de ampliación de infraestructura.

Implicancias para el NEA y Misiones

Aunque el informe no detalla impactos específicos para el NEA, la ampliación de la infraestructura gasífera y el desarrollo del mercado energético pueden tener efectos indirectos en la región. Sin embargo, Misiones sigue excluida de todas las opciones de paso, por lo que la tierra colorada aún verá de lejos el gasoducto.

Una mayor disponibilidad de gas y un sistema energético más integrado podrían influir en costos productivos y competitividad industrial. Sin embargo, estos efectos dependerán de cómo se distribuya la infraestructura y del acceso efectivo a esos recursos.

Inversiones y definiciones pendientes

La elaboración de este documento fue el resultado de un trabajo técnico conjunto desarrollado durante 2025, con reuniones periódicas entre autoridades y equipos especializados de Argentina y Brasil, además de consultas con representantes de otros países de la región y con productores, transportistas y comercializadores del sector gasífero.

Este avance consolida una agenda de integración energética regional basada en el aprovechamiento del potencial de Vaca Muerta, el desarrollo de infraestructura con participación privada y la construcción de un mercado más abierto, competitivo e integrado para el gas natural en Sudamérica.

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McDonald’s activa su expansión en Posadas y suma 60 empleos

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La Municipalidad de Posadas confirmó el lunes 16 de marzo de 2026 la articulación con McDonald’s para la apertura de una nueva sucursal en el centro de la ciudad, sobre la calle Bolívar, con una proyección de incorporación de alrededor de 60 trabajadores. El dato no es menor: en un escenario de desaceleración del empleo formal, el movimiento combina inversión privada con intermediación estatal y vuelve a poner en discusión el rol de los municipios como facilitadores del mercado laboral. ¿Se trata de una señal de reactivación o de un esquema de empleo de baja escala en medio de un contexto más restrictivo?

La inauguración del local está prevista para finales de mayo y marca la llegada de una segunda boca de la firma en la ciudad. El proceso de selección no quedará exclusivamente en manos de la empresa: la Oficina de Empleo municipal asumirá la etapa inicial de búsqueda y preselección de perfiles, lo que introduce una dimensión política en una decisión empresarial que, en otros contextos, suele gestionarse de manera autónoma.

Un esquema de intermediación que ordena la oferta laboral

El mecanismo elegido no es nuevo, pero sí relevante en su timing. La Municipalidad canaliza la demanda laboral a través de su Bolsa de Empleo, priorizando a jóvenes de entre 18 y 23 años que ya pasaron por instancias de capacitación impulsadas por el propio municipio. Esa decisión ordena la oferta disponible y le otorga al Estado local un rol activo en la asignación de oportunidades.

En términos institucionales, la intervención no modifica las reglas de contratación de la empresa, pero sí condiciona el universo inicial de postulantes. Los perfiles preseleccionados serán luego derivados al equipo de McDonald’s, que definirá la incorporación final. El esquema, en los hechos, combina criterios de política pública con lógica empresarial.

El programa también contempla una instancia posterior en la que podrían incorporarse jóvenes de entre 16 y 18 años, bajo las condiciones legales vigentes. No es un dato accesorio: introduce la dimensión de primer empleo en un segmento etario con dificultades estructurales de inserción.

Empleo, formación y control del territorio laboral

El movimiento fortalece, en lo inmediato, la capacidad del municipio para intervenir en el mercado de trabajo local. Al centralizar la preselección, la gestión municipal no solo acompaña la inversión privada, sino que también direcciona el acceso al empleo hacia quienes ya están dentro de su circuito de formación.

Esa lógica genera un doble efecto. Por un lado, potencia a quienes participaron en capacitaciones previas, reforzando la política pública de empleabilidad. Por otro, limita —al menos en una primera etapa— la competencia abierta, ya que la convocatoria podría ampliarse recién si no se cubren los cupos iniciales.

