Leyes

El Senado frenó la disolución de Vialidad, INTA e INTI y marcó un revés histórico a Milei

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Con una mayoría holgada, la Cámara alta rechazó cinco decretos impulsados por el Ejecutivo bajo la Ley Bases, entre ellos la disolución de Vialidad Nacional, la reforma del INTA, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. La decisión profundiza el aislamiento legislativo del oficialismo y tensiona la relación entre el Congreso y el presidente Javier Milei.

En la sesión ordinaria iniciada este jueves a las 11.17, el Senado convirtió en derrota política lo que ya había sido anticipado en Diputados: la caída de cinco decretos desregulatorios que formaban parte del plan de reorganización estatal elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, bajo las facultades delegadas de la Ley Bases (cuyos plazos vencieron en julio).

Se trató de cuatro decretos delegados y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que afectaban a organismos estratégicos en materia de infraestructura, ciencia, cultura y derechos humanos. Con la decisión del Senado, estos decretos quedaron definitivamente derogados.

No es el primer traspié: en menos de un año de gestión, el Congreso ya volteó seis decretos presidenciales, entre ellos el histórico rechazo al DNU 656/24, que había asignado $100.000 millones a la SIDE.

El detalle de los decretos rechazados

Los cinco decretos frenados abarcaron cambios estructurales de fuerte impacto institucional:

  • Decreto 462/25 (rechazado con 60 votos en contra, 10 a favor y 1 abstención): disponía la disolución de la Agencia Regulatoria del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas. Además, transformaba al INTA, al INTI, al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y al INPI, reduciendo su jerarquía y autonomía.
  • Decreto 345/25 (rechazado 57 a 13): establecía la disolución del Instituto Nacional del Teatro, la fusión del Instituto Yrigoyeneano con el de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y limitaba funciones de organismos culturales como el Instituto Sanmartiniano, la Comisión de Monumentos Históricos y la Conabip.
  • Decreto 351/25 (rechazado 58 a 12): transformaba al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) en un organismo desconcentrado dependiente de la Jefatura de Gabinete, cuestionado por limitar su autarquía y poner en riesgo su independencia en la identificación de nietos desaparecidos.
  • DNU 340/25 (rechazado 55 a 13): desregulaba la Marina Mercante, habilitando banderas extranjeras en cabotaje y restringiendo el derecho a huelga. Fue cuestionado por gremios navales y declarado inconstitucional en parte por la Justicia.
  • Decreto 461/25 (rechazado 60 a 10): disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (CNTySV). Además, reorganizaba a la CNRT y la Junta de Seguridad en el Transporte. Una cautelar judicial ya había suspendido su aplicación.

Argumentos en el recinto: defensa institucional vs. motosierra

La sesión dejó fuertes definiciones políticas.

La senadora Silvina García Larraburu (UP, Río Negro) advirtió que el decreto 462 “degrada organismos estratégicos de ciencia y tecnología, pilares de la soberanía productiva y tecnológica de la Argentina”. Recordó que el INTA cuenta con 15 centros regionales, 52 estaciones experimentales y 299 agencias de extensión rural, cuyo funcionamiento quedaba en riesgo.

Desde Juntos por el Cambio, el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) denunció que el Ejecutivo “vacía de contenido los organismos, subordinándolos a estructuras menores, retirando la autonomía presupuestaria y eliminando su condición técnica”.

En la misma línea, Martín Lousteau (UCR, CABA) sentenció: “La motosierra no transforma el Estado, la motosierra corta. Lo que no sabe gestionar, el Gobierno lo rompe”.

Votación disolución Vialidad

En defensa del oficialismo, el libertario Ezequiel Atauche (Jujuy) negó que existan cierres: “La Ley Bases no habla de clausuras, sino de reorganizaciones. Conservamos las funciones y eliminamos a los militantes que no trabajan”.

El debate incluyó un fuerte alegato de Eduardo “Wado” de Pedro (UP, Buenos Aires), hijo de desaparecidos, quien vinculó la reforma del BNDG con un “retroceso hacia la impunidad” y señaló: “Interrumpir la búsqueda de 300 niños y niñas que faltan encontrar es complicidad con la dictadura”.

