Jubilaciones

Caputo justificó el rebote de la inflación y defendió la estrategia económica del Gobierno

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El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el Gobierno esperaba el dato de inflación de 2,9% registrado en febrero, una cifra que interrumpió parcialmente la dinámica descendente que venía mostrando el índice de precios. El funcionario sostuvo que el aumento respondió principalmente a la suba de la carne y los ajustes tarifarios, y buscó transmitir que la estrategia económica oficial no se altera pese al rebote.

“Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa”, afirmó Caputo en declaraciones televisivas, al remarcar que la política monetaria del Banco Central continuará orientada a sostener la desinflación. El dato llega en un momento políticamente sensible: el Gobierno intenta consolidar la narrativa de estabilización macroeconómica que respalda su programa económico, mientras enfrenta señales de tensión social vinculadas al poder adquisitivo y al acceso al crédito.

El reconocimiento de que el número era esperado funciona también como un intento de anticipar el impacto político del dato y evitar que el rebote inflacionario sea leído como un cambio de tendencia en la estrategia oficial.

Inflación, política monetaria y el argumento del equilibrio fiscal

Caputo explicó que el Gobierno atribuye el repunte del índice principalmente a factores puntuales de precios relativos, en especial alimentos y tarifas. Según el ministro, esos movimientos no alteran el objetivo central del programa económico: mantener la inflación en descenso a partir del equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva.

En esa línea, insistió en uno de los pilares discursivos de la administración nacional: la eliminación del déficit.

“No hay déficit fiscal y la inflación más tarde o temprano llegará a niveles internacionales”, sostuvo.

El ministro evitó fijar un plazo exacto, aunque señaló que la inflación podría acercarse a niveles cercanos a cero entre agosto y octubre, una proyección que el Gobierno viene utilizando como referencia para medir el éxito del plan de estabilización.

Al mismo tiempo, reconoció que predecir el comportamiento mensual del índice sigue siendo complejo, una admisión que revela la volatilidad que todavía atraviesa la economía argentina.

El factor político en la dinámica inflacionaria

Caputo también introdujo un elemento político en su explicación del proceso inflacionario reciente. Según su interpretación, el proceso de desinflación se desaceleró luego de un período de volatilidad financiera previo a las elecciones legislativas del año pasado, cuando se generó una fuerte dolarización de portafolios.

Esa dinámica impactó —según el ministro— en tres variables clave: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación, lo que provocó un retroceso en el proceso de desaceleración de precios.

Desde la óptica del Gobierno, la estabilidad política posterior a las elecciones permitió retomar el sendero de normalización macroeconómica. En ese marco, Caputo destacó que el Banco Central mantiene una política monetaria “apretada” y continúa comprando dólares, lo que considera una señal de consistencia del programa económico.

Economía real: reconocimiento de tensiones sociales

Más allá del discurso de estabilización macroeconómica, el ministro admitió que la recuperación no se percibe de manera homogénea en la sociedad.

“La situación está mejor, pero no quiere decir que hay gente que la esté pasando bien”, afirmó.

La frase introduce una dimensión política clave: el Gobierno intenta sostener la narrativa de mejora macroeconómica sin negar las dificultades que atraviesan amplios sectores de la población, especialmente frente a el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

Ante ese escenario, Caputo planteó que la salida pasa por profundizar la caída de la inflación, reducir las tasas de interés y extender plazos de financiamiento para facilitar la adaptación de los hogares.

La apuesta por las inversiones tras la “Argentina Week”

El ministro habló después de la denominada “Argentina Week”, una serie de presentaciones ante inversores internacionales realizada en Nueva York. Según el balance oficial, la semana dejó anuncios de inversiones por 16.150 millones de dólares.

Entre los proyectos destacados se encuentran:

  • Mercado Libre, con 3.400 millones de dólares para expandir su operación logística y crear 1.900 empleos directos.
  • Transportadora de Gas del Sur, con 3.000 millones de dólares destinados a la industrialización de líquidos de gas natural en Vaca Muerta, proyecto que prevé 4.000 empleos directos y 15.000 indirectos, además de exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales.
  • Pampa Energía, que solicitó adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un desembolso superior a 4.500 millones de dólares para la exploración y producción de petróleo no convencional.
  • First Quantum Minerals, con 5.250 millones de dólares para el proyecto de cobre Taca Taca en Salta, que proyecta 4.000 empleos durante la construcción y 2.000 en la etapa operativa.

