También fuera de Europa crece la preocupación sobre cómo garantizar que el abandono de los combustibles fósiles no agrave el daño ambiental causado por la minería.
Según una investigación realizada en 2024 por S&P Global Sustainable, el 71% de las minas de minerales de transición a nivel mundial están ubicadas en áreas ecológicamente sensibles.
Pero los defensores de los esfuerzos para impulsar la minería europea dicen que las estrictas salvaguardas ambientales del bloque significan que el daño puede ser limitado, evitando desastres mineros o más comunes en otros países ricos en minerales en África y América Latina.
Cuando la minería ha tenido impactos ambientales, “se deben implementar medidas de remediación” en lugar del cierre de minas… “de lo contrario, corremos el riesgo de importar (minerales) de regiones distantes donde la transparencia, las condiciones laborales y las garantías ambientales son inciertas”, dijo Ester Boixareu, especialista en minerales de transición energética en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), un organismo estatal.
Sin embargo, algunos activistas ambientalistas advierten que esta lógica podría hacer que los países europeos se vuelvan complacientes respecto del daño potencial que podría causar el aumento de la producción de minerales críticos.
“Dicen que el litio es estratégico, pero para nosotros lo es el agua”
“La Unión Europea (UE) está en proceso de reducir esos mismos estándares ambientales que se enorgullece de tener”, dijo Ilze Tralmaka, asesora legal y política sobre democracia ambiental en ClientEarth, señalando la aceleración de las aprobaciones para los proyectos “estratégicos”.
Un ejemplo de desastre minero es suficiente para conocer la problemática: Desastre de una mina de cobre en Zambia. Las empresas priorizan las ganancias
Los agricultores de Zambia están amenazando con demandar a una empresa minera de cobre china a menos que pague miles de millones de dólares en compensación luego de un derrame masivo de desechos tóxicos en febrero que mató peces, destruyó cultivos y contaminó suministros de agua.
Expertos internacionales en minería han advertido que las comunidades estarán expuestas a riesgos de salud a largo plazo durante décadas si no se toman medidas drásticas para abordar la contaminación.
A pesar de las garantías de la empresa y del gobierno sobre la limpieza, los gobiernos de Estados Unidos y Finlandia han pedido a sus ciudadanos que evacuen el área debido a los riesgos de contaminación.
En febrero, millones de litros de efluentes ácidos contaminaron el río Kafue después de que la presa que contenía los desechos mineros de Sino-Metals rompiera sus muros, contaminando una de las cuencas hidrográficas más importantes del país.
La respuesta del gobierno al derrame ha sido vista ampliamente como una prueba de su capacidad para regular la industria minera, ya que planea triplicar la producción de cobre, un mineral codiciado y fundamental para la transición energética, a tres millones de toneladas al año para 2031.
La población local y grupos de la sociedad civil han acusado al gobierno de encubrir la verdadera magnitud del desastre.
“El problema es muy grave y requiere medidas contundentes”, declaró a Climate Home Chilekwa Mumba, organizador comunitario y activista ambiental.
Después del derrame, el gobierno y los expertos en tratamiento de residuos siguen presentando evaluaciones contradictorias sobre el alcance del daño ambiental.
EPSE Oy Ltd., una empresa finlandesa especializada en el tratamiento de residuos mineros, advirtió a Sino-Metals y al gobierno de Zambia sobre la presencia de 24 metales pesados diferentes en el estanque de aguas residuales de la empresa china después de analizar muestras del lugar de la fuga.
Se encontró que 16 de ellos excedían los límites de seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Entre los metales pesados que superan los valores límite se incluyen el níquel, el plomo, el arsénico, el zinc y el uranio.
En una declaración pública, EPSE Oy dijo que estaba “preocupada por la salud y la seguridad del público”.
Qué es un mineral estratégico?
Un mineral designado como estratégico significa que, si bien los proyectos aún deben cumplir con las leyes ambientales de los estados, son elegibles para una aprobación más rápida a través de una burocracia simplificada y pueden acceder más fácilmente al capital respaldado por los gobiernos.
Clasificar ciertos proyectos como estratégicos “es un intento de eludir las garantías que normalmente exigen las directivas de la naturaleza”.
Conclusión
El Estado junto a especialistas de Instituciones de Investigación científica, debe ser responsable de permitir, monitorear y realizar evaluaciones ambientales, en aquellas áreas donde se vayan a desarrollar proyectos críticos de materias primas, en relación con la importancia de los impactos negativos.
Debería existir un Tribunal de Justicia que aplique sentencia por realizar evaluaciones de impacto ambiental (EIA) inadecuadas y por permitir la degradación de lugares protegidos. Cada sitio es único.
La minería no tiene cabida en tierras protegidas o cerca de ellas, los responsables políticos deberían centrar su atención en reducir la demanda de minerales críticos.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyectó que Argentina crecerá 3% en 2026, casi el doble del ritmo previsto para Brasil y México, en un contexto en el que América Latina y el Caribe expandirán su PBI 2,1%, en línea con su promedio histórico. El dato fue presentado este martes en Washington en el informe “Resiliencia y perspectivas de crecimiento en una economía global cambiante” y reconfigura el tablero regional: mientras México sufrió la revisión a la baja más pronunciada —0,5% el año pasado—, el organismo sostiene que Argentina “se está recuperando con fuerza” tras la recesión y crecerá 4,3% en 2025.
La señal tiene peso político. En medio de un escenario global volátil y con debates abiertos sobre reformas estructurales y disciplina fiscal, el BID coloca a la Argentina como una de las economías con mayor dinamismo proyectado. ¿Consolida eso el relato oficial sobre estabilización macro o expone la fragilidad de una recuperación que aún depende de reformas profundas?
