mié. Jul 8th, 2026

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Movilidad jubilatoria y polémica sobre la pérdida de poder adquisitivo en la era Milei

By CAROLA ESPINOLA 2 años ago
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El Gobierno argentino vetó ley de movilidad jubilatoria y desata polémica

El presidente Javier Milei vetó una ley recientemente aprobada por el Congreso que buscaba actualizar las jubilaciones y compensar la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación. Esta decisión ha generado un intenso debate sobre la situación de los jubilados.

El aumento estipulado en la ley aprobada días atrás equivalía a un 8,1% desde abril en compensación de la inflación de enero. Ahora, el DNU deberá ser comunicado al Congreso Nacional que, para insistir con esta ley debe reunir los dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado.

Los puntos clave de la controversia:

  • Recorte real en las jubilaciones: Si bien el Gobierno otorgó un bono de $70.000 y ha aplicado una fórmula de movilidad, diversos análisis económicos indican que, en términos reales, el poder adquisitivo de los jubilados ha disminuido significativamente en los últimos años.
  • Discrepancias en los datos: El Gobierno sostiene que las jubilaciones recuperaron el poder adquisitivo, mientras que economistas y consultoras privadas aseguran que aún hay una pérdida considerable.
  • Impacto del bono: El bono de $70.000 es un factor clave en el debate. Si bien ha proporcionado un alivio temporal, su valor se ve erosionado por la inflación, y su impacto a largo plazo es incierto.
  • Críticas al veto presidencial: La oposición criticó duramente el veto, argumentando que perjudica a los jubilados y que el Gobierno no está cumpliendo con su promesa de mejorar las condiciones de vida de los argentinos.
  • Incertidumbre sobre el futuro: La situación genera incertidumbre sobre el futuro del sistema previsional y el poder adquisitivo de los jubilados en los próximos meses.

¿Qué dicen los expertos?

Nadin Argañaraz, economista de renombre aseguró que “un aspecto clave que el Gobierno debe resolver en el corto plazo es qué dinámica le va a dar a los bonos compensatorios”.

“El esquema es simple: lo que implica en plata el crecimiento real del haber es menor que la pérdida de plata generada por la licuación del bono en caso que se mantenga fija en ARS$70.000. Este tema del bono es muy significativo”, sentenció.

“El deterioro es evidente y tiene diez años consecutivos. Los jubilados han perdido poder de compra diez años seguidos”, sostuvo Gabriel Vidal, gerente de RR.II. de Criteria.

“El gráfico muestra el gasto en jubilaciones y pensiones a precios del año 2016. De este modo, podemos separar en períodos la intensidad del gasto en este segmento desde la administración de Cambiemos a la fecha”, explicó Vidal en su análisis.

“El Gobierno de La Libertad Avanza comienza con un fortísimo ajuste y se ve con claridad un rebote/recuperación desde niveles inimaginables para todos los argentinos”, puntualizó.

Desde la consultora Analytica también sostienen que hay una pérdida en el poder adquisitivo de los jubilados. Según sus cálculos, si se compara agosto frente a noviembre, el haber mínimo creció 5,8% en términos reales, pero cayó 2,5% si los bonos son tomados en cuenta.

Argañaraz, agregó que “en el caso de los haberes mínimos, incluido el bono compensatorio, la realidad es que entre 2017 y febrero de 2024 la caída real fue del 43%”.

“La cuestión central de los últimos meses está en la recuperación real del haber y en la caída real del bono, ya que lleva seis meses con igual valor de ARS$70.000″, resaltó. “Esto hizo que en junio se logre un pico y que a partir de ahí ya se haya iniciado una merma real del ingreso total”, destacó en uno de sus últimos informes.

“En efecto, entre junio y agosto el ingreso real ya cayó un 1,2%”, puntualizó y aseguró que “en el caso del resto de los haberes, entre 2017 y febrero de 2024 la caída real fue del 62%”.