En términos de correlación de fuerzas, el esquema consolida al municipio como un actor clave en la intermediación laboral, especialmente en sectores de servicios. La empresa, por su parte, mantiene el control final de la contratación, pero acepta una mediación estatal que le reduce costos de búsqueda y filtrado de personal.

Impacto económico acotado, señal política relevante

La creación de 60 puestos de trabajo tiene un impacto directo pero limitado en términos macroeconómicos. Sin embargo, el movimiento adquiere relevancia política por su valor simbólico: en un contexto de restricción presupuestaria y tensión sobre el empleo, cualquier expansión del sector privado con generación de puestos formales se convierte en un activo.

Las tareas previstas —atención al cliente, caja, producción de alimentos, limpieza y logística interna— se inscriben en el segmento de empleo de servicios, con fuerte rotación y baja barrera de ingreso. No es un detalle menor: define el tipo de inserción laboral que se está promoviendo.

La articulación público-privada aparece así como una herramienta pragmática. El municipio facilita, la empresa ejecuta. El resultado es empleo, pero también una forma de gestión del mercado laboral que refuerza la centralidad del Estado local.

Un movimiento táctico en un escenario abierto

La apertura de una segunda sucursal y la incorporación de personal pueden leerse como una señal de confianza en la plaza local. Pero también como una apuesta de escala controlada, sin expansión masiva ni compromisos de mayor volumen.

Lo que ocurra en las próximas semanas será clave: si la convocatoria logra cubrir los perfiles previstos, si la ampliación a otros postulantes se activa o no, y cómo evoluciona la demanda en el nuevo local una vez inaugurado.

En paralelo, queda latente una pregunta más amplia: si este tipo de articulaciones se consolida como modelo para futuras inversiones o si responde a una coyuntura puntual donde el Estado municipal busca sostener niveles de empleo en un contexto más incierto.

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Cómo crear empleos para los 1200 millones de nuevos trabajadores del mundo

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El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga advierte por una brecha de 800 millones de empleos y lleva el debate al G7 y el G20. Banga plantea que el desafío demográfico es económico y de seguridad nacional

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, puso sobre la mesa una cifra que reconfigura la agenda global: en los próximos 10 a 15 años, 1200 millones de jóvenes de países en desarrollo alcanzarán la edad laboral, pero las tendencias actuales indican que solo se crearán unos 400 millones de empleos. La brecha potencial de 800 millones no es, según su planteo, un problema sectorial ni una consigna de desarrollo; es un desafío económico estructural y, cada vez más, de seguridad nacional.

El diagnóstico adquiere relevancia política en un calendario marcado por foros internacionales. Tras pasar casi inadvertido en la última reunión de Davos, el tema podría emerger con mayor fuerza en la Conferencia de Seguridad de Múnich y en las cumbres del G7 y el G20. La tensión es clara: ¿los líderes priorizarán las crisis inmediatas o asumirán una “fuerza de baja frecuencia” que, si se ignora, puede derivar en inestabilidad sistémica?

Demografía, empleo y arquitectura institucional

Banga enmarca el fenómeno dentro de transformaciones de largo plazo como los cambios demográficos, la globalización y la escasez de recursos. A diferencia de guerras o crisis financieras —que dominan titulares—, el crecimiento acelerado de la población joven en economías en desarrollo avanza sin estridencias, pero con impacto acumulativo.

El planteo institucional del Grupo Banco Mundial se estructura en tres pilares. Primero, crear infraestructura física y humana. Sin electricidad confiable, transporte, educación y salud, la inversión privada no se traduce en empleo. El ejemplo citado es un centro de formación en Bhubaneswar, India, que capacita a casi 38.000 personas al año en alianza con el Gobierno y el sector privado, alineando habilidades con demanda real del mercado.

Segundo, promover un entorno regulatorio previsible. Normas claras y marcos estables reducen incertidumbre y habilitan la expansión de empresas, especialmente microemprendimientos y pymes, responsables de la mayor parte del empleo.

