El tribunal oral federal de San Juan dispuso la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley del 2×1 para delitos de lesa humanidad, en contraposición con el fallo de la Corte Suprema que benefició al represor Luis Muiña.

La decisión fue adoptada por los jueces federales Héctor Cortez, Raúl Fourcade y Alejandro Piña, quienes acompañaron la opinión del fiscal Francisco Maldonado, ante el pedido de libertad presentado por Alejandro Lazo, un represor condenado en 2013 a 10 años de prisión por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados. Su defensa argumentaba que al llevar detenido seis años y cinco meses, aplicando el 2×1, le correspondía ser liberado.

Con esto se concretó la primera declaración de inconstitucionalidad contra la decisión de la Corte Suprema de aplicar el 2×1 a delitos de lesa humanidad que desató una rebelión de jueces y fiscales. La semana pasada la Justicia le rechazó el beneficio a Héctor Salvador Giribone, otro represor condenado.

Maldonado consideró ayer que “no es razonable” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con el 2×1 a Muiña y resaltó que los magistrados “no se pueden alejar de la normativa tan alegremente después de una lucha tan larga contra los crímenes de lesa humanidad”.

“Disminuir la responsabilidad penal en función de una ley que ya no está vigente no me pareció razonable, por eso lo plasmé en un dictamen”, sostuvo el integrante del Ministerio Público Fiscal en diálogo con una radio porteña.

“Entendí que no era aplicable y que además era una normativa inconstitucional porque limitaba obviamente la sanción y la represión por este tipo de crímenes por una norma del derecho interno violando toda la normativa internacional que prohíbe hacerlo en ese sentido”, explicó.

En ese sentido, precisó que “había una pena impuesta teniendo en cuenta la gravedad del hecho imputado” que era de 10 años y “al aplicarse el 2×1 iba a ser reducida sensiblemente”.

“Por eso consideré que violaba el principio de proporcionalidad. Además, el 2×1 no estaba vigente para la fecha del hecho y cuando fue imputado fue posterior a la vigencia de esa norma”, añadió.

Para Maldonado, “la Corte no había entrado a analizar la constitucionalidad de la norma porque no había sido planteado en aquel entonces”.

Consultado sobre el fallo del máximo tribunal que benefició a Muiña con la aplicación del 2×1 en su condena a 13 años por el secuestro y las torturas infringidas a cinco personas durante 1976, el fiscal sanjuanino manifestó: “No me pareció bueno. Lo respeto porque es el máximo tribunal del país, pero no lo veía aplicable a ningún tipo de delito, pero menos a los crímenes de lesa humanidad, porque hay una responsabilidad del Estado que es superior a las normas internas”.

“Me desagradó, más por la lucha que ha venido de muchos años por hacer justicia por estos hechos aberrantes que sucedieron en aquella época. Limitar de esta manera no me pareció justo”, remarcó.

Y concluyó: “Uno como magistrado y como empleado público tiene que aplicar el sentido común y la razonabilidad de los fallos y no alejarnos de la normativa tan alegremente después de una lucha tan larga contra este tipo de crímenes”.

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