Justo con 129 votos, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró en la mañana de este martes aprobar y devolver al Senado el proyecto de ley que reduce el coeficiente de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
A los 117 legisladores del Frente de Todos que votaron positivamente, se sumaron José Luis Ramón y Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad Federal); Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero); y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), todos miembros del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que comanda Ramón.
Además acompañaron al oficialismo los cuatro diputados del bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti: Paulo Cassinerio, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alejandra Vigo -esposa del mandatario provincial-. Fue esta bancada la que impulsó las modificaciones que se introdujeron al texto y obligaron su vuelta en revisión a la Cámara alta.
Finalmente, también desde el Interbloque Federal respaldó el proyecto el justicialista Andrés Zottos; y votó con el Frente de Todos la monobloquista Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.
En lo que respecta a los 118 votos negativos, 115 fueron del interbloque Juntos por el Cambio, y los otros tres correspondieron a diputados que formaron parte de ese espacio: la tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) y el santacruceño Antonio Carambia (Acción Federal), en Cambiemos hasta diciembre de 2019; y el riojano Felipe Álvarez (Acción Federal), aliado de la bancada opositora hasta octubre pasado.
La mayoría de las abstenciones correspondieron a los integrantes del Interbloque Federal, cuyo jefe, el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca figuró ausente. Se trata de Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez, Jorge Sarghini (Consenso Federal); Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social); y Enrique Estévez (Partido Socialista).
Las dos abstenciones restantes fueron del Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.
Además de Bucca, el otro ausente fue José Ignacio De Mendiguren (Frente de Todos), de licencia.
La sediciosa protesta policial de Buenos Aires que cruzó todos los límites hasta acorralar la Quinta de Olivos con el Presidente dentro trajo a la memoria momentos negros de la historia reciente. Hombres armados por el Estado con demandas extorsivas que pusieron en vilo a todo el país con la condescendencia y aceptación cómplice de quienes se paran de un lado de la grieta. Pero con esto no se juega. Ni se hace política. La estabilidad democrática es una conquista que costó demasiado en la Argentina como para ser sometida a las miserias políticas.
Foto gentileza Nacho Yuchark.
La fusión atípica de bombos y armas, sin embargo, corrió el manto piadoso que cubre a la idea abstracta de un país federal. Alberto Fernández para cuidar el bastión principal del peronismo y a su gobernador, el joven Axel Kicillof, hizo lo que tantos otros presidentes hicieron antes: darle más dinero. Esta vez se lo sacó a Horacio Rodríguez Larreta, el referente de Cambiemos que dirige el distrito más rico del país. Pero en realidad, se lo sacó un poco a todos. Es la plata “federal” que se reparte cuantiosa apenas en el centro del país ante la mirada atónita de los demás gobernadores.
Carlos Menem premió a Eduardo Duhalde con el Fondo del Conurbano, Mauricio Macri le duplicó -por decreto- la coparticipación al propio Rodríguez Larreta y después, Pacto Fiscal mediante, le cedió a María Eugenia Vidal 40 mil millones de pesos, mientras que en 2019 esa cifra se incrementó hasta llegar a los 65 mil millones. Cien mil millones en dos años. La pregunta es ¿qué hizo la gobernadora con esos recursos? Al mismo tiempo, Buenos Aires incrementó exponencialmente su deuda pública. Los agentes policiales cobraban un salario inicial de 30 mil pesos y ahora recibirán 44 mil, casi lo mismo que un uniformado misionero que recién se inicia.
La explosiva demanda de incrementos salariales también obedece a un constante deterioro del poder adquisitivo en los últimos cuatro años. Los salarios siempre corrieron detrás de la inflación, especialmente en el último año de la gestión Macri, con una suba de precios récord, que no se registraba desde 1991.Los gobernadores no aplaudieron el recorte a Larreta, pero respaldaron al Presidente, aunque con una sutileza: destacaron la necesidad de “reabrir el diálogo” sobre la distribución de recursos para “evitar cualquier tipo de favoritismo”, para “empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado”.
