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Buena noticia para un grupo de jubilados: recibirán un plus por una cláusula poco conocida

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La medida beneficia a quienes no se hayan jubilado bajo moratoria. A pesar de que siguen cobrando un magro haber, un grupo de jubilados y pensionados del sistema que gestiona la Anses tendrá una buena noticia, ya que cobrará un plus originado en el reajuste del salario mínimo, vital y móvil que estableció una resolución de la Secretaría de Trabajo publicada hoy en el Boletín Oficial. 

Esto será así por una disposición legal que rige desde 2018 y que garantiza que el haber mensual no puede ser inferior al 82% del mencionado valor de referencia para los ingresos laborales. 

La garantía rige solamente para quienes obtuvieron su prestación previsional sin haber recurrido a una moratoria (es decir, habiendo completado durante la etapa activa la cantidad de aportes exigida por el régimen). La gran mayoría de las jubilaciones de monto mínimo fue obtenida por moratoria.

La resolución 9 de la Secretaría de Trabajo fijó el salario mínimo de abril en $221.052 y el de mayo en $234.315,12. 

El pago de un suplemento a los jubilados que cumplan con los requisitos para la garantía legal tiene, entonces, un efecto retroactivo.

Con respecto a lo correspondiente a abril, el 82% del salario mínimo es $181.262,64; la jubilación mínima (sin contar el bono) fue ese mes de $171.283,31. 

Por lo tanto, el suplemento que debe pagar el Estado es de $9.979 en el caso de quienes cobran el ingreso básico, y de un importe inferior para quienes tienen prestaciones superiores a la mínima, pero solo de hasta $181.262. 

Por ejemplo, si el haber bruto fue de $175.000, la Anses liquidará un adicional de $6.262.

En el caso de mayo, el 82% del salario mínimo es $192.138,40. Y la jubilación mínima es de $190.141.60, ya que se aplicó un reajuste de 11%, equivalente a la inflación de marzo. 

Entonces, el suplemento es de un monto pequeño: como máximo, de $1996,80. Esa será la cifra para quienes tienen el haber mínimo, en tanto que, por ejemplo, con un ingreso de $191.000, se liquidará un plus de $1138,40.

Como la resolución sobre los salarios se oficializó de manera tardía, la Anses tendrá que hacer una reliquidación por esos montos.

El pago del plus por la garantía del 82% es independiente del correspondiente al bono de hasta $70.000, que este mes alcanza a quienes tienen haberes brutos de hasta $260.141,60, sin tener que cumplir con el requisito de no haber recurrido a una moratoria. 

El pago en mayo de ese refuerzo, en concepto de “ayuda económica previsional” fue dispuesta por el decreto 340, publicado el 22 de abril último.

Más allá del bono y del suplemento, este mes todos los jubilados y pensionados del sistema general de la Anses están alcanzados por un reajuste de 11% de los haberes. 

Y en junio habrá otro incremento, de un porcentaje equivalente a la inflación que informe el Indec para abril (el dato aún no se conoce).

Según el calendario dispuesto por la Anses, quienes perciben el haber mínimo accederán a sus ingresos entre el 9 y el 22 de mayo, dependiendo el día de la finalización del número de documento.

Quienes tienen ingresos que superan el haber mínimo cobrarán entre el 23 y el 29 de este mismo mes.

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Las jubilaciones perdieron contra la inflación en 7 de los últimos 10 años, según la IERAL

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Un informe del Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) plantea que durante la última década, en siete años las jubilaciones perdieron contra la inflación. Tan sólo en tres, los haberes lograron recuperar capacidad de compra.

“En los diez años que van de 2014 a 2023, en 7 ocasiones la inflación superó a la movilidad, y por ende el haber real cayó. Desde 2014, cada vez que la inflación aceleró y el PBI bajó, el haber jubilatorio cayó, salvo en 2022”, señala el IERAL en su último Informe de Coyuntura.

Durante ese período hubo dos maneras de ajustar los beneficios jubilatorios: uno fue por la combinación de aumentos salariales y recaudación pasados y la otra por combinación de inflación con aumentos salariales.