Medido en dólares, para el presidente, “el poder adquisitivo de los jubilados voló”. El analista financiero Christian Buteler rechazó esa consideración en redes sociales y argumentó: “El poder adquisitivo es la capacidad de adquirir bienes y servicios con determinada cantidad de dinero. Si bien las jubilaciones subieron valuadas al (dólar) blue, los precios y servicios subieron más a valores del blue”.

Así, afirmó que con la jubilación mínima y bono, el poder de compra actual es menor que el de noviembre, antes de que la inflación escalara a 25,5%.

¿Qué sigue?

La oposición ha anunciado que buscará revertir el veto presidencial. El debate sobre las jubilaciones continuará en el Congreso.

Fuente: Bloomberg

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El Gobierno publicó el veto a la ley de jubilaciones que aprobó el Congreso

By Redacción Economis 2 años ago
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El presidente Javier Milei firmó el pasado viernes la medida que rechaza la modificación de la movilidad jubilatoria luego de una reunión con los legisladores del oficialismo y de los sectores aliados. El Poder Ejecutivo consideró que la iniciativa es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente”.

Luego de que el Senado haya sancionado la ley por la nueva movilidad jubilatoria, el presidente Javier Milei vetó totalmente el proyecto. El decreto —que firmó el viernes por la noche— se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial y así la decisión se hizo efectiva. En simultáneo, el Ejecutivo oficializó un nuevo bono de 70 mil pesos para los jubilados en el marco del sistema de actualizaciones vigente.

El mandatario selló con su rúbrica su rechazo a la legislación luego de la reunión que mantuvo con los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) y con los miembros aliados de la Cámara baja.

El decreto 782/2024 alega que la iniciativa aprobada por el Congreso es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. Este fue el principal argumento que sostiene el Ejecutivo desde la sanción de la ley. También plantearon que el proyecto “padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación”.

A su vez, convocaron al Poder Legislativo a “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y desnutrición de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”. “La administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno”, sostienen.

En ese sentido, enfatizaron en que Presupuesto se diseñó con base en un “programa general de gobierno —que no es simplemente el programa del Presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al Presidente— y al plan de inversiones públicas”.

El Gobierno nacional también advierte en el considerando del decreto que la iniciativa complicaría la recuperación del sistema previsional al proyectar que generaría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente del financiamiento.

Para ejemplificar sus argumentos, el Ejecutivo mencionó que el impacto estimado de la medida asciende a 6.160.000.000.000 para el año 2024, es decir seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y unos 15.430.000.000.000 para el año próximo. Estos números “equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquel, estimado para el año entrante”.

Con respecto al gasto previsional que implicaría para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), calculan que dichos importes representan un incremento del 18,5% para el año 2024 y de 29,2% para el año 2025. Además, indicaron que, si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional, previsto en el presupuesto vigente, la medida “conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales”.

Frente a esto, el Gobierno recordó que “tiene como objetivo primordial la emisión monetaria 0 a efectos de eliminar de raíz la crisis inflacionaria que socava el poder adquisitivo de los argentinos”. En consecuencia, apuntaron nuevamente contra la iniciativa al decir que su aplicación “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República”, algo que obligaría a contraer financiamiento extraordinario: a través de deuda pública o, mediante el aumento de impuestos.

Tras el veto, el Congreso puede insistir con la nueva fórmula, por lo que la oposición deberá someterla nuevamente a votación y contar con el apoyo de los dos tercios de los miembros presentes en ambas Cámaras. Primero será tratado en Diputados, cámara de origen y, luego, en el Senado.

Por esto mismo, desde la aprobación en el Congreso, el Gobierno se focalizó en fortalecer los lazos con los legisladores aliados del oficialismo: el PRO y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). De esta manera, se reunió el viernes con los principales dirigentes para explicar por qué la medida no sería promulgada.

En este contexto, el PRO se comprometió a apoyar la decisión del Ejecutivo, pese a que sus legisladores habían votado a favor de la actualización de las jubilaciones.

La legislación vetada establecía una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo. Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.

Horas después de la sanción, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que ratificaba lo que había anunciado Milei anteriormente. “En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, expresaron en esa oportunidad.