El propio Larreta, aunque irá a la Corte, sabe que no tiene mucho por patalear. Lo que fue dado por decreto, por decreto fue quitado. El alcalde no está dispuesto a romper lanzas. “Toda mi vida elegí el camino del diálogo y más en este contexto: por encima de cualquier discrepancia política, estuve desde el primer día junto al Presidente y al Gobernador de la Provincia trabajando y coordinando acciones para cuidar la vida de los argentinos”, se desmarcó de los más radicalizados de Cambiemos. Sabe además que posiblemente sea el momento para ocupar él el rol central de la oposición. El Presidente lo puso en ese sitial al victimizarlo.
Misiones no recibió la misma atención que Buenos Aires cuando negoció con los policías locales ni asistencia extra para discutir con los docentes que cortaron rutas esta semana. En esencia el conflicto es el mismo que enfrentó Axel, pero la vara es distinta por más que el Presidente repita que quiere ser el “más federal” de los porteños.
Misiones hace años viene reclamando del país central una corrección del coeficiente de coparticipación y una compensación por los años perdidos y hasta le puso monto: 126 mil millones de pesos.
Cambiemos prometía el artículo 10 de la ley Pymes, aunque nunca se sabrá si el Presidente llegó a saber de qué se trataba. Ahora se negocia finalmente la reglamentación de ese artículo y declarar a Misiones como zona libre de impuestos para atraer inversiones y generar hasta 1.100 millones de dólares vía exportaciones, el triple de lo vendido al exterior en 2019. Pero, a pesar de que Fernández firmó un compromiso de campaña, cuando vino a Misiones se desentendió: “Todas las provincias piden lo mismo”. Y no. Los argumentos no son los mismos y las condiciones geopolíticas tampoco.
En lo que va del año, Buenos Aires se quedó con la mejor porción de coparticipación -que es más baja que la inflación- con el 25,9% del total nacional distribuido a los distritos. La provincia de Misiones en el período enero – agosto 2020 recibió un total de $42.038,2 millones por transferencias automáticas (coparticipación, leyes especiales y compensación por Consenso Fiscal), mientras que por Transferencias No Automáticas (ATN, programas de Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, entre otros) recibió otros $4.288 millones.
En el primer caso (transferencias automáticas), tuvo un incremento interanual del 29,1%, muy por debajo de la inflación a partir de las bruscas caídas de la recaudación producto de la pandemia y su consecuente cuarentena.
Observando la participación en el total nacional de recursos transferidos a las provincias, el Chaco equivale al 4,3% del total nacional, primera en el NEA; Corrientes participa del 3,2%, Formosa el 3,1% y Misiones el 3%.
Misiones es la más perjudicada en el reparto nacional, al no haber correlación entre cantidad de habitantes, la participación en el PBI y lo que efectivamente recibe. El principal punto de discusión es lo atrasada que quedó la coparticipación: para ponerlo en números, en el acumulado enero–agosto 2020, Misiones recibió 20.000 millones menos que Chaco, pero tiene más habitantes.
La Provincia, de todos modos, se las arregla con lo propio para resolver las demandas en un contexto inusual como la pandemia. Atendió primero la situación policial y después cerró sendos acuerdos con docentes y trabajadores de la salud. Los principales gremios celebraron los resultados de las paritarias: en el caso de la salud, cinco mil pesos al básico. En el caso de los docentes, se acordó un salario inicial por cargo de 27.500 pesos y el básico aumentó casi 60 por ciento entre febrero y septiembre -pasó de 5.805,77 en febrero a 9,277,77 pesos-. Ningún otro gremio, menos en el sector privado, tuvo un incremento semejante.
Sin embargo, hay un sector históricamente opositor en el espacio sindical. En el caso de la salud, ATE y CTA aceptaron la propuesta del Gobierno. En Educación, los gremios reconocidos sellaron el acuerdo. Pero a la calle salen los inorgánicos. El viernes, día del Maestro, hubo varios cortes de ruta en la provincia y un llamado al diálogo de parte del Gobierno que se encontró con la intransigencia sindical fuera de tiempo. Con sueldos al día desde hace más de quince años y aumentos en medio de una pandemia que los tiene fuera del aula, no hubo caso de acercar posiciones para levantar la medida de fuerza y disolver las concentraciones, que además ponen en riesgo la salud de los manifestantes y la de todos los misioneros.
