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Vivar y la paradoja: cuatro cuadras de cola por 35 puestos y nuevas inversiones en Posadas

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La escena fue tan impactante como elocuente: dos vueltas completas a la manzana, más de cuatro cuadras de cola sobre la avenida Uruguay al 3969, en Posadas. No era el lanzamiento de una promoción ni la apertura de una cadena internacional. Era una convocatoria laboral. Apenas 35 puestos iniciales en el supermercado Vivar bastaron para que cientos de personas se presentaran con currículum en mano desde las dos de la madrugada.

La imagen se viralizó en redes sociales y rápidamente se convirtió en símbolo de un momento económico que combina inversión privada y retracción del consumo, crecimiento puntual y fragilidad estructural. Una postal que interpela y que contrasta con la versión de la economía que dio el presidente Javier Milei en la noche del domingo, durante la apertura de las sesiones del Congreso, donde dijo que creció el empleo y que el salario se triplicó en dólares. Lo cierto es que sucede lo inverso. Casi 300 mil empleos perdidos -diez mil en Misiones- y 22 mil empresas menos, aunque algunas se animan a abrir, como el supermercado posadeño, en un desafío a las estadísticas que muestran caída de consumo.

Al frente del proyecto está Tamara Georgia Wurm, una de las propietarias del emprendimiento familiar que decidió hacerse cargo del local cuando el negocio anterior estaba a punto de cerrar. Lo que no esperaban era la magnitud de la respuesta.

“Nosotros no esperábamos en absoluto esta convocatoria. Ya a las dos de la mañana hubo gente haciendo cola. Cuando abrimos a las ocho, había personas que estaban hace muchas horas. Fueron dos vueltas completas a la manzana”, relató en diálogo con Open 101.7.

La empresaria describió la jornada como “linda pero dura”. No solo por la organización que implicó recibir cientos de currículums hasta las nueve de la noche, sino por las historias detrás de cada rostro.

“Conocimos mucha gente de todo tipo, de todas las edades. Personas buscando su primer trabajo, gente con veinte años de experiencia, un arquitecto, un docente que no pudo dar clases ese día, un profesor de música que pidió que lo cubran, y a la noche terminé con un albañil que venía de una jornada de doce horas y había venido igual a buscar una oportunidad laboral”, contó.

La escena deja entrever un fenómeno más amplio: trabajadores formales que necesitan complementar ingresos, profesionales que no logran sostener su actividad, y oficios que ya no garantizan estabilidad. La caída del poder adquisitivo y el cierre de locales en distintos puntos de la ciudad conviven, paradójicamente, con nuevas apuestas de inversión.

Invertir en la retracción

Vivar no es un proyecto improvisado. El local ya funcionaba como paseo de compras y anteriormente había sido sede de grandes supermercados históricos de la ciudad. Wurm y su familia decidieron tomar el control como un proyecto propio, con una fuerte apuesta a la ampliación de rubros.

El supermercado incorpora panadería, carnicería, rotisería, pastelería, fiambrería, venta de electrodomésticos y proyecta ampliar horarios, abrir los domingos y desarrollar la modalidad online, que también demandará mano de obra.

“Queremos empezar con 35 personas, pero la inversión es grande y vamos a seguir tomando gente durante todo el año. El supermercado es un rubro muy dinámico, muy demandante, hacen falta manos”, explicó.

La decisión de avanzar en este contexto no respondió -según reconoce- a un análisis macroeconómico favorable, sino a una oportunidad concreta y a un sueño familiar. “No sé si era el mejor momento del país, pero era la oportunidad que tuvimos”, admitió.

El desafío no es menor. Posadas compite con cadenas nacionales, mayoristas de peso y con la cercanía de Paraguay como polo de precios más bajos. En ese escenario, la estrategia pasa por el ingenio.

“Hay que ofrecer lo que otro lugar no te puede ofrecer. Estar más cerca del cliente, calidad, ingenio. Paraguay es una competencia fuerte y en Posadas tenemos las cadenas más importantes del país”, sostuvo Wurm.

