LESA HUMANIDAD

Domiciliaria para Etchecolatz en dos de las causas en la que está condenado

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El represor fue beneficiado por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata otorgó por mayoría el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz en las últimas dos causas de esa jurisdicción por las que estaba encarcelado, aunque seguirá tras las rejas a disposición de otros dos tribunales.

La mayoría integrada por los jueces Germán Castelli, que lideró el acuerdo y Alejandro Esmoris, con la disidencia de Pablo Vega, argumentó para conceder ese beneficio al genocida la edad y “patologías crónicas” que lo aquejan, informó hoy el sitio fiscales.gob.ar.

Mano derecha de Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense durante la última dictadura, Etchecolatz purga seis condenas por crímenes de lesa humanidad y está siendo investigado en otros procesos, pero la resolución del TOF 1 de La Plata lo dejó más cerca de dejar la cárcel de Ezeiza rumbo a su casa.

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Detuvieron a cinco represores que estaban prófugos

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Cinco exoficiales de la Armada acusados de secuestrar, torturar, asesina y desaparecer ciudadanos durante la última dictadura militar fueron detenidos en los últimos días.

Las detenciones fueron llevadas a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en allanamientos de domicilios en Capital Federal, Punta Alta y Bahía Blanca, a raíz de una investigación para dar con el paradero de los prófugos.

Se trata del exalmirante Rodolfo Carmelo Francisco Luchetta; el excapitán de navío Heberto José Rubattino; el exsuboficial mayor Luis Oscar Conti; el excapitán de navío Mario José Bilesio y el excapitán de fragata Pedro Eduardo Giromini.

Los detenidos, sindicados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, quedaron incomunicados y privados de su libertad bajo las órdenes del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, a cargo de Walter López Da Silva y la Unidad Fiscal que investiga el terrorismo de estado en la misma ciudad.

Luchetta fue el tercer interventor de la dictadura en Santa Fe desde el 29 de marzo de 1981 y durante quince meses, y está acusado por el “secuestro y tormento” a 25 militantes políticos entre ellos tres asesinados y 13 desaparecidos, cuando era capitán de navío y jefe de Operaciones en la Base de Puerto Belgrano, en 1976.

Giromini, en tanto, actual gerente de Prevención, Protección y Seguridad de Intercargo, en 1976 era jefe de Personal, jefe de Logística y ayudante del comandante del Batallón Comando de la Brigada de Infantería de Marina 1 y se le imputan secuestros, tormentos, muerte y desaparición de seis personas.

La nómina se completa con el exteniente de fragata y exjefe de la Compañía Pitón de aquella unidad, Mario José Bilesio, el exteniente de navío y exjefe de la misma compañía, Heberto José Rubattino, y el ex suboficial mayor electricista Luis Oscar Conti, quien se desempeñó en el Centro de instrucción y Adiestramiento de Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano: los tres están imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos en perjuicio de 27 víctimas.

Las capturas de los represores se enmarcan en el ámbito del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), programa que coordina el Ministerio de Seguridad a través de la Secretaría de Seguridad que encabeza Eugenio Burzaco.

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Patti y Milani. Hospital de Lesa

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Pesados en tiempos de Camps, Bussi y el Cachorro Menéndez.

En Le Souper, pieza teatral de Jean-Claude Brisbille, el Marqués de Talleyrand, ministro de Relaciones Exteriores, invita a cenar a Joseph Fouché, el Jefe de la Policía. Discuten el pasado inmediato, diseñan el destino de Francia (Talleyrand le corta a Fouché rodajas de Fois Gras del Perigord).

Con menor grandeza conceptual, en la sala compartida del hospital de la prisión de Ezeiza, se ensaya otra “souper”. Con mate y sandwiches familiares.
Sector de Lesa, presos de “lesa humanidad”. Dos sexagenarios, considerados casi jóvenes en el lugar, intentan a veces el patetismo del diálogo.
Luis Abelardo Patti, 64 años, se moviliza en silla de ruedas. Fue subcomisario, mini-gobernador electo de Escobar. Tiene perpetua.
César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, 62 años. General que fue Jefe del Estado Mayor del Ejército hasta 2015. Limbo judicial.
Determinados enfermos del pabellón evocan el texto clásico de Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel, ruso. Para los visitantes, el marco deprime. Los castigados suelen cruzarse.
Son vencidos que se sienten ingratamente olvidados. Aunque se creyeron, paradójicamente, triunfadores.
Para la versión rudimentaria de “Le Souper”, es factible que circulen, o interfieran, otros presos. El que fuera temible comisario Miguel Etchecolatz, 88. El relativamente célebre capitán de fragata Jorge Acosta, El Tigre, 76. O el teniente coronel Juan Daniel Amelong, 64.