El Gobierno vincula estos anuncios con la ampliación del RIGI mediante el Decreto 168/2026, que incorporó actividades de exploración y producción de hidrocarburos al régimen.

Para la administración nacional, este esquema busca convertir la estabilidad macroeconómica en un ancla de inversiones de largo plazo, particularmente en sectores energéticos y mineros.

Jubilaciones, reforma impositiva y límites fiscales

Caputo también descartó la posibilidad de otorgar aumentos adicionales a las jubilaciones en el corto plazo. Argumentó que el margen fiscal es limitado y que cualquier mejora adicional debería financiarse con mayor crecimiento económico.

“No podemos darnos el lujo de hacer cosas que nos encantaría hacer, como subir jubilaciones o bajar más impuestos, porque de algún lado tiene que entrar esa plata”, explicó.

La misma lógica se aplica a los cambios tributarios que el Gobierno analiza: las eventuales reducciones impositivas o la baja de retenciones dependerán del sostenimiento del superávit fiscal.

La apuesta estructural: ahorro privado y crédito

Otro eje central del discurso del ministro fue la necesidad de movilizar el ahorro privado fuera del sistema financiero. Caputo afirmó que los argentinos tienen 170.000 millones de dólares fuera del circuito bancario, una cifra que triplicaría los depósitos en pesos.

Para el Gobierno, recuperar la confianza suficiente para que esos recursos ingresen al sistema permitiría expandir el crédito y financiar inversión productiva, dos factores que considera clave para sostener el crecimiento.

Un equilibrio político todavía en construcción

El Gobierno busca sostener una narrativa clara: inflación en descenso, equilibrio fiscal y apertura a inversiones internacionales. Sin embargo, el dato de inflación de febrero recuerda que la estabilización económica sigue siendo un proceso frágil, expuesto a factores políticos, movimientos de precios relativos y tensiones sociales.

En ese contexto, el desafío oficial será demostrar en los próximos meses que el rebote inflacionario fue efectivamente transitorio. La evolución del índice de precios, la reacción del consumo y la llegada efectiva de inversiones serán variables centrales para medir si el programa económico logra consolidar el escenario que el Gobierno proyecta.

Por ahora, el mensaje de Caputo busca sostener la confianza. Pero la política económica argentina suele medirse menos por las promesas que por la persistencia de los resultados.

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Ajuste fiscal: el gasto primario cayó 4,2% real y marcó un mínimo histórico en enero

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El gasto público primario devengado del Gobierno nacional volvió a mostrar una contracción significativa en enero de 2026 y alcanzó uno de los niveles más bajos de las últimas décadas en términos reales. De acuerdo con el Monitor de Gasto Primario Mensual elaborado por Analytica, el gasto cayó 4,2% interanual en valores constantes, profundizando la estrategia de ajuste fiscal del Ejecutivo.

El informe, con información disponible al 3 de febrero de 2026, detalla que el gasto devengado —que refleja la obligación de pago del Estado— se ubicó en niveles históricamente bajos, incluso por debajo de los registros observados en años de fuerte restricción presupuestaria Monitor de gasto enero 2026.

Obra pública y transferencias, los recortes más profundos

El mayor ajuste se concentró en la obra pública, que se desplomó un 97,1% interanual en términos reales. Dentro de ese rubro, las construcciones cayeron 95,8% y las transferencias de capital fueron prácticamente nulas, marcando un virtual congelamiento de la inversión estatal en infraestructura Monitor de gasto enero 2026.

También se registraron fuertes reducciones en las transferencias a provincias, que retrocedieron 64,5% real interanual, profundizando las tensiones fiscales entre la Nación y los gobiernos subnacionales. En paralelo, los programas sociales exhibieron una caída del 35,7%, con recortes significativos en Potenciar Trabajo (-25,6%), políticas alimentarias (-24,9%) y otros programas (-59,6%) Monitor de gasto enero 2026.

Jubilaciones, asignaciones y subsidios: comportamientos dispares

En contraste con el ajuste general, algunas partidas mostraron incrementos reales. Los subsidios económicos crecieron 139,2% interanual, explicados en gran medida por una baja base de comparación. Las asignaciones familiares aumentaron 1,1%, impulsadas por la suba de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que avanzó 5,4%, aunque las asignaciones familiares tradicionales cayeron 6,1%. Por su parte, las jubilaciones y pensiones registraron una suba real moderada del 0,8% Monitor de gasto enero 2026.