El proyecto también incorpora una impronta inclusiva. La empresaria destacó que ya cuentan con empleados con discapacidad y mencionó el caso de Thiago, uno de los trabajadores, como símbolo del perfil que buscan construir: un supermercado con visión comercial, pero también social.

La fila como síntoma

Las cuatro cuadras de cola no son solo una anécdota empresarial exitosa. Son, sobre todo, un termómetro social. En una ciudad que muestra obras públicas, inversiones privadas y nuevos proyectos comerciales, la masiva búsqueda de empleo evidencia que el mercado laboral atraviesa tensiones profundas, más allá del fervor del presidencial.

El contraste es evidente: mientras algunos sectores se animan a expandirse, cientos de personas madrugan para competir por un puesto. La necesidad y las ganas de trabajar, como dijo la propia Wurm, conviven en la misma fila.

En tiempos donde la economía se mide en estadísticas, aquella mañana sobre la avenida Uruguay ofreció otra clase de indicador: el de la urgencia. Una fila que, más que rodear una manzana, rodeó una pregunta incómoda sobre el estado real del empleo y el poder adquisitivo en la capital misionera.

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El Gobierno activa la privatización de la Vía Navegable Troncal con tres ofertas y promete US$ 10.000 millones de inversión

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El Gobierno dio un paso decisivo en la privatización de la Vía Navegable Troncal, el corredor por el que circula el 80% del comercio exterior argentino y de países de la región. El ministro Luis Caputo informó que se presentaron tres oferentes internacionales —Jan De Nul NV, DEME y DTA Engenharia— en la licitación pública internacional para la modernización, operación y mantenimiento del sistema, con una inversión estimada en más de US$ 10.000 millones a lo largo de 25 años.

El proceso, que cuenta con aval técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se encamina ahora hacia la adjudicación y la firma de un contrato de concesión a riesgo empresarial y sin aval del Estado. En términos políticos, la señal es clara: el Ejecutivo busca consolidar un esquema de infraestructura estratégica financiado por capital privado y con estándares internacionales de transparencia, en línea con su estrategia de desestatización y reducción de riesgos fiscales.

Licitación internacional y respaldo multisectorial

La apertura de sobres completó una etapa central del proceso licitatorio. El esquema se estructuró en tres instancias: primero, la evaluación de antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera; luego, el análisis del Plan de Trabajo con un sistema de puntajes; finalmente, la ponderación de la oferta económica, con mayor peso para asegurar la tarifa más baja posible.

El pliego se elaboró con respaldo de la UNCTAD, que auditó criterios de transparencia y competitividad. El Gobierno subrayó que se trata de una de las licitaciones “más participativas y transparentes”, apoyada por la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, además de los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires. También expresaron respaldo entidades agropecuarias como Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria, junto a organizaciones ambientalistas.

Ese alineamiento no es menor. La vía navegable concentra intereses productivos, portuarios y fiscales de las principales provincias exportadoras. La definición del nuevo concesionario impactará en tarifas, profundidad de dragado y previsibilidad operativa para un complejo agroindustrial que depende de la logística fluvial.

Competitividad y costos logísticos: el eje económico

El objetivo declarado del proyecto es permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior. En una economía donde la balanza comercial y el ingreso de divisas resultan determinantes, cualquier mejora en eficiencia portuaria tiene efecto macroeconómico.

La inversión proyectada —más de US$ 10.000 millones en 25 años— supone un volumen relevante de capital privado destinado a dragado, señalización y mantenimiento. El contrato a riesgo empresarial implica que el concesionario asume el financiamiento y recupera la inversión vía tarifa, sin garantías estatales.

Para el sector agroexportador y portuario, la clave estará en el equilibrio entre tarifa y servicio. El pliego pondera la oferta económica con mayor peso, lo que busca asegurar un costo competitivo. Sin embargo, el esquema también exige capacidad técnica y financiera comprobada, un punto crítico en una infraestructura que define la salida de granos, aceites y subproductos.

