La decisión del presidente Javier Milei de impulsar el rechazo de la candidatura de María Verónica Michelli para ocupar un cargo judicial derivó en una inesperada crisis política dentro del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La controversia no gira en torno a la capacidad profesional de la postulante, sino a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores del caso $LIBRA, una situación que desató cuestionamientos institucionales y abrió una inédita disputa dentro del oficialismo.
El conflicto escaló cuando la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, anunció públicamente que votará en contra de la decisión de la Casa Rosada de retirar el pliego de Michelli. La postura sorprendió incluso a sus propios compañeros de bancada, a quienes informó apenas minutos antes de hacerla pública.
Según trascendió, Bullrich justificó su decisión ante el Presidente argumentando que existe una parte del electorado que espera “gestos republicanos” y que vetar una candidatura por el parentesco con un periodista constituye una señal política equivocada en un momento delicado para la imagen del oficialismo.
La discusión ocurre además en un contexto complejo para el Gobierno nacional, marcado por las repercusiones del caso $LIBRA y por los cuestionamientos en torno al crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tema que continúa generando debate político y pedidos de explicaciones desde distintos sectores de la oposición.
Un bloque en estado de deliberación
La decisión de Bullrich dejó al bloque oficialista en una situación de tensión interna. Según reconstrucciones periodísticas, varios senadores respaldaron su postura, mientras que otros, identificados con el núcleo más cercano a los hermanos Milei, defendieron la necesidad de acompañar la decisión presidencial.
Entre quienes sostienen una alineación más estricta con la Casa Rosada aparecen Nadia Márquez, María Emilia Orozco y Joaquín Benegas Lynch, mientras que otros legisladores consideran que el episodio trasciende el caso Michelli y refleja diferencias más profundas sobre la construcción política del oficialismo y su relación con las instituciones.
La controversia también puso bajo la lupa al senador riojano Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos, quien mantiene retenido el dictamen favorable a Michelli pese a que cuenta con las firmas necesarias para llegar al recinto. Esa decisión generó críticas dentro de la propia bancada libertaria.
Señales para la oposición dialoguista
Más allá del episodio puntual, varios senadores interpretan que la jugada de Bullrich busca enviar una señal política hacia los sectores dialoguistas que han acompañado al Gobierno en distintos proyectos legislativos. El temor dentro del oficialismo es que el intento de bloquear una candidatura por razones vinculadas al parentesco con un periodista pueda deteriorar la relación con aliados clave para futuras votaciones.
La preocupación no es menor. En la Comisión de Acuerdos, el oficialismo cuenta con apenas cinco representantes frente a nueve integrantes de bloques dialoguistas, que fueron precisamente quienes impulsaron el dictamen favorable para Michelli.
Críticas a la estrategia de la Casa Rosada
Dentro del propio oficialismo surgieron cuestionamientos hacia el Ministerio de Justicia y hacia la conducción política de la Casa Rosada por la forma en que se gestionó el caso. Algunos legisladores consideran que el conflicto podría haberse evitado mediante una revisión previa más exhaustiva de los antecedentes y vínculos de los candidatos enviados al Senado.
También se cuestionó la decisión de intentar retirar el pliego una vez iniciado el proceso legislativo, una medida que, según algunos senadores, terminó otorgándole mayor visibilidad pública a una controversia que inicialmente tenía bajo perfil.
La discusión sobre Michelli ya trascendió el expediente judicial y se convirtió en una prueba de cohesión para La Libertad Avanza. Lo que comenzó como una disputa sobre una designación judicial amenaza ahora con convertirse en el primer gran desafío interno para el bloque oficialista en el Senado y en una señal de alerta sobre las tensiones que atraviesan la construcción política del Gobierno de Javier Milei.
El presidente Javier Milei utilizó el escenario del Latam Economic Forum para profundizar la narrativa política y económica que atraviesa su gestión: confrontación con la oposición, cuestionamiento al rol de los medios de comunicación y defensa cerrada del programa de ajuste y desregulación impulsado desde diciembre de 2023.