Según trascendió, en la mesa de negociaciones hubo ofertas para mover el salario de bolsillo de los docentes, pero extrañamente los sindicalistas se plantaron en el número mágico de un básico de 12.800 pesos. Después aceptaron bajarlo a 10.500 para finalmente retirarse de la mesa ante la explicación oficial: no se puede poner en riesgo el equilibrio de las finanzas para cumplir con un solo sector, cuando hay muchas actividades que están a media máquina y miles de personas vieron menguar sus ingresos por el coronavirus. Comprometer recursos en plena incertidumbre no es práctica del Gobierno. “Lo que prometemos, cumplimos”, sentenció uno de los negociadores oficiales. Pero ¿cómo prometer algo si no se sabe cuándo se recuperará la economía? ¿Cómo prometer algo si no se sabe qué pasará con la recaudación?
Los sindicalistas disidentes perdieron una oportunidad de llevar más dinero inmediato al bolsillo. Se quedaron con el viejo manual de las negociaciones sindicales cuando el tiempo es otro. Hoy la urgencia es el bolsillo y jubilarse es posible con numerosas opciones que puso el propio Estado para salvar el problema futuro, como la Ventana Previsional, que permite el retiro con un monto más cercano al salario activo.
¿Por qué tanto énfasis en el básico más que en el salario de bolsillo? Más allá de la lógica opositora, también se explica en que varios de los caciques descontentos tienen sueldos altos. El básico que piden los elevaría a casi cien mil, con aumentos de entre 15 y 20 mil pesos. Otros están con licencias eternas y acarician los 80 mil pesos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Dependerá de la lupa, pero es mucho más de lo que pelean por sus representados.
No advierte el ala dura sindical que el colectivo social mira con cansancio sus desmanes. No es casual que las principales cámaras de la provincia y el país llamaran a un acercamiento para evitar poner en riesgo el estatus sanitario de Misiones que “se vería tirado a la basura en caso de tener que retroceder por contagios evitables”.
“El sector privado una vez más se vería en clara desventaja frente al empleo público, que de cualquier manera seguirá percibiendo sus haberes, en caso de tener que retroceder las actividades de todos los sectores productivos de la provincia”, señaló en un documento la Confederación Económica de Misiones. “Otra caída en la producción y el comercio sería un golpe letal a la economía misionera”, advierte la entidad.
Muchas empresas están a duras penas cubriendo costos y tratando de no despedir por las pocas ventas en plena cuarentena. Muchos empleados rezan por no perder su fuente laboral, lejos de los beneficios de la estabilidad estatal. Miles más perdieron su trabajo. Lejos de la mesura, con un mensaje bélico, los sindicalistas disidentes prometieron “golpear con más fuerza convencidos de no desistir hasta alzarnos con una victoria”.
La batalla de Misiones es otra. Cuidar la economía y la salud son las prioridades en una lucha desigual contra un enemigo invisible. La foto indica que los esfuerzos están valiendo la pena. Misiones es la provincia con menos contagios de coronavirus en la Argentina -solo quedan dos con menos de cien casos- gracias a un enorme esfuerzo para abrir la economía en forma paulatina y con los protocolos de salud adaptados a la nueva normalidad. Desde agosto a este fin de semana hubo varias provincias con crecimientos de casos de superiores al cien por ciento. En diez días San Luis y Tucumán el total de casos acumulados de coronavirus se incrementó un 142% respecto de agosto, mientras que en Santa Fe el aumento fue de 99% y en Mendoza de 81%, según un análisis realizado por la docente e investigadora Soledad Retamar en base a los datos oficiales. En Misiones se pasó de 54 a 65. El esfuerzo es siempre doble. No es sólo evitar contagios de la Argentina, sino que se cuele algún contacto desde Brasil: en los tres estados fronterizos hay 500 mil contagios y más de diez mil muertos.
