En un comercio de Entre Ríos se consiguen cinco paquetes de yerba Soberanía a 13.800 pesos el kilo. La yerba Progreso se ofrece a 800 el medio kilo. En un hipermercado, Playadito se consigue a 3.299 pesos y la Marolio a 1.999. Todos precios que rompen el mercado y que hacen imposible pensar en aumentar el valor de la hoja verde. La “competencia” provocada por la desregulación se está mordiendo la cola y las principales industrias pierden mercado por la irrupción de marcas económicas, beneficiadas con la compra de materia prima barata. Pisar los precios en góndola tiene también un efecto sobre la industria tradicional -las grandes marcas-, que se tiene que acostumbrar a competir con valores que no alcanzan para cubrir los costos de producción y operación, que se dispararon con la economía liberada: energía y combustible son las principales cargas. Básicamente trabajan al costo.
La maquinaria está bajo presión. Según fuentes del sector industrial, algunos bancos comenzaron a analizar los pedidos de la industria bajo una luz amarilla, de riesgo. Esa calificación perjudica a los molinos y secaderos, que necesitan financiamiento. Lo que antes se conseguía apenas con la marca, ahora es mirado con lupa. Y más caro. Obviamente, esa situación perjudica a toda la cadena y en última instancia a los productores, que están peleando por un mejor precio.
“Ojalá que a poquito empiece a recomponerse el precio. Creo que nos beneficiamos toda la cadena y todos, desde la estación de servicio, el almacén, toda la comunidad”. La frase no es de un productor, sino de un industrial que comienza a sentir los efectos de la desregulación.
El cuadro de la cadena yerbatera muestra un descalce extremo entre costos y precios que explica el deterioro del sector productivo. Con un costo estimado por el INYM de $423,99 por kilo y un precio teórico con margen del 30% de $551,19, el productor terminó recibiendo en promedio apenas $240 por kilo, lo que implica una pérdida directa de $311,19 por kilo. Proyectado sobre una producción de 889.253.082 kilos de hoja verde en 2025, el resultado es una transferencia negativa de ingresos de $276.726 millones, equivalentes a unos USD 200 millones.
A marzo de 2026, el deterioro de la ecuación económica se profundiza sin freno. El costo de producción, ajustado por una inflación acumulada del 16,8% entre octubre y marzo, pasa de $423,99 a $495,22 por kilo, lo que eleva el precio teórico con margen al $643,79. Sin embargo, el precio efectivamente pagado al productor se mantiene en torno a los $240, lo que eleva la pérdida a $403,79 por kilo.
Proyectado sobre el mismo volumen de producción de 2025 (889 millones de kilos), la transferencia negativa de ingresos asciende a $359.071 millones, equivalentes a unos USD 260 millones. Es decir, lejos de corregirse, el descalce entre costos y precios se agrava, consolidando un esquema en el que el productor absorbe cada vez una mayor porción de la crisis de la cadena.
El núcleo productivo financió al resto de la cadena absorbiendo más de la mitad del valor potencial de su producción.
En paralelo, los datos del sector industrial refuerzan el cuadro de fragilidad. Entre 2023 y 2025, las ventas en el mercado interno pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una caída acumulada del 7,1%.
Sin embargo, en ese mismo período, la deuda bancaria de los principales molinos saltó de $100.170 millones a $153.580 millones, con un incremento del 53,5%. La combinación es clara: caída de ventas y fuerte aumento del endeudamiento. Este patrón revela que la industria no solo enfrenta un mercado más débil, sino que además sostiene su operatoria con mayor apalancamiento financiero, elevando los riesgos de mora y profundizando la inestabilidad de toda la cadena.
Incluso las principales firmas, que exportan y están en números récord, tienen una rentabilidad acotada. El dólar planchado conspira bloquea mejores ingresos, mientras que el precio del combustible o la energía eléctrica se triplicaron. Y nadie puede mover para arriba el dólar exportador, porque la competencia de Brasil o Paraguay, acecha amenazante.
Un informe del becario del CONICET y egresado de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), Guillermo Gering, advierte que, pese al volumen récord exportado en 2025, la Argentina está capturando cada vez menos valor por unidad. Ese año se alcanzaron 58 millones de kilos exportados por 113 millones de dólares, pero con un precio promedio de apenas 1,95 dólares por kilo, el nivel más bajo de los últimos cinco años. Es decir, el crecimiento en volumen no se tradujo en una mejora de rentabilidad, sino más bien en una consolidación de un perfil exportador de bajo valor agregado.
La comparación con Brasil resulta elocuente y expone una brecha creciente en la estrategia productiva. Mientras Argentina colocó más de 58 mil toneladas, Brasil exportó alrededor de 48 mil toneladas, pero generó casi los mismos ingresos en dólares.
La clave está en el precio: el producto brasileño promedió 2,44 dólares por kilo, un 25% más que el argentino. Según el informe, esto responde a un modelo basado en innovación, desarrollo tecnológico y diversificación de productos -extractos, polvos y derivados- que permiten capturar mayor valor en mercados internacionales cada vez más orientados a la yerba como “superalimento”.