Un límite legislativo a Milei

El rechazo en el Senado tiene múltiples lecturas:

  • Política: es el revés parlamentario más duro desde la sanción de la Ley Bases. Muestra que el oficialismo carece de capacidad de imponer reformas sin negociación.
  • Institucional: preserva la continuidad de organismos históricos como el INTA, el INTI y el BNDG, evitando su degradación administrativa.
  • Económica y productiva: garantiza la vigencia de entes clave en desarrollo agropecuario, industrial y científico, con impacto en provincias productivas como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Misiones.
  • Social: mantiene en pie instituciones centrales para la seguridad vial, la cultura y los derechos humanos, fuertemente respaldadas por la sociedad civil y la comunidad académica.

Una relación Congreso-Ejecutivo cada vez más tirante

Con esta decisión, el Congreso ya derribó seis decretos de Javier Milei en menos de un año, lo que plantea un escenario de gobernabilidad compleja. La estrategia de gobernar mediante decretos, vetos y delegaciones encuentra un límite efectivo en la oposición unificada.

Hacia adelante, el oficialismo enfrenta dos dilemas: cómo avanzar en su agenda de reformas estructurales sin mayorías propias, y cómo sostener el respaldo de los gobernadores y bloques aliados, que comienzan a marcar diferencias.

El próximo desafío será la discusión de las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, que la oposición impulsa con amplias mayorías y que, en caso de ser aprobadas, podrían enfrentar el veto presidencial.

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La Cámara de Diputados convirtió en ley el etiquetado frontal de alimentos

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Con 200 votos a favor, 22 negativo y 16 abstenciones la normativa fue convalidada por la Cámara baja. La iniciativa busca advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

La Cámara de Diputados convirtió esta noche en ley el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, ideado para advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

El proyecto sumó 200 votos a favor; 22 en contra y 16 abstenciones, en tanto que se registraron 18 diputados ausentes al momento de la votación.

La iniciativa comenzó a ser debatida pasadas las 16 y su análisis se agotó pasadas las 23, tras la intervención de más de 70 diputados, que participaron de la primera reunión presencial tras la metodología de trabajo mixto aplicado durante los primeros meses de la pandemia de Covid.

Al abrir el tratamiento del proyecto, la presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos), afirmó que “el Estado argentino no va a mirar para otro lado” en un contexto de “enfermedades crónicas no transmisibles” como la obesidad, la hipertensión y los problemas cardíacos, que afectan a su población y que se pueden prevenir a partir de la alimentación.

Por eso, marcó la importancia de destacar la información nutricional en las etiquetas de los productos alimenticios, debido a que en la actualidad muchas “son ilegibles”.

Su compañera de bloque, Liliana Schwindt, ponderó la ley como un “hito para consumidores y usuarios”, pero también “para la producción alimentaria argentina”.

“Esta ley es poner en lo más alto a los consumidores, que hace años reclaman información clara, precisa y veraz”, dijo.

Desde su condición de presidente de la comisión de Salud y con su pertenencia al Frente de Todos, el tucumano Pablo Yedlin mostró sus diferencias parciales: “El azúcar no es un veneno, es un producto natural. Muchos edulcorantes, en cambio tendrán que explicar cuán saludables son. Vamos a acompañar el proyecto proponiendo mejoras”.

La también tucumana Beatriz Ávila (Frente de la Justicia Social) advirtió que el etiquetado color “negro remite a la idea de muerte”, y sostuvo: “Esta ley de etiquetado frontal, tal como está, va a generar más pobreza y mayor desempleo para la región. Creo que todos los diputados de la región debemos unirnos y hacer una mejor ley, que no deje las economías regionales”.

Por el Frente de la Concordia Misionero, Flavia Morales dio otro punto de vista: “A la provincia de Misiones hay cuestiones que le afectan con la yerba y el té, pero vamos a acompañar la ley y esperamos que en la reglamentación pueda arreglarse”.

