Consenso general para la ley Ómnibus, aunque persisten diferencias profundas en varios artículos

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La Cámara de Diputados convocó para el miércoles a las 10 a una sesión especial para el debate de la ley Bases, en un contexto en que el oficialismo y los bloques dialoguistas anunciaron que alcanzaron consensos sobre el contenido general de la iniciativa, aunque aún hay diferencias en torno a puntos vinculados con las privatizaciones de empresas públicas, biocombustibles y pesca, entre otros. En lo que fue una victoria clave de las provincias y los gobernadores, se eliminaron varios artículos polémicos y en materia económica, se blindaron recursos federales.

El Secretario Parlamentario del cuerpo, Tomas Figueroa, oficializó la citación a una sesión especial solicitada por el bloque de La Libertad Avanza, que se estima que demandará unas cuarenta horas de debate, debido a que expondrán más de 200 legisladores en el análisis en general y habrá una extensa discusión en particular.

El cronograma de la sesión se definirá en una reunión de Labor Parlamentaria que se realizará este martes a las 19 y que será encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, con los jefes de bloques parlamentarios.

Allí definirán si habrá un cuarto intermedio en la sesión o se hará sin ninguna interrupción.

En cuanto al debate, se debe tratar el dictamen de mayoría que tiene 525 artículos, aunque ahora se está modificando y en la última versión quedaría en 385.

Mientras tanto, el oficialismo continuó las conversaciones con los llamados bloques dialoguistas para terminar de consensuar los puntos en los que aún hay diferencias, luego del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar del proyecto el paquete fiscal que planteaba aumentos de retenciones y un sistema nuevo de ajuste de las jubilaciones, entre otros puntos.

Los temas en los que se mantienen disidencias están vinculados con la cantidad de materias de la emergencia pública, el sistema de privatizaciones, las leyes de pesca, de biocombustibles, reformas al Código Civil y Comercial.

Por ese motivo Menem, junto a funcionarios del Gobierno, mantuvo reuniones con la UCR, el Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, para ordenar el tratamiento y superar las diferencias en los puntos donde hay aún desacuerdos.

Los que acompañaron el dictamen sin disidencias, los 20 diputados, 18 de la Libertad Avanza, José Luis Espert y Álvaro Martinez de Unión Mendocina. En disidencia sellaron el acuerdo 35 diputados, 17 del PRO, ocho de la UCR, entre los que está el misionero Martín Arjol, los tres de Innovación Federal, con Carlos Fernández y Yamila Ruiz, entre otros.

En primer término, el titular del cuerpo mantuvo una reunión con la diputada radical María Soledad Carrizo junto Alejandro Cacace -asesor del bloque de la UCR-, luego con el jefe de la bancada del Pro, Cristian Ritondo, y posteriormente con el presidente de Hacemos, Miguel Pichetto.

A la tarde también hubo otra reunión para acordar los puntos en disidencia entre el ministro del Interior, gobernadores de Juntos por el Cambio, el mandatario de Córdoba Martín Llaryora, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, y Pichetto, en el Consejo de Inversiones Federal de Inversiones.

En ese marco, los gobernadores pidieron la coparticipación del impuesto País, que en la actualidad deriva los recursos a rentas generales, según indicaron fuentes parlamentarias.

El misionero Carlos Fernández fue parte de las negociaciones con el oficialismo.

El acuerdo con los bloques dialoguistas es clave, ya que la LLA tiene 38 legisladores y puede sumar unos 7 votos de bancadas menores, con lo cual requiere del consenso de otros bloques para tener el quórum de 129 para habilitar la sesión y luego una mayoría para aprobar el proyecto en general y cada uno de sus artículos.

En cuanto al tema de las facultades, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de once a siete materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, aunque aun había un pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.

Otro punto donde aun persistía el desacuerdo es el artículo que propone la privatización de unas 40 empresas, ya que en el caso de las empresas públicas Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

Ahí el radicalismo quiere que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar, y Hacemos quiere eliminar de esa lista al Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica.

En cambio, sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) hay un principio de acuerdo para que acciones de empresas privadas queden en manos del FGS y el Gobierno podrá avanzar en la consolidación de la deuda.