Asistencia excepcional a provincias

El informe también señala que, durante enero, solo dos provincias recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Chubut percibió 4.000 millones de pesos como asistencia financiera ante los incendios, mientras que Corrientes recibió 3.000 millones de pesos para atender las inundaciones en los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía Monitor de gasto enero 2026.

Un ajuste que redefine el rol del Estado

La dinámica del gasto primario confirma que el ajuste fiscal se apoya principalmente en la licuación de la inversión pública, la reducción de transferencias a provincias y el recorte de programas sociales, mientras se preservan —aunque con incrementos acotados— las prestaciones previsionales y algunas transferencias directas a los hogares.

El Monitor de Analytica advierte que el nivel de gasto observado en enero de 2026 se encuentra entre los más bajos de la serie histórica, consolidando un cambio estructural en el tamaño y la composición del gasto público nacional.

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Continúa el bono de $70.000 para las Jubilaciones, busca compensar la pérdida de ingresos

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El Poder Ejecutivo Nacional dispuso el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000, que será abonado en febrero de 2026 a jubilados y pensionados que perciben haberes bajos, mediante el Decreto 65/2026, publicado el 29 de enero de 2026. La medida apunta a compensar los efectos adversos que dejó la anterior fórmula de movilidad jubilatoria y a sostener el poder adquisitivo de las prestaciones, en el marco del esquema de actualización mensual por inflación vigente desde julio de 2024.

El marco normativo y los fundamentos económicos de la medida

El decreto se apoya en un extenso entramado normativo del sistema previsional argentino. Recuerda que el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) fue instituido por la Ley N° 24.241 y luego unificado en un régimen público de reparto mediante la Ley N° 26.425, que dio origen al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). También incorpora a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada por la Ley N° 27.260, y a las pensiones no contributivas y graciables a cargo de la ANSES.

En los considerandos, el Ejecutivo realiza una evaluación crítica de la Ley N° 27.609, que estableció la fórmula de movilidad jubilatoria vigente desde marzo de 2021. Según el decreto, esa fórmula presentó “graves y serios inconvenientes” al no contemplar adecuadamente la inflación, generando un desfasaje entre la evolución de los precios y el traslado a los haberes. Ese esquema, señala el texto, tuvo “efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados”, pero impactó con mayor intensidad en los sectores de menores ingresos.

Como respuesta a esa situación, el Gobierno recuerda que desde enero de 2024 hasta enero de 2026 se otorgaron ayudas económicas y bonos previsionales mensuales, y que mediante el Decreto N° 274/24 se modificó la movilidad jubilatoria, estableciendo la actualización mensual de los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, a partir de julio de 2024. El bono de febrero de 2026 se presenta así como una compensación puntual por los efectos acumulados del régimen anterior.

A quiénes alcanza el bono y cómo se determina el monto

El Bono Extraordinario Previsional será liquidado por titular y alcanzará a un universo amplio de beneficiarios del sistema de seguridad social administrado por la ANSES. Incluye a:

  • Titulares de prestaciones contributivas previsionales otorgadas bajo la Ley N° 24.241, regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, regímenes especiales derogados y ex cajas provinciales o municipales transferidas a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241, así como las prestaciones del régimen del Decreto N° 160/05.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y demás pensiones no contributivas y graciables cuyo pago esté a cargo de la ANSES.

El decreto fija dos criterios centrales para el cálculo del monto. Para quienes perciban, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, un ingreso menor o igual al haber mínimo previsional garantizado —establecido en el artículo 125 de la Ley N° 24.241—, el bono será pagado en su totalidad, hasta el tope máximo de $70.000. En cambio, para quienes superen el haber mínimo, el bono será variable y se ajustará al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma del haber mínimo más el bono máximo previsto.

La norma aclara que los beneficios deben encontrarse vigentes en el mes de la liquidación, que en el caso de pensiones con copartícipes se considerará un único titular, y que el bono tendrá carácter no remunerativo, no será susceptible de descuentos ni computable para ningún otro concepto.

Impacto fiscal, rol de ANSES

Desde el punto de vista institucional, el decreto faculta a la ANSES a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación, control y eventual recupero de percepciones indebidas. A su vez, la Jefatura de Gabinete de Ministros deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para garantizar el financiamiento del bono.