Pero es apenas una foto. Nada garantiza que no crezcan los contagios y por eso, con sensatez, es poco probable que vuelvan las clases presenciales en lo que resta del año. Asimismo, se hará lo posible por extender el cierre de las fronteras hasta después de las fiestas de diciembre.
En el Ministerio de Transporte de la Nación hacen cálculos. La suba del gasoil repercute directamente en el costo del transporte público de pasajeros y podría colocar al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal frente a los micrófonos anunciando un nuevo aumento del boleto de colectivo.
Según datos oficiales, entre enero y febrero de esto año el Gobierno nacional transfirió $ 2.664 millones en subsidios al transporte automotor de pasajeros. Eso es 40% menos respecto al mismo período de 2018 consecuencia del cronograma de aumentos de la tarifa que supuestamente terminó a mediado de marzo pasado y del cumplimiento del Consenso Fiscal que transfirió parte de la responsabilidad del subsidio de la tarifa en el Área Metropolitana (Amba) a la Ciudad y provincia de Buenos Aires.
Pero entre enero y marzo de este año el valor del litro del gasoil en promedio se incrementó8,9% lo que hace tambalear la política oficial de reducir subsidios vía aumentos de tarifas y puso en duda el cronograma de aumentos que anunció el ministro Guillermo Dietrich a finales de 2018 y que estableció para marzo el valor del boleto mínimo en 19,50 pesos.
El propio Dietrich desmintió ayer la posibilidad de una suba. Al término de la reunión de Gabinete el ministro señaló que el Gobierno no evalúa “ninguna variación de los valores del transporte en el área metropolitana de jurisdicción nacional, que es la que está bajo la órbita del Gobierno”. Si no aumenta tarifa, aumenta subsidios.
Así lo confirmó una alta fuente del Gobierno nacional a El Cronista quien señaló que la suba del combustible “va suponer mas subsidio para que las empresas paguen el gasoil barato, siempre hablando de colectivos de jurisdicción nacional”.
En este contexto el Ejecutivo decidió aumentar el gasto de la Nación para solventar y asistir a las 140 empresas que mueven en 18.800 colectivos 3500 millones de personas al año que tienen en sus recorridos diarios conectar la Ciudad y con el Conurbano bonaerense .
Aún no está establecido el monto que tendrá que incrementar Transporte para mantener el nivel de servicio. Por lo menos aún no lo tienen en el sector público, porque los empresarios ya hicieron los cálculos.
Según los datos de las empresas de colectivos que operan en el Amba el incremento del valor del combustible significa que el sector necesita unos “100 millones de pesos más” por mes para poder operar. “Si no hay esos fondos tenes menos unidades en la calle seguro”, explicaron desde una compañía.
En esa línea se está trabajando para reducir el movimiento como sucedió con la emblemática Línea 6O. “Están trabajando en el tema de sacar ramales con poco movimiento. Eso se controla con la Sube. Pero en realidad va muy lento”. agregaron fuentes del sector privado.
La imposibilidad de ajustar más el valor del transporte público de pasajeros quizás radica en que en el Ejecutivo siguen de cerca la merma que está viviendo el sector. Según el Indicador sintético de servicios públicos que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) muestra que desde a septiembre hasta noviembre del 2018 -aún no están los datos de consumo del servicio de 2019- registró una caída en el consumo del transporte de pasajeros y recién en diciembre se recuperó.
Pero mientras la Nación define la cantidad de fondos que tendrá que derivar a las compañías que todos los días conectan al conurbano con la Ciudad y viceversa, en el interior del país las municipalidades y las provincias con menos apoyo financiero de la Casa Rosada deberán mirar la otra cara de la discusión: tarifas.
Con el fin de financiar a las provincias, a diferencia de lo que sucede en el Amba que lo paga el Tesoro, la Nación dispuso crear un fondo compensador por $ 6.500 millones para asistir a las provincias y que se nutría del Impuesto sobre los Bienes Personales. Con esos números, en diciembre de 2018, sólo se cubría el 25% de los fondos que necesitan las provincias en la previa al aumento de prácticamente nueve por ciento del gasoil. El resto, o lo desembolsa cada administración provincial o se pasa a tarifa, situación que ya está generando varios conflictos. Y más en un año electoral.