Otro punto que se acordó dejar afuera del proyecto y tratarlo en sesiones ordinarias con la reforma política son los cambios al sistema de financiamiento de partidos políticos, ya que la nueva norma busca habilitar el aporte privado, que es rechazado por la UCR, y Hacemos.

La Libertad Avanza armó un sistema de semáforos donde marco con violeta los temas ya acordados y en amarillos aquellos que podrían ser eliminados si finalmente no están los votos para aprobar esos artículos.

Para el oficialismo había acuerdos sobre Ios capítulos referidos a la emergencia y reorganización administrativa, la Oficina anticorrupción, las modificaciones a la ley nacional de procedimientos administrativos, la desregulación económica, la ley de entidades de seguros, la ley orgánica de asociaciones mutuales, Jubilaciones y pensiones de privilegio.

También sobre los capítulos del impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, Régimen de transparencia fiscal al consumidor, y Promoción registrado, financiamiento de la educación, y sobre el Incaa, Instituto nacional de la música, Instituto nacional del teatro y Fondo nacional de las artes.

En cambio, en La Libertad Avanzan reconocen que se mantienen los desacuerdos sobre impuestos internos, en los regímenes de biocombustibles, Régimen Federal de Pesca, Biocombustibles, divorcios no contencioso para que no se requiera un abogado.

También se modificó el capitulo que se refiere una reorganización de la administración pública nacional y se allí se elimino la facultad para poder disolver las empresas públicas, universidades, y entidades del inciso c del artículo 8 de la Ley 24156 como INTA y CONICET, entre otros.

Si se mantiene el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.

El dictamen mantiene su propuesta para regular la protesta, al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de 30 personas en un espacio público, en lugar de las tres personas que establecía la iniciativa original.

También se mantiene la propuesta de permitir la legitima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.

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China regula la IA para controlar el contenido y el desarrollo tecnológico

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El gobierno chino ha adoptado una serie de regulaciones para controlar el uso de la inteligencia artificial , tanto para la IA de consumo, como para la IA empresarial. Las regulaciones tienen como objetivo proteger los valores socialistas del país.

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El gobierno chino ha adoptado una serie de regulaciones para controlar el uso de la inteligencia artificial (IA), tanto para la IA de consumo como para la IA empresarial. Las regulaciones tienen como objetivo proteger los valores socialistas del país: no contenga consignas antipartido ni caricaturas de Xi Jinping.  

Para la IA de consumo, las regulaciones exigen que los desarrolladores utilicen únicamente contenido aprobado. Este contenido debe corresponder a los “valores socialistas” y tampoco permitir la discriminación por motivos raciales, nacionales, religiosos y de otra índole.

También exigen que los desarrolladores envíen solicitudes al Registro de Algoritmos de China, un repositorio gubernamental que recopila información sobre el entrenamiento en IA. La información básica del registro está disponible únicamente para los funcionarios del departamento.

El uso de redes neuronales con “fines delictivos” ya ha sido castigado en China en el pasado. En mayo de 2023, un hombre fue arrestado en la provincia de Gansu por supuestamente usar ChatGPT para crear varias noticias falsas sobre 9 trabajadores de la construcción que murieron en un accidente de tren en Gansu y publicarlas en la red social Baijiahao (de Baidu Corporation). Sus publicaciones recibieron alrededor de 15.000 clics. Según la ley china contra la publicación de información falsa, el acusado podría enfrentar hasta 10 años de prisión.

Para la IA empresarial, las regulaciones son menos estrictas. Sin embargo, el gobierno chino está promoviendo el intercambio de datos entre empresas, lo que facilitará el desarrollo de la IA para estas últimas.

Los empleos que serán sustituidos por inteligencia artificial: Guardias de seguridad

Para entrenar chatbots de consumidores, los desarrolladores utilizan datos de Internet abierto, accesibles a todos los usuarios.

Sin embargo, el desarrollo de la IA corporativa requiere información sobre las actividades de las empresas, la mayor parte de la cual se almacena en servidores internos cerrados.