Ante empresarios, funcionarios, legisladores y referentes del oficialismo reunidos en Parque Norte, Milei buscó instalar la idea de que la Argentina ingresó en una etapa de estabilización macroeconómica irreversible y que el próximo desafío será transformar esa estabilidad en crecimiento sostenido vía inversiones privadas, especialmente en energía, minería e infraestructura.
La exposición tuvo una fuerte carga política. El mandatario acusó a sectores opositores de haber intentado “un golpe de Estado” contra su programa económico durante 2025 y sostuvo que los medios de comunicación “atacan injustamente” al Gobierno. El mensaje no fue aislado: formó parte de una estrategia discursiva orientada a consolidar la identidad política de La Libertad Avanza frente a un año de reconfiguración parlamentaria y de negociación permanente con gobernadores y actores económicos.
A diferencia de otros discursos centrados exclusivamente en el ajuste fiscal o la desaceleración inflacionaria, Milei intentó mostrar una segunda etapa de gestión. La premisa fue clara: la estabilidad macroeconómica ya no alcanza por sí sola y ahora el Gobierno necesita exhibir perspectivas de expansión real de la economía.
“La baja inflación y la estabilidad macroeconómica no generan crecimiento”, afirmó el Presidente, en una frase que sintetizó el nuevo enfoque oficial.
Según Milei, el crecimiento llegará a partir de un cambio estructural basado en energía barata, menor presión fiscal, apertura económica y desregulación. En ese esquema, el sector privado aparece como protagonista absoluto del modelo.
El mandatario vinculó directamente ese escenario con el desarrollo energético argentino. Mencionó petróleo, gas, energía nuclear y minerales como activos estratégicos en un contexto internacional marcado por el reordenamiento de cadenas globales de suministro y la búsqueda de países considerados “seguros” para invertir.
La apuesta oficial es transformar a la Argentina en un polo industrial asociado a recursos energéticos competitivos, con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como principal herramienta de atracción de capitales.
El RIGI como columna vertebral del modelo Milei
El Presidente volvió a defender el RIGI y anticipó una profundización del esquema mediante el denominado “SuperRIGI”, ya enviado al Congreso.
La referencia no fue menor. El oficialismo busca convertir al régimen de beneficios fiscales y regulatorios en el corazón del nuevo ciclo económico, especialmente para proyectos energéticos, mineros y de infraestructura de gran escala.
Para reforzar ese argumento, Milei citó el caso de Neuquén y el crecimiento asociado a las inversiones vinculadas a Vaca Muerta. Según planteó, el esquema permitió multiplicar el ingreso de capitales con un costo fiscal reducido para las provincias adheridas.
La lógica política detrás de ese mensaje también apunta a presionar a las jurisdicciones que todavía mantienen reparos sobre la adhesión plena al régimen.
El Latam Economic Forum dejó otra señal relevante: la creciente centralidad del sector energético dentro del esquema de poder libertario.
Funcionarios, empresarios y legisladores coincidieron en ubicar a la energía como uno de los principales vectores de acumulación económica y política del Gobierno. No casualmente, uno de los discursos más esperados fue el del presidente de YPF, Horacio Marín, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó la idea de que la desaceleración inflacionaria seguirá consolidándose durante los próximos meses.
Caputo incluso anticipó que la inflación de mayo sería inferior a la de abril y sostuvo que hacia 2027 la economía “se llevará puesta a la política”, una definición que expone el intento oficial de subordinar la disputa política al desempeño macroeconómico.
La confrontación política sigue siendo parte del modelo
Pese al intento de mostrar una agenda orientada a inversiones y crecimiento, Milei mantuvo intacto el tono confrontativo que caracteriza a su gestión.
Volvió a cuestionar a la oposición, reivindicó el rol de la ministra Patricia Bullrich en el control de la protesta social y defendió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al asegurar que resistió presiones internas y externas para desplazarla.
También insistió con la idea de que el kirchnerismo destruyó al sector privado y sostuvo que ahora “florecen miles de nuevas industrias” gracias a la liberalización económica.
La narrativa oficial busca consolidar un doble mensaje: por un lado, estabilidad y oportunidad de negocios para el empresariado; por otro, confrontación política permanente para mantener cohesionada a la base libertaria.