En términos económicos y sociales, la medida refuerza la estrategia de sostener ingresos reales de los jubilados de menores recursos, en un contexto en el que la movilidad atada al IPC busca evitar nuevas pérdidas frente a la inflación. Los principales sectores alcanzados son los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y las prestaciones no contributivas, históricamente más expuestos a la erosión inflacionaria.

El bono de febrero de 2026 aparece así como una señal de cierre de ciclo respecto del esquema de compensaciones transitorias iniciado en 2024, mientras el Gobierno sostiene que la actualización mensual por inflación constituye el nuevo ancla para la previsibilidad del sistema previsional.

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Informe del IARAF: cuatro de seis sectores cerraron 2025 con ingresos reales negativos

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Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la mayoría de los ingresos reales registrados en la Argentina perdió poder adquisitivo, en un período que coincide con el inicio de la gestión de Javier Milei. Así lo revela un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), difundido por el economista Nadin Argañaraz, que muestra caídas reales en cuatro de los seis sectores analizados. Solo dos grupos lograron ganarle a la inflación: los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los jubilados que cobran el haber mínimo sin bono.

El estudio cuantifica pérdidas y ganancias acumuladas en términos reales, expone diferencias significativas entre sectores públicos y privados y aporta un diagnóstico preciso sobre la evolución del poder adquisitivo en los primeros dos años del actual gobierno.

Pérdidas generalizadas: trabajadores y jubilados con bono, los más afectados

El informe de IARAF concluye que cuatro de los seis sectores con ingresos registrados terminaron 2025 con variaciones reales negativas respecto de noviembre de 2023. Entre los más golpeados aparecen los trabajadores públicos nacionales, los empleados del sector privado, los trabajadores públicos provinciales y los jubilados que perciben el haber mínimo más bono compensatorio.

En el caso de los asalariados del sector privado, el documento señala que “habrían finalizado el 2025 con una pérdida acumulada de poder adquisitivo equivalente al 80% del poder adquisitivo del mes de noviembre de 2023”. En términos concretos, esa merma equivale a 24 días del ingreso real de aquel mes.

Para los trabajadores públicos nacionales, la situación resulta aún más severa: la pérdida acumulada asciende a 7 ingresos reales de noviembre de 2023. El informe detalla que, aunque cobraron 25 salarios mensuales durante el período, esos ingresos equivalen en términos reales a 18 salarios de noviembre de 2023. En tanto, los trabajadores públicos provinciales cerraron 2025 con una pérdida acumulada de 2,8 salarios reales de referencia.

Los jubilados que cobran el haber mínimo más el bono tampoco lograron sostener su poder de compra. Según IARAF, este grupo perdió el equivalente a 1,4 ingresos reales de noviembre de 2023, reflejando el impacto de la inflación sobre una prestación que combina haber y refuerzos discrecionales.

En términos de pérdidas acumuladas, el informe subraya que los empleados públicos nacionales fueron el sector con mayor deterioro real, al resignar en 25 meses el equivalente a siete ingresos completos.

Los ganadores: AUH y jubilados sin bono le ganaron a la inflación

En contraste con el panorama general, el estudio identifica dos sectores con mejoras reales acumuladas. El primero es el de los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se consolidó como el principal ganador del período.

Según el informe, quienes perciben la AUH finalizaron 2025 con un mayor poder adquisitivo acumulado equivalente a 21,3 ingresos reales de noviembre de 2023. En términos prácticos, esto implica que, en 25 meses de ingresos, obtuvieron un ingreso extra equivalente a 21 ingresos reales de aquel mes base, lo que se tradujo en un aumento del 85% del ingreso real acumulado en dos años.

El segundo grupo con resultado positivo fue el de los jubilados que cobran únicamente el haber mínimo, sin bono. Para este segmento, el cierre de 2025 significó un aumento real acumulado de 0,8 haberes de noviembre de 2023, un desempeño que el propio informe destaca como exactamente opuesto al de los trabajadores privados registrados.

Poder adquisitivo y clase media: un deterioro persistente

El análisis de IARAF también aborda la evolución del poder adquisitivo al cierre de 2025, con resultados que refuerzan la tendencia observada en los ingresos acumulados. De acuerdo con lo explicado por Argañaraz, los trabajadores privados registrados llegaron a diciembre de 2025 con un poder de compra casi 1% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Para los trabajadores públicos nacionales, la pérdida fue mucho más profunda: 33% de poder adquisitivo, aproximadamente, respecto del mismo mes de referencia. Los empleados públicos provinciales, tras una fuerte caída inicial, cerraron el período con una pérdida real del 6,5%. En tanto, los jubilados que cobran haber mínimo más bono finalizaron 2025 con una merma del 7,5% en su poder de compra.