Fríos y enfriadores

“¿Así que Patti era pesado? Mirá vos cómo vengo a enterarme”, dijo una tarde la fuente inapelable. Ironía cruel.
Patti y Milani. Hospital de LesaEl asesino retirado se había encargado de “percutar subversos”. Hablaba en el bar del Hotel Castelar.
“Que yo sepa, al Loco se los entregaron fríos. Los habían enfriado en Rosario. En Buenos Aires sólo recibieron los paquetes”.
“Fríos” significaba muertos. La fuente desacreditaba como pesado al “Loquito ese”. Había “sacado patente de guapo por enfriamientos que no le pertenecieron”.
Pero por más guapo y operativo que fuera, a los 24 años Patti nunca podía tallar con fuerza en la policía comandada por el general Ramón Camps. Con Etchecolatz, para colmo, como colaborador. El mismo octogenario que en el Pabellón recurre a artificios para resolver dilemas orgánicos.
El extendido prestigio de guapo le bastó a Patti para ser, en los noventa, interventor en el Mercado Central, atmósfera de pesados de verdad. Para resultar electo mini-gobernador de Escobar, en 1995, incluso reelecto hasta 2003. Para elevarse después como candidato a gobernador de la provincia inviable. Y terminar la epopeya como diputado, en 2005, por su Partido de Unidad Federalista. El Paufe. En el tramo en que justamente el kirchnerismo copaba la totalidad del poder.
Con la dirigencia política, periodística y empresaria a sus pies, El Furia ejercía el poder mientras profundizaba su curso intensivo de Derechos Humanos. Para desaforar y expulsar “a Patti, el represor” que había colado con la democracia. Como aquel general Bussi, en Tucumán.
Llamativamente, la expulsión de Patti del Congreso fue apoyada hasta por los disciplinados “compañeros” que lo habían acompañado, en distintas boletas.

“Le souper” imposible

En Le Souper con Patti, el general Milani arrastra el drama insoluble. Lo sindican trágicamente como kirchnerista. Patti y Milani. Hospital de LesaDilema que el preso arrastró también con los camaradas del Ejército. Otros “presos de Lesa” que le atribuyen gran parte de la responsabilidad por sus infortunios. Porque, en el ascenso irresistible, poco y nada hizo Milani para atenuar las condenas.
Al contrario, porque la señora ministro Garré lo obligó a entregar las listas. Sin vacilar.
Más grave aún: Milani se manifestó a favor del “modelo” que los mantenía encerrados. Para desembarcar en la portada de la revista de las Madres de Plaza de Mayo. Sonriente, ganador y seductor, al lado de la señora Hebe de Bonafini.
Le Souper, entonces, se pone literalmente imposible.

Uno, Patti, fue fulminado por el kirchnerismo.
El otro, Milani, fue fulminado cuando el kirchnerismo se desvaneció.
Cuando el viento era previsiblemente adverso. Lo acosaban con datos de cuándo era sub teniente.
Así como El Loco Patti, a los 24, no podía tallar en la policía bonaerense de Camps, costaba creer que el sub teniente Milani pudiera decidir vidas o muertes a los 21. En el ejército del Cachorro Menéndez y del general Bussi. Pero desde hacía años estaban adentro decenas de camaradas por cuestiones similares, mientras Milani cumplía el ciclo ascendentemente mítico. Se adueñaba de la inteligencia militar (y sospechaban: del manejo secreto de los fondos).
Cuesta creer también que el profesional de la inteligencia, que nada dejaba librado al azar, no atendiera la perspectiva de quedar pegado. Por una casona ampulosa. Pero sobre todo por el enfriamiento de dos muchachos. Colimbas trasladados 40 años atrás.