Aunque el discurso estuvo centrado en variables macroeconómicas y en sectores como energía y minería, la estrategia económica del Gobierno también tiene implicancias para provincias periféricas como Misiones.
La insistencia en atraer inversiones mediante regímenes especiales, desregulación y reducción tributaria vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre competitividad regional, infraestructura energética y costos logísticos.
Para Misiones y el NEA, el foco creciente en energía puede abrir oportunidades vinculadas a biomasa, forestoindustria y proyectos de transición energética. Sin embargo, también profundiza tensiones históricas: las provincias reclaman mayor infraestructura y condiciones fiscales diferenciales para competir en igualdad frente a los grandes polos productivos del centro del país.
El discurso presidencial dejó entrever otra variable relevante: el Gobierno considera que el crecimiento futuro dependerá más de sectores exportadores de gran escala que del consumo interno como dinamizador económico. Esa definición podría reconfigurar prioridades de inversión pública y privada en las regiones.
Un Gobierno que busca pasar de la resistencia a la expansión
El acto en Parque Norte mostró a un oficialismo que intenta dejar atrás la etapa defensiva del ajuste y comenzar a construir un relato de expansión económica.
La Casa Rosada necesita ahora demostrar que el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria pueden traducirse en inversión, empleo y actividad. Esa será la principal variable política de los próximos meses.
Mientras tanto, Milei mantiene intacta la lógica de confrontación que lo llevó al poder: polarización política, cuestionamiento al sistema tradicional y construcción de un vínculo directo con sectores empresarios y sociales que todavía respaldan el rumbo económico.
El desafío para el Gobierno será sostener esa narrativa si la recuperación económica continúa mostrando velocidades distintas entre sectores y regiones.
El Senado avanzó este martes con el tratamiento de cerca de 80 pliegos judiciales impulsados por el Gobierno nacional, en una negociación política que involucró al oficialismo y a sectores dialoguistas del PRO, la UCR y bloques provinciales. Entre las postulaciones incluidas aparece la de la misionera Ruth María Ponce de León, propuesta para ocupar el cargo de jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.
La movida representa uno de los acuerdos institucionales más amplios que logró hasta ahora La Libertad Avanza en la Cámara alta en materia judicial. El oficialismo obtuvo dictámenes favorables en la Comisión de Acuerdos luego de incorporar decenas de cargos reclamados por provincias y fueros federales del interior del país.
El pliego de Ponce de León quedó así habilitado para avanzar hacia la etapa de acuerdos legislativos, dentro de un paquete que incluye jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas para distintas jurisdicciones federales.
La negociación política se aceleró luego de que el Gobierno enviara alrededor de cincuenta nuevos pliegos vinculados a juzgados federales del interior. Esa decisión permitió que bloques opositores dialoguistas acompañaran los despachos que estaban pendientes desde audiencias anteriores.
En la práctica, el oficialismo logró consolidar una mayoría circunstancial para avanzar con designaciones estratégicas en la estructura judicial federal, un terreno históricamente sensible por su impacto institucional y político.
Dentro de ese esquema también se destacó la audiencia pública de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su exposición concentró parte de la atención política de la jornada y funcionó como señal de acercamiento entre sectores del oficialismo y el entramado judicial federal.
Qué implica el avance del pliego para Misiones
La postulación de Ruth María Ponce de León se vincula directamente con el Tribunal Oral Federal de Posadas, órgano clave en causas federales vinculadas a narcotráfico, delitos económicos y criminalidad compleja en la región.
Aunque el texto base no detalla vacantes específicas ni tiempos de cobertura, el avance del pliego aparece en un contexto donde el Gobierno busca acelerar nombramientos en tribunales federales estratégicos del interior.
Para Misiones y el NEA, el movimiento tiene peso institucional porque los tribunales federales cumplen un rol central en una región atravesada por dinámicas fronterizas, comercio internacional y delitos transnacionales.
La inclusión de cargos para Chaco, Corrientes, Formosa, Salta y Misiones también refleja una lógica de distribución territorial en la negociación parlamentaria, un reclamo que sectores dialoguistas venían sosteniendo frente a la concentración de designaciones en Buenos Aires.
