Luis Caputo

El dólar oficial volvió a subir, pero se mantiene lejos del techo de la banda

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Tras cinco ruedas consecutivas de bajas, el dólar oficial retomó la senda alcista, aunque sin alterar el escenario de relativa estabilidad cambiaria que domina al mercado desde las últimas semanas. El tipo de cambio mayorista avanzó hasta los $1.436,50, todavía muy por debajo del límite superior del esquema de bandas y en un contexto donde la oferta de divisas continúa superando la demanda.

La dinámica cambiaria mantiene bajo seguimiento a operadores e inversores, que ahora concentran la atención en tres variables determinantes para la segunda mitad del año: el ritmo de liquidación de las exportaciones agropecuarias, el incremento esperado en la demanda de dólares por los viajes vinculados al Mundial y la estrategia del Banco Central para continuar acumulando reservas sin alterar el funcionamiento del mercado.

El dólar mayorista subió $8,50 y cerró en $1.436,50, recuperando parte de la caída de $12 registrada durante la semana anterior, la primera baja semanal desde mediados de mayo. Aun así, la cotización permanece con un amplio margen respecto del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.785,41, lo que deja una distancia cercana al 24,3%. La jornada estuvo acompañada por un elevado nivel de operaciones, con un volumen superior a los 723 millones de dólares en el mercado de contado.

En el segmento minorista, el Banco Nación ubicó la cotización en $1.455 para la venta, mientras que el promedio relevado por el Banco Central alcanzó los $1.453,61. Con ese valor, el dólar tarjeta se posicionó en torno a los $1.885.

Los tipos de cambio financieros también registraron leves avances. El contado con liquidación cerró en $1.497,16 y el dólar MEP en $1.453,91, manteniendo una brecha reducida respecto del oficial. El dólar blue, por su parte, avanzó $10 hasta los $1.470.

Las operaciones en el mercado de futuros reflejan que los inversores continúan descontando una depreciación gradual del peso. Los contratos proyectan un dólar mayorista de aproximadamente $1.446 para fines de junio y cercano a $1.613 hacia diciembre, mientras que las estimaciones relevadas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubican la cotización en torno a los $1.658 al cierre del año.

De cumplirse esas previsiones, el tipo de cambio avanzaría alrededor del 14,5% durante 2026, un ritmo inferior al de la inflación proyectada, consolidando el esquema de apreciación cambiaria que caracteriza al actual programa económico.

La acumulación de reservas gana impulso

El Banco Central continúa fortaleciendo su posición externa. Luego de adquirir USD 121 millones el miércoles y otros USD 73 millones el jueves, el saldo positivo acumulado durante junio asciende a USD 823 millones.

Sin embargo, detrás de esa mejora aparecen factores estructurales que van más allá de la intervención oficial.

Un informe elaborado por Estudios Económicos del Banco Provincia sostiene que la menor actividad industrial se convirtió en un aliado inesperado del proceso de acumulación de reservas. Entre enero y la primera mitad de junio, la autoridad monetaria compró más de USD 10.000 millones, uno de los mejores desempeños de los últimos años.

La contracara de ese proceso es una fuerte reducción en la demanda de dólares para importar insumos industriales. Según el informe, el déficit cambiario del sector manufacturero se redujo prácticamente a la mitad debido a la menor actividad económica y no como consecuencia de un incremento de las exportaciones.

El Índice de Producción Industrial (IPI) refleja una caída del 11,5% respecto de la primera mitad de 2023, con bajas especialmente pronunciadas en los sectores textil, maquinaria y equipos, industria automotriz y caucho y plástico.

Energía y minería consolidan un nuevo motor de ingreso de divisas

Mientras la industria reduce su demanda de dólares, otros sectores comenzaron a ocupar un lugar cada vez más relevante en la generación de divisas.

Entre enero y abril, el complejo energético y minero acumuló un superávit comercial cercano a los USD 8.200 millones, equivalente a aproximadamente el 85% del aporte generado por el complejo agropecuario durante el mismo período.

Esta diversificación de las fuentes de ingreso de dólares constituye uno de los cambios estructurales más importantes de la balanza externa argentina y explica parte de la estabilidad cambiaria observada en los últimos meses.

Los analistas coinciden en que el actual equilibrio cambiario responde a una combinación de factores que hoy juegan a favor del Gobierno: una elevada liquidación de exportaciones agroindustriales, el creciente aporte de energía y minería, una demanda industrial deprimida y la continuidad de las compras oficiales de divisas.

No obstante, el verdadero desafío aparecerá durante el segundo semestre. A medida que disminuya el ritmo de liquidación del agro y aumente la demanda privada de dólares —tanto para turismo como para ahorro— el mercado pondrá a prueba la capacidad del Banco Central para sostener la estabilidad cambiaria sin recurrir a intervenciones de mayor magnitud.