Mientras el mercado global proyecta pasar de 2.400 millones de dólares en 2025 a 4.300 millones en 2035, impulsado por la demanda en Asia y Europa, la Argentina continúa concentrada en la exportación de materia prima para consumo tradicional. En paralelo, los beneficios del crecimiento exportador no se distribuyen en la cadena: “El récord de exportaciones descansa sobre una base de trabajo humano mal remunerado”, advierte Gering.
Por Ailín Bullentini, Tierra Viva. Cincuenta años pasaron del comienzo de la última dictadura cívico-militar que sufrió Argentina. Ese punto de inflexión en el que las fuerzas militares y de seguridad, con el empuje y el compromiso del poder económico y de la Iglesia, aseguraron mediante terror y genocidio las manos de pocos alrededor del pescuezo de muchos. Las mismas manos que siguen asfixiando hoy. Y si bien, justo este marzo, el calendario prometía una casualidad inédita, todo sigue igual: el primer juicio de lesa humanidad contra empresarios agroindustriales, con los exdirectivos de Ingenio La Fronterita en el banquillo, fue suspendido sin fecha de reprogramación. Medio siglo después del terrorismo de Estado, el capítulo de la responsabilidad empresaria sigue prácticamente intacto. La impunidad para quienes se beneficiaron del disciplinamiento represivo de la clase trabajadora continúa en pie.
El proceso de juzgamiento a los responsables de la dictadura lleva 23 años de continuidad ininterrumpida. En ese tiempo, unas 360 sentencias dejaron establecido que secuestros, torturas, abusos, homicidios, desapariciones, apropiaciones de niños y niñas y el saqueo de bienes fueron crímenes de lesa humanidad. Hasta el momento, 1246 personas fueron condenadas. La mayoría son integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad. Los cientos de juicios realizados desde 2003 revisaron principalmente responsabilidades militares y policiales.
¿Cuántos empresarios se sentaron en el banquillo? Solo cinco. Un directivo de la empresa La Veloz del Norte fue el primer condenado en 2016. Dos exdirectivos de Ford condenados en 2018; y dos exdirectivos de Acindar —la empresa acerera que tuvo al ministro de Economía de la dictadura José Martínez de Hoz en su directorio—, absueltos en un escandaloso fallo el año pasado.
Empresas y represión: el disciplinamiento de la clase trabajadora y campesina
Ingenios azucareros del norte —Ledesma, La Fronterita, Concepción—; la producción yerbatera en Misiones y Corrientes —Establecimiento Las Marías—; el procesamiento de harina y aceite en Buenos Aires —Molinos Río de la Plata—. El cuerpo de trabajadores de todas esas compañías estaba organizado y comprometido en luchas por mejoras en las condiciones de trabajo y salarial en los años previos al golpe.
“Si se piensa en las regiones del Noreste y Noroeste argentino, previo al golpe de Estado, hay dos líneas que amenazan fuertemente la construcción de poder de las gigantes agroindustriales: por un lado el movimiento obrero organizado y por otro la organización de pequeños productores y campesinos”, explica Victoria Basualdo, historiadora con décadas de experiencia en la investigación de la persecución a trabajadores y trabajadoras en procesos dictatoriales y el vínculo de las empresas en esa trama.
Foto: Archivo General de la Nación/ Archivo Nacional de la Memoria
Esa organización de pequeños productores tuvo una experiencia icónica en las Ligas Agrarias, que fueron especialmente atacadas durante el más reciente genocidio local; mientras que, al menos, 150 personas que trabajaban en las grandes agroindustrias del NOA y el NEA fueron secuestradas y torturadas —y muchas de ellas continúan desaparecidas— luego de que sus patronales los entregaran. Los directivos de las empresas daban sus nombres y domicilios a las patotas; prestaban recursos empresariales para llevar a cabo esas detenciones ilegales o, incluso, construían centros clandestinos de detención en los propios lugares de trabajo.
¿Por qué? “Por dentro y por fuera, las dos formas de organización popular discuten al poder distribución de recursos, modos de producción y de comercialización”, responde Basualdo, quien, en 2023, comenzó a abordar esta trama junto al equipo de Estudios del Trabajo, en el marco de una Red Federal de Alto Impacto Memoria, Verdad y Justicia, que también integran el Centro de Estudios de Genocidio de la UNTREF, el INTEPH (CONICET-UNT) de Tucumán y un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Misiones. Tras su llegada a la presidencia, Javier Milei y compañía cerraron la financiación al proyecto, que dependía del eliminado Ministerio de Ciencia.