Resiliencia macro y advertencias fiscales
El informe destaca que la región navegó la incertidumbre global con resiliencia, apoyada en marcos fiscales y monetarios que contuvieron la inflación y sostuvieron la estabilidad. El riesgo soberano promedio cayó a 209 puntos básicos a fines de 2025, frente a los 268 puntos de 2019. Además, los mercados laborales mejoraron y el desempleo descendió en la mayoría de los países entre junio de 2024 y junio de 2025.
Sin embargo, el BID introduce matices. El crecimiento sigue siendo insuficiente para cerrar brechas de ingresos, la deuda pública permanece elevada y los pagos de intereses presionan sobre las cuentas fiscales y externas. El promedio regional de deuda se ubica en 59% del PIB y podría oscilar entre 57% y 66% hacia 2028, según escenarios base y de estrés.
La economista jefe del organismo, Laura Alfaro Maykall, subrayó que acelerar el crecimiento inclusivo requerirá marcos macroeconómicos sólidos y reformas estructurales ambiciosas, junto con la capacidad de aprovechar oportunidades tecnológicas y energéticas.
En términos políticos, el mensaje es claro: la mejora en indicadores financieros no sustituye la necesidad de consolidación fiscal y aumento de productividad. La estabilidad es condición necesaria, pero no suficiente.
Ventana estratégica: minerales críticos y energía
El informe identifica una oportunidad estructural en los minerales críticos y la transición energética. América Latina concentra casi la mitad de los recursos mundiales de litio, alrededor del 35% de las reservas globales de cobre y más del 20% de las reservas de tierras raras. La demanda global de litio podría aumentar entre 470% y 800% hacia 2050.
El BID advierte, no obstante, que la riqueza natural no garantiza desarrollo sostenido. Para capitalizar esa ventaja comparativa se requieren instituciones sólidas, reglas predecibles, energía limpia y confiable, gobernanza ambiental robusta y marcos fiscales disciplinados. Es un punto que interpela directamente a los gobiernos: sin calidad institucional, la oportunidad puede diluirse.
En paralelo, el organismo remarca que la inteligencia artificial se convirtió en la habilidad digital de mayor crecimiento en la región. Las ofertas laborales que mencionan IA alcanzaron el 7% del total de vacantes hacia mediados de 2025. El desafío pasa por formación y transición hacia empleos de mayor productividad, en un contexto demográfico menos expansivo.
Correlación regional y agenda pendiente
La comparación con Brasil y México no es menor. México registró la revisión negativa más marcada, mientras Argentina aparece como economía en recuperación. Esa fotografía regional influye en flujos de inversión, percepción de riesgo y negociación política en foros multilaterales.
Al mismo tiempo, el organismo advierte que las tasas de interés globales más altas y el uso creciente de activos digitales y en moneda extranjera reconfiguran la política monetaria. Recomienda avanzar hacia una postura neutral —que no estimule ni restrinja la actividad— y desarrollar herramientas para absorber choques externos.
La conclusión implícita es que el crecimiento proyectado para Argentina en 2026 no descansa solo en el rebote cíclico. Dependerá de competencia, integración regional y desarrollo de cadenas de valor más sofisticadas. También de la capacidad de fortalecer finanzas públicas en un escenario donde la consolidación fiscal se debilitó.
El informe ofrece una señal positiva, pero condicionada. La región muestra resiliencia; el desafío es transformarla en expansión sostenida. Para Argentina, el 3% proyectado abre una ventana de oportunidad política y económica. La pregunta que queda abierta es si esa dinámica se consolidará con reformas de fondo o si quedará atada al vaivén de un entorno global cambiante.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el Gobierno consolida a China como socio clave, pero el déficit comercial se amplía
El vínculo comercial entre la República Argentina y la República Popular China alcanzó en 2025 un máximo histórico en exportaciones, con envíos por más de US$ 9.700 millones y una participación del 11% sobre el total nacional. El dato no es menor: China se afianza como segundo socio comercial, sólo detrás de Brasil, y concentra más de la mitad de las ventas argentinas en diez productos estratégicos.
El 2025 cerró con un elevado comercio bilateral entre ambos países. En 10 posiciones arancelarias, China representa más de la mitad de las exportaciones argentinas, con el nodo Up River como protagonista.
China es, además, el mayor exportador e importador de bienes. En 2025, China efectivizó exportaciones por US$ 3.770 billones e importaciones por US$ 2.580 billones, resultando en una balanza comercial superavitaria cercana a los US$ 1.200 billones, un máximo histórico. En bienes agroindustriales, en tanto, sus exportaciones por US$ 88.000 millones no alcanzan a compensar las importaciones por US$ 197.000 millones, arrojando un resultado deficitario en este rubro específico. En total, el agro representa alrededor del 2% de las exportaciones totales de China y del 8% de sus importaciones.
En poco más de medio siglo de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Argentina, este país se constituyó como segundo socio comercial de nuestro país, sólo por detrás de Brasil. En 2025, China fue destino del 11% de las exportaciones nacionales, por un nivel superior a los US$ 9.700 millones, entre las cuales la agroindustria tiene un rol preponderante. Este nivel exportador fue un máximo histórico, junto con el intercambio en conjunto realizado con la República Popular China. El 88% de las exportaciones a China en 2025 consistió en productos agroindustriales, participación que escala al 93% si tomamos el promedio del período 2020 – 2025.