Las provincias del litoral observan el proceso con interés directo: una vía más eficiente puede traducirse en mayor actividad portuaria, empleo y recaudación asociada al comercio exterior.

Señales al mercado y consolidación del rumbo

La apertura de sobres refuerza el mensaje de que el Gobierno prioriza participación privada en activos estratégicos y busca reducir exposición fiscal. La concesión sin aval estatal y con inversión comprometida a largo plazo encaja en esa narrativa.

Al mismo tiempo, el respaldo multisectorial y la auditoría de la ONU funcionan como escudo político ante un tema históricamente sensible. La vía navegable no es solo una obra de infraestructura; es un nodo de poder económico.

Queda por delante la evaluación técnica y económica de las propuestas y la adjudicación final. Allí se definirá qué empresa operará durante 25 años una de las arterias logísticas más relevantes del Cono Sur. La decisión marcará no solo el futuro del sistema portuario, sino también la capacidad del país para sostener competitividad exportadora en un contexto internacional exigente.

El proceso ya está en marcha. La discusión ahora se traslada al terreno de la ejecución y al delicado equilibrio entre tarifa, inversión y control público.

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Récord petrolero, la producción alcanzó 868.712 barriles diarios en diciembre

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Argentina alcanzó en diciembre de 2025 el mayor nivel de producción de petróleo de su historia, con 868.712 barriles diarios, lo que implicó un crecimiento interanual de 14,8% y una suba intermensual de 2,3%, según informó la Secretaría de Energía. El salto productivo no solo marca un hito para el sector hidrocarburífero, sino que tuvo un impacto directo en la balanza de dólares, que registró un superávit de US$ 893 millones en el último mes del año, reforzando el frente externo y la disponibilidad de divisas.

Un máximo histórico impulsado por inversión y reglas de juego claras

Argentina tuvo en diciembre el mejor mes de su historia en producción de petróleo: 868.712 barriles por día”, destacó la Secretaría de Energía en un posteo oficial. El registro consolidó una tendencia de crecimiento sostenido y posicionó al país en un nuevo escalón productivo, con efectos económicos e institucionales relevantes.

Desde el área energética subrayaron que el resultado se explica por un esquema basado en reglas claras, inversión privada y un Estado que ordena y deja producir, una combinación que permitió transformar recursos naturales en crecimiento económico, empleo y generación de divisas. La mejora interanual del 14,8% y el avance del 2,3% respecto de noviembre reflejan una dinámica de expansión que impacta sobre toda la cadena de valor energética.

Impacto en la balanza energética y flujo de divisas

El récord productivo tuvo una traducción inmediata en el frente externo. En diciembre, la balanza de dólares de la energía fue positiva en US$ 893 millones, impulsada por exportaciones por US$ 1.067 millones y importaciones acotadas a US$ 174 millones.

En el acumulado de 2025, el saldo energético alcanzó US$ 7.815 millones, lo que representó una mejora de US$ 2.085 millones respecto de igual período de 2024, de acuerdo con un informe al que accedió Agencia Noticias Argentinas. El principal aporte provino de mayores exportaciones por US$ 1.369 millones, junto con una reducción de importaciones por US$ 716 millones, un dato clave para la sostenibilidad macroeconómica.

Este desempeño refuerza el rol del sector energético como proveedor neto de divisas, en un contexto donde el acceso a dólares resulta central para la estabilidad financiera, el cumplimiento de compromisos externos y la reducción de vulnerabilidades estructurales.

Proyección del récord petrolero

El máximo histórico de producción consolida a la energía como uno de los pilares estratégicos de la economía argentina. El incremento del volumen extraído fortalece la capacidad exportadora, mejora el balance comercial y amplía el margen de maniobra de la política económica.

Además, el desempeño del sector impacta sobre empleo, inversión y recaudación, y refuerza la señal institucional hacia los mercados sobre la previsibilidad del marco productivo. En ese sentido, desde la Secretaría de Energía remarcaron que la consolidación del potencial energético permite transformar recursos en crecimiento y divisas, un elemento central para el mediano plazo.