Movilización del Movimiento Agrario de Misiones (MAM) Foto: Archivo – Sergio Alvez
La Fronterita, el primer juicio a la complicidad agroindustrial
El 11 de marzo iba a ser la fecha. Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Buttori, dos directivos delGrupo empresario José Minetti & Cía, gerenciador de La Fronterita, uno de los 16 ingenios que para 1975 seguían en pie en Tucumán —tras la guadaña a la actividad ocurrida durante la dictadura de Juan Carlos Onganía—, comenzarían a ser juzgados por un tribunal federal acusados de ser cómplices en secuestros, tormentos, violaciones y homicidios contra trabajadores y sus familias. La familia Minetti, fundadora del ingenio en 1923, cedió, en 1975, instalaciones en su predio para montar una base militar, que funcionó como centro clandestino.
El martes anterior al inicio del juicio, el Tribunal Oral Federal de Tucumán informó que el juicio quedaba suspendido hasta nuevo aviso. La causa contra los directivos de La Fronterita comenzó hace una década. En 2015,el caso fue uno de los 25 analizados en una investigación exhaustiva y pionera sobre responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad, que desarrolló el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Entre las conclusiones de ese estudio, los investigadores determinaron que:
El 76% de las empresas entregó información de trabajadores.
El 72% tuvo presencia militar en sus instalaciones.
El 60% registró infiltración o inteligencia interna.
El 48% cedió instalaciones o financió la represión.
El 24% tuvo centros clandestinos en sus predios.
Señalización de la base militar del Ingenios La Fronterita como sitio de memoria. Foto: argentina.gob.ar.
El Ingenio La Fronterita cumplió con todos esos parámetros. A principios de 2018, la Fiscalía federal, a cargo de Pablo Camuña, solicitó la indagatoria de seis miembros del directorio y administradores de la firma que gestionaron la empresa entre 1975 y 1983: Figueroa Minetti y Buttori, pero también Camilo Bergero, Carlos Allende Pinto, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos por el secuestro y las torturas sufridas por 68 personas —trabajadores fabriles y de surco—, 11 de ellas desaparecidas desde 1975, tras el Operativo Independencia, paso previo a la dictadura militar. La causa naufragó en manos del juez federal Daniel Bejas y la Cámara de Apelaciones de Tucumán, que dictó y confirmó la falta de mérito para los acusados.
En 2020 recién se logró revertir la situación y se acercó el juicio oral y público en 2022, pero comenzaron las dilaciones de las defensas: apelaciones, recusaciones, cuestiones de salud en las que jugó incluso la Corte Suprema de Justicia. El camino hacia el juicio quedó firme, pero los dos acusados que quedaron en pie recusaron a las juezas del tribunal Ana Farías y Cristina Giordano y solicitaron se los revise por su estado de salud. Cornú de Olmos quedó fuera de debate por incapacidad sobreviniente. El resto, falleció. Limbo otra vez.
“Queda en manos del tribunal terminar con este laberinto procesal para determinar si los acusados son o no responsables de complicidad en crímenes de lesa humanidad”, exigió el fiscal. En 2016, la familia Minetti vendió La Fronterita a la empresa Arca Continental —multinacional embotelladora de Coca-Cola—, que le cambió el nombre a Ingenio Famaillá.
Ledesma, el emblema de la impunidad agroindustrial
Los vericuetos que posibilitan que la impunidad se extienda, a 50 años de los hechos más terribles que han desangrado el país tras el genocidio de los pueblos originarios, no son exclusivos de la causa de La Fronterita. La responsabilidad empresarial agroindustrial en crímenes de lesa humanidad tiene, por lejos, un logo que la identifica de inmediato: el del jujeñoIngenio Ledesma. La causa que investigó la colaboración de la empresa comandada por Carlos Blaquier para posibilitar la persecución y las violaciones a los derechos humanos que sufrieron cientos de de habitantes de los pueblos de General San Martín y Calilegua durante la última dictadura es quizá la más conocida, pero no por buenas razones.
En 2012, la justicia federal jujeña procesó a Blaquier y a Alberto Lemos, exadministrador de la gigante azucarera, por haber aportado las camionetas en las que unas 400 personas, entre ellas más de 60 trabajadores del ingenio, fueron secuestradas durante los primeros meses del genocidio dictatorial en lo que se conoció como La Noche del Apagón. Blaquier y su empresa también aportaron los nombres de las víctimas, muchas aún desaparecidas.
Toma área del Ingenio Ledesma. Foto: Archivo
Los hechos y el vínculo de Blaquier con las fuerzas represivas nunca estuvo en duda. Fue expuesto en el Juicio a las Juntas, en 1985, en la voz de Eulogia Garnica, una modista de Calilegua secuestrada junto a sus dos hijos en aquel operativo nocturno. Garnica fue encerrada y torturada en el centro clandestino de Guerrero y luego liberada en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires. Sus hijos,Miguel Ángel y Domingo, y su marido, los tres trabajadores de Ledesma, permanecen desaparecidos.