Desde otro espacio provincial, el médico Luis Di Giácomo, de Juntos Somos Río Negro, remarcó: “Esta ley es más que bienvenida. Datos matan relato; según trabajos científicos en Uruguay hubo modificaciones en las decisiones de compra en base al rotulado y en Chile no hubo disminución del trabajo a partir de esta medida como muchos dicen”.

La diputada de Juntos por el Cambio Brenda Austin (UCR) celebró el tratamiento de esta ley que “derriba mitos” y destacó que logró no “haber caído en la grieta”, sino que se ponderó la “defensa del derecho a la salud”.

“Esta ley es necesaria porque estamos frente a una gran epidemia: la del sobrepeso”, dijo, y agradeció a organizaciones de la sociedad civil que “ayudaron a respaldar con evidencia, información y acciones que derribaron mitos”.

En cambio, la diputada del PRO Carmen Polledo planteó críticas a la iniciativa al afirmar que se debe “pensar en un sistema de etiquetado integral y completo” y dijo que por ese motivo se propuso en un dictamen “una alternativa que cumpla con el propósito de modificar los hábitos alimenticios”.

El cierre del debate, estuvo a cargo de la kirchnerista Florencia Lampreabe, quien destacó: “Esta ley es una herramienta de soberanía alimentaria. Detrás de lo que consumimos, está también el modelo de producción que alentamos. Para poder decidir primero hay que saber, una condición que hoy se encuentra empañada porque las empresas no van de frente y ocultan información básica”.

La precedió en la palabra el radical Alejandro Cacace, quien argumentó: “Hay un enorme aumento de la obesidad, una prevalencia del exceso de peso, una clarísima y abundante evidencia que marca la relación entre el incremento de los alimentos procesados y ultraprocesados con ese fenómeno de la obesidad y exceso de peso y la relación que tiene con las enfermedades no transmisibles, con la prevalencia de las enfermedades cardíacas, respiratorias, el cáncer y la diabetes”.

En ese sentido, se preguntó: “¿Entonces qué estamos esperando para regular esta problemática de salud?”

El tratamiento del proyecto comenzó con una demora de más de tres horas debido a que varios legisladores, en su mayoría de Juntos por el Cambio, presentaron pedidos de apartamiento del reglamento para incluir otros temas, aunque esas peticiones en su totalidad fueron rechazadas y se mantuvo el temario acordado entre los bloques políticos.

La sesión, que se inició a las 12.35, fue observada por diferentes organizaciones de la sociedad civil que vienen solicitando la aprobación de la ley de etiquetado frontal para que la sociedad conozca los excesos de grasas, sodios y azúcares que tienen algunos productos de los alimentos.

El dictamen de mayoría prevé la incorporación en el frente de los envases de los productos ultraprocesados una etiqueta con forma de octógono negro con letras blancas que advierta el exceso de nutrientes críticos para la salud, como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Además, determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.

Por otra parte, el proyecto establece la prohibición de emitir publicidad comercial -dirigida a niños, niñas y adolescentes- de productos con sellos de advertencia.

Además, dispone que los productos que tengan más de un sello de advertencia no podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, determina que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin estos sellos de advertencia.

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Destacan la cercanía de la Legislatura con las necesidades de la gente

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El diputado Martín Cesino aseguró que la línea de trabajo en la Cámara de Representantes, establecida por el presidente Carlos Rovira, implica que las leyes “surjan del contacto directo con la gente y sean para la gente”.

“Las normativas que hemos sancionado surgieron de la cercanía con la gente, así como también de necesidades para las políticas públicas que viene desarrollando el Ejecutivo provincial”, manifestó.

El diputado resaltó la importancia y necesidad de continuar legislando en materia de salud, sobre todo en este contexto. Como ejemplo, habló de “la Ley del Agente Sanitario, que era importante modificar, actualizar, dar un marco de jerarquización al trabajo de nuestros promotores de salud que juegan un rol muy importante hace muchos años en la provincia de Misiones; en la promoción, prevención y la salud integral de los misioneros”.