Tercero, facilitar crecimiento empresarial mediante capital accionario, financiamiento, garantías y seguros contra riesgos políticos. Se menciona un esquema reciente de garantía para financiamiento comercial del Banco do Brasil, que libera aproximadamente USD 700 millones para pequeñas compañías brasileñas, en particular del sector agrícola.

La estrategia focaliza en cinco sectores con alto potencial de empleo: infraestructura y energía, agroindustria, atención primaria de la salud, turismo y manufacturas con valor agregado. No se trata de una expansión indiscriminada, sino de asignación selectiva de recursos limitados.

Impacto político y correlación global

La advertencia tiene implicancias directas para la gobernabilidad de los países en desarrollo. Si 1200 millones de jóvenes ingresan al mercado laboral y solo 400 millones encuentran empleo, la presión sobre instituciones, migración irregular y conflictos se vuelve previsible. El empleo funciona como amortiguador social.

Para economías desarrolladas, el razonamiento es pragmático. Hacia 2050, más del 85 % de la población mundial vivirá en países en desarrollo. Eso implica la mayor expansión histórica de fuerza laboral y, al mismo tiempo, del universo de consumidores y mercados. Desde esta óptica, invertir en empleo no es altruismo; es una apuesta por estabilidad de cadenas de suministro, reducción de presiones migratorias y ampliación de demanda global.

El sector privado aparece como actor central. La creación de empleo a gran escala depende de su capacidad de inversión. El rol de las instituciones de desarrollo, según el planteo, es reducir riesgos reales y percibidos para catalizar capital.

La correlación de fuerzas en foros como el G7 y el G20 será clave. Si las potencias priorizan seguridad tradicional sobre seguridad económica y social, el desafío puede quedar relegado. Si lo incorporan como eje estratégico, el financiamiento y las reformas regulatorias podrían acelerarse.

Un dilema de anticipación

La tesis es sencilla pero exigente: actuar temprano o enfrentar consecuencias acumuladas. La expansión demográfica no es una hipótesis; es una proyección basada en tendencias firmes. El interrogante es político.

En los próximos meses habrá que observar si los compromisos multilaterales incorporan metas concretas de generación de empleo, si se amplían garantías financieras y si los países en desarrollo adoptan reformas regulatorias que faciliten inversión privada.

La decisión no es sobre si la demografía moldeará el futuro. Eso ya ocurre. La discusión gira en torno a si la comunidad internacional convertirá esa presión en motor de crecimiento o permitirá que derive en inestabilidad. En ese margen se juega buena parte del equilibrio económico y político de las próximas décadas.

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Vivar y la paradoja: cuatro cuadras de cola por 35 puestos y nuevas inversiones en Posadas

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La escena fue tan impactante como elocuente: dos vueltas completas a la manzana, más de cuatro cuadras de cola sobre la avenida Uruguay al 3969, en Posadas. No era el lanzamiento de una promoción ni la apertura de una cadena internacional. Era una convocatoria laboral. Apenas 35 puestos iniciales en el supermercado Vivar bastaron para que cientos de personas se presentaran con currículum en mano desde las dos de la madrugada.

La imagen se viralizó en redes sociales y rápidamente se convirtió en símbolo de un momento económico que combina inversión privada y retracción del consumo, crecimiento puntual y fragilidad estructural. Una postal que interpela y que contrasta con la versión de la economía que dio el presidente Javier Milei en la noche del domingo, durante la apertura de las sesiones del Congreso, donde dijo que creció el empleo y que el salario se triplicó en dólares. Lo cierto es que sucede lo inverso. Casi 300 mil empleos perdidos -diez mil en Misiones- y 22 mil empresas menos, aunque algunas se animan a abrir, como el supermercado posadeño, en un desafío a las estadísticas que muestran caída de consumo.