Con relación al comercio con Argentina, el resultado de la balanza comercial con China ha sido sostenidamente deficitario para nuestro país. Lo anterior no menoscaba, sin embargo, la relevancia del mercado asiático para las exportaciones argentinas, con especial énfasis en la agroindustria y minería. En efecto, China fue en 2025 el principal destino de los embarques de granos, aceites y harinas argentinos. Representa más de la mitad de las exportaciones totales en 10 destacados productos del comercio exterior argentino: carne bovina deshuesada y sin deshuesar congelada, cueros y pieles, poroto de soja, sorgo, carbonato de litio, lana, pescado congelado, aceite de maní, y harina y pellet de carne. En carne bovina congelada sin deshuesar China representó el 96% de los embarques, proporción que sube al 93% de cueros y pieles y en poroto de soja. Además, a China se exportó el 91% del sorgo enviado al exterior, el 77% de carbonato de litio, el 74% de lana esquirlada, 69% de carne congelada deshuesada, 56% en el caso de pescado congelado, 55% para aceite de maní y 50% en harina de carne.
En dólares, entre los complejos soja, carne y cueros bovinos, y litio se explica el 85% de las exportaciones argentinas a este destino en 2025. Además de los complejos de oleaginosas, cereales, carne y minerales, el pesquero, el avícola, los lácteos, el complejo frutihortícola, el tabacalero y el forestal, entre otros, también encuentran en China un mercado estratégico de colocación de la oferta exportable.
Compras argentinas a China: tecnología e industria automotriz a la cabeza
China fue el segundo origen de importaciones argentinas en 2025, apenas un 3% por debajo de las importaciones originadas en Brasil. Entre ambos orígenes concentran el 48% de las importaciones del país del año pasado. Se destacan las computadoras portátiles, celulares y sus partes, automóviles, motocicletas, y componentes y repuestos para equipos electrónicos como radios, televisores y monitores entre los principales bienes importados.
En el caso específico de la agroindustria, China cumple un rol en la provisión de fertilizantes, con importaciones por más de US$ 380 millones el año pasado. Los fosfatados (MAP y DAP) se destacan como principales productos dentro de este grupo de insumos esencial para el agro.
El nivel de importaciones lleva a nuestro país a tener déficit comercial con China desde el año 2008. Sólo en 2025 las importaciones superaron a las exportaciones por más de US$ 8.000 millones.
La apertura de mercados y los progresivos embarques de trigo, maíz y harina de soja son importantes para el intercambio argentino-chino en 2025, colaborando en este récord de exportaciones al gigante asiático. La rehabilitación del comercio de carne aviar, con expectativas para volver a impulsar las exportaciones del complejo, es una parte relevante para ampliar la oferta exportable del país. Asimismo, la habilitación de la exportación de más productos cárnicos y el seguimiento de la reciente cuota de ingreso fijada por la República Popular China es otro tema de agenda en el comercio entre naciones. Finalmente, otro de los ejes para mejorar las exportaciones nacionales se vincula con la apertura de mercados y la firma de protocolos sanitarios para otros destacados productos, como afrechillo de trigo y legumbres.
El sector minero consolidó en 2025 un rol estratégico en la economía argentina, con un crecimiento del 8,5% interanual en su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y exportaciones récord cercanas a los US$ 5.900 millones, según un informe conjunto de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El desempeño, sin embargo, mostró una marcada heterogeneidad entre rubros, con dinámicas productivas y comerciales que avanzaron a distintas velocidades.
El reporte, elaborado por Nadav Rajzman (CAEM) y Guido D’Angelo (BCR), destaca que la minería fue uno de los dos únicos sectores de la economía argentina que generó un aporte neto positivo de divisas en las últimas dos décadas, junto con la agroindustria, y se consolidó además como el principal motor de inversión extranjera directa y del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Un sector que crece, pero a varias velocidades
De acuerdo con el informe, la minería cerró 2025 con una expansión del 8,5% en su aporte al PIB al comparar el tercer trimestre de 2025 con igual período de 2024. Si se considera el promedio de los primeros nueve meses del año, el crecimiento del aporte minero a la economía nacional fue del 5,7% interanual.
No obstante, el desempeño del sector fue heterogéneo. El oro y la plata alcanzaron récords históricos de exportaciones, impulsados principalmente por precios internacionales en máximos, aunque con volúmenes de producción en retroceso desde 2019. Esta caída productiva se explica por la madurez de las operaciones, muchas de ellas en actividad desde la década del noventa, y por la falta de incentivos para nuevas inversiones en años previos. De las ocho operaciones activas, al menos la mitad presenta un horizonte de producción inferior a cuatro años, lo que plantea desafíos de mediano plazo para un rubro clave en el comercio exterior.
En contraposición, el litio exhibió un fuerte crecimiento productivo, aun en un contexto de precios internacionales deprimidos. Las empresas del sector invirtieron más de US$ 7.000 millones para poner en marcha las siete plantas productivas operativas al cierre de 2025. La producción anual se ubicaría en el rango de 100.000 a 110.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, lo que representa un crecimiento interanual de entre 35% y 45% respecto de 2024, y un 140% frente al último máximo exportador de 2023. En términos de valor, las exportaciones superarían levemente los US$ 835 millones registrados en ese año.
Por su parte, las rocas y minerales industriales mostraron un comportamiento más dispar. Este segmento, presente en todo el país y del que dependen unas 50.000 familias, continúa condicionado por la debilidad de la construcción. Si bien el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) exhibió a octubre un crecimiento promedio del 8% respecto de 2024, todavía se mantiene 24% por debajo de los niveles de 2023.