“Los agentes sanitarios están en contacto directo con los vecinos del barrio, de la ciudad, de la chacra, de nuestros pueblos originarios; son los que hacen el control del niño, de la niña, adolescentes, embarazadas, adultos mayores; son los que trabajan en el plan de vacunación, de inmunización”, reconoció.

Con la ley sancionada este año por la Legislatura se logró “que el promotor de salud de 20 horas pase a trabajar 30 horas semanales, permitiéndole una mayor remuneración”, además de “brindarles oportunidades para que sigan estudiando y formándose” y habilitarles el ingreso a la carrera sanitaria provincial.

Otra normativa importante aprobada por los diputados este año fue la del Banco Provincial de Medicamentos, de recupero y redistribución de medicamentos y productos médicos”, recordó Cesino.  

Esa iniciativa viene a dar respuesta a la situación en la que “muchos de nosotros tenemos medicamentos en la casa con los cuales no sabemos qué hacer cuando terminamos un tratamiento, estos medicamentos tienen altos costos, muchas veces se vencen, no tenemos la confianza de a quién entregarlos; o tenemos camas ortopédicas, sillas de ruedas, bastones, tensiómetros o termómetros, por ejemplo”, mencionó.

La idea fue crear “un marco normativo para que la persona tenga confianza en el Estado y que eso sea controlado, verificado, se realice una trazabilidad de origen, de procesos, de calidad y que ese medicamento llegue a la gente, sea distribuido al sistema sanitario provincial o que llegue de manera directa a la persona por medio de una receta médica”, afirmó.

Además, se va a “formar, capacitar a la población en general sobre la automedicación, que es lo que menos queremos porque genera un impacto en la salud, en la economía y en lo social”, advirtió Cesino.

También informó sobre la propuesta del Programa de Atención Integral de Diabetes que se encuentra en el circuito parlamentario. “Era muy importante presentar este programa” así como también otro que corresponde a “una novedosa ley que no hay en Argentina, que hay en pocos países: el servicio de motoambulancias”, que va a “permitir fortalecer a la gran red de emergencia que tenemos en la provincia de Misiones”.

Consideró que esa iniciativa, presentada por Cesino con el acompañamiento de Rovira, “va a ser de vanguardia e innovación”, al igual que otras aprobadas por el Parlamento misionero.

Agricultura urbana

Por otra parte, se refirió al Programa Provincial de Agricultura Urbana, también aprobado por la Cámara, “que viene a fortalecer la política de la producción y elaboración de nuestros propios alimentos, a la soberanía alimentaria que ya hace muchos años lo ha trazado el ingeniero Rovira como política de Estado”.

“Era necesario dar un marco normativo y legal a las huertas comunitarias, de los barrios, sobre todo de las grandes ciudades, ya que hay un acompañamiento a nuestras chacras, a nuestros agricultores familiares, a partir del Ministerio de Agricultura Familiar, y del IFAI”, concluyó el legislador.

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Minutos después de entregar créditos a cooperativas yerbateras, el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad se quedó en un aparte con un pequeño grupo de productores para machacar con su idea: habrá rigurosidad en el control de los fondos e incentivos para quienes pongan en marcha proyectos de diversificación productiva.
El candidato a gobernador del Frente Renovador apuesta a que la chacra produzca más. Ese será, insiste, el foco de su modelo económico.
El modelo económico que imagina Herrera Ahuad si llega a la Gobernación tiene como base fundamental al sector agrícola productivo como primer paso para la creación de puestos de trabajo. La diversificación productiva apunta a el abastecimiento interno y eso asegura la creación efectiva de puestos de trabajo en ese sector, con efecto multiplicador en la industria que lo asiste (metalúrgicas, servicios de transporte, mecánicos etc) y de derrame en el terreno, a través del consumo, explican en el equipo del vice.
El candidato a Gobernador considera que Misiones puede pelear un lugar en el podio en agroindustria y agroalimentos.
Para eso, claro, se debe poner mucho énfasis en tres o cuatro líneas esenciales: seguimiento y control de fondos y ejecución y asistencia técnica en las chacras, fuerte inversión en el agro y la trazabilidad de cada peso que se invierta.