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Rutas nacionales, cómo es el plan de concesiones que busca inversión privada y cero subsidios

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El Gobierno nacional puso en marcha la Red Federal de Concesiones (RFC) con el objetivo de mejorar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, elevar los estándares de seguridad vial y reemplazar un esquema deficitario por uno transparente y sin subsidios del Tesoro. La Etapa I ya comenzó el 7 de enero, mientras que el resto de los tramos se preparan para su licitación en sucesivas fases, con foco en posesión, administración y mantenimiento de la red.

Etapa I en ejecución y arranque operativo

La implementación de la RFC ya tiene obras en curso. Desde el 7 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios asumió la gestión de las rutas 12, 14, 135, A015 y 117 en su paso por Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. En paralelo, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni se hizo cargo de la ruta nacional 174, que conecta Santa Fe y Entre Ríos a través del Puente Rosario–Victoria.

Con esta etapa inicial activa, el Ejecutivo avanzó en la definición del mapa completo de tramos a intervenir en el resto del país. La información oficial está disponible en argentina.gob.ar, donde se detallan los corredores y su extensión.

Lo que viene: Etapa II y el detalle de kilómetros a licitar próximamente

La Etapa II, próxima a licitarse, incluye los tramos Sur Atlántico Acceso Sur y Pampa, que en conjunto suman 1.871,8 kilómetros. A su vez, el programa completo prevé intervenir corredores estratégicos distribuidos por regiones, con el siguiente detalle de kilómetros proyectados a licitar:

  • Tramo Oriental: 682,28 km
  • Tramo Conexión: 59,43 km
  • Tramo Sur Atlántico Acceso Sur: 1.325,17 km
  • Tramo Pampa: 546,65 km
  • Tramo Centro: 681,92 km
  • Tramo Mesopotámico: 276,11 km
  • Tramo Centro Norte: 536,43 km
  • Tramo Noroeste: 596,52 km
  • Tramo Litoral: 546,74 km
  • Tramo Noreste: 456,22 km
  • Tramo Chaco–Santa Fe: 497,18 km
  • Tramo Cuyo: 329,09 km
  • Tramo Mediterráneo: 672,32 km
  • Tramo Portuario Sur: 636,75 km
  • Tramo Portuario Norte: 528,04 km
  • Tramo Puntano: 720 km

El alcance total confirma una reconfiguración integral de la red vial nacional, con licitaciones escalonadas y foco en corredores productivos, logísticos y de alto tránsito.

Objetivo fiscal y modelo de gestión: inversión privada y sin subsidios

La finalidad del esquema es actualizar la infraestructura vial para mejorar la seguridad de los usuarios y atraer inversión privada, cuidando al mismo tiempo los recursos públicos. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sostuvo que el programa “permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”, alineado con la estrategia fiscal del Gobierno.

Desde el punto de vista económico e institucional, la RFC apunta a previsibilidad en la operación, competencia en las licitaciones y mantenimiento sostenido de los corredores, con impactos directos sobre costos logísticos, tiempos de viaje y seguridad vial. La expectativa oficial es que el nuevo esquema consolide un cambio de paradigma en la gestión de rutas nacionales.

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Transporte eléctrico: el Gobierno habilita concesiones privadas para ampliar la red nacional

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El Poder Ejecutivo nacional avanzó con un cambio estructural en la política de infraestructura energética al disponer que las obras prioritarias de ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica se ejecuten bajo el régimen de concesiones privadas de obra pública previsto en la Ley N° 17.520, mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales y sin erogaciones directas del Estado. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 921/2025, firmado el 26 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 29 de diciembre, y se inscribe en el marco de la emergencia del sector energético nacional, prorrogada hasta el 9 de julio de 2026.

La norma redefine el esquema de ejecución de inversiones clave en transmisión eléctrica, con el objetivo de atraer capital privado, mejorar la confiabilidad del sistema y reducir restricciones estructurales que afectan la operación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), en un contexto de crecimiento de la demanda y limitaciones históricas en la red de alta tensión.