En marzo de 2015, Eulogia todavía vivía y estaba en condiciones de declarar en contra de Blaquier, pero la Cámara de Casación —con las firmas de Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky— revocó los procesamientos y se llevó puesta la esperanza de justicia. El expediente viajó a la Corte Suprema, en donde durmió durante 6 años. Para cuando los supremos se dignaron a tratarlo, dejaron sin efecto la decisión de la Casación y allanaron el camino hacia el juicio oral, fue demasiado tarde. Blaquier falleció impune dos años después. Lemos aún espera que le pongan el banquillo para ser el único acusado por las víctimas de La Noche del Apagón.
Ingenio Concepción, la impunidad biológica
Los directivos y administradores de Ingenio Concepción, un de los más grandes productores de azúcar y alcohol de caña de Tucumán hasta la actualidad, también murieron sin dar explicaciones por su complicidad y participación en crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1983. El poder judicial no llegó a presentar cargos antes de que los alcance la impunidad biológica.
En los años previos al golpe, el ingenio estaba en manos de la Compañía Azucarera Concepción y empleaba a más de 8000 trabajadores entre actividades rurales y fabriles. Esa masa obrera fue fundamental en la lucha por recuperar la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (Fotia) de las garras de la burocracia sindical, así como en las peleas por mejorar las condiciones e impedir el reemplazo de puestos de trabajo en pos de incrementar la ganancia del empresarial. Resistieron cuanto pudieron el ingreso de las máquinas integrales, con las que buscaban reemplazar a más de 200 trabajadores por cada máquina. Y pagaron por eso.
Planta del Ingenio Concepción. Foto: Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT)
Al menos 26 trabajadores fueron secuestrados entre los meses previos y el fin de la última dictadura. Todos eran activistas gremiales, la mayoría dirigentes de FOTIA o delegados del ingenio. Unos 21 permanecen desaparecidos. Existen pruebas de que la empresa integrada por la familia Paz aportó vehículos para los operativos de secuestro, muchos de los cuales sucedieron en las instalaciones de la empresa. Incluso, el genocida Antonio Bussi, comandante del Operativo Independencia y gobernador de facto de Tucumán, tenía un despacho propio en el Ingenio Concepción.
La trama represiva le permitió a la empresa aumentar sustancialmente la producción y achicar al mismo tiempo el plantel obrero. Para 1983, la planta del ingenio se había reducido a un cuarto. En 2017, la empresa había sido comprada por la agroquímica Atanor. En diciembre de 2025, tras renuncia al directorio de Ledesma, el Ingenio Concepción quedó en manos de Santiago Blaquier, hijo de Carlos.
Estas “gigantes” agroindustriales tienen “todo el poder” en el territorio en donde están emplazadas, apunta Basualdo. “Tienen relación con el poder político, con el poder judicial, condicionan lo que se habla y lo que no se habla en el territorio, Y por supuesto la dinámica de empleo y la dinámica económica”, puntualiza la investigadora.
Establecimiento Las Marías, dueños de la producción, el pueblo y la vida
Ese poder explica lo sucedido con las víctimas de la empresa yerbatera Establecimiento Las Marías y el juicio de lesa humanidad que culminó en 2018 con la absolución del único imputado, Héctor Torres Queirel. ¿Civil empresario? No, militar. Para la década de 1970, cuando la empresa se catapultó por encima de sus competidoras, Las Marías no era solamente una empresa yerbatera ubicada en las afueras de Gobernador Virasoro, en Corrientes, sino más bien un emporio provincial que ampliaba sus tentáculos hacia otras cosechas, la carne y la madera.
Controlada por la familia Navajas Artaza, la firma construía viviendas y aportaba dinero al gobierno municipal y provincial; del que algunos miembros de la familia llegaron a ser funcionarios. Tenía el control del pueblo en donde estaba emplazada. Sus habitantes trabajaban en sus campos, vivían en sus casas, jugaban en sus plazas, estudiaban en sus escuelas, compraban en sus almacenes.
Movilización por el juicio contra el interventor militar de Virasoro Héctor Torres Queirel. Foto: elgritodelsur.com.ar/
Para la época del gran crecimiento de la empresa, sus trabajadores iniciaban su camino hacia el gremialismo, acercándose a la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Fatre). En paralelo, también se organizaban los peones de los campos que vendían su producción a la compañía. El proceso se terminaría pronto. “Acá se terminaron los sindicatos”, amenazó a los obreros Juan Carlos Sacco, el militar que comandó el operativo que ocupó el pueblo el mismo 24 de marzo de 1976. A Las Marías lo había llevado el propio Adolfo Navajas Artaza, presidente de la compañía.
Una veintena de obreros de Las Marías resultaron secuestrados, de los cuales por lo menos dos están desaparecidos: Neris Pérez, delegado sindical de FATRE, y Marcelo Peralta, trabajador tarefero tercerizado por la empresa. La causa judicial por los secuestros y las desapariciones de trabajadores de Las Marías avanzó a paso lento, desde los primeros años de reanudación de los juicios de lesa humanidad post caída de las leyes de impunidad.