Potenciar el agregado de valor para dejar de vender únicamente materia prima y apuntar al consumo interno y exportación. Herrera Ahuad insiste en que hay que generar alimento balanceado y forraje para producir carne, huevos y leche. “Necesitamos granos en condiciones de sustentabilidad ambiental y social. Vamos a crear un banco genético de semillas criollas de maíz. Hay que fabricar alimento para la ganadería y cubrir el consumo. Hay que apuntalar la tecnología en la producción y la chacra que tiene que tener salubridad. Como médico, nos insiste en la inocuidad, para mejorar las condiciones de vida para el productor y el consumidor”, reveló uno de sus asesores.
Hay cultivos que ya tienen destino, como la yerba. Pero hay que fortalecer a los eslabones más débiles (como las cooperativas), lo mismo que con el té, donde hay una gran concentración y la forestación, en la que los productores no pueden pelear precios con las grandes compañías. “Hay que dejar de pensar en el pickle y mejorar la horticultura para dejar de comprar de afuera”, repite el vice en las reuniones.
El modelo productivo es un punto clave en el debate electoral.
El senador y candidato a gobernador de la alianza Cambiemos, Humberto Schiavoni, prometió crear “30 mil puestos de trabajo” con una reconversión productivo y aprovechando el plan Maizar, que consiste en convertir a Misiones en una cuenca productora de maíz transgénico para abastecer la demanda del mercado brasileño.