Los expertos del grupo estadounidense Carnegie creen que las regulaciones chinas sobre la IA tienen tres objetivos principales:

  • Subyugar la tecnología para que sirva a los intereses del Partido Comunista, contribuyendo a la censura y limitando el acceso a la información en el país.
  • Tomar control de las consecuencias sociales y económicas del desarrollo de la IA.
  • Convertir a China en un líder mundial en el desarrollo y aplicación de la IA.

Los expertos también creen que las regulaciones chinas sobre la IA podrían tener un impacto significativo en la innovación tecnológica en el país.

Una ley unificada que rija la IA en China podría aparecer este año.

Por el momento, China no se ha fijado el objetivo de alcanzar el liderazgo mundial en el campo de la IA; estos planes se posponen al menos hasta 2028 o 2029.

Si China quisiera declarar su deseo de dominar el escenario mundial en materia de IA, las regulaciones gubernamentales habrían declarado otros aspectos de la tecnología, subrayan los expertos de Carnegie.

Los funcionarios chinos dijeron que era difícil regular la IA porque las regulaciones de China se adoptaron antes que las de la UE y USA, y los reguladores chinos no tenían forma de comparar sus leyes con las de otros países.

Según Temur Umarov, China ha comenzado a tomar medidas preventivas para controlar la IA, ya que el gobierno del país es extremadamente sensible al consumo de medios de los ciudadanos: “Es importante para los funcionarios que los temas que fueron elegidos por las agencias gubernamentales, y no por un algoritmo aparezcan en chatbots”.

Las regulaciones podrían dificultar el desarrollo de nuevas tecnologías que no estén alineadas con los valores del gobierno chino.

Por otro lado, las regulaciones podrían impulsar el desarrollo de tecnologías que ayuden al gobierno chino a alcanzar sus objetivos, como la censura y el control social.

El impacto final de las regulaciones chinas sobre la IA aún está por verse. Sin embargo, es claro que las regulaciones tendrán un impacto significativo en el desarrollo de la tecnología en el país y en el mundo.

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La ley contra la inflación de EEUU sería una amenaza para las empresas de la UE

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El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, expresó que la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos es una gran amenaza para las empresas europeas y que la UE debe mantenerse firme contra ella.

El ministro francés de Economía, Finanzas, Industria y Seguridad Digital, Bruno Le Maire, y el ministro francés de Industria, Roland Lescure, salen tras la reunión semanal del gabinete en el Palacio del Elíseo en París, Francia. Fotografía: Reuters

Las industrias europeas temen que este proyecto de ley, que otorga un crédito fiscal por cada componente elegible producido en una fábrica de Estados Unidos, reste inversión potencial al continente.  

Esta norma, se convirtió en ley en agosto, proporciona un crédito fiscal del 30% del coste a las fábricas nuevas o mejoradas que construyan componentes de energías renovables.

“Debemos decir claramente a nuestros socios estadounidenses que es un gran problema para nosotros. No es aceptable. Podría suponer un gran choque para la industria europea”. Señaló Le Maine, para BFM TV.

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De Perón a la pandemia, el camino recorrido por Salto Encantado

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Reclamo histórico y un decreto de Perón como primer intento para conformar el municipio.

Histórico. Término largamente utilizado para describir este momento de Misiones. Pero exacto, porque quedará en los libros que en plena pandemia por el Coronavirus, esa que atraviesa a la humanidad y la llena de incertidumbre e imprevisibilidad, un pueblo de la provincia comenzó a escribir páginas de su propia historia en la que buscará, paradójicamente, tener certezas de su futuro.

El hecho político de la semana fue la conformación del municipio 77 de Misiones.

Salto Encantado logró separarse de Aristóbulo del Valle y en los próximos días tendrá un interventor que será en encargado de dar forma a la organización política, jurídica y administrativa de la comuna.

Nos retrotrae a otro reciente que fue la creación del municipio de Pozo Azul en el año 2017. Pero a diferencia de Pozo Azul que había que pensarlo y empezarlo prácticamente de cero, Salto Encantado es un pueblo ya emplazado con escuela, centro de salud, comisaría, espacios religiosos, club social y deportivo, comercios, actividad productiva, cooperativa y turismo.
El pedido de los vecinos recorre varios años de la vida política no sólo de Misiones sino de la Argentina.