Esto se pudo observar hace unos pocos días cuando el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, acusó a la administración nacional de haberle quitado fondos para subsidiar el transporte público de las 70 líneas que recorren la provincia. El ministro Dietrich señaló que los dichos del gobernador eran “objetivamente falsos”.
En paralelo, hace poco se conoció que Dietrich busca recuperar $ 611 millones de subsidios que se pagaron entre 2014 a 2016 y que no se rindieron debidamente. Esa fue la primera de una lista de resoluciones en la que seguirá reclamando a las empresas de todas las jurisdicciones que recibieron fondos nacionales y que, en principio, no cumplieron los requisitos burocráticos.
“Ya está empezando a bajar la inflación, lentamente va a mejorar la actividad económica y esperamos que eso nos lleve a tener un crecimiento cada vez más sólido“, enumeró Mauricio Macri. Horas después, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, revelaba lo contrario. Después de una tímida desaceleración en diciembre, la inflación de enero recuperó vigor y fue superior incluso a la que esperaban consultoras privadas. La suba de precios fue de 2,9 por ciento, con un acumulado en los últimos doce meses, de 49,3 por ciento. El NEA tuvo la inflación promedio más alta del país, con 3,4 por ciento y un acumulado de 49,9 por ciento. En la región, lo que más aumentó fue Comunicación, con 8,4%, Vivienda, agua y electricidad, con 6,7 por ciento, educación, 4,7 y salud, 4,4 por ciento. El segundo indicador obedece a decisiones del propio Estado nacional, como el nuevo tarifazo eléctrico decidido por la Nación. Los otros se alimentan del efecto arrastre de la misma inflación. Todo sube. Macri también aseguró que “en lo económico, a pesar de los golpes, estamos mejor parados que en el 2015“. Horas después, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, apurando un trago de agua, admitía que la pobreza está en aumento. “Con el impacto de la inflación y algunas medidas económicas claramente (el próximo) puede ser un índice que dé un poco peor que el último que se anunció”, reconoció la funcionaria. No hace falta esperar hasta marzo. En Misiones la pobreza creció como consecuencia directa de la devaluación de mayo. Aumentó 6,6 puntos porcentuales en relación con el tercer trimestre de 2017, mientras que la indigencia creció 4,9 puntos porcentuales. La canasta básica alimentaria, lo mínimo necesario para subsistir, aumentó a 9.160,06 pesos, mientras que la Canasta Básica Total, se elevó a 23.487,33 pesos en Misiones. En el tercer trimestre se profundizaron las consecuencias del modelo y los datos del resto del país serán igual de dramáticos. Cómo lidiar con ese escenario, define la sensibilidad social de un Gobierno. En las últimas horas sorprendió la ferocidad con que la Policía porteña, que obedece a Horacio Rodríguez Larreta, reprimió una manifestación de verduleros, que al mismo tiempo que se quejaban por la caída de sus ventas, ofrecían sus productos a bajo precio para compradores igual de necesitados. Sin contemplaciones, los uniformados repartieron golpes, empujones y un innecesario gas pimienta contra hombres “armados” con cajones de lechuga que fueron “incautados”.