Marco normativo y emergencia energética: la base del nuevo esquema

El decreto se apoya en un entramado normativo amplio que incluye las Leyes N° 15.336, 17.520 y 24.065, y una serie de decretos y resoluciones dictados desde 1992 hasta 2025. En particular, retoma los objetivos fijados por el artículo 2° del Texto Ordenado de la Ley N° 24.065, que establece como ejes de la política eléctrica la protección de los usuarios, la confiabilidad y libre acceso al sistema, la eficiencia tarifaria y el fomento de inversiones privadas en generación, transporte y distribución.

El contexto inmediato es la emergencia del Sector Energético Nacional, declarada originalmente por el Decreto N° 55/2023 y prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 1023/2024 y N° 370/2025. Ese marco habilitó a la Secretaría de Energía a diseñar un programa de acciones para garantizar inversiones indispensables en transporte y distribución eléctrica, asegurando la prestación continua del servicio en condiciones técnicas y económicas adecuadas.

En ese sentido, la Resolución del Ministerio de Economía N° 715/2025 declaró prioritarias determinadas obras de ampliación del sistema de transporte, identificadas en su Anexo, y dispuso que se ejecuten bajo el esquema concesional de la Ley N° 17.520, abriendo la puerta a un modelo donde el sector privado asume la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.

Concesiones, inversión privada y rol de la Secretaría de Energía

El Decreto 921/2025 establece que las obras prioritarias de ampliación del sistema de transporte eléctrico se realizarán a título gratuito para el Estado, mediante concesiones de obra pública y bajo el procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional. De este modo, el financiamiento, la ejecución y la operación quedarán en manos de concesionarios privados, con un esquema contractual que, según destaca la norma, preserva el equilibrio económico-financiero y brinda previsibilidad a inversores y financiadores.

El texto subraya que el régimen de la Ley N° 17.520 ofrece garantías en materia de remuneración, variación de condiciones contractuales y mitigación de riesgos, incluso frente a eventuales terminaciones anticipadas. Esto permite estructurar proyectos de largo plazo sin comprometer recursos públicos de manera directa, en línea con la estrategia oficial de reducción del gasto público y optimización del rol del Estado.

En este marco, el decreto delegó amplias facultades en la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, que tendrá a su cargo:

  • Aprobar los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y técnicas, así como el modelo de contrato de concesión.
  • Convocar a las licitaciones públicas nacionales e internacionales.
  • Organizar y coordinar la Comisión Evaluadora.
  • Calificar oferentes y resolver impugnaciones.
  • Dictar el acto administrativo de adjudicación y suscribir los contratos de concesión.

El Ministerio de Economía quedará, a su vez, como Autoridad de Aplicación de los contratos, ejerciendo la supervisión y el control general, mientras que la Secretaría de Energía podrá dictar las normas complementarias y operativas necesarias para la implementación del régimen.

Impacto esperado y proyección del sistema eléctrico

Desde una perspectiva institucional y económica, la medida busca destrabar inversiones largamente postergadas en la red de transmisión eléctrica, un cuello de botella crítico para el desarrollo energético y productivo. La ampliación del sistema de transporte resulta clave para mejorar la confiabilidad del suministro, reducir riesgos de saturación y acompañar el crecimiento de la demanda en distintas regiones del país.

El esquema concesional también implica un cambio relevante en la relación entre el Estado y el sector privado en materia de infraestructura eléctrica, trasladando riesgos y responsabilidades operativas a los concesionarios, pero bajo reglas contractuales definidas y supervisión estatal.

En términos políticos, el decreto consolida una orientación que prioriza la participación privada en obras estratégicas, apoyada en un marco legal existente pero poco utilizado en el sector eléctrico durante las últimas décadas. En ese sentido, la implementación efectiva de las licitaciones y la respuesta del mercado serán determinantes para evaluar el alcance real de esta política en el mediano y largo plazo.

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