El bono extraordinario para jubilados

Mientras tanto, el Ejecutivo oficializó un nuevo bono extraordinario previsional de 70 mil pesos para los titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES; aquellos beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más; y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo del organismo de la seguridad social.

Este monto se fijó en el decreto 783/2024, también publicado esta madrugada. La normativa establece además que “para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono extraordinario”.

“En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional que se otorga”, dispone el decreto.

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Milei: “Hoy los jubilados ganan más que cuando nosotros asumimos”

By Redacción Economis 2 años ago
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El presidente de la Nación reiteró sus críticas a los legisladores que aprobaron el aumento a jubilados. El presidente Javier Milei volvió apuntar hoy contra la actualización de las jubilaciones que realizó el Congreso y aseguró que actualmente los jubilados “ganan más” que cuando su gobierno asumió el poder. 

“Lo que ha intentado hacer el Congreso es romper el programa económico. Primero, porque mienten, son basuras deshonestas intelectualmente. Hoy los jubilados ganan más que cuando nosotros asumimos en términos reales, por encima de la inflación”, aseguró Milei en declaraciones radiales. 

En esa línea, el Presidente expresó: “Me viene a hablar el kirchnerismo, que durante el gobierno de Alberto Fernández perdieron 40% y terminaron 30% abajo. Esos me vienen a hablar del poder adquisitivo de los jubilados”. 

“Si hay alguien que le hizo mal a los jubilados es el kirchnerismo. Son una manga de mentirosos, populistas y demagogos”, apuntó Milei.  

El jefe de Estado aprovechó además para bajar el tono a la tensión que existe con la vicepresidenta Victoria Villarruel y afirmó que el intercambio con el senador de Unión por la Patria (UP) José Mayans -durante el tratamiento de la movilidad jubilatoria- se debió al “humor” que tiene la presidenta de la Cámara Alta. 

“Hicieron toda una novela del intercambio con Mayans. Villarruel tiene ese humor. No se puede tomar la frase en el vacío. Es parte del humor que tiene ella. A mí eso no me enoja”, dijo Milei. 

Por otro lado, el mandatario reiteró su defensa a la ampliación de los fondos para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y sostuvo que compararlos con el aumento a jubilados es como equiparar un “rascacielos con un edificio enano”. 

“¿Me está comparando 7200 millones de dólares contra menos de 100 palos verdes? Es como que me compares un rascacielos con un edificio enano”, señaló el Presidente. 

Milei respaldó también de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que impulsa su gobierno y no descartó una intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en caso de que el ente no cumpla el plazo de un año para modificar sus estatutos, en el marco de denominada la Ley de Bases.

“Voy a avanzar con la agenda de la libertad. La AFA no está por encima de la Constitución Nacional. No está por encima del Gobierno nacional”, subrayó el jefe de Estado.

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Se oficializó la sesión para tratar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria

By Redacción Economis 2 años ago
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Será el próximo martes a las 11. Hay cinco dictámenes, pero los despachos de Unión por la Patria y de la oposición moderada son los que corren con más chances dado que son similares y podrían unificarse en caso de arribar a un acuerdo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, oficializó hoy la convocatoria a sesión especial para el próximo martes pedida por la UCR y otros bloques “dialoguistas” para tratar los proyectos que proponen una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La citación llegó con suspenso, ya que pasaban los días y no terminaba de concretarse. En total se pondrán en consideración del recinto cinco dictámenes, entre los cuales los de Unión por la Patria y de la oposición moderada son los que corren con más chances dado que son similares y podrían unificarse en caso de arribar a un acuerdo. 

De hecho, el 15 de mayo pasado en el plenario de Previsión Social y Presupuesto, UP y la oposición “dialoguista” estuvieron a punto de dar el batacazo: hubo conversaciones hasta última hora para presentar una propuesta conjunta pero no fue posible.

Sin embargo, los esfuerzos no cayeron en saco roto ya que estas fuerzas políticas se comprometieron a limar las pequeñas diferencias entre ambos dictámenes de cara a la sesión del próximo martes a las 11 hs.