El 27 de febrero de 1951 el decreto 3982 del presidente, Juan Domingo Perón, creó la comisión de Fomento de Aristóbulo del Valle, como primer intento de ser municipio. Pero el golpe del 55’ encabezado por el general Eduardo Lonardi dejó trunco el anhelo de avanzar.

A partir de ese momento fueron innumerables los intentos de los vecinos por ser autónomos e innumerables los pedidos a los gobernantes de turno. En los años 90’ y más acá en la historia.

Entre las anécdotas se puede mencionar un documento firmado en 1985, que recuerda el paso del entonces sacerdote Jorge Kemerer muy poco antes de ser designado obispo de la Diócesis de Posadas (1957 – 1986). En esa visita celebró la primera misa del pueblo y confirmó a más de 50 niños y jóvenes del lugar. Fue la primera salida pastoral de Kemerer al interior de la provincia, se cuenta.

¿Qué se considera al momento de decidir la independencia de un municipio? Claramente es una decisión política pero que llega al final de un análisis sobre población, potencial crecimiento, años de reclamos, distancias, características, potencial crecimiento económico, y cómo se dispondrán de los recursos sin afectar a las demás comunas.

Salto Encantado tiene actividad comercial pero además una producción de yerba y té, aserraderos, cooperativa, entre otras actividades como el turismo.

Ubicado en el departamento Cainguás, será transitoriamente municipio de segunda categoría por sus 18 mil habitantes según estimaciones, pero se hará un censo a cargo del Ipec.

El presupuesto para su funcionamiento saldrá de rentas generales de la provincia, que puede en este tiempo, tomar estas decisiones por haber adoptado como política, no tomar deudas y gestionar con sus propios recursos.

“Es el hecho histórico de la pandemia en Misiones”, describieron las autoridades de la provincia. “La zona la caminamos como funcionarios, como lugareños, la conocemos, conocemos su gente”, concluyeron.
La comisión de Asuntos Constitucionales tiene en carpeta ahora para su análisis, similar pedido de municipalización de los vecinos de Colonia Fracrán (San Vicente) y Paraíso (San Pedro).

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Cirugía reconstructiva por patología de mamas: ¿qué cambia a partir de la adhesión a la ley?

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El doctor Gustavo Abrile, jefe del servicio de cirugía plástica y reconstructiva del hospital Madariaga, explicó que a partir de la adhesión de Misiones a esta ley nacional, no sólo el Estado, sino todas las obras sociales y prepagas están obligadas a brindar el servicio de forma gratuita.

 

Desde hace nueve años el hospital Madariaga brinda el servicio de reconstrucción mamaria por cáncer. En la sesión pasada, la Cámara de Diputados de la provincia adhirió a la ley nacional y deberá brindar cirugía reconstructiva y prótesis gratuita para mujeres que tuvieron que realizarse una mastectomía. ¿Qué cambia entonces si en el sector público de Misiones ya se brindaba el servicio?

El doctor Gustavo Abrile, jefe del servicio de cirugía plástica y reconstructiva del hospital Madariaga, explicó que a partir de esta adhesión, hay un derecho que tienen los ciudadanos tanto sea sin recursos económicos y sin cobertura social como quienes tienen recursos y cuentan con cobertura de salud a solicitar la intervención y las prótesis a las obras sociales y prepagas de forma gratuita.

En Misiones se realizan unas 70 reconstrucciones anuales, señaló Abrile y precisó que una prótesis mamaria tiene un costo de 1.600 dólares, sin contar la cirugía, la internación, la anestesia.

Asimismo, agregó que si bien la ley habla específicamente de cáncer de mama, en el hospital a diario se realizan reconstrucciones mamarias por otras patologías como malformaciones congénitas de mujeres que nacen sin mamas u hombres que nacen sin los músculos pectorales, uno cada cien mil nacidos vivos dicen las estadísticas, o pueden existir pacientes que hayan tenido una secuela de traumatismo, una quemadura, una infección, etc.  

“La adhesión de Misiones a la ley es un instrumento más que tiene el Parque de la Salud para gestionar la cobertura. Lo importante es que uno como individuo tiene el derecho a gestionar dentro de su obra social”, concluyó.

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