Expertos coinciden que el primero es procíclico ya que en momentos de crecimiento económico suben los salarios y sube la recaudación y genera supuestamente una mejora en los ingresos, siempre que vaya por encima de los precios. Por el contrario, en momentos de caída de la actividad profundiza las pérdidas de poder adquisitivo. La segunda, al tener en cuenta la inflación, tiende a matizar los picos y valles propios de la actividad económica.

“Se observa que a partir de 2018 los haberes jubilatorios reales tendieron a perder poder adquisitivo con mayor frecuencia, generalmente coincidiendo con caídas del PBI y aceleraciones de la inflación”, señala el estudio del IERAL

El mismo sostiene que “en este contexto recesivo e inflacionario (estanflación), resultó común que los incrementos en los haberes no lograran equiparar el alza de precios, provocando una merma en los ingresos reales de los jubilados”.

Los haberes previsionales sin compensación de bonos bajaron 5% real en 2014; 3%, en 2017; 13% en 2018; 2% en 2019; 1% en 2020; 11% en 2022 y 32% en 2023. En cambio, la ganaron a la inflación en 2015, con el 3% real; 2017, 3% y 2021, 1%.

El IERAL señala que los resultados negativos de la movilidad que se dieron en tales años se explican por dos motivos: en primer lugar, las variables utilizadas en la fórmula de movilidad, como salarios y recaudación, aumentaron menos que la inflación, provocando caídas reales en los haberes, pese a los ajustes.

Luego, los rezagos con que se aplica la movilidad, actualizando los haberes con datos de inflación, salarios o recaudación pasada y menores a los valores actuales, agravaron el deterioro.

Por el contrario, cuando la inflación se desacelera y mejora el PBI, las fórmulas de movilidad usadas en el pasado han tendido a generar mejoras en los haberes reales, porque en estos casos los salarios y la recaudación tienden a ganarle a la inflación.

En los primeros dos meses del año el gobierno licuó drásticamente las jubilaciones en casi un 40%. Con ello el peso del gasto en el PBI se ubicó por debajo del 5%. En la gestión de Alberto Fernandez concluyó en un nivel del 7%. El récord reciente fue en 2017 con un 9% del PBI.

Algunos analistas suponen que el gobierno de Javier Milei presente ubicar al gasto previsional en los niveles que tenía en los años 90’, que era del 5% del PBI. Pero el problema es que ahora hay el doble de personas cobrando.

Sergio Chouza, de Consultora Sarandí, estima que desde los 3,6 millones de jubilados y pensionados (contributivos y no contributivos) entre 2001 y 2005 se sumaron casi 4 millones de prestaciones al año 2014 y casi 5 millones al momento actual, producto de las moratorias.

Chouza tiene una mirada positiva sobre la inclusión de beneficiarios sin aportes al reivindicar “la vocación redistributiva de los sucesivos gobiernos que, con sus más y con sus menos, sostuvieron las políticas de transferencia de ingresos para compensar mínimamente a quienes se caían del sistema”.

“Uno de los primeros mojones fue el fortalecimiento de la política previsional, a través de las sucesivas moratorias que implicaron un significativo salto en la cantidad de beneficiarios de la cobertura de seguridad social”, señala.

Más de un economista ha planteado dudas sobre esta afirmación. Ya que también se puede concluir que ante la evidente licuación de los haberes, las moratorias habrían servido más para extender la pobreza a los 3,6 millones de jubilados con aportes, antes que haber sacado de la misma a los que entraron por mecanismos alternativos.

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La nueva fórmula jubilatoria de Milei en stand-by

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Milei dejó en stand-by un anuncio que se perfilaba como inminente. Entre la postura enfática del PRO para tratar un proyecto de Vidal y la desconfianza hacia los radicales, el Presidente no se decide a avanzar por decreto y por ahora espera al tratamiento de la ley Bases, que llegaría recién a fines de abril

Después de semanas de presión, al unísono, por parte de la oposición dialoguista como del kirchnerismo, el Gobierno posterga cualquier definición sobre la reconfiguración de la fórmula jubilatoria que se arrastra desde la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa, con serias fallas que repercuten en el ingreso de los beneficiarios. Javier Milei, que puso el freno a un tema acuciante, enfrenta tres caminos.