Una colega periodista hizo una sagaz lectura: “El macrismo trata a sus votantes como si solo fueran antikirchneristas y por eso alimenta la grieta, apostando a que la promesa de transparencia sea suficiente para retener el poder, sin que la crisis evidente y cada día más profunda, sea una traba”. Se equivoca, claro está. Ni todos los que votaron el cambio son antikirchneristas ni son antik todos los que patalean por las consecuencias del cambio. Misiones camina por otro sendero, no sólo por la contención a los pequeños productores, sino por la decisión del Gobierno de minimizar en lo posible, los efectos de las medidas que llegan de la Nación. El gobernador Hugo Passalacqua ordenó al equipo técnico de Energía de Misiones que el nuevo tarifazo -38 por ciento sube la energía mayorista, que se traslada en 25% a la factura- se cobre en cuotas a los usuarios. Si, en cuotas. Tres cuotas de 8 por ciento para los residenciales y seis para la industria y comercio, con la idea de sostener el empleo. El esfuerzo es titánico para las cuentas de la Provincia: la Nación ya confirmó nuevas subas para mayo y agosto, además de desprenderse de otras obligaciones que venía asumiendo. Apenas unas horas antes de que Larreta mandara a reprimir a los verduleros, el Presidente anunció una medida largamente anhelada por diversos sectores productivos, que están ahogados por la caída del consumo y el costo impositivo, que en algunos casos, aumentó con el último Pacto Fiscal, que quitó exenciones para las economías regionales. Ahora Macri cumplió con un pedido de las entidades empresarias y elevó el mínimo no imponible para los aportes patronales a 17.500 pesos, cuando estaba en 7.500. La medida viene muy bien para algunos sectores económicos, pero olvidó a otros que ahora trinan por la desventaja. En el caso de Misiones, incluyó a la yerba mate y a la elaboración de hojas de té y dejó afuera al tabaco y a la industria de la madera, olvido éste, el último, que fue subsanado horas después por gestiones del senador y candidato a gobernador de Cambiemos, Humberto Schiavoni. Apenas la semana pasada los dirigentes de la alianza nacional habían escuchado el lamento de los madereros. Insólito olvido, siendo Misiones la provincia forestal por excelencia. Lo curioso es que la madera estaba incluida, pero para pymes de Formosa y Chaco, lo mismo que el tabaco, para la zona salteña. En el caso de Misiones, donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores alcanzados, con 12.500, las empresas podrán ahorrarse unos 50 millones al mes en aportes patronales, aunque en el caso de las yerbateras, en la práctica ya no pagaban aportes patronales, sino que cumplían con la Corresponsabilidad Gremial. Pero la decisión del Gobierno nacional dejó muchos lastimados en sectores que padecen la misma crisis y no encuentran salida. Con toda lógica, la industria turística pidió los mismos beneficios y en el Comercio -devastado por la caída de ventas y cierre de locales-, preparan un reclamo similar. Los concesionarios de automóviles de Misiones pidieron auxilio al Gobierno provincial para reactivar un sector que agoniza. De estar preparados para vender un promedio de 2400 autos por mes, en diciembre se vendieron 340 y diez planes de ahorro. El desplome se inició en mayo, pero la actividad se paralizó en agosto, aseguró Frances Lowe, vocera de los lamentos empresarios en una reunión con el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, quien quedó, junto a su equipo, en trabajar en alguna medida para reactivar la demanda. Las fechas no son casuales. En mayo se produjo la primera gran devaluación y el desesperado pedido de auxilio al FMI. En agosto, una nueva devaluación disparó la inflación y hundió el poder adquisitivo, entrando en una depreflación, una parálisis de la actividad que convive con suba de precios. El dato de utilización de capacidad instalada en la industria es espantoso: 56,6 por ciento en diciembre. El peor en muchísimo tiempo y revela que casi la mitad de la industria está parada. Algunos sectores están con respirador artificial: el 75 por ciento de la industria automotriz está inutilizado y el 68 por ciento en el caso de los textiles, 23,4 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del 2017.. En Misiones, los datos de actividad y consumo, están en retroceso, según el último Informe Estadístico Mensual, que reportó el Instituto Provincial de Estadística y Censos. El Cemento Portland, componente principal del hormigón y uno de los insumos básicos de la industria de la construcción, muestra una caída en la variación anual (septiembre 2018 – septiembre 2017) del 16,2 por ciento en la serie Tendencia-Ciclo y del 28,8% en