Récord exportador y aporte neto de divisas
El informe subraya que 2025 marcará el récord histórico de exportaciones mineras en la Argentina, con un crecimiento cercano al 27% interanual y el quinto año consecutivo de expansión. Las ventas externas del sector se estiman en torno a US$ 5.900 millones, lo que representa casi el 7% del total de exportaciones argentinas, proyectadas en alrededor de US$ 86.000 millones para el año.
Según los datos disponibles hasta noviembre, el oro y la plata explican aproximadamente el 81% de las exportaciones mineras. Consolidando su peso en el perfil exportador, aunque con señales de agotamiento productivo.
La minería se posicionó además como uno de los dos únicos sectores con aporte neto positivo de divisas, junto con el agro. Desde enero de 2003 hasta la actualidad, el sector mantuvo saldo cambiario positivo todos los meses, sin excepciones. En los últimos veinte años, la minería generó el 7,5% de las divisas netas del país, mientras que el 92,5% restante correspondió a la agroindustria.
Si pensamos en términos relativos, la minería exporta en promedio nueve dólares por cada dólar importado. Frente a los seis dólares por dólar importado que registra la agroindustria en los últimos cinco años. En línea con el récord exportador, la liquidación de divisas del sector también alcanzaría máximos históricos en 2025.
El motor de la inversión extranjera y del RIGI
Otro de los ejes centrales del informe es el rol de la minería como principal inversor del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Casi el 65% de las aplicaciones al régimen corresponden a proyectos mineros. Dentro de ese universo, los proyectos de cobre concentran el 73% de las presentaciones.
Asimismo, la minería se consolidó como el principal sector de ingreso neto de divisas por inversión extranjera directa (IED) entre 2003 y 2024, de acuerdo con datos de la Secretaría de Minería. Esta tendencia se mantuvo durante el primer semestre de 2025. Tanto en los aportes de capital como en el conjunto de flujos de IED relevados por el Banco Central.
Planta de procesamiento de Sigma Lithium en el valle de Jequitinhonha, en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil. La empresa canadiense afirma producir litio “neutro en carbono”, pero los proyectos utilizados para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas están siendo investigados por el gobierno federal por presuntos delitos ambientales (Imagen: Gil Leonardi / Imprensa MG)
La empresa Sigma Lithium suele decir que su modelo minero en Brasil está elevando la calidad del negocio global del litio.
La compañía canadiense ”está a la vanguardia de la sostenibilidad ambiental y social en la cadena de suministro de materiales para baterías de vehículos eléctricos”, según sus comunicados de prensa. A su producto estrella, que extrae en el norte de Minas Gerais, Sigma lo bautizó primero como “litio verde triple cero” y más recientemente como “litio verde quíntuple cero”.
Esos múltiples “ceros” aluden a las tecnologías con que Sigma dice estar trazando “un nuevo estándar para la minería” y “el camino hacia delante para el sector metalúrgico”. Según explica, utiliza “cero agua potable” (ya que toda es agua sucia tratada y recirculada), tiene “cero presas de relaves” (dado que elimina sus residuos vendiéndolos o reciclándolos para pavimentar carreteras), usa “cero electricidad carbono intensiva” (porque toda la que usa viene de fuentes renovables) y genera “cero químicos tóxicos” (gracias a que emplea un método llamado “separación de medios densos”). Es una narrativa que está en el centro de su marketing, pero también parte de una estrategia de negocios que le ha permitido cosechar precios más altos en el mercado.
Hay un quinto cero fundamental en la narrativa de Sigma: su operación minera, dice, es “cero carbono” o “cero emisiones netas de carbono”. Eso significa que la cantidad de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático que arroja a la atmósfera es igual a la que ha eliminado. Algo que ha logrado, en sus palabras, “reduciendo eficazmente su huella de carbono con una serie de iniciativas pioneras”, como las compensaciones u offsets de carbono.
Cuando Sigma Lithium anunció el 26 de julio de 2023 su primer envío de 30.000 toneladas de litio y subproductos (enviados a China en presencia del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y del gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema), explicó que había logrado la neutralidad en carbono para su envío “compensando el carbono restante «difícil de reducir o abatir» emitido durante su proceso de producción” tanto en su mina como en su planta de procesamiento. Lo hizo mediante la compra de 59.000 créditos de carbono de un proyecto del mercado voluntario de carbono en la Amazonía brasileña.
Según se informa, este proyecto redujo a cero la huella de carbono de su operación minera en su primer año de producción. Sin embargo, ha sido objeto de investigación por parte de la justicia brasileña durante más de un año, por sospechas de deforestación ilegal, apropiación indebida de tierras públicas, corrupción y otros posibles delitos, como lo demuestran una investigación periodística y la “Operación Greenwashing” de la Policía Federal de junio de 2024. Ese señalamiento llevó a que la certificadora internacional que lo avaló en su momento lo suspendiera. A hoy el proyecto sigue en pausa.
Rocas ricas en litio en una mina de Divisa Alegre, Minas Gerais. (Imagen: Ana Torres / Imprensa MG)
Cuando fue consultada por los periodistas para este reportaje, Sigma Lithium afirmó que no ha utilizado créditos de carbono desde 2024, cuando cambió su estrategia de utilizar compensaciones ambientales por reducir las emisiones de su propia producción: “La empresa reafirma su compromiso con una minería de muy bajo impacto ambiental, basada en la innovación tecnológica, la salud, la seguridad y la responsabilidad socioambiental, en línea con los objetivos globales de descarbonización”.