Al frente del proyecto está Tamara Georgia Wurm, una de las propietarias del emprendimiento familiar que decidió hacerse cargo del local cuando el negocio anterior estaba a punto de cerrar. Lo que no esperaban era la magnitud de la respuesta.

“Nosotros no esperábamos en absoluto esta convocatoria. Ya a las dos de la mañana hubo gente haciendo cola. Cuando abrimos a las ocho, había personas que estaban hace muchas horas. Fueron dos vueltas completas a la manzana”, relató en diálogo con Open 101.7.

La empresaria describió la jornada como “linda pero dura”. No solo por la organización que implicó recibir cientos de currículums hasta las nueve de la noche, sino por las historias detrás de cada rostro.

“Conocimos mucha gente de todo tipo, de todas las edades. Personas buscando su primer trabajo, gente con veinte años de experiencia, un arquitecto, un docente que no pudo dar clases ese día, un profesor de música que pidió que lo cubran, y a la noche terminé con un albañil que venía de una jornada de doce horas y había venido igual a buscar una oportunidad laboral”, contó.

La escena deja entrever un fenómeno más amplio: trabajadores formales que necesitan complementar ingresos, profesionales que no logran sostener su actividad, y oficios que ya no garantizan estabilidad. La caída del poder adquisitivo y el cierre de locales en distintos puntos de la ciudad conviven, paradójicamente, con nuevas apuestas de inversión.

Invertir en la retracción

Vivar no es un proyecto improvisado. El local ya funcionaba como paseo de compras y anteriormente había sido sede de grandes supermercados históricos de la ciudad. Wurm y su familia decidieron tomar el control como un proyecto propio, con una fuerte apuesta a la ampliación de rubros.

El supermercado incorpora panadería, carnicería, rotisería, pastelería, fiambrería, venta de electrodomésticos y proyecta ampliar horarios, abrir los domingos y desarrollar la modalidad online, que también demandará mano de obra.

“Queremos empezar con 35 personas, pero la inversión es grande y vamos a seguir tomando gente durante todo el año. El supermercado es un rubro muy dinámico, muy demandante, hacen falta manos”, explicó.

La decisión de avanzar en este contexto no respondió -según reconoce- a un análisis macroeconómico favorable, sino a una oportunidad concreta y a un sueño familiar. “No sé si era el mejor momento del país, pero era la oportunidad que tuvimos”, admitió.

El desafío no es menor. Posadas compite con cadenas nacionales, mayoristas de peso y con la cercanía de Paraguay como polo de precios más bajos. En ese escenario, la estrategia pasa por el ingenio.

“Hay que ofrecer lo que otro lugar no te puede ofrecer. Estar más cerca del cliente, calidad, ingenio. Paraguay es una competencia fuerte y en Posadas tenemos las cadenas más importantes del país”, sostuvo Wurm.

El proyecto también incorpora una impronta inclusiva. La empresaria destacó que ya cuentan con empleados con discapacidad y mencionó el caso de Thiago, uno de los trabajadores, como símbolo del perfil que buscan construir: un supermercado con visión comercial, pero también social.

La fila como síntoma

Las cuatro cuadras de cola no son solo una anécdota empresarial exitosa. Son, sobre todo, un termómetro social. En una ciudad que muestra obras públicas, inversiones privadas y nuevos proyectos comerciales, la masiva búsqueda de empleo evidencia que el mercado laboral atraviesa tensiones profundas, más allá del fervor del presidencial.

El contraste es evidente: mientras algunos sectores se animan a expandirse, cientos de personas madrugan para competir por un puesto. La necesidad y las ganas de trabajar, como dijo la propia Wurm, conviven en la misma fila.

En tiempos donde la economía se mide en estadísticas, aquella mañana sobre la avenida Uruguay ofreció otra clase de indicador: el de la urgencia. Una fila que, más que rodear una manzana, rodeó una pregunta incómoda sobre el estado real del empleo y el poder adquisitivo en la capital misionera.