En definitiva, se firmaron cinco dictámenes: el de mayoría fue el de Unión por la Patria con 33 firmas, y le siguió el de UCR+Hacemos+CC con 19. La Libertad Avanza (19), el PRO (8) y el Frente de Izquierda (2) presentaron dictámenes propios.

Unión por la Patria accedió a rebajar sus pretensiones originales de recomponer inicialmente las remuneraciones en un 30% y se acopló a la propuesta de “los dialoguistas” de fijar esa compensación en el 20,6% correspondiente a lo perdido por los jubilados en el mes de enero.

Con esta fórmula, la jubilación mínima quedaría en 285 mil pesos en el mes de junio, según calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Al ajuste mensual por IPC (inflación medida por el INDEC) se sumaría además un aumento adicional: en marzo de cada año se establecería un cálculo por el cual se reconocería un aumento del 50% de la variación del RIPTE (variación salarial) por sobre la variación del IPC el año calendario anterior.

Lo que dinamitó el acuerdo con Unión por la Patria fue la decisión de Hacemos Coalición Federal de “meter por la ventana” en el dictamen la obligación de ANSES de cancelar en un plazo máximo de seis meses la totalidad de las deudas que mantiene con las cajas previsionales provinciales así como con los jubilados con sentencias firmes favorables a partir de lo producido de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo.

Además, el dictamen de la oposición moderada elimina los regímenes jubilatorios especiales para presidente y vicepresidente de la Nación.

Como muestra de buena fe del kirchnerismo y de la voluntad de llegar a un acuerdo de acá a la fecha de la sesión, el dictamen que presentó Unión por la Patria no fue el original, más ambicioso en términos de recuperación de capacidad adquisitiva para los jubilados, sino que respetó los términos del estado de negociación que se había alcanzado con los dialoguistas.

La Libertad Avanza firmó un dictamen que reproduce los dispuesto en el decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, ajuste mensual por IPC con impacto a los dos meses y compensación del 12,5%. Con esta fórmula, la jubilación mínima será de 265 mil pesos en junio.

El PRO, en tanto, firmó un dictamen que incorpora en la fórmula de actualización no solamente el IPC sino un componente vinculado a la variación salarial (RIPTE), y agregan un 8% de recomposición al 12,5% dispuesto por el Gobierno (en total 20,5%) pero dándole al Poder Ejecutivo la posibilidad de liquidar ese adicional a su criterio.

También el dictamen del PRO elimina las jubilaciones de privilegio tanto para presidente como vice, y pone esos cargos en el sistema general.

El dictamen de minoría del Frente de Izquierda prevé que la jubilación mínima en ningún caso esté por debajo del monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor, y propone una actualización de haberes tomando alternativamente el IPC o el RIPTE, según cual resulte más favorable. Además, asegura el 82% móvil para todos los jubilados. 

Así las cosas, Diputados volverá a sesionar el martes próximo y es posible que Unión por la Patria pida una ampliación del temario con la incorporación de los proyectos sobre financiamiento universitario y restitución del FONID, toda vez que había adelantado su intención de pedir una sesión especial para la misma fecha del 4 de junio.

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De cada 100 pesos ajustados en abril, 36,6% correspondieron a recortes en jubilaciones

By Economis Redacción 2 años ago
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(Centro de Economía Política Argentina) En abril, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal de $264.952 millones antes de cubrir los intereses de la deuda, que descendió a $17.409 millones después de saldar dichos compromisos (equivalentes a $247.543 millones). El ajuste del gasto se sigue profundizando, lo cual está impactando en los ingresos públicos. En abril, estos últimos experimentaron una caída de 6,5%, convirtiéndolo en el tercer mes consecutivo de caída real mayor a 6%.
Al analizar con mayor detenimiento los números, se observa que los ingresos de abril alcanzaron los $6,7 billones, representando un aumento de 263% interanual. Sin embargo, este incremento se traduce en una disminución de 6,5% al ajustarlo por inflación. Por otro lado, los gastos ascendieron a $6,5 billones, registrando un incremento de apenas 197% interanual. Al ajustarlos por inflación, se evidencia una
reducción de 23,7%.
Es importante señalar que, dentro de este proceso de ajuste, si bien todas las partidas de gasto disminuyen, el componente principal es la reducción de las jubilaciones y las obras de infraestructura, las cuales explicaron el 37% y el 27% del total del ajuste, respectivamente. Además, cabe destacar que otra parte del ajuste se centra en la postergación de los pagos a CAMMESA, la empresa generadora de energía, que se observa en la ejecución de los subsidios a la energía.
Por último, se observa que los ingresos se están sosteniendo gracias al aumento del Impuesto PAIS, que ha crecido 210% en términos reales. Si se quitara este tributo, el déficit fiscal hubiera sido de $245 mil millones.