Estos son los hallazgos de una investigación periodística hecha por Repórter Brasil y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en el proyecto Litio en Conflicto que reunió a diez medios de la región para entender algunos de los conflictos que rodean a la industria del litio en América Latina. Esta investigación también contó con el apoyo del Rainforest Investigations Network del Pulitzer Center.
Litio verde en Brasil
La mayor atención en el mercado del litio la suelen tener Argentina, Bolivia y Chile, el llamado “triángulo del litio”, que contiene las mayores reservas del mundo.
Brasil, que alberga unos 1,3 millones de toneladas de recursos de litio, según el informe anual sobre minerales del Servicio Geológico de los Estados Unidos, también está tratando de entrar en este mercado. Ocupa el décimo lugar a nivel global en depósitos de litio de extracción económica o técnicamente factible. A diferencia de sus vecinos al oeste, cuyo litio se encuentra en piscinas de salmuera en lo alto de los Andes, el brasileño suele hallarse en rocas de origen volcánico.
Una de estas empresas es Sigma Lithium, una minera canadiense que lleva una década operando en el valle de Jequitinhonha, en el noreste de Minas Gerais. Allí, en los municipios de Itinga y Araçuaí, a 600 kilómetros al norte de la capital del estado, Belo Horizonte, se encuentran sus principales activos: la mina Grota de Cirilo y la planta de procesamiento Greentech.
En octubre de 2024, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) del estado brasileño aprobó un financiamiento de 486,8 millones de reales brasileños (unos 89,37 millones de dólares, al tipo de cambio de la época) para la puesta en marcha de una nueva unidad de procesamiento que Sigma denomina su “segunda fábrica neutra en carbono Greentech”.
El posicionamiento público de Sigma gira en torno a los logros tecnológicos que actualmente le permiten vender su litio como “verde” y “quíntuple cero”. Es una narrativa que la empresa ha presentado en varias cumbres de Naciones Unidas sobre cambio climático, entre ellas las de Glasgow en 2021, Sharm al Sheikh en 2022 y Dubái en 2023.
‘Un producto premium con precio premium’
El 26 de julio de 2023, Sigma Lithium anunció con orgullo que había hecho su envío inaugural de 15.000 toneladas de “litio sostenible de alta pureza apto para baterías” y otras 15.000 toneladas de subproductos desde el puerto de Vitória.
“Fuimos fundados con la misión de producir litio ambientalmente sostenible con las menores emisiones de gases de efecto invernadero posibles”, declaró en su momento Ana Cabral, directora ejecutiva de Sigma.
Ese carácter ambientalmente sostenible y carbono neutro le permitió a Sigma vender su litio a un precio más alto en el mercado de 3.500 dólares por tonelada de litio y 350 dólares por tonelada de subproductos. “Un producto premium con precio premium”, en palabras de la minera.
Su cliente fue Yahua International Investment and Development Co Ltd, una empresa con sede en Hong Kong que forma parte del grupo chino Yahua. Provee hidróxido de litio a fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla en Estados Unidos y BYD en China.
Para cumplir su promesa de alcanzar la carbono neutralidad en toda su cadena de producción de litio, Sigma acudió al mercado voluntario de carbono. Compró 59.000 créditos de carbono para compensar el mismo número de toneladas de CO2 emitido.
El negocio es, en el papel, un gana gana. Los proyectos REDD+, el tipo de iniciativa del mercado de carbono que eligió la minera, suelen enlazar a comunidades locales o propietarios privados que evitan la deforestación en ecosistemas estratégicos para frenar la crisis climática con empresas que buscan, como Sigma, compensar su huella de carbono pagándoles a los primeros por poder usar sus resultados ambientales.
Desde 2005, el programa internacional de acción climática REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) ha tratado de hacer que los bosques tropicales valgan más vivos que muertos mediante pagos basados en los resultados por el carbono que almacenan.
Desde su creación, REDD+ se ha visto obstaculizado por unos niveles de financiación demasiado bajos y demasiado lentos para competir con los beneficios de la deforestación.
Para ello, Sigma firmó un acuerdo con la empresa Carbonext, una de las mayores en el mercado de carbono en Brasil. Ambas celebraron públicamente la alianza. La minera enfatizó que “los créditos de carbono generados por Carbonext y sus socios son de alta calidad e integridad”. Janaína Dallan, la presidenta de Carbonext, subrayó que “proyectos como los que apoya Sigma protegen más de dos millones de hectáreas del bioma amazónico, con seguimiento constante por satélite y sobre el terreno para garantizar la alta integridad y calidad de los proyectos de conservación forestal”. Como anunciaría Sigma, gracias a ese esquema “logró exitosamente emisiones netas de carbono cero” en su envío pionero.
Sigma no es la única empresa minera que destaca públicamente su desempeño ambiental.
“Hoy resulta cada vez más beneficioso económicamente tener un discurso sobre sostenibilidad. Muchas empresas lo están haciendo no solo para tranquilizar a la sociedad civil o a los reguladores, sino que ha surgido una especie de mercado secundario para el ‘litio verde‘”, dijo a esta alianza periodística Thea Riofrancos, investigadora estadounidense y autora del libro recientemente publicadoExtraction: The Frontiers of Green Capitalism (Extracción: las fronteras del capitalismo verde).
Un proyecto de carbono que escondía deforestación
Solo que el proyecto de carbono que terminó eligiendo Sigma Lithium a mediados de 2023 para compensar sus emisiones, llamado Unitor REDD+ Project, arrastraba un problema grave que saldría a la luz pública casi un año después.