Patti y Milani. Hospital de LesaEn Le Souper de Ezeiza el calvario de Patti es más claro. Lo encerró el kirchnerismo.
Y aunque ideológicamente su líder -Mauricio- en el fondo personalmente lo estime, el macrismo no puede liberarlo. Ni recortarle la perpetua. Ni siquiera llevarle el declive final hacia la “domiciliaria”.
Lo único que se respeta del kirchnerismo es, llamativamente, la política de estado de los derechos humanos.
Indica que los viejos de Lesa paulatinamente se van todos a morir adentro. Aunque las esposas, los hijos y nietos, griten “se puede”. Se sienten como fiscales en los escrutinios, estimulen las ceremonias de los timbreos.
En Le Souper de Ezeiza no es tan diáfana la identificación del calvario de Milani. El kirchnerismo que lo catapultó se olvidó de su suerte sin la menor elegancia.
Consta que Milani se afilió al peronismo, como su hermano, caudillo de Cosquín, Córdoba. Consta que se enredó con el amigo Moreno, El Guille, el único que lo bancó. Que planificaron juntos, con el común amigo Castelli, una sucesión de pancherías. La Buena Salchicha.

Culpas del infortunio

Justo a Milani, el caminador, Carlos Zannini, El Cenador, “lo mandaba caminar”. Le desconfiaba.
“Buena la comida que anoche le ofreció Quintana”, le dijo Zannini en la mañana, cuando el general ni había digerido la comida reservada.
Patti y Milani. Hospital de LesaPero Milani culpa de su infortunio, según nuestras fuentes, al colega Horacio Verbitsky (que le facilitó tres ascensos, siempre con la señora Garré de intermediario). Y sobre todo culpa a Clarín, personalizado en Héctor Magnetto. Al salir de Comodoro Py lo calificó por TV, a Magnetto, como “ese gran amigo del general Videla”.

El poder se le había diluido. Y lo que el General creyó que iba a ser una visita casi turística hacia La Rioja, donde debía declarar, se le transformó en el primer peldaño del encierro. Quedó adentro. Embocado.
Para ensañamiento de los otros presos de Lesa que no lo recibieron con solidaria alegría. Temía, incluso, según nuestras fuentes, que lo asesinaran. Ni dormía. Hasta recalar en el hospital.
Como corresponde a un completo profesional de la inteligencia, Milani se encargó de averiguar, posteriormente, hasta el penúltimo dato. Concluye que se trató de una operación política de venganza. Instrumentada desde el Ministerio de Defensa. En un arreglo explícito con el Juzgado de La Rioja.
El general tiene tiempo de sobra para darse cuerda.
Lo sensato, a esta altura, es resignarse a convivir en la sala compartida. Pero trasciende que cualquier tema fomenta la discusión. Hasta el último libro del colega Nicolás Wiñazki, que acaso con perversidad, según nuestras fuentes, Patti supo recomendarle al general.

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Juez Federal declaró la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos de Lesa Humanidad

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Se conoció un fallo histórico de la Justicia Federal en Misiones, que declaró imprescriptibles las acciones civiles derivadas de delitos de Lesa Humanidad.

El Juez Federal, José Luis Casals  en un fallo del pasado 15 de junio, del caso María José Presa, comparte la idea de que el Estado debe indemnizar los daños causados por los delitos de lesa humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado, manifestando que los mismos no deben estar sujetos a plazos de prescripción

“Misiones es una vez más vanguardia en cuanto a políticas de Derechos Humanos, ejemplo en el país, en este caso desde la Justicia Federal que pone en valor la independencia, a través de un dictamen que manifiesta el daño moral que significó para la ciudadanía el golpe militar”, así lo expresó la Ministra de Derechos Humanos Lilia “Tiki” Marchesini, respecto al fallo del Juez José Luis Casals sobre la causa llevada adelante por María José Presa.

En dicho fallo, con fecha de 15 de Junio del corriente año, el Juez Federal de 1ra Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo comparte la idea de que el Estado debe indemnizar los daños causados por los delitos de lesa humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado, manifestando que los mismos no deben estar sujetos a plazos de prescripción.