El comercio exterior no compensa la crisis de la actividad económica y los ingresos caen 6,5%
Durante abril, el Sector Público Nacional (SPN) obtuvo ingresos por un total de $6,8 billones, reflejando una caída de 6,5% ajustado por inflación. Esta disminución se debe principalmente a la baja en el IVA, impuesto a las ganancias y los aportes a la seguridad social, tributos ligados a la actividad económica y los salarios.
La recesión se profundiza y en abril se registró por segundo mes consecutivo una reducción en términos reales de IVA. A su vez, la recaudación del impuesto a las ganancias se vio afectada no sólo por la caída de la actividad económica y los salarios, también experimentó cambios regulatorios -la implementación del impuesto con un mínimo no imponible equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles y una nueva escala- y la disminución de la demanda de moneda extranjera para viajes y gastos en el exterior. En el caso del Impuesto a los Bienes Personales, la reducción se dio principalmente por la modificación normativa: ya no se cobra la percepción correspondiente a la compra de moneda extranjera.

Es necesario distinguir entre dos conjuntos de tributos con comportamientos claramente diferenciados. En primer lugar, se encuentran aquellos relacionados con el comercio exterior, los cuales experimentaron un notable crecimiento real. Las retenciones aumentaron un 33%, mientras que el “resto tributario”, entre los que se destaca el impuesto PAIS, creció un 75%. Estos aumentos se explican principalmente por la depreciación abrupta de la moneda, además de dos factores adicionales: en primer lugar, la base de comparación (2023) es relativamente baja en retenciones debido a los efectos de la sequía; en segundo lugar, la ampliación y el aumento en la alícuota del impuesto PAIS, que creció 210% según los datos de recaudación de la Secretaría de Hacienda y AFIP.

Es importante destacar que este es el segundo mes consecutivo en el que los Derechos de Importación registran una reducción en términos reales, explicada principalmente por el impacto del freno de la actividad económica, que según el último dato disponible de febrero de este año registró una caída de 3,2% interanual (INDEC). La recesión repercute sobre las importaciones: en el primer trimestre del año se redujeron 24% interanual en dólares.
Un segundo grupo comprende los tributos asociados a la actividad económica local, entre los que se destaca la significativa reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con una caída de 8%. En la misma línea, el impuesto a los débitos y créditos presentó una reducción de 16% en términos reales. Por su parte, los aportes y contribuciones a la seguridad social registraron una baja de 18%, afectados no sólo por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios sino también por la destrucción de puestos de trabajo.
Esta reducción de los ingresos por tercer mes consecutivo no es un fenómeno aislado, sino que se debe al efecto de la caída del gasto. Este fenómeno ya se observó en los años 90 y durante el gobierno de Macri, cuando se aplicaron modelos de ajuste del gasto que resultaron en una disminución de la recaudación. Esto, a su vez, llevó a la necesidad de realizar recortes presupuestarios aún más profundos para mantener los niveles de equilibrio fiscal.

Durante abril, los gastos totales del Sector Público Nacional (SPN) ascendieron a $6,5 billones, marcando un incremento nominal de tan sólo 197%. Sin embargo, este aumento nominal se tradujo en una disminución real de 23,7% una vez descontada la inflación.