El 28 de agosto de 2023, Sigma Mineração S.A., una de las dos filiales brasileras de Sigma, canjeó 59.000 créditos, según el registro de transacciones de la certificadora estadounidense Verra que avaló la iniciativa. Lo hizo, según el propio registro que desglosa seis transacciones, con el objetivo de “compensación ambiental de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) relacionadas con la producción anual de Sigma Lithium en Brasil”.
El proyecto elegido gira en torno a 15 propiedades agrícolas vecinas en Lábrea, en el suroeste del estado de Amazonas. Según el documento de diseño del proyecto, este municipio tuvo la cuarta tasa más alta de deforestación de Brasil entre 2008 y 2020. Al unirse al proyecto, estas propiedades privadas, que suman un total de 99 035 hectáreas, buscaban evitar la deforestación y la venta de madera ilegal.
Los promotores del proyecto eran la empresa desarrolladora del mercado de carbono Carbonext Consultoria Ltd; y la empresa agrícola Ituxi Administração e Participação Ltd, propietaria de una de las propiedades incluidas en el esquema ambiental. La cara visible de toda la iniciativa ambiental era el empresario Ricardo Stoppe Junior, un médico de São Paulo descrito por un portal de noticias económicas como el mayor vendedor individual de créditos de carbono de Brasil.
Validado por la auditora española Aenor y certificado por Verra en mayo de 2022, el proyecto Unitor vendió sus primeros créditos ese mismo año.
Sin embargo, no todo es lo que parecía. En mayo de 2024, se descubrió que Unitor y otro proyecto llamado Fortaleza Ituxi, (ambos ligados a Ricardo Stoppe Jr.) presentaban inconsistencias entre el volumen de madera declarado a las autoridades y la cantidad realmente talada, según imágenes de satélite. El análisis de las imágenes fue realizado por el Center for Climate Crime Analysis (CCCA) para la investigación periodística de Mongabay, en el marco del proyecto colaborativo Carbono Opaco, liderado por el CLIP.
La discrepancia encontrada en las imágenes sugería irregularidades en la gestión de la madera. El Grupo Ituxi, empresa responsable de ambos proyectos, negó a Mongabay cualquier relación con las sospechas y afirmó que todas sus iniciativas están auditadas y certificadas.
Dos semanas después de la publicación de la investigación, la Policía Federal lanzó la Operación Greenwashing contra los responsables de los proyectos de carbono, investigando posibles vínculos con el acaparamiento de tierras y la deforestación ilegal. Este año, la Policía Federal concluyó la investigación e indició a Stoppe Junior y a otras 30 personas por apropiación indebida de tierras públicas para la generación de créditos de carbono, entre otros delitos, según reveló en octubre el periódico Folha de Sao Paulo. Para la Policía Federal, existía una organización criminal en torno al esquema.
Stoppe fue detenido en junio de 2024, pero se encuentra actualmente en libertad provisional, con vigilancia electrónica. El informe final de la investigación de la Policía Federal está siendo analizado por el Ministerio Público Federal, que decidirá si denuncia el caso ante la justicia.
El 13 de junio de 2024, una semana tras la Operación Greenwashing, la certificadora Verra —que había aprobado los proyectos originalmente— los suspendió “hasta que se hayan resuelto todos los problemas o incertidumbres detectados”. Carbonext señaló a esta alianza periodística que el 8 de junio escribió a Verra informando del operativo policial y de su decisión de “suspender cualquier venta, transferencia, generación y emisión de créditos de dichos proyectos hasta nuevo aviso de las autoridades”. A octubre de 2025 Unitor aparecía en la plataforma de Verra como “en pausa”.
Sigma Lithium dijo a nuestros periodistas que está centrada en su estrategia “Quíntuple Cero”, que describió como un “modelo pionero en el sector de la minería sostenible”.
Además de Sigma, entre las empresas que compraron créditos a Unitor se encuentran la firma auditora PwC International, la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, la petrolera estatal austriaca OMV, la empresa belga de chocolate Guylian y la concesionaria del aeropuerto de Belo Horizonte.
Un problema de posible integridad ambiental para Sigma
Aunque Sigma Lithium no es responsable de las acciones de los promotores del proyecto Unitor y hasta donde esta alianza periodística ha podido comprobar no está señalada en la investigación policial, su nombre y su condición de compradora de créditos del proyecto apareció en al menos un documento de las autoridades brasileñas.
“Hay información sobre grandes empresas y marcas globales que utilizan los créditos irregulares mencionados para hacerse pasar por sostenibles ante sus consumidores”, afirma una recomendación legal del Ministerio Público Federal de Amazonas. En ella se pide la suspensión de los proyectos REDD+ en el estado.
Al menos desde mediados de 2024 le debió quedar claro a Sigma que los créditos de Unitor que usó para compensar sus emisiones —y anunciar la carbono neutralidad de sus operaciones el año anterior— eran problemáticos. Era un problema porque la meta de carbono neutralidad de la minera está fuertemente amarrada a las compensaciones u offsets. Como explica en un informe a sus accionistas, sus “ambiciosas metas de cero emisiones netas” son “medidas como emisiones menos créditos de carbono”.
Otro informe similar de 2023 detallaba su estrategia de cero emisiones netas. Sigma asumiría la responsabilidad de todas sus emisiones, tanto del ámbito 1 (emisiones directas), como del ámbito 2 (emisiones por consumo de energía) y del ámbito 3 (emisiones de la cadena de valor). Para este último, proponía lograrlo en dos fases: la primera en 2023, que incluiría las emisiones del transporte de sus mercancías a lo largo de los 700 kilómetros que separan Minas Gerais del puerto de Vitória; y otra a partir de 2024, que incluiría las emisiones del transporte marítimo. Para el transporte, tenía previsto utilizar biocombustibles, mientras que para las emisiones residuales —o aquellas que no pudieran reducirse por otros métodos— recurriría a créditos de carbono.