Unos 20 jueces federales se excusaron de trabajar en el expediente aduciendo vínculos con la familia dueña de Las Marías. El juez 21, Tomás Chalup, sobreseyó a Navajas Artaza sin siquiera llamarlo a declarar.El juicio, que se llevó a cabo en Virasoro, en 2018, en condiciones de alta vinculación entre los y las jueces y juezas y los imputados, sentó en el banquillo a Torres Queirel, interventor militar de la ciudad durante el terrorismo de Estado, acusado por el secuestro y la desaparición de Peralta. Fue absuelto.
La dificultad para juzgar la responsabilidad empresaria
“No tengo ninguna duda de que avanzar hacia el juzgamiento de civiles es el segmento más difícil para alcanzar justicia. Incluso más allá de la intervención del Poder Judicial o de otros perpetradores civiles”, considera la abogada Elízabeth Gómez Alcorta, quien dirigió el programa Verdad y Justicia desde el que emanó el informe sobre responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad, y representó a trabajadores de la Ford víctimas de secuestros y torturas en la causa que logró condenas para funcionarios civiles de la empresa.
Y las razones, en su análisis, “son muchas”. En primer lugar, porque “muchos, no todos, de aquellos responsables de las cúpulas empresariales siguen teniendo poder 50 años después. Se siguen sentando en la mesa del círculo rojo”, destaca. Luego, señala al Poder Judicial “muy permeable al poder fáctico”. Las causas sobre las fuerzas militares y de seguridad ocurrió después de la caída de las leyes de impunidad, cuando “ya no se encontraban en una situación de puja de poder”, pero se resiste a “buscar prueba en territorios de los Techint, los Dálmine Siderca, los ingenios, las automotrices que todavía operan en el mercado nacional y muchas veces internacional”.
Por último, Gómez Alcorta menciona que el proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura “se piensa y establece en base a responsabilidades militares, con ciertas cadenas de mando, cierta lógica de fajina. En esa planificación, colocar la participación y la responsabilidad de gerentes y directivos civiles de empresas al Poder Judicial le cuesta mucho”. Todas esas empresas agroindustriales, al igual que las de otra índole pero de igual poder en otros puntos del país —las metalúrgicas y automotrices, las ceramistas y portuarias en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, por ejemplo— se beneficiaron con el plan socioeconómico que se implantó a fuerza de terror durante el terrorismo de Estado de 1976.
“Nuestra historia y la historia del mundo nos ha enseñado que así como sólo se conquistan derechos a partir de la lucha, solo es posible quitarlos a través de la violencia”, remarca Gómez Alcorta, para introducir el efecto concreto del terror de la dictadura en la vida de los y las argentinos. “La relación capital-trabajo que se configuró por la enorme violencia de la dictadura y del terrorismo de Estado no volvió a revertirse”, puntualizó.
La abogada señala que para 1974 Argentina “había alcanzado casi el fifty-fifty” en cuanto a la distribución del ingreso entre el capital y los trabajadores. Para 1983, la parte de los trabajadores se redujo al 22 por ciento. A partir del ciclo liberal abierto en la década de los noventa con Carlos Menem y Fernando De La Rúa, reabierto con el macrismo y ahora con la llegada de la Libertad Avanza al poder “solo se han hecho ajustes a favor de la concentración del capital”, completa.
Foto: derechoshumanos.mjus.gba.gob.ar
Molinos Río de La Plata, la otra empresa que llega al banquillo
Con el juicio oral y público contra los directivos de La Fronterita en suspenso, aún queda una carta que puede servir para romper la racha de la impunidad entre los empresario agroindustriales: la del conglomerado Bunge & Born, con el directivo Emilio Parodi en el ojo del Poder Judicial, imputado por su participación en secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Según la investigación del Estado, el CELS y FLACSO, al menos 27 trabajadores de Molinos Río de La Plata y personas vinculadas a la gigante procesadora de harinas y aceites fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.
“Veintiún personas se encuentran desaparecidos, cuatro fueron asesinadas, una sobrevivió al operativo y una niña fue víctima de apropiación”, contabiliza el registro exhaustivo. Algunas de esas personas fueron secuestradas en operativos que se llevaron a cabo dentro de la fábrica de la empresa en la localidad bonaerense de Avellaneda, en julio de 1976, nutridos de listas entregadas por la patronal. A las que faltaban, las fueron a buscar a sus casas.
La agenda judicial indica que en abril próximo el Tribunal Oral Federal número 2 de La Plata comenzará a juzgar a Emilio Parodi, el gerente de la planta conurbana de la cerealera, por un puñado de esos hechos —el secuestro de tres trabajadores que permanecen desaparecidos—. Parodi fue detenido en julio de 2023, luego de una década de que los crímenes de Molinos comenzaran a ser juzgados.
El año 2025 quedará registrado como el mejor de la historia para las exportaciones argentinas de yerba mate, tanto en volumen como en facturación. De acuerdo con el ranking oficial de exportaciones por marca, correspondiente al período enero–diciembre, el sector exportó 60.011.180 kilos, por un valor total de 116,34 millones de dólares, con un precio promedio de 1.938,64 dólares por tonelada.