La Justicia federal volvió al centro de la negociación política
El tratamiento conjunto de más de 80 pliegos exhibe un dato político relevante: aun con minoría parlamentaria, el oficialismo consiguió articular acuerdos para intervenir en la conformación del mapa judicial federal.
La estrategia incluyó habilitar nombramientos en distintas provincias y fueros, una señal orientada a contener demandas de gobernadores, senadores provinciales y sectores judiciales que reclamaban cobertura de vacantes.
En paralelo, el debate volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los mecanismos de selección de magistrados y el nivel de discrecionalidad en los concursos judiciales. Durante la audiencia, Emilio Rosatti sostuvo que existen distintos proyectos para modificar el sistema y “bajar la discrecionalidad” en las designaciones.
Aunque los dictámenes ya fueron habilitados en comisión, el proceso aún depende de futuras sesiones del Senado para convertir las postulaciones en designaciones efectivas.
La próxima etapa será observar si el oficialismo logra sostener la misma mayoría circunstancial en el recinto y cómo impacta esa negociación en otras discusiones legislativas abiertas entre el Gobierno y la oposición dialoguista.
En el caso de Misiones, la evolución del pliego de Ruth María Ponce de León quedará ligada a esa dinámica política nacional, en un escenario donde la Justicia federal continúa siendo uno de los espacios de mayor sensibilidad institucional y de disputa de poder.
El listado completo de los nuevos pliegos judiciales:
Ana María Busleiman para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
Sebastián Pedro Ruiz para juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Fernando Gabriel Alcaraz para fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.
Maximiliano Alberto Leandro Callizo para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.
Sergio Alejandro Echegaray para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.
Juan Manuel Cabral para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.
Albertina Anatonia Caron para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.
Pedro Manuel Crespo para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.
Sebastián Rodrigo Ghersi para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.
Patricio Nicolás Sabadini para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.
Santiago José Martín para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires.
Santiago French para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
Amanda Espino para defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.
Evangelina María Lasala para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.
José María Abram Luján para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.
Pilar Fernández Escarguel para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.
Hugo Daniel Froy para fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.
Juan Tomás Rodríguez Ponte para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires.
Santiago Villagrán para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.
Paula Vanesa Romeo para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.
Julio César di Giorgio para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.
Juan Carlos Riccardini para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y N° 9 de la Capital Federal.
Ángel Roger Luna Roldán para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
María Virginia Ise para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.
Juan Marcelo Burella Acevedo para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.
Ruth María Ponce de León para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.
Pablo Roberto Toledo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Claudio Fabián Loguarro para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III.
Diego Fernando Manauta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V.
Diego Javier Tula para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.
Marina Edith Pisacco para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI.
María Claudia Jueguen para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X.
Víctor Arturo Pesino para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII.
Leopoldo Jorge Rago Gallo para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.
Matilde Evangelina Ballerini para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.
Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Natalia Cecilia Crede para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.
María Ángeles Ramos para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 4.
Santiago Roldán para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2.
Gustavo Alejandro Roque Cultraro para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.
Bernardo María Rodríguez Palma para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires.
Fernando Carlos Damián Pascual para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.
Mariana Salduna para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.
Vanesa Silvana Alfaro para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.
Bárbara Rastellino para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.
Javier Rodrigo Pereyra para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.
Agustín Raúl Rubiero para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D.
Alicia Isabel Braghini para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.
Florencia Inés Córdoba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.
Lucila Califano para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.
Hernán Enrique Figueroa para defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.
Germán Luis Artola para defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.
Nuria Saba Sardañons para defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.
José Nicolás Celestino Chumbita para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.
Sofía Beatriz del Milagro Martín para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.
Maximiliano Eduardo Nicolás para defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.
María Laura Irastorza para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.
María Esther Pinos para defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.
Ana Clarisa Galán Muñoz para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.
Maximiliano Abel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Di Lena y Fernando Gabriel Saraboso, conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni y actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Guillermo Marijuan.