En julio de 2023, se enviaron aproximadamente 30..000 toneladas de litio brasileño desde el puerto de Vitória, en el estado de Espírito Santo, a China. (Imagen: Cristiano Machado / Imprensa MG)
Dado que el mercado del carbono es relativamente nuevo, no hay una metodología clara y explícita sobre cómo deberían proceder las empresas que se percatan de que los créditos que compraron y usaron resultaron ser tener problemas graves ambientales o sociales. Sin embargo, tres expertos consultados por Repórter Brasil y el CLIP coinciden en que hay una responsabilidad de transparencia de esas empresas hacia sus clientes, inversionistas y la ciudadanía.
“Si se trata de una empresa seria, al tener conocimiento del caso, debería informar a los inversionistas y clientes, avisar que va a descartar los 59.000 créditos por no estar segura de su integridad y comprar otros para garantizar la producción carbono cero, esta vez prestando más atención a su calidad”, afirmó Shigueo Watanabe Jr, investigador de la organización medioambiental ClimaInfo.
Otra investigadora entrevistada por el reportaje, que prefirió permanecer en el anonimato por trabajar en el sector, coincide en que las empresas deberían actuar de forma pública y transparente. “Una empresa que sea parte interesada en un proyecto involucrado en un escándalo por posibles delitos ambientales debería hacer algún tipo de notificación pública, además de indicar su postura y lo que está haciendo para remediar la situación. Es una cuestión de reputación”, dijo.
Carbonext señaló a esta alianza periodística que, tan pronto tuvo conocimiento de las investigaciones, rescindió judicialmente los contratos de prestación de servicios para el desarrollo de los tres proyectos de carbono y notificó a Verra.
A raíz de que “dichos créditos podrían verse afectados en cuanto a su propiedad y legalidad”, explicó la desarrolladora de proyectos de carbono, decidió suspender “cualquier venta, transferencia, generación y emisión de créditos de dichos proyectos hasta nuevo aviso de las autoridades”.
Carbonext no respondió si notificó de la suspensión de Unitor a las empresas que usaron sus créditos, ni si recomienda algún procedimiento a los compradores para reemplazarlos. En su visión, “no ha habido ningún problema de integridad ambiental” dado que “los trabajos propuestos por el proyecto se han implementado, auditado y sus resultados se han comprobado”.
La certificadora Verra dijo a esta alianza periodística que no informa a los usuarios de créditos de la suspensión de un proyecto dado que “Verra no participa en transacciones de mercado, lo que significa que no tenemos una relación directa con el ‘usuario final’”.
Al menos uno de los principales accionistas de Sigma tiene un interés declarado de que sus inversiones sean cada vez más bajas en emisiones de gases de efecto invernadero. El Norges Bank Investment Management, que administra el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega y a través de éste el fondo soberano de inversión más grande del mundo, busca que todas las empresas en su portafolio “se comprometan a alcanzar la carbono neutralidad para 2050 o antes y que alineen sus actividades con los objetivos del Acuerdo de París” y “establezcan objetivos intermedios de reducción de emisiones basados en datos científicos”.
Consultado por si estaba al tanto de los problemas de posible falta de integridad ambiental de los créditos de carbono usados por Sigma para certificar su carbono neutralidad en 2023, Norges Bank Investment Management dijo a esta alianza periodística que “no tiene ningún comentario”.
Entre el centenar de accionistas de Sigma hay sobre todo gestoras globales de inversiones (asset managers, en inglés) y bancos de todo el mundo. La mayor inversionista, con 43% de las acciones, es la empresa brasilera A10 Investimentos Ltda, una gestora de inversiones que es representada legalmente por la presidenta de Sigma Ana Cabral y controlada, según el informe financiero anual más reciente de la minera, por Marcelo Freire da Paiva, co-presidente con Cabral de la junta directiva de Sigma.
El destino del litio ‘quíntuple cero’
El comprador del primer cargamento de litio, que Sigma declaró “carbono neutral” tras comprar créditos del proyecto Unitor, fue la empresa hongkonesa Ya Hua International Investment and Development Co. Limited, una filial de la empresa china Sichuan Yahua Industrial Group Co. más conocida como Yahua Group.
Fundada en 1952, Yahua Group es una de las empresas químicas más antiguas de China. Actualmente, sus negocios se dividen entre explosivos no militares y la cadena de producción de litio, que incluye la exploración minera, el procesamiento y la venta de productos.
La empresa afirma desempeñar un “papel fundamental en la cadena de valor de la energía limpia” y cuenta con una importante cartera de clientes. Entre sus proveedores directos se encuentran empresas de vehículos eléctricos y baterías, como Tesla, BYD y CATL. Además, Yahua destaca que sus productos llegan a otras empresas del sector, como BMW y Volkswagen.
Al igual que su proveedor Sigma, Yahua concede gran importancia a la reducción de sus emisiones y ha “firmado varios compromisos para reducir la huella de carbono de sus productos”, que describe en su último informe de sostenibilidad como “verdes y con bajas emisiones de carbono”.
Una planta química de litio en Divisa Alegre, en la frontera entre los estados de Minas Gerais y Bahía.(Imagen: Ana Torres / Imprensa MG)
Esta alianza periodística preguntó a Yahua si Sigma Lithium le informó que su carga vendida en 2023 fue compensada con créditos de carbono de un proyecto que estaba siendo investigado por la Policía Federal y que había sido suspendido. Hasta la fecha de publicación, Yahua no había respondido.