El gran ganador de 2025 fue Grupo Kabour, con planta industrial en Andresito, que lideró el ranking con 19.995.803 kilos exportados, equivalentes al 33,32 por ciento del total. En términos prácticos, uno de cada tres kilos de yerba mate exportados salió al mundo bajo esta marca, confirmando su rol como principal actor del negocio externo.
En segundo lugar se ubicó La Cachuera, con 17.281.988 kilos y una participación del 28,80 por ciento. La empresa misionera no solo sostuvo su volumen, sino que capitalizó el crecimiento del mercado internacional y se afirmó como el segundo gran beneficiario del año récord.
El podio lo completó Productores de Yerba Mate de Santo Pipó -Piporé-, con 8.317.039 kilos, que representaron el 13,86 por ciento del total. Su desempeño consolidó a la cooperativa como uno de los pilares estructurales del comercio exterior yerbatero.
En conjunto, estas tres firmas concentraron más del 76 por ciento de las exportaciones, dejando en evidencia que el año récord fue, sobre todo, un año récord para los líderes del sector.
El récord alcanzado en 2025 cobra mayor dimensión cuando se lo observa en perspectiva histórica. Entre 2019 y 2024, las exportaciones anuales de yerba mate se movieron en un rango relativamente estable, con 39.834.064 kilos en 2019, 42.905.743 kilos en 2020, una caída a 35.509.787 kilos en 2021, seguida por 40.304.006 kilos en 2022, 39.691.203 kilos en 2023 y un repunte a 44.019.308 kilos en 2024. Sobre esa base, el volumen exportado en 2025 rompe claramente el techo histórico y marca un salto estructural respecto de la dinámica de los últimos seis años, consolidando al mercado externo como el principal motor del sector en un contexto de fuertes tensiones internas en la cadena yerbatera.
El segundo escalón: crecimiento con menor captura del negocio
Un segundo grupo de empresas también logró expandir sus exportaciones, aunque muy lejos de los volúmenes de los grandes ganadores.
En este segmento se destacó Establecimiento Las Marías, con 5.145.638 kilos exportados (8,57 por ciento del total), consolidándose como el cuarto exportador del país y el principal jugador fuera del tridente líder.
Más atrás aparecen la Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig, con 1.174.480 kilos (1,96 por ciento), Establecimiento Santa Ana -CBSé-, con 1.052.190 kilos (1,75 por ciento), y Cordeiro y Cía. -Verdeflor-, con 973.700 kilos (1,62 por ciento). Todas ellas lograron insertarse en el año récord, pero con una porción acotada del negocio.
Completan este grupo Grupo Kassab, Hreñuk y CALO, cada una con volúmenes cercanos o levemente superiores al 1 por ciento del total, confirmando que, aun en un año excepcional, la distribución del crecimiento fue desigual.
Puesto
Marca
Cantidad (TN)
Participación (%)
FOB total (USD)
FOB (%)
Unitario (USD/TN)
1
GRUPO KABOUR
19.995,80
33,32
33.505.703,75
28,80
1.675,61
2
LA CACHUERA
17.281,98
28,80
32.112.532,20
27,60
1.857,15
3
PRODUCTORES DE YERBA MATE DE SANTO PIPÓ
8.317,39
13,86
17.773.705,01
15,28
2.136,93
4
ESTABLECIMIENTO LAS MARÍAS
5.145,63
8,57
9.986.269,82
8,58
1.940,73
5
COOP. AGRÍCOLA DE LA COLONIA LIEBIG
1.174,48
1,96
4.001.840,50
3,44
3.407,34
6
ESTABLECIMIENTO SANTA ANA
1.052,19
1,75
2.908.940,33
2,50
2.764,66
7
CORDEIRO Y CÍA
973,70
1,62
2.128.690,32
1,83
2.186,20
8
GRUPO KASSAB
868,85
1,45
1.196.423,30
1,03
1.377,02
9
HREÑUK
843,46
1,41
2.382.303,83
2,05
2.824,43
10
CALÓ
765,60
1,28
1.301.520,00
1,12
1.700,00
Una larga cola de exportadores marginales
El ranking muestra además una extensa nómina de marcas con volúmenes reducidos, muchas por debajo de las 500 toneladas anuales. Allí figuran empresas como Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo, Molinos Río de la Plata, Pontmarkt, Kraus, Sanesa, Establecimiento Bonafé, Yerbatera Misiones, Pindó, Cooperativa Yerbatera Andresito y otras firmas con participaciones inferiores al 1 por ciento. El ranking se cierra con Cafés La Virginia en el puesto 50, Porongo en el 54 y Café Cabrales.