El primero es el original: esperar al tratamiento de la ley Ómnibus en el Congreso, que no estaría en marcha hasta fines de abril, lo cual implicaría pagar un fuerte costo político por la erosión de la calidad de vida de los jubilados y, probablemente, la evaluación de nuevos bonos para corregir el desfasaje en los ingresos.

Como se resignó a admitir el titular libertario de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hoy los votos “no están” ni para aprobar ni para rechazar la ley Bases. Y los plazos están complicados. Según admiten en la sede del gobierno nacional, estarían listos para impulsar el debate en comisión recién después de Semana Santa, por lo que llegaría al recinto a partir de la segunda quincena de abril y, en caso de aprobarse con el ítem provisional incluido, empezaría a regir recién a partir de mayo. Un escenario peligroso con una inflación que, si bien mantiene la tendencia a la baja, se mantiene en porcentajes de dos dígitos.

La segunda posibilidad sería avanzar con un proyecto de ley aparte, pero verse forzado a abrir el juego a otro capítulo de lucha legislativa con la oposición, sin el “colchón” de respaldo del resto de la ley Bases para negociar. Por lo que se imponía la tercera opción: forzarlo a través de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Esta última alternativa le aseguraría a Milei imponer la única fórmula que estaba dispuesto a admitir el arquitecto del ajuste, Luis “Toto” Caputo, cuyos detalles se guardan (sólo se sabe que quiere apoyar las actualizaciones sobre el Índice de Precios al Consumidor -IPC-, con una fórmula aún misteriosa, y que podría sumarse un incremento del 10%). La contracara política de esa opción sería enfrentar la chance, altamente probable, de que la Justicia volviera a jugarle en contra al Ejecutivo en un aspecto aún más delicado que la reforma laboral.

El motivo de las dudas gira en torno al potencial rechazo de la oposición al DNU. En el heterogéneo bloque de Hacemos Coalición Federal, más allá de la sintonía creciente con el líder, Miguel Pichetto, desconfían de los librepensadores que integran el espacio -apuntan principalmente a Emilio Monzó y a Nicolás Massot- y no tienen seguridades de que respetarían un acuerdo del líder con el oficialismo.

Algo similar piensan del radicalismo, a pesar de que el titular del bloque radical, Rodrigo De Loredo, le pidió al ministro del Interior, el viernes, primero en privado y luego en público, que forzara una recomposición urgente. “No les creemos nada”, dijo un asesor presidencial sobre el guiño de De Loredo. Pero no sólo manda la desconfianza, sino las dudas por la diversidad de opiniones que conviven en el bloque de correligionarios. “¿De qué nos sirve que hoy unos nos digan que están de acuerdo si después otros votan en contra?”, razonaron en Balcarce 50 basados en el antecedente del Senado con el DNU fundacional.

Mientras que Cristian Ritondo, jefe de la bancada de PRO, sugirió que le dieran luz verde al proyecto de ley que presentó su partido hace dos semanas. Una salida que en la Casa Rosada descartaron de plano desde el mismo miércoles de la propuesta del líder macrista a Francos, porque implicaría dejarles a los amarillos la iniciativa sobre un tema tan sensible para la sociedad como para las cuentas de Caputo.

El sendero del DNU presenta también el escollo judicial, y no creen tener margen para enfrentar más cautelares que embarre el terreno de la política. “Necesitamos que tenga legitimidad. Sino, después aparece un juez de Villa Calamuchita y te lo frena”, ilustró un representante de Milei, en obvia alusión al antecedente de las medidas que suspendieron la aplicación de los tramos laboral y de prestación de servicios para la salud -prepagas- del DNU de desregulación.

Desde ayer circulaba con fuerza la versión, de que avanzarían por la tercera opción. Y si bien esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo negó en su conferencia matutina, sigue bajo evaluación. El jefe de Estado está indeciso y, por lo bajo, fuentes oficiales aseguraron este mediodía que la medida no está descartada. Mientras decide, el Gobierno enfrenta la presión de la oposición, que se abraza a la consigna de los ingresos dignos para los jubilados para disparar.