Del lado positivo, los jubilados que perciben solo el haber mínimo registraron una suba real del 9,3%, mientras que los beneficiarios de la AUH duplicaron su poder adquisitivo frente a noviembre de 2023, consolidándose como el sector poblacional con mayor mejora real en los últimos dos años.

El informe concluye que esta dinámica se traduce en una clase media más empobrecida, con fuertes asimetrías entre sectores y con un esquema de ingresos donde las políticas de transferencias sociales explican buena parte de las mejoras relativas.

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Según CEPA los jubilados tuvieron una pérdida del 27,4% en los haberes previsionales

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El cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria impulsado por el Gobierno desde diciembre de 2023 provocó una pérdida acumulada del 27,4% en los haberes previsionales, según un estudio privado. El impacto es mayor en quienes cobran la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono compensatorio, una de las principales herramientas de refuerzo del ingreso. La modificación fue clave para el superávit fiscal, pero consolidó un deterioro del poder adquisitivo del sistema previsional.

La alteración del esquema se implementó a través del DNU 274/2024, que dejó sin efecto la Ley 27.609 y estableció un mecanismo de actualización exclusivamente atado a la inflación. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta decisión implicó un quiebre en la dinámica de recuperación de los haberes y consolidó una pérdida real significativa.

El cambio de fórmula y la brecha en los haberes

Según el relevamiento de CEPA, tras los aumentos por inflación aplicados en diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886. Sin embargo, de haberse mantenido vigente la fórmula anterior, el haber mínimo habría alcanzado los $434.279, lo que representa una brecha mensual de $93.393 para los beneficiarios.

El informe sostiene que “la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras”. En esa línea, remarca que la modificación por decreto se produjo en el “preciso momento en que la fórmula anterior podría haber significado una mejora real en los haberes”.

El esquema derogado combinaba la recaudación de la seguridad social y la variación salarial, dos variables que presentan rezagos respecto de la inflación y que, cuando los precios comienzan a desacelerarse, permiten una recuperación real del ingreso. Con el sistema actual, CEPA advierte que las jubilaciones “no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar” lo ya perdido.

El bono congelado y el mayor impacto en la jubilación mínima

La situación es más crítica entre quienes perciben la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono compensatorio. Desde marzo de 2024, este refuerzo se mantiene fijo en $70.000, lo que implicó una fuerte licuación de su valor real.

El análisis precisa que “mientras que los haberes se incrementaron entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 un 154%, la mínima, con bono incluido, solo aumentó 101%”. Para conservar el poder de compra original frente a la evolución del haber básico, el bono debería haber ascendido en diciembre de 2025 a $177.485.

La diferencia de $107.485 mensuales representa, según el estudio, el recorte efectivo que enfrentan los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización del refuerzo. En consecuencia, las jubilaciones con bono se ubican 16,8% por debajo de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión anterior.

Efectos fiscales, vetos y fin de la moratoria previsional

El informe vincula directamente el cambio en la movilidad con la estrategia fiscal del Gobierno, al señalar que la nueva fórmula fue una de las herramientas que permitió alcanzar el superávit fiscal. Sin embargo, subraya que el ajuste recayó de manera significativa sobre el sistema previsional.

En términos históricos, el inicio de la actual gestión implicó un retroceso rápido de los haberes: una caída del 26,3% para las jubilaciones sin bono y del 21,3% para aquellas que lo perciben. Estos niveles sitúan el poder de compra actual un 3% por debajo del promedio de la década de 1990.

A este escenario se suman decisiones legislativas y administrativas. El informe recuerda que en agosto de 2025 el Poder Ejecutivo vetó una ley que preveía un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y la actualización del bono a $110.000. De haberse aplicado, la jubilación mínima con bono “hubiera alcanzado en agosto los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido” tras la asunción del actual gobierno.

Finalmente, la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 agrava el panorama. Sin esta herramienta, CEPA advierte que “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse” por no reunir los 30 años de aportes. En esos casos, solo pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de una jubilación mínima y con una edad de acceso más elevada para las mujeres.

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