la serie Desestacionalizada. La cantidad de puestos de trabajo en la construcción presenta una caída anual (septiembre 2018-septiembre 2017) del -14,1 por ciento. La demanda total de energía eléctrica presenta una variación anual del -4,8% y la variación trimestral interanual muestra un crecimiento del 2,7%. La venta total de combustible registró una caída del 9,3%, golpeada por los sucesivos aumentos durante el año pasado En cuanto a la demanda laboral según sectores económicos, el único que muestra un crecimiento en la variación interanual es el sector de las empresas de servicios (41,6%). Por el contrario, las caídas más pronunciada se dan en el sector establecimientos industriales (-56,4%), hogares (-56,4%) y empresas constructoras (-55,5%). La demanda laboral según la calificación profesional muestra una variación trimestral interanual positiva en cuanto a directivos (31,2%), otros (18,3%) y vendedores y corredores (6,7%). Por otra parte, se observa una caída de la demanda de, principalmente, obreros de la construcción (-91,7%), operarios industriales (-75,0%), y servicio doméstico (-62,1%) Desde la firma del acuerdo con el Fondo, el programa económico nacional solo cumple las metas impuestas por el organismo financiero internacional, que por estas horas vino a monitorear la efectividad de los funcionarios de Gobierno. No es que el FMI haya perdido la fe en Macri, pero por las dudas, los enviados de Christine Lagarde, también buscaron conocer qué piensan los eventuales contendientes del Gobierno en un año electoral. Sergio Massa fue el primero en sentar posición ante los técnicos del FMI y aseguró que “Argentina necesita generar sus propios dólares” para dejar de vivir de prestado. Calificó al acuerdo vigente como “inviable” y que “solo congela nuestra economía” Del otro lado, Juan Manuel Urtubey juntó a su equipo “técnico” y se ofreció como una alternativa que no desentona con lo que pretende el FMI, con reforma laboral, impositiva y previsional, incluidas. El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, posible contendiente de María Eugenia VIdal en Buenos Aires, recibió a los enviados del Fondo Monetario Internacional en mangas de camisa, con un mate, bizcochos Don Satur y un libro con un sugestivo título: “Por qué la austeridad mata”, un mensaje extraño a las ideas de los boys de Lagarde. Por qué la austeridad mata es un libro del economista David Stuckler y el epiodemiólogo Sanjay Basu. La sinopsis presenta una conclusión demoledora: “Los recortes son seriamente perjudiciales para la salud”. Son las recetas de austeridad las que agravan fatalmente las consecuencias de las crisis, mutilando programas sociales clave justo en el momento en el que más se necesitan, empeorando el desempleo y obstaculizando la recuperación. Nada que no se conozca en la Argentina por estas horas. Son decisiones políticas. Misiones apuesta al sentido inverso, La presencia del Estado custodia, en la medida que sus recursos lo permiten, el bienestar compartido. Cada vez cuesta más, admiten en el Gobierno. El último tarifazo eléctrico, trasladado en cuotas, es otro nuevo golpe a las arcas provinciales, con una coparticipación que viene creciendo por debajo de la inflación. Pero otras provincias no pueden tomar medidas similares porque sus propias cajas están agotadas. Passalacqua reunió a todo su gabinete esta semana con una premisa clara: no bajar el ritmo de trabajo y que no haya apuro por las cuestiones electorales. “Cerca de la gente”, remarcaron Passalacqua y el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad. Ambos entienden que tomar distancia no significa quitar respaldos a la gobernabilidad necesaria, sino diferenciar gestiones y, esencialmente, sus efectos.
Reunión de trabajo con integrantes del Gabinete social. Creemos en un Estado cercano, y redoblaremos aún más los esfuerzos en estos momentos difíciles. Es nuestra manera de entender la gestión: estar cerca de la gente. #Misionespic.twitter.com/kt0zUYKDzZ
Passalacqua aprovechó el momento para dejar claro que nadie debe descuidar la gestión ni por un minuto, sea o no candidato a algo. Nadie, ni en primera ni segunda línea, tiene el sillón garantizado, aún faltando pocos meses para las elecciones. El énfasis puesto por Passalacqua en que la gestión no detenga su marcha se refleja en dos hechos que marcarán un antes y un después: en marzo abrirá sus puertas el Observatorio Astronómico de Misiones, que viene a coronar el despliegue del Centro del Conocimiento. El mismo mes se pondrá en marcha la primera escuela secundaria con el sistema Flipped Learning, o aula invertida. Son resultados de un modelo que piensa más allá de una fecha electoral.
