La Cámara de Diputados convocó para el miércoles a las 10 a una sesión especial para el debate de la ley Bases, en un contexto en que el oficialismo y los bloques dialoguistas anunciaron que alcanzaron consensos sobre el contenido general de la iniciativa, aunque aún hay diferencias en torno a puntos vinculados con las privatizaciones de empresas públicas, biocombustibles y pesca, entre otros. En lo que fue una victoria clave de las provincias y los gobernadores, se eliminaron varios artículos polémicos y en materia económica, se blindaron recursos federales.

El Secretario Parlamentario del cuerpo, Tomas Figueroa, oficializó la citación a una sesión especial solicitada por el bloque de La Libertad Avanza, que se estima que demandará unas cuarenta horas de debate, debido a que expondrán más de 200 legisladores en el análisis en general y habrá una extensa discusión en particular.

El cronograma de la sesión se definirá en una reunión de Labor Parlamentaria que se realizará este martes a las 19 y que será encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, con los jefes de bloques parlamentarios.

Allí definirán si habrá un cuarto intermedio en la sesión o se hará sin ninguna interrupción.

En cuanto al debate, se debe tratar el dictamen de mayoría que tiene 525 artículos, aunque ahora se está modificando y en la última versión quedaría en 385.

Mientras tanto, el oficialismo continuó las conversaciones con los llamados bloques dialoguistas para terminar de consensuar los puntos en los que aún hay diferencias, luego del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar del proyecto el paquete fiscal que planteaba aumentos de retenciones y un sistema nuevo de ajuste de las jubilaciones, entre otros puntos.

Los temas en los que se mantienen disidencias están vinculados con la cantidad de materias de la emergencia pública, el sistema de privatizaciones, las leyes de pesca, de biocombustibles, reformas al Código Civil y Comercial.

Por ese motivo Menem, junto a funcionarios del Gobierno, mantuvo reuniones con la UCR, el Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, para ordenar el tratamiento y superar las diferencias en los puntos donde hay aún desacuerdos.

Los que acompañaron el dictamen sin disidencias, los 20 diputados, 18 de la Libertad Avanza, José Luis Espert y Álvaro Martinez de Unión Mendocina. En disidencia sellaron el acuerdo 35 diputados, 17 del PRO, ocho de la UCR, entre los que está el misionero Martín Arjol, los tres de Innovación Federal, con Carlos Fernández y Yamila Ruiz, entre otros.

En primer término, el titular del cuerpo mantuvo una reunión con la diputada radical María Soledad Carrizo junto Alejandro Cacace -asesor del bloque de la UCR-, luego con el jefe de la bancada del Pro, Cristian Ritondo, y posteriormente con el presidente de Hacemos, Miguel Pichetto.

A la tarde también hubo otra reunión para acordar los puntos en disidencia entre el ministro del Interior, gobernadores de Juntos por el Cambio, el mandatario de Córdoba Martín Llaryora, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, y Pichetto, en el Consejo de Inversiones Federal de Inversiones.

En ese marco, los gobernadores pidieron la coparticipación del impuesto País, que en la actualidad deriva los recursos a rentas generales, según indicaron fuentes parlamentarias.

El acuerdo con los bloques dialoguistas es clave, ya que la LLA tiene 38 legisladores y puede sumar unos 7 votos de bancadas menores, con lo cual requiere del consenso de otros bloques para tener el quórum de 129 para habilitar la sesión y luego una mayoría para aprobar el proyecto en general y cada uno de sus artículos.

En cuanto al tema de las facultades, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de once a siete materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, aunque aun había un pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.

Otro punto donde aun persistía el desacuerdo es el artículo que propone la privatización de unas 40 empresas, ya que en el caso de las empresas públicas Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

Ahí el radicalismo quiere que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar, y Hacemos quiere eliminar de esa lista al Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica.

En cambio, sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) hay un principio de acuerdo para que acciones de empresas privadas queden en manos del FGS y el Gobierno podrá avanzar en la consolidación de la deuda.

Otro punto que se acordó dejar afuera del proyecto y tratarlo en sesiones ordinarias con la reforma política son los cambios al sistema de financiamiento de partidos políticos, ya que la nueva norma busca habilitar el aporte privado, que es rechazado por la UCR, y Hacemos.

La Libertad Avanza armó un sistema de semáforos donde marco con violeta los temas ya acordados y en amarillos aquellos que podrían ser eliminados si finalmente no están los votos para aprobar esos artículos.

Para el oficialismo había acuerdos sobre Ios capítulos referidos a la emergencia y reorganización administrativa, la Oficina anticorrupción, las modificaciones a la ley nacional de procedimientos administrativos, la desregulación económica, la ley de entidades de seguros, la ley orgánica de asociaciones mutuales, Jubilaciones y pensiones de privilegio.

También sobre los capítulos del impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, Régimen de transparencia fiscal al consumidor, y Promoción registrado, financiamiento de la educación, y sobre el Incaa, Instituto nacional de la música, Instituto nacional del teatro y Fondo nacional de las artes.

En cambio, en La Libertad Avanzan reconocen que se mantienen los desacuerdos sobre impuestos internos, en los regímenes de biocombustibles, Régimen Federal de Pesca, Biocombustibles, divorcios no contencioso para que no se requiera un abogado.

También se modificó el capitulo que se refiere una reorganización de la administración pública nacional y se allí se elimino la facultad para poder disolver las empresas públicas, universidades, y entidades del inciso c del artículo 8 de la Ley 24156 como INTA y CONICET, entre otros.

Si se mantiene el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.

El dictamen mantiene su propuesta para regular la protesta, al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de 30 personas en un espacio público, en lugar de las tres personas que establecía la iniciativa original.

También se mantiene la propuesta de permitir la legitima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.

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