El Gobierno nacional decidió sostener sin modificaciones la desregulación del mercado de la yerba mate, profundizando el conflicto con Misiones y con buena parte de los sectores que integran la actividad. Tras casi dos horas de reunión en la Secretaría de Agricultura de la Nación, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue categórico: el esquema establecido por el DNU 70/2023 continuará vigente y no se restituirán las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

La definición llegó luego de que representantes de la producción presentaran un documento técnico de 26 páginas elaborado por el director del INYM por la Producción Primaria, Roberto Ferreira, cuyo eje central fue demostrar, con estadísticas oficiales del propio organismo, que la eliminación de las herramientas regulatorias no generó mayor competencia ni mejores condiciones para productores y consumidores, sino un deterioro generalizado de la cadena.

Antes del encuentro, Ferreira había anticipado cuál sería el planteo del sector. “El mandato que traigo de parte de los productores es la devolución de todas las facultades del INYM”, sostuvo al explicar que la crisis económica que atraviesan miles de productores exige recuperar mecanismos que permitan equilibrar el funcionamiento del mercado.

La reunión congregó a un representante de cada uno de los sectores que integran el directorio del INYM. Participaron Carlos Czajkowski por las cooperativas; Ricardo Maciel por el Gobierno de Misiones; Carmelo Rojas por la UATRE; Luis Konopacki por los secaderos; Rubén Henrikson por la industria; Rodrigo Correa, presidente del Instituto; además del propio Ferreira. Del lado del Gobierno nacional estuvieron Sturzenegger, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Durante la exposición, Ferreira describió una situación económica crítica para el primer eslabón de la cadena. Explicó que actualmente el productor recibe entre 200 y 270 pesos por kilogramo de hoja verde, mientras que los costos de producción rondan los 450 pesos. A esa brecha se suma otra dificultad: gran parte de las operaciones continúa realizándose mediante cheques diferidos, lo que agrava los problemas financieros de los establecimientos.

Según el informe presentado, la pérdida de ingresos para el sector primario implica que dejan de circular alrededor de 250.000 millones de pesos por año en las economías regionales de Misiones y Corrientes, con efectos directos sobre el comercio, los servicios y el empleo vinculado a la actividad yerbatera.

Uno de los principales argumentos expuestos por la producción fue que la crisis no puede atribuirse a un exceso de oferta. Los registros históricos del INYM muestran que el ingreso de hoja verde pasó de 800 millones de kilos en 2015 a 889 millones en 2025, una variación considerada insuficiente para explicar el desplome de los precios.

También se señaló que el stock de yerba mate canchada se redujo respecto de años anteriores y que, lejos de producirse un desborde productivo, las exportaciones continúan mostrando un saldo positivo. En 2025 se exportaron 58 millones de kilos mientras se importaron 10 millones, situación que, según Ferreira, evidencia además un crecimiento de la presencia de yerba proveniente de países vecinos en el mercado argentino.

El documento técnico intentó refutar otro de los fundamentos utilizados por el Gobierno para justificar la desregulación: que la libre competencia reduciría el precio para los consumidores. Según el trabajo presentado, ocurrió exactamente lo contrario. Mientras el valor pagado al productor cayó abruptamente, los precios en góndola no registraron una reducción equivalente y el consumo interno descendió hasta ubicarse entre los niveles más bajos de los últimos años.

Para los representantes del sector primario, esa diferencia revela una mayor concentración de la renta dentro de la cadena comercial. El informe sostiene que unos 12.500 productores negocian con un número reducido de grandes secaderos e industrias integradas verticalmente, que compran la materia prima, la industrializan, comercializan el producto terminado y poseen capacidad para influir tanto sobre el precio de compra como sobre el valor final al consumidor.

Esa asimetría, sostuvieron, quedó agravada luego de que el DNU 70/2023 eliminara las facultades del INYM para fijar precios de referencia y regular distintos aspectos del funcionamiento del mercado.

La respuesta del Gobierno nacional fue cerrar cualquier posibilidad de revisión. El ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, quien siguió de cerca el resultado del encuentro, resumió la posición oficial al afirmar que Sturzenegger defendió “con orgullo” la desregulación y descartó cualquier modificación al esquema vigente, pese a los indicadores presentados por la producción.

La reunión también dejó al descubierto una marcada fractura política e institucional dentro de la propia cadena yerbatera.

Mientras cooperativas, productores, secaderos, trabajadores rurales y el Gobierno de Misiones coincidieron en reclamar la recuperación de las facultades regulatorias del INYM, otros sectores respaldaron expresamente la continuidad del modelo impulsado por la administración de Javier Milei.

Entre quienes defendieron la desregulación estuvieron la representante del Gobierno de Corrientes, Mariel Gabur; el presidente del Instituto, Rodrigo Correa, acompañado por su asesor legal Esteban Aquino; y el diputado nacional por Misiones de La Libertad Avanza, Adrián Núñez, quien sostuvo que las consecuencias económicas que atraviesa el sector deben ser abordadas por el Gobierno provincial y no mediante una revisión del esquema nacional.

Esa postura generó un fuerte malestar entre los representantes de la producción, que interpretaron el gesto como la defensa de un modelo que fortaleció el poder de negociación de los grandes compradores de materia prima.

El resultado del encuentro deja un escenario de alta tensión para una de las principales economías regionales del país. Con la decisión de la Nación de mantener intacta la desregulación, los reclamos de productores, cooperativas y gobiernos provinciales continúan sin respuesta, mientras la discusión sobre el futuro del mercado yerbatero vuelve a trasladarse al plano político e institucional.