Puesto
Marca
FOB total (USD)
FOB (%)
Cantidad (TN)
Unitario (USD/TN)
1
GRUPO KABOUR
33.505.703,75
28,80
19.995,80
1.675,61
2
LA CACHUERA
32.112.532,20
27,60
17.281,98
1.857,15
3
PRODUCTORES DE YERBA MATE DE SANTO PIPÓ
17.773.705,01
15,28
8.317,39
2.136,93
4
ESTABLECIMIENTO LAS MARÍAS
9.986.269,82
8,58
5.145,63
1.940,73
5
COOP. AGRÍCOLA DE LA COLONIA LIEBIG
4.001.840,50
3,44
1.174,48
3.407,34
6
ESTABLECIMIENTO SANTA ANA
2.908.940,33
2,50
1.052,19
2.764,66
7
HREÑUK
2.382.303,83
2,05
843,46
2.824,43
8
CORDEIRO Y CÍA
2.128.690,32
1,83
973,70
2.186,20
9
CALÓ
1.301.520,00
1,12
765,60
1.700,00
10
GRUPO KASSAB
1.196.423,30
1,03
868,85
1.377,02
El ranking por valor revela un dato clave del año récord: algunas empresas, como Liebig, Santa Ana o Hreñuk, exportaron menos volumen que los líderes, pero lograron precios unitarios sensiblemente superiores al promedio, lo que refuerza la idea de que el negocio externo no solo se define por cantidad, sino también por estrategia comercial y posicionamiento en mercados de mayor valor agregado.
En el extremo inferior del listado aparecen operaciones puntuales, incluso por debajo de las 10 toneladas anuales, que completan el mapa exportador pero sin impacto significativo en el resultado global.
El año récord de exportaciones se produce en un marco institucional distinto al que rigió durante buena parte de las últimas dos décadas: con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sin herramientas efectivas para ordenar la oferta, limitar volúmenes o incidir en los tiempos de cosecha y secanza, el mercado queda más expuesto a la lógica de precios y poder de negociación de los actores con escala. En ese contexto, el récord exportador funciona como válvula de salida para la cadena, pero también tiende a profundizar la concentración: el crecimiento del comercio exterior aparece capturado, en su mayor parte, por los grandes jugadores con capacidad logística, financiera y comercial para sostener volumen, destinos y contratos, mientras los eslabones primarios atraviesan un escenario más frágil y volátil.
Bichos de Campo. Cuando se nombra Establecimiento Las Marías, la referencia inmediata suele ser la yerba mate y el té: marcas emblemáticas como Taragüi, Unión, Mañanita o La Merced forman parte del imaginario nacional. Sin embargo, detrás de esa identidad agroindustrial hay un engranaje menos visible pero cada vez más estratégico: el negocio forestal.
En Gobernador Virasoro, epicentro foresto-industrial del nordeste argentino, Las Marías avanza en la modernización integral de su aserradero. Con una inversión cercana a los ocho millones de dólares, la compañía instalará una línea europea de aserrado de alta automatización, equipada con escáneres tridimensionales que optimizan el corte y maximizan el rendimiento.
“Estamos hablando de una línea que operará con diez personas por turno, frente a las veinticinco actuales, con un rendimiento ocho por ciento superior. Es tecnología de punta, comparable con la de los principales aserraderos del mundo”, explicó Stuart Navajas, presidente del aserradero de Las Marías.
A esto se suma un secadero continuo de última generación, único en el país. “Funciona con un sistema contraflow que mejora el tiempo, el volumen y, sobre todo, la calidad del secado. La calidad de nuestra madera no la iguala nadie”, afirma Navajas.
“Es una inversión que nos pone al nivel de los mejores aserraderos del mundo”, resume Navajas, antes de deslizar una sonrisa: “La parte forestal es la menos conocida de Las Marías, pero queremos que se sepa que también hacemos madera, y la hacemos bien”.
Las Marías inició su actividad forestal en los años sesenta con 500 hectáreas de pino y eucalipto. Hoy el patrimonio supera las 6.700 hectáreas implantadas, con especies como Pino taeda, Pino elliottii, híbridos y eucaliptos de alto rendimiento.
El aserradero produce unos 70.000 metros cúbicos anuales, de los cuales el 70 % se exporta a destinos como China, Vietnam, Filipinas, Estados Unidos y Centroamérica. El resto abastece al mercado interno, que atraviesa una etapa de retracción por la caída del consumo y el freno en la construcción.
“Estamos trayendo contenedores vacíos desde Buenos Aires, lo que implica casi dos mil kilómetros de flete. Solo el traslado al puerto cuesta tres mil dólares por contenedor, mientras que el flete marítimo a Malasia cuesta quinientos”, detalló Navajas, subrayando la necesidad de soluciones logísticas.
Las Marías busca replicar en la foresto-industria el esquema que la consolidó en el agro: control de toda la cadena, desde la plantación hasta el producto final seco y clasificado.
La empresa cuenta con certificación FSC de manejo forestal responsable y aplica prácticas de sustentabilidad basadas en el uso racional del recurso, mejoramiento genético y mecanización. Los turnos de corta varían entre 18 y 25 años, bajo criterios ambientales y sociales.