Fuente Infobae

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Justicia frena aumentos de prepagas y abre la puerta a demandas masivas

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La jueza federalde Concepción del Uruguay, María Isabel Caccioppoli, dictó una medida cautelar a favor de un afiliado a OSDE y dejó sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU 70/23. Pero además dispuso que el fallo se aplique, con carácter colectivo, a todas las causas de futuros adherentes que se encuentren los afiliados a esa prepaga que se vieron afectados por el aumento y hayan acudido a tribunales. En su fallo, además, la jueza afirmó que la empresa no justificó esos incrementos.

En paralelo, el juez federal de Posadas, José Luis Casals, ordenó a una empresa de medicina prepaga retrotraer sus precios a diciembre del año pasado, vigentes hasta la desregulación del mercado, habilitada por el DNU de Javier Milei.

El fallo beneficia a una jubilada que sufre una grave enfermedad y ordena la readecuación de las cuotas dejando sin efecto los aumentos desde diciembre.

El magistrado, que ya tiene otros fallos en contra de las prepagas, cita la Constitución Nacional, fallos de la Corte Suprema y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM). El recurso fue presentado a inicios de febrero y plantea la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y consecuentemente la readecuación de las cuotas.

La jubilada tiene 65 años, cuenta únicamente con haberes previsionales como todo ingreso, es paciente oncológica y actualmente se encuentra cursando un tratamiento de control con un costo altísimo. Hasta diciembre de 2023 la cuota era de $116.414,66, en enero ascendió a $216.985,59, importe que significó un aumento mayor al 90 % y finalmente en febrero la cuota volvió a incrementarse a $280.779,36; una cifra que se volvió impagable para la jubilada. En su resolución el juez Casals ponderó el diagnóstico de la jubilada, como también la afectación de sus ingresos, más del 82 por ciento, que representa la cuota impuesta por la prepaga.

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Milei defendió el ajuste a los jubilados: “Los jubilados son el sector con el menor porcentaje de pobreza”

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El presidente Javier Milei, en entrevista en TN, confirmó el bono de $70.000 para los jubilados que cobren la mínima y aseguró que la Ley de Movilidad jubilatoria es “un espanto”. Al ser consultado por la pobreza, Milei defendió que el ajuste caiga sobre los jubilados porque “no hay plata”. 

“Hay que hacer un bono porque la fórmula es un espanto. Si vos todo el tiempo tenés que estar generando bonos es porque la fórmula no camina. Nosotros estábamos proponiendo una fórmula que al menos les mantuviera el poder adquisitivo a los jubilados“, destacó el presidente. 

Luego, analizó: “El problema en Argentina es que todos se empobrecieron. ¿Sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados“, mencionó. “Pero no podemos ajustar a los jubilados”, le recriminó el periodista, a lo que el presidente contestó: “Bueno, el problema es que no hay plata. Estás ajustando a los más chicos también, ahí hay más de 60% de pobres o, mejor dicho, dos tercios de los chicos son pobres”, dijo. 

El presidente aprovechó también para continuar su reclamo por la fallida ley “ómnibus” que no aprobó el Congreso: “Pero voltearon la Ley de Bases, en donde estaba la recomposición de los jubilados. Es decir, con la dinámica que traía la fórmula, los jubilados iban a perder 2 puntos del PBI. Nosotros le devolvíamos un punto y medio”.

“Fuimos los que planteamos cambiar el tipo de ajuste y poner algo de impuestos justamente para que no sufrieran. Pero como decidieron hacer un zafarrancho, hubo que sacar el capítulo 4 porque estaban dinamitando el programa fiscal. Después te dicen que te quieren ayudar, pero en el fondo son iguales a Grabois, quieren que me estalle contra la pared”, se quejó Milei en la entrevista. 

Viale le consultó si enviaría un nuevo proyecto que fuera específico a la problemática de los jubilados y Milei respondió: “Sí, pero primero vamos a tener que llegar a un acuerdo con la Ley de Bases, porque los gobernadores están pidiéndole pista a Guillermo Francos, a Nicolás Posse, a ‘Toto’ Caputo porque ahora se dieron cuenta”. “El círculo rojo no la ve, te diría que le causa bastante repulsión mi presencia, porque soy la muestra de que el modelo con el que trabajaban está mal”, postuló. 

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