La resolución judicial incluye una batería de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del legislador provincial, entre ellas la verificación de un crédito hipotecario por 60 millones de pesos, la compra del 50% de un vehículo y un incremento patrimonial estimado en 84% en apenas un año. También se solicitaron sus declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió presuntas inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni desde su desembarco en la función pública, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).
En las últimas elecciones, Francisco Adorni obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y se incorporó al bloque de La Libertad Avanza.
El expediente tramita en el Juzgado Federal N°6, originalmente a cargo de Daniel Rafecas, aunque esta semana fue subrogado por Casanello, quien avanzó con las primeras medidas patrimoniales.
Por su parte, Manuel Adorni también enfrenta otra investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, aunque el fiscal aclaró que esa causa no forma parte de este expediente, ya que se encuentra bajo la órbita del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.
En un dictamen de 19 páginas, Marijuan precisó que la pesquisa se concentrará exclusivamente sobre Francisco Adorni. Como primer paso, convocó a Pagano para ratificar formalmente la denuncia y dispuso el cruce de información en organismos nacionales, provinciales y municipales.
Entre los pedidos más sensibles figura el requerimiento a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá informar declaraciones juradas, pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones aduaneras desde 2020 hasta la actualidad. También deberá precisar si el dirigente adhirió a algún régimen de sinceramiento fiscal.
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro bonaerense deberán informar sobre propiedades, impuestos activos, operaciones realizadas y titularidad de bienes.
El Banco Central también recibió un pedido de información reservado para que releve cuentas bancarias, depósitos, transferencias, movimientos en efectivo, tarjetas, cajas de seguridad, plazos fijos, compra de divisas y tenencias financieras a nombre del legislador.
En paralelo, el Banco Provincia deberá ampliar la información sobre el crédito hipotecario detectado en la denuncia, detallando cronograma de pagos, refinanciaciones, saldos y toda la documentación respaldatoria.
La Justicia también pidió informes a Migraciones sobre salidas del país, a la Inspección General de Justicia sobre participación en sociedades comerciales y a la Unidad de Información Financiera (UIF), que deberá elaborar un informe patrimonial, financiero y societario integral.
Además, Marijuan solicitó al fiscal Pollicita una certificación sobre la causa que involucra a Manuel Adorni para determinar si Francisco Adorni aparece mencionado en ese expediente y bajo qué carácter.
La investigación recién comienza, pero la decisión de levantar el secreto fiscal y bancario marca un avance de peso en una causa que puede tener alto impacto político dentro del oficialismo libertario.
El gobierno de Javier Milei ingresó en mayo de 2026 en una zona de desgaste político estructural. No se trata ya de una oscilación coyuntural de la opinión pública ni de un mal mes aislado, sino de una consolidación de tendencia: la desaprobación nacional alcanza el 64,5%, mientras que apenas el 34,3% aprueba la gestión libertaria. En paralelo, siete de cada diez argentinos consideran que hace falta un cambio de gobierno, un dato que en cualquier otro contexto sería leído como una señal de crisis terminal. Sin embargo, la singularidad del escenario argentino reside en que ese rechazo no se traduce todavía en una alternativa consolidada.
Así lo muestra el último informe “Domingo de Datos” de la consultora Zuban & Córdoba, elaborado entre el 25 de abril y el 1 de mayo sobre una muestra nacional de 2.000 casos, con un margen de error de +/- 2,19% y un nivel de confianza del 95% .
La encuesta revela una administración que perdió iniciativa política, pero también una oposición que aún no logra apropiarse del descontento social.
El principal dato del relevamiento es que la desaprobación presidencial se sostiene en un piso alto y persistente. Milei registra 64,5% de rechazo contra 34,3% de aprobación, prácticamente sin señales de recuperación respecto de meses anteriores. La serie comparada muestra que desde octubre de 2025 el oficialismo fue perdiendo respaldo de manera sostenida: pasó de 37,1% de aprobación a apenas 34,3%, mientras la desaprobación saltó de 62,8% a 64,5%.
A mitad de mandato, esos números colocan a la administración libertaria en una zona históricamente delicada para cualquier oficialismo argentino.