El fabricante de baterías CATL confirmó que Yahua Group forma parte de su cadena de suministro, pero señaló que “según nuestro sistema de trazabilidad y el mapeo de nuestra cadena de suministro, podemos verificar que los materiales suministrados a CATL por Yahua no provienen de Sigma Lithium”. La empresa añadió que realiza “rigurosos protocolos de debida diligencia” a sus proveedores.
BYD no respondió a un correo electrónico preguntando qué medidas adoptó para verificar el origen del litio comprado a Yahua Group y garantizar que no presenta irregularidades sociales o ambientales. Tesla también fue contactada pero no respondió.
Alertas por posibles impactos en el territorio
El cuestionamiento en torno al “litio carbono cero” no es el único tema que rodea a la empresa. Asociaciones de pueblos tradicionales, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos han denunciado los posibles impactos negativos de la industria del litio en la región.
“Más de 100 familias afectadas alrededor del proyecto sufren a diario impactos negativos, daños colectivos e individuales, como altos índices de ruido, polvo, grietas en las casas, problemas de salud y pérdidas en la producción de alimentos”, afirma una carta firmada el 21 de agosto por 68 entidades. Entre ellas se encuentran organizaciones quilombolas (comunidades formadas por descendientes de esclavos africanos) e indígenas, sindicatos de trabajadores y políticos locales. Un mes después, el Instituto de Defensa del Consumidor (Idec) publicó un estudio retomando algunas de esas preocupaciones y cuestionando la pertinencia del financiamiento concedido por el BNDES estatal en el marco de su programa Guía de Bancos Responsables. Entre otras cosas, el Idec señala una “posible contradicción entre el discurso de sostenibilidad y las prácticas efectivas de Sigma”.
La carta fue una respuesta al homenaje rendido por la asamblea legislativa de Minas Gerais a la directora ejecutiva y cofundadora de Sigma Lithium, Ana Cabral. Dos días después, recibió el título de ciudadana honoraria del estado por sus “relevantes servicios prestados a Minas Gerais”.
En un dictamen publicado en diciembre de 2024, el Ministerio Público Federal (MPF) advirtió que la explotación del litio es una actividad de alto impacto ambiental “con potencial para agravar la vulnerabilidad de comunidades tradicionales”. El documento identificó 258 comunidades tradicionales afectadas por diversas empresas. “El punto central es la negación y la invisibilización de las comunidades tradicionales y la interferencia en su modo de vida sin consulta previa”, señaló Helder Magno da Silva, fiscal del MPF que solicitó el dictamen.
A principios de septiembre, el MPF envió una recomendación a la Agencia Nacional de Minería solicitando la suspensión y revisión de las autorizaciones de exploración y extracción de litio en Araçuaí, donde Sigma opera. El documento enfatiza la necesidad de una consulta libre, previa e informada a las comunidades afectadas que no hayan sido debidamente escuchadas antes de la aprobación de los proyectos.
Además del acceso al agua, otro problema señalado por el MPF es la emisión de polvo y la presencia de residuos tóxicos “asociados a problemas respiratorios y enfermedades de la piel en las poblaciones cercanas”. Una de ellas es la comunidad de Piauí Poço Dantas, una aldea de agricultores familiares cercana al complejo minero Grota do Cirilo. “Respiramos polvo las 24 horas del día”, contó un residente que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, refiriéndose a una de las veces que el polvo invadió la comunidad.
Los residentes de Piauí Poço Dantas también informaron del aumento del ruido en la comunidad y de grietas en las casas provocadas por las sacudidas generadas por las detonaciones. Estas percepciones figuran en un informe técnico de la Fiscalía del Estado de Minas Gerais (MPMG), en el que se escuchó a cuatro comunidades de los alrededores del proyecto.
Esta alianza periodística preguntó a Sigma por el informe del Idec cuestionando la financiación concedida por el BNDES, por los documentos del Ministerio Público Federal y por la carta firmada por 68 organizaciones. La empresa no respondió, pero en otros medios negó cualquier irregularidad en la consulta previa, relación con comunidades vecinas o su récord ambiental.
Mientras tanto, Sigma ha seguido vendiendo su “litio quíntuple cero”, que incluye la garantía de neutralidad en carbono, a otras empresas globales.
En septiembre de 2024, la minera informó que envió 22.000 toneladas al gigante automotriz japonés Mitsubishi. Entre ese mismo mes y abril de 2025, reportó haber hecho cuatro cargamentos sumando 76.000 toneladas a la empresa comercializadora de metales y minerales críticos IRH Global Trading Ltd de Emiratos Árabes Unidos, propiedad del Royal Group de Abu Dhabi.
En todas esas transacciones la minera enfatizó el “cero emisiones”, aunque no reportó públicamente si usó créditos de carbono o a cuáles proyectos acudió para lograrlo. El registro público de transacciones de Verra no lista más operaciones en las que Sigma figura como beneficiario, aunque el mercado voluntario de carbono permite a los usuarios elegir que su nombre no figure públicamente. Ante la consulta, Sigma respondió que no usa créditos de carbono desde 2024, aunque no detalló las medidas de descarbonización y eficiencia ambiental que incorporó en sus operaciones.
Al final, Sigma dio un revolcón a su estrategia de compensaciones ambientales después de que los créditos que usó para reducir las emisiones de su primer año de producción vinieron de un proyecto que está bajo investigación de la Policía Federal por posibles delitos ambientales. A pesar de eso, la minera hasta hoy sigue sin hablar de ese problema públicamente.