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El Gobierno activa la privatización de la Vía Navegable Troncal con tres ofertas y promete US$ 10.000 millones de inversión

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El Gobierno dio un paso decisivo en la privatización de la Vía Navegable Troncal, el corredor por el que circula el 80% del comercio exterior argentino y de países de la región. El ministro Luis Caputo informó que se presentaron tres oferentes internacionales —Jan De Nul NV, DEME y DTA Engenharia— en la licitación pública internacional para la modernización, operación y mantenimiento del sistema, con una inversión estimada en más de US$ 10.000 millones a lo largo de 25 años.

El proceso, que cuenta con aval técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se encamina ahora hacia la adjudicación y la firma de un contrato de concesión a riesgo empresarial y sin aval del Estado. En términos políticos, la señal es clara: el Ejecutivo busca consolidar un esquema de infraestructura estratégica financiado por capital privado y con estándares internacionales de transparencia, en línea con su estrategia de desestatización y reducción de riesgos fiscales.

Licitación internacional y respaldo multisectorial

La apertura de sobres completó una etapa central del proceso licitatorio. El esquema se estructuró en tres instancias: primero, la evaluación de antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera; luego, el análisis del Plan de Trabajo con un sistema de puntajes; finalmente, la ponderación de la oferta económica, con mayor peso para asegurar la tarifa más baja posible.

El pliego se elaboró con respaldo de la UNCTAD, que auditó criterios de transparencia y competitividad. El Gobierno subrayó que se trata de una de las licitaciones “más participativas y transparentes”, apoyada por la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, además de los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires. También expresaron respaldo entidades agropecuarias como Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria, junto a organizaciones ambientalistas.

Ese alineamiento no es menor. La vía navegable concentra intereses productivos, portuarios y fiscales de las principales provincias exportadoras. La definición del nuevo concesionario impactará en tarifas, profundidad de dragado y previsibilidad operativa para un complejo agroindustrial que depende de la logística fluvial.

Competitividad y costos logísticos: el eje económico

El objetivo declarado del proyecto es permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior. En una economía donde la balanza comercial y el ingreso de divisas resultan determinantes, cualquier mejora en eficiencia portuaria tiene efecto macroeconómico.

La inversión proyectada —más de US$ 10.000 millones en 25 años— supone un volumen relevante de capital privado destinado a dragado, señalización y mantenimiento. El contrato a riesgo empresarial implica que el concesionario asume el financiamiento y recupera la inversión vía tarifa, sin garantías estatales.

Para el sector agroexportador y portuario, la clave estará en el equilibrio entre tarifa y servicio. El pliego pondera la oferta económica con mayor peso, lo que busca asegurar un costo competitivo. Sin embargo, el esquema también exige capacidad técnica y financiera comprobada, un punto crítico en una infraestructura que define la salida de granos, aceites y subproductos.

Las provincias del litoral observan el proceso con interés directo: una vía más eficiente puede traducirse en mayor actividad portuaria, empleo y recaudación asociada al comercio exterior.

Señales al mercado y consolidación del rumbo

La apertura de sobres refuerza el mensaje de que el Gobierno prioriza participación privada en activos estratégicos y busca reducir exposición fiscal. La concesión sin aval estatal y con inversión comprometida a largo plazo encaja en esa narrativa.

Al mismo tiempo, el respaldo multisectorial y la auditoría de la ONU funcionan como escudo político ante un tema históricamente sensible. La vía navegable no es solo una obra de infraestructura; es un nodo de poder económico.

Queda por delante la evaluación técnica y económica de las propuestas y la adjudicación final. Allí se definirá qué empresa operará durante 25 años una de las arterias logísticas más relevantes del Cono Sur. La decisión marcará no solo el futuro del sistema portuario, sino también la capacidad del país para sostener competitividad exportadora en un contexto internacional exigente.

El proceso ya está en marcha. La discusión ahora se traslada al terreno de la ejecución y al delicado equilibrio entre tarifa, inversión y control público.

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