Cambiemos insistirá además con eliminar impuestos y “pasar la topadora” al control de Rentas en el ingreso a la provincia.
Es difícil de precisar -Cambiemos recién el 13 dará a conocer su plan económico elaborado por técnicos de la fundación Pensar y la Mediterránea- de dónde sale el número 30 mil ni en cuanto tiempo se propone el senador conseguirlo. Lo cierto es que las variaciones en el empleo no son tan generosas al alza. Sin embargo, la meta es ambiciosa: es el doble de los puestos de trabajo que se perdieron en Misiones desde que Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015. El último reporte de la secretaría de Trabajo arrojó 98,7 mil puestos en blanco en la provincia. En diciembre de 2017 había 100,8 mil, bastante lejos del pico de 111,9 mil en julio de 2015. Casualmente, cuando Macri pedía el salvataje al Fondo Monetario Internacional en mayo pasado, se aceleró la destrucción del empleo.
Llamativamente, el senador y su compañero de fórmula, el radical Luis Pastori, insisten en que tienen la receta para que Misiones “se sume al cambio”, aunque obvian mencionar que hasta ahora, solo ha traído malas noticias, con desempleo, más pobreza y miles de empresas quebradas.  Pastori es el más férreo defensor del Gobierno nacional y repite la lógica de Marcos Peña, quien hace apenas unas horas aseguró que el que vote por el bolsillo debería votar por Macri, con el kirchnerismo va a estar peor que ahora”.
Raro. El Gobierno tuvo que tomar medidas “kirchneristas” para intentar frenar la suba de precios. Presentó de apuro los “Precios Esenciales”, que se consiguen poco y nada, pero al mismo tiempo, aumentaron las naftas por la suba del dólar. Las tarifas fueron congeladas, pero solo para los usuarios de Edenor y Edesur, que operan en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. En el resto del país, habrá que aguantar. Para abril se espera una nueva inflación alta del 4 por ciento y recién en mayo “bajaría” a 3.
Pese al optimismo del Jefe de Gabinete, los candidatos de Cambiemos borraron la palabra Cambiemos de sus consignas y cartelería. La suma de resultados electorales adversos obliga a esconder las banderas que hasta hace dos años se agitaban con entusiasmo. Las primarias del último domingo en Santa Fe agregaron dramatismo al derrotero: Cambiemos volvió a salir tercero, pero esta vez el peronismo fue el más votado, relegando al socialismo gobernante al segundo puesto. Macri había ganado ahí en 2015 y 2017. Ahora Cambiemos perdió 200 mil votos, en comparación con aquel lejano 2015. La crisis cambió los humores: En la ciudad de Venado Tuerto el Socialismo sacó 16.979 votos, el PJ 13.125 y Cambiemos 6.429. Fue la única ciudad que Macri visitó para apoyar a su candidato José Corral..
Por eso, en Misiones la alianza insiste en viejas consignas que poco tienen que ver con la realidad económica y si con argumentos que se replican en sus sucesivas derrotas: ley de Lemas y política fiscal, aunque ahora sumaron educación y salud pública “de calidad”.
Pero en estos dos últimos puntos el Gobierno provincial puede exhibir fortalezas que están paradas, justamente, sobre la política fiscal, que, a contramano de lo que dice la oposición, permiten a la economía de Misiones ser la octava del país, incluso con más contribuyentes que en 2017.
El gobernador Hugo Passalacqua, en la apertura de las sesiones en la Legislatura, repasó algunos datos de la gestión que dejan en off side a las demandas de la oposición. La educación fue uno de los capítulos esenciales.
Y se lleva el 31 por ciento del presupuesto, con resultados como la sustancial mejora en la calidad, de acuerdo al último operativo Aprender, en el que Misiones fue la provincia que más mejoró en comparación con el resto.
El nivel inicial, destinado a la educación de lo más de 40 mil niños misioneros de 4 y 5 años se consolida como la base del proyecto educativo, y en el transcurso del año 2019 alcanzaremos el cien de cobertura, anunció Passalacqua después de enumerar emblemas como la Escuela de Robótica o la de Educación Disruptiva y el aumento del presupuesto para los comedores escolares, después de que la Nación dejara de girar recursos.
En Salud también la inversión es sustancial y Passalacqua reveló la baja en las tasas de embarazo adolescente y de mortalidad infantil, problemas de largo aliento y difíciles de revertir. La tasa de mortalidad infantil fue una de las “marcas negras” de Misiones durante los 90: 32 por cada mil nacidos vivos. Hoy son 6,7. Es decir, por año morían 800 y pico de chicos por razones evitables. Ahora son 168. Son 633 familias que no están lamentado un niño muerto.
Después de varios años comienzan a asomar algunos cambios que habrá que sostener en momentos en que los recortes y el retroceso de la Nación en la salud meten presión sobre los recursos provinciales, como explicó el ministro Walter Villalba en un reportaje concedido a Economis que se puede leer acá.
 
En su cuarto mensaje parlamentario y último de su gestión, Passalacqua sorprendió con el anuncio de una línea de créditos hipotecarios a 20 años en el que el Gobierno provincial se hará cargo de la mitad de las UVA durante tres años. En total, a través del banco Macro se inyectarán 600 millones de pesos a la economía, que, como en todo el país, sufre de depresión, que golpea especialmente a la clase media, paradójicamente, la base electoral que tuvo Cambiemos.
En Misiones la venta de autos volvió a caer en abril: 58,2 por ciento en comparación con el año pasado y hay temor sobre mayo, que fue el mes en el que comenzó el desplome en 2018. Se vendieron apenas 495 autos contra 1.184 del año pasado, pese a que se presentó hace un mes el Ahora Patentamiento, un paquete de descuentos al comprador financiado por el Gobierno provincial.
La Renovación apuesta a hacer valer la diferencia de modelos. El Estado presente versus el retroceso del Estado nacional.
El mandante es el pueblo”, dijo hace unos días Carlos Rovira, el conductor político del oficialismo durante la presentación de los candidatos.
La frase se diferencia con lo que propone Macri en su llamado tardío al cogobierno: “Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores”, corona el decálogo propuesto para discutir que tiene poco y nada de medidas que apunten a reactivar la economía.
Fue presentado como un llamado al consenso, pero apenas se enteraron Miguel Angel Pichetto y un par más de opositores. Sergio Massa, Roberto Lavagna y Cristina Fernández -quien lidera la mayoría de las encuestas- no recibieron tarjeta de invitación. El ex ministro de Economía destrozó la oferta en un par de tuiters: “Está claro que el Gobierno atraviesa una seria crisis de confianza. No hay que jugar con las expectativas de la gente a partir de la especulación política y los titulares de los diarios. Consenso es escucha sincera de los que piensan distinto no marketing”.