Con esta decisión, la misionera María José Presa, quien fuera detenida y perseguida durante la última dictadura cívico-militar, es la primera en el país en ganar una demanda contra el Estado, ya que “la sentencia del doctor Casals deja el precedente de que hubo daño moral, por eso este fallo es de suma importancia para todos nosotros porque dicta imprescriptibilidad” expresó.

En el documento se hace referencia a la reforma constitucional de 1994, al incorporar los tratados internacionales como un orden equiparado a la Constitución Nacional conforme artículo 75 inciso 22; “esto se debe a que las declaraciones incorporadas en el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Carta de las Naciones Unidas importaron el reconocimiento preexistente de los hombres a no ser objeto de persecuciones por el Estado”. También alega fundamentos y principios rubricados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos donde se proclama los derechos básicos de las personas y deberes de los Estados para respetarlos.

Asimismo, se menciona a la ley 25.778 que otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

Por otra parte el fallo manifiesta que “el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana”.

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Un tribunal de San Juan declaró inconstitucional el 2×1 para delitos de lesa humanidad

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El tribunal oral federal de San Juan dispuso la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley del 2×1 para delitos de lesa humanidad, en contraposición con el fallo de la Corte Suprema que benefició al represor Luis Muiña.

La decisión fue adoptada por los jueces federales Héctor Cortez, Raúl Fourcade y Alejandro Piña, quienes acompañaron la opinión del fiscal Francisco Maldonado, ante el pedido de libertad presentado por Alejandro Lazo, un represor condenado en 2013 a 10 años de prisión por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados. Su defensa argumentaba que al llevar detenido seis años y cinco meses, aplicando el 2×1, le correspondía ser liberado.

Con esto se concretó la primera declaración de inconstitucionalidad contra la decisión de la Corte Suprema de aplicar el 2×1 a delitos de lesa humanidad que desató una rebelión de jueces y fiscales. La semana pasada la Justicia le rechazó el beneficio a Héctor Salvador Giribone, otro represor condenado.

Maldonado consideró ayer que “no es razonable” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con el 2×1 a Muiña y resaltó que los magistrados “no se pueden alejar de la normativa tan alegremente después de una lucha tan larga contra los crímenes de lesa humanidad”.

“Disminuir la responsabilidad penal en función de una ley que ya no está vigente no me pareció razonable, por eso lo plasmé en un dictamen”, sostuvo el integrante del Ministerio Público Fiscal en diálogo con una radio porteña.

“Entendí que no era aplicable y que además era una normativa inconstitucional porque limitaba obviamente la sanción y la represión por este tipo de crímenes por una norma del derecho interno violando toda la normativa internacional que prohíbe hacerlo en ese sentido”, explicó.

En ese sentido, precisó que “había una pena impuesta teniendo en cuenta la gravedad del hecho imputado” que era de 10 años y “al aplicarse el 2×1 iba a ser reducida sensiblemente”.

“Por eso consideré que violaba el principio de proporcionalidad. Además, el 2×1 no estaba vigente para la fecha del hecho y cuando fue imputado fue posterior a la vigencia de esa norma”, añadió.

Para Maldonado, “la Corte no había entrado a analizar la constitucionalidad de la norma porque no había sido planteado en aquel entonces”.

Consultado sobre el fallo del máximo tribunal que benefició a Muiña con la aplicación del 2×1 en su condena a 13 años por el secuestro y las torturas infringidas a cinco personas durante 1976, el fiscal sanjuanino manifestó: “No me pareció bueno. Lo respeto porque es el máximo tribunal del país, pero no lo veía aplicable a ningún tipo de delito, pero menos a los crímenes de lesa humanidad, porque hay una responsabilidad del Estado que es superior a las normas internas”.

“Me desagradó, más por la lucha que ha venido de muchos años por hacer justicia por estos hechos aberrantes que sucedieron en aquella época. Limitar de esta manera no me pareció justo”, remarcó.

Y concluyó: “Uno como magistrado y como empleado público tiene que aplicar el sentido común y la razonabilidad de los fallos y no alejarnos de la normativa tan alegremente después de una lucha tan larga contra este tipo de crímenes”.

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