Durante el mes de diciembre/2018 las obras públicas licitadas alcanzaron un total de $ 27.517 millones. En total se publicaron licitaciones de obras viales por $ 16.448 millones, obras de ingeniería por $ 4.824 millones y obras de arquitectura por $ 6.245 millones, señala la consultora Construar. Las obras quedaron concentradas en Buenos Aires y Capital Federal, ambas gobernadas por Cambiemos, mientras que Misiones quedó relegada al puesto doce en el reparto de obras.
Comparando enero-diciembre del año 2018 ($ 250.461 mill.) con el mismo período del año 2017 ($ 289.799 mill.) encontramos una baja del 14%. De esta manera el año 2018, si bien estuvo por debajo del 2017 en cuanto a montos de obras públicas licitadas, logró recortar la caída que en mayo llegó a rondar el 39%
En total se registraron durante este mes la convocatoria a 522 licitaciones, un promedio de 29 licitaciones por cada día hábil.
Las obras más importantes de diciembre/2018
Según el informe de la obra pública de diciembre/2018 fueron licitadas obras viales por $ 16.448 millones, obras de ingeniería por $ 4.824 millones y obras de arquitectura por $ 6.245 millones.
Provincia
Ente
Obra
Monto
Ciudad de Buenos Aires
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
PLAN DE RECUPERACION VIAL DE LA CIUDAD (PREVIAL) ETAPA V
$8.591 millones
Ciudad de Buenos Aires
TELECOM ARGENTINA S.A.
PROVISION E INSTALACION PARA SOLUCION DE RED CORE UNIFICADA
$1.900 millones
Chaco
PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DEL CACHO
CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE DEL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DEL CHACO
$1.268 millones
Buenos Aires
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA
FUNCIONALIZACIÓN DE RED VIAL
$998 millones
Ciudad de Buenos Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
NUEVOS EDIFICIOS PARQUE OLÍMPICO
$909 millones
Buenos Aires
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.
EPA 4185 – ETAPA I – NTP, PARKING Y AMPLIACIÓN PLATAFORMA – AEROPUERTO INTERNACIONAL EL PALOMAR
$679 millones
Ciudad de Buenos Aires
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.
LÍNEAS C Y D: OBRA CIVIL, ARQUITECTURA E INSTALACIONES – FASE 1, ETAPA III
$439 millones
Río Negro
ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO
NUEVO COLECTOR COSTANERO – SAN CARLOS DE BARILOCHE
$432 millones
Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
INTERVENCIÓN URBANA: PARQUE LINEAL Y PUESTA EN VALOR DE RED VIAL
$359 millones
Buenos Aires
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS
PAVIMENTACIÓN DE 61.500,00M2 DE CALZADA DE HORMIGÓN
$296 millones
San Juan
OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO
SISTEMA CLOACAL JACHAL 3° ETAPA Y AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES
$292 millones
Ciudad de Buenos Aires
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
EJECUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS, MEDIANERAS Y CUBIERTAS DEL BARRIO 31
$291 millones
Buenos Aires
DIRECCION DE VIALIDAD
PAVIMENTACION, REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – ZONA 1 LOTE ZONA 1 LOTE 2
$279 millones
Buenos Aires
DIRECCION DE VIALIDAD
PAVIMENTACION, REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – ZONA 3 LOTE 1
$270 millones
Buenos Aires
DIRECCION DE VIALIDAD
PAVIMENTACION, REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – ZONA 1 LOTE 1
$250 millones
Ranking de obra pública por provincia (año 2018)
Actualizando el ranking de las provincias que recibieron más obras públicas, encontramos los primeros puestos de esta manera: la Prov. de Buenos Aires lidera con $ 54.115 millones. A continuación se encuentran, 2°) Ciudad de Buenos Aires ($ 51.718 millones), 3°) San Juan ($ 42.076 milones), 4°) Santa Fe ($ 18.502 millones) y 5°) Córdoba ($ 13.589 millones).
En el siguiente gráfico mostramos la distribución de las obras públicas para cada provincia.
Este informe de la obra pública es elaborado por Gomez Nieto Consultores Asociados en base a datos de ObraPublica.com