Poco después el ministro del Interior, Rogelio Frigerio le bajó el valor a la propuesta oficial: “La posibilidad de llegar a un acuerdo sobre cuestiones básicas es en sí mismo más relevante que los contenidos puntuales o las formas”.
¿Si? ¿No importa qué se acuerde? En realidad, la búsqueda de consensos exhibe la fragilidad del Gobierno que hasta hace unas horas despreciaba a la oposición. Con la ayuda del FMI busca evitar una nueva corrida al dólar hasta octubre. Pero eso no garantiza una victoria ni poder pagar la deuda después.
En la Renovación coinciden con el planteo de Lavagna, para quien “el consenso no es marketing”. No es casualidad que el economista sea uno de los interlocutores elegidos por Passalacqua pensando en octubre.
A diferencia de los problemas de Cambiemos para mostrar una oferta electoral cohesionada, en el oficialismo provincial mostraron la contundencia política el 1 de mayo, con una Legislatura repleta de dirigentes y militantes jóvenes que agitan la bandera del “misionerismo”.
La grieta es una discusión del país central. En Misiones estamos ocupados de Misiones. Los intereses de Misiones son irrenunciables”, sentenció Passalacqua en su mensaje a los diputados.

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La modificación a la Ley de Semillas es inconstitucional y perjudica a los productores, advierte Kaãpuera

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El Frente Ciudadano Ambiental Kaãpuera advierte que es inconstitucional la modificación de la Ley de “Semillas y Cultivares” N° 20.247 que se trataría el próximo 21 de noviembre en el Congreso de la Nación, y rechaza el proyecto en cuestión por perjudicar a los pequeños y medianos agricultores y a las comunidades originarias, ambas con fuerte presencia en la provincia de Misiones.
El abogado MartínFerroni, integrante de Kaãpuera, recordó que la modificación a la actual Ley de Semillas “es inconstitucional por no cumplir con el Convenio N 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque al afectar a comunidades indígenas debería haber consulta previa, libre e informada, acto que no ocurrió” .
Dicho Convenio, ratificado por la Ley 24.071 en el año 1991 y con rango constitucional a partir del año 2011 en nuestro país; “debe ser aplicado toda vez que una acción pueda afectar los derechos colectivos de las comunidades indígenas; es su derecho a la consulta”, profundizó Ferroni, al tiempo que recordó que “es responsabilidad de los gobiernos convocar a estas consultas previas”.
La modificación a la Ley de Semillas, ahora en manos de los legisladores, “beneficia exclusivamente a las semilleras, que son corporaciones como Bayer – Monsanto, Syngenta, Dupont, KWS AG, entre otras”, dijo el abogado, al tiempo que recordó que “es rechazada aún por los grandes productores agropecuarios, que junto a los pequeños y medianos se ven afectados por las mayores regalías que tendrán que pagar”.
Con la modificación -señaló- “sólo se beneficia a las semilleras y hay un perjuicio para todos los productores, sin importar el tamaño, porque los obliga a pagar regalías por el uso propio de las semillas, semillas que son producto de su plantación”.
Ferroni además hizo notar que la modificación a la Ley de Semillas “afecta el derecho a la soberanía alimentaria, por cuanto implica una privatización de las semillas. Y de aprobarse, en los términos del proyecto aprobado en comisiones se constituirá la primera norma que en la Argentina pone marca de patente a seres vivos, como lo son las semillas”. Tal como está planteada, agregó, “este proyecto, buscar terminar con la producción independiente de alimentos, la agricultura campesina e indígena, expropiarnos la soberanía alimentaria y el territorio”.

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