El derrumbe interanual de los egresos se atribuye principalmente a la licuación de los haberes de los jubilados (-26% en términos reales), la falta de ejecución de obras por parte del nuevo gobierno (-78%) y los recortes en los subsidios energéticos (-13%). Casi todas las partidas muestran reducciones en términos reales, la mayoría con caídas de dos dígitos, siendo la más significativa, por su peso relativo en el total del gasto, aquella relacionada con jubilaciones.
Otra área afectada significativamente son los subsidios al transporte (-17% interanual), por la eliminación del Fondo Compensador del Interior y por recortes en el AMBA, que impactaron sobre el precio del boleto, si bien en el caso de los colectivos se mantiene congelado desde febrero. En el sector energético, el recorte de transferencias a CAMMESA ha causado problemas en la cadena de pagos y tensiones con el gobierno, que ofreció pagar la deuda acumulada en diciembre y enero con un bono al 2038.

En abril, el Gobierno Nacional tuvo que liberar fondos, resultando en un incremento de $470 mil millones en este rubro respecto al mes pasado.
Las transferencias a universidades en el mes de abril experimentaron una disminución de 27% interanual en términos reales. Estas transferencias representaron el 4% del ajuste, creciendo su participación ya que el mes pasaron constituyeron el 2% del mismo.

En lo que refiere a las provincias, las transferencias no automáticas se redujeron 73% en términos reales en comparación con abril de 2023, explicando un 9,2% del ajuste total. El principal componente del recorte es producto de la decisión de discontinuar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), afectando de manera directa el salario de los docentes de todo el país, y de la suspensión del pago a las provincias por las cajas previsionales no
transferidas a la Nación.

De cada 100 pesos ajustados en abril, 36,6% correspondieron a recortes en jubilaciones. Esta tendencia, que se arrastra desde enero, muestra la crueldad del gobierno de Milei, que basa el superávit fiscal en la licuación de los haberes jubilatorios.
Los gastos de capital destinados a la obra pública constituyen el segundo mayor aporte al ajuste con un 26,5%. Durante este mes, en línea con la decisión política que tomó el gobierno desde su asunción, la ejecución de la obra pública fue nula. Es importante destacar que todas las partidas presupuestarias de obras de infraestructura se vieron afectadas tanto en términos nominales como reales.

El gasto en intereses de deuda no se registra dentro de los gastos primarios, pero este mes fueron de $247.543 millones. Este gasto viene bajando en el año, pero continúa por encima de ciertas partidas de gasto: se destina un 15% más a los intereses de deuda que a las universidades, y un 265% más que lo que se transfiere a las provincias.

Si el sendero de superávit fiscal se sostiene, la meta fiscal de junio será cumplida

En el primer cuatrimestre de 2024, se acumula un superávit fiscal de $ 4,1 billones y un superávit financiero de $1,2 billones, alcanzado a través de un ajuste significativo en el gasto, y no por aumento en la recaudación.
En marzo, la meta fiscal con el fondo se cumplió por encima de lo esperado (abril va en la misma línea), emitiendo una señal positiva para los mercados. Sin embargo, también se pone en evidencia la crueldad y la falta de voluntad de gestión. Teniendo margen para gastar más, el ejecutivo podría haber optado, por ejemplo, por aumentar los ingresos de los jubilados o reactivar la obra pública. Es crucial equilibrar este cumplimiento de metas con la sostenibilidad a largo plazo, pero a su vez asegurando que el peso del ajuste no recaiga de manera desproporcionada sobre los sectores más vulnerables de la población. Incluso el mismo FMI alertó al gobierno sobre esta cuestión: “El programa seguirá enfocado en mejorar la calidad y la equidad de la consolidación fiscal (…)”.

Con un superávit fiscal acumulado de $4,1 billones en el primer cuatrimestre del 2024, el gobierno está sobrecumpliendo las metas con el FMI, sin considerar los costos sociales que esto implica. Es crucial equilibrar este cumplimiento de metas con la sostenibilidad a largo plazo, pero a su vez asegurando que el peso del ajuste no recaiga de manera desproporcionada sobre los sectores más vulnerables de la población.

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