La cadena productiva de la yerba mate atraviesa una etapa de fuerte desbalance que golpea con dureza al sector primario. Los datos del primer semestre de 2025 confirman que la desregulación del mercado, impulsada por el DNU 70/2023 y la apertura indiscriminada de importaciones, profundizó la pérdida de poder de los productores frente a una industria altamente concentrada.
Entre enero y junio de 2025 se procesaron 449,55 millones de kilogramos de hoja verde, lo que implica una caída del 20,3% respecto al mismo período de 2024 -año de cosecha récord- y un retroceso del 1,9% frente al promedio de procesado entre 2021 y 2024.
El consumo interno de yerba mate en junio se ubicó en 21,41 millones de kilogramos, un 7% por encima del nivel de junio de 2024, pero 17,8% por debajo del pico alcanzado en noviembre de 2023. En el acumulado del primer semestre, el consumo totalizó 138,27 millones de kilogramos, con un aumento del 15,7% interanual, aunque todavía 0,3% por debajo del registrado en el mismo período de 2023.
Las exportaciones crecieron 18% frente a 2024 y 30,8% respecto al promedio 2019-2024, mientras que las importaciones bajaron 9,7% en términos interanuales, pero siguen 276,6% por encima del nivel de 2023, consigna un estudio del Centro de Economía Política Argentina.
La relación de precios más desigual en años
El deterioro más evidente se observa en la relación precio al productor/precio de góndola. En junio de 2025, el productor captó apenas 18,9% del valor final, 5,5 puntos porcentuales menos que el promedio de los últimos cinco años.
En términos reales, el precio que recibe por la hoja verde se desplomó 45,9% entre diciembre de 2023 y junio de 2025, mientras que el precio en góndola retrocedió 31,8%. Esto indica que el ajuste más severo recayó sobre el productor, que tiene escaso margen para fijar precios en un contexto sin el respaldo regulatorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
En 2024, los secaderos procesaron 986,7 millones de kilogramos de hoja verde, la mayor cifra en cinco años, 19,6% por encima del promedio 2020-2023 y 27,4% más que en 2023. Sin embargo, el consumo interno se hundió 9,3%, hasta 258,8 millones de kilogramos, el nivel más bajo en ocho años.
Las exportaciones marcaron un récord, con Siria como principal destino (70% del total), mientras que las importaciones se dispararon un 80,1% frente a 2023, alcanzando 11,9 millones de kilogramos. La medida que habilitó este aumento fue la reducción temporal de impuestos a la importación de yerba mate —dispuesta por la Resolución General 5490/2024 y prorrogada hasta diciembre de 2025— que favoreció el ingreso desde Paraguay y Brasil.
Grandes empresas como Las Marías y La Cachuera concentraron el 70% de esas compras, junto con la Importadora Sudamericana SRL, que trae al país marcas como Canarias. La materia prima importada llegó a un costo promedio de 1,2 dólares por kilo, que con impuestos representaba alrededor de $1.300. Esto fue inferior al precio que se pagaba a los secaderos en el mercado local (unos $1.406 en abril de 2024), lo que permitió a las industrias presionar a la baja los precios internos y extender los plazos de pago, con fuerte impacto negativo en la rentabilidad del productor.
Una cadena productiva atomizada en la base y concentrada en la cima
La estructura del sector explica en parte estas asimetrías: alrededor de 12.000 pequeños productores, 228 secaderos y 105 industrias molineras y fraccionadoras componen la cadena, pero las diez principales concentran 75% del mercado. Las tres más grandes -Las Marías, Liebig y Santa Ana- controlan el 47%.
El impacto del DNU 70 y la pérdida del rol del INYM
La eliminación de la potestad del INYM para fijar precios, la ausencia de un presidente designado y el desfinanciamiento del instituto -sin actualización del valor de la estampilla desde diciembre de 2023- dejaron al sector primario sin herramientas para defender su posición en una cadena dominada por la industria.
El DNU puso fin a los acuerdos semestrales de precios y promovió una “reconversión” de pequeños productores, debilitando la capacidad negociadora de quienes venden la materia prima. La apelación del Gobierno Nacional al amparo que buscaba frenar el capítulo yerbatero del DNU mantiene vigentes sus disposiciones.
El escenario actual guarda similitudes con la desregulación de los años 90, cuando se eliminó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate y el Mercado Consignatario. En esa década, el precio real de la yerba canchada cayó a un tercio de su valor inicial y el de la hoja verde a un quinto, mientras el precio en góndola se mantuvo estable.
La creación del INYM en 2001 revirtió esa tendencia: entre 2002 y 2023, el precio real al productor de hoja verde y yerba canchada subió 246% y 255%, respectivamente.
Hoy, la pérdida de ese marco regulatorio vuelve a poner en riesgo la sostenibilidad del sistema yerbatero, con un patrón que repite el pasado: caída de la producción de hoja verde, deterioro de los precios al productor y concentración creciente de la renta en el eslabón industrial.