La fractura de género
Uno de los datos más contundentes del informe aparece en la segmentación por género. Entre los hombres, Milei conserva una aprobación de 38,5%, con una desaprobación de 59,4%. Pero entre las mujeres el rechazo escala a 69,5%, mientras la aprobación cae a apenas 30,1%.
Casi siete de cada diez mujeres desaprueban la gestión y ocho de cada diez creen que hace falta un cambio de gobierno. Ese segmento aparece como el principal límite electoral del oficialismo hacia 2027. Sin recuperar terreno allí, La Libertad Avanza difícilmente pueda ampliar su techo político.
No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí de uno cada vez más consolidado: el voto femenino se convirtió en el principal termómetro del desgaste presidencial.
La erosión no alcanza sólo a Milei, sino al conjunto del armado libertario. En el ranking de imagen de dirigentes nacionales, Patricia Bullrich aparece paradójicamente como la mejor posicionada dentro del universo oficialista, con 37,3% de imagen positiva y 55,5% negativa. El propio Javier Milei tiene 34,8% positiva y 60,6% negativa.
Más abajo aparecen Karina Milei, con 20,3% positiva y 66,3% negativa, y Manuel Adorni, quien exhibe uno de los peores registros del tablero: apenas 16,5% de imagen positiva frente a 72,1% negativa.
El dato de Adorni es particularmente relevante porque simboliza algo más profundo: el desgaste ya no es exclusivamente presidencial, sino también comunicacional. El vocero, que fue una de las piezas centrales del relato libertario, pasó de ser activo político a pasivo electoral.
La pregunta más política del estudio es directa: “¿Hace falta un cambio de gobierno en Argentina?”
La respuesta es contundente: 71,2% dice que sí, apenas 21% está en desacuerdo y 7,8% no sabe.
Pero que exista una mayoría favorable a un cambio no significa que exista claridad sobre quién debería protagonizarlo.
La demanda de reemplazo es mucho más fuerte que la oferta de representación.
Entre mujeres, ese acuerdo sube a 76,9%; entre hombres, a 65,1%. La brecha vuelve a confirmar que el rechazo femenino es el principal problema político del oficialismo.
Incluso entre quienes votaron a Milei en el ballotage aparece una señal de alerta.
Ante la frase “Voté a Milei y me defraudó”, el 40,1% de sus propios votantes dice estar de acuerdo, mientras 49,7% está en desacuerdo .
Cuando cuatro de cada diez votantes propios reconocen decepción, el problema deja de ser opositor y pasa a ser identitario.
El peronismo lidera, pero sin hegemonía
En el escenario electoral presidencial 2027, el PJ/Fuerza Patria aparece primero con 28,4%, seguido por La Libertad Avanza con 22,1%. El PRO obtiene 5,4%, la izquierda 5,1%, la UCR 4,1%, el espacio de Victoria Villarruel 3,5% y las alianzas provinciales 3%. Sin embargo, el dato más alto después del peronismo es otro: 27,2% no sabe aún a quién votaría. Ese “no sabe” es hoy el verdadero territorio en disputa.
En un segundo escenario, con una alianza UCR-PRO-partidos provinciales consolidada, el PJ sube a 31,7%, La Libertad Avanza llega a 23,9%, esa coalición opositora marca 9,5% y el no sabe se mantiene altísimo en 30,5% .
En potencialidad de voto, Axel Kicillof aparece con el mejor desempeño: 44,1% dice que lo votaría, contra 43,8% que nunca lo haría. Sergio Massa registra 34,6% de intención favorable y Patricia Bullrich 32,4%.
Javier Milei, en cambio, exhibe un dato preocupante: sólo 31,4% dice que lo votaría nuevamente, mientras 57,2% asegura que no lo votaría .
La fotografía de mayo no muestra todavía un reemplazo político definido, pero sí una certeza social: una mayoría creciente ya no quiere continuidad.
La administración Milei enfrenta una doble dificultad: perdió aprobación y todavía no encuentra un nuevo relato que compense el deterioro económico, la caída del salario, el desgaste institucional y la frustración de parte de su propio electorado.