En ese escenario, la evolución del tipo de cambio dependerá menos de las compras oficiales y más de la capacidad de la economía para seguir generando dólares genuinos mediante exportaciones y mantener contenida la demanda de divisas en un contexto de recuperación económica.

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Banco Mundial respalda a la Argentina con una garantía de USD 2.000 millones y acelera el regreso al financiamiento internacional

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El Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por USD 2.000 millones para la Argentina, una herramienta financiera que busca reducir el costo del endeudamiento externo y facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital. La decisión constituye un respaldo explícito a la estrategia económica del Gobierno y llega en un momento en que el riesgo país perforó los 430 puntos básicos, abriendo una ventana para retomar el financiamiento voluntario.

La operación permitirá respaldar el 95% del servicio de un nuevo préstamo comercial que el Estado argentino negociará con bancos internacionales. El objetivo es mejorar las condiciones de acceso al crédito mediante una disminución del riesgo percibido por los inversores, al tiempo que fortalece la administración de los vencimientos en moneda extranjera previstos para 2026 y 2027.

El anuncio se produjo horas antes de la reunión que mantendrá en Buenos Aires la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, con el ministro de Economía, Luis Caputo, encuentro en el que ambas partes oficializarán el nuevo esquema de cooperación financiera.

Un respaldo para volver a emitir deuda en los mercados

El paquete aprobado combina una garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con otra de MIGA, organismo especializado en la mitigación de riesgos para inversiones internacionales.

Gracias a esta estructura, Argentina podrá acceder a un préstamo comercial con un plazo de seis años y tres años de gracia, mientras que las garantías cubrirán el 95% de los pagos correspondientes al servicio de esa deuda.

Desde el Banco Mundial explicaron que el mecanismo apunta a movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios, además de facilitar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

Pero el alcance político y financiero de la decisión va más allá del préstamo en sí. En su comunicado oficial, el organismo remarcó que uno de los principales objetivos es contribuir al regreso de la Argentina a los mercados internacionales de capital, un mensaje que el mercado interpreta como una señal de respaldo institucional a la estrategia económica del Gobierno.

La aprobación de las garantías coincide con una mejora sustancial de los indicadores financieros argentinos.

Luego de la reciente mejora de la calificación soberana por parte de Standard & Poor’s, que elevó la nota de la deuda argentina desde CCC+ hasta B-, y del contexto internacional más favorable tras la distensión geopolítica en Medio Oriente, el riesgo país descendió hasta los 425 puntos básicos, su menor nivel en aproximadamente ocho años.

Este escenario reavivó el debate entre analistas e inversores sobre la conveniencia de que el Ministerio de Economía aproveche las actuales condiciones para volver a emitir deuda en el mercado internacional antes de que cambie el ciclo financiero global.

Hasta ahora, Luis Caputo optó por postergar esa posibilidad, privilegiando una reducción adicional del costo de financiamiento antes de concretar una colocación externa.

Banco Mundial: “Facilitar el regreso de Argentina a los mercados”

La vicepresidenta regional del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, sostuvo que la institución mantiene su respaldo al proceso de estabilización macroeconómica y a la agenda de reformas impulsada por el Gobierno argentino.

Según afirmó, la estructura de garantías constituye una herramienta innovadora para facilitar el retorno del país a los mercados internacionales de capital, al tiempo que promueve inversiones privadas, incrementa la productividad y fortalece la resiliencia económica de largo plazo.

En la misma línea, el vicepresidente de Operaciones de MIGA, Junaid Kamal Ahmad, destacó que la operación demuestra la capacidad del Grupo Banco Mundial para adaptar sus instrumentos financieros a las necesidades específicas de los países miembros, movilizando inversiones privadas mediante mecanismos de reducción del riesgo.

Las garantías internacionales forman parte del esquema de financiamiento que el equipo económico presentó durante la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El viceministro de Economía, José Luis Daza, había anticipado que el programa financiero correspondiente a 2026 ya cuenta con las principales fuentes de financiamiento identificadas y que las garantías de organismos multilaterales constituyen uno de sus pilares.

Además del respaldo del Banco Mundial y MIGA, el Gobierno espera concretar en los próximos días un nuevo financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 550 millones y avanzar hacia fines de julio con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), estimado entre USD 250 y USD 500 millones.

Más financiamiento y menor costo de la deuda

La estrategia oficial busca reemplazar gradualmente el financiamiento de corto plazo por instrumentos con mejores condiciones de plazo y tasa, aprovechando el respaldo de los organismos multilaterales para reducir el costo del endeudamiento.

En ese sentido, las garantías aprobadas por el Banco Mundial no representan un desembolso directo de USD 2.000 millones, sino un aval que mejora la calidad crediticia de la futura operación financiera y facilita el acceso del país a préstamos comerciales en condiciones más favorables.

El esquema se inscribe dentro de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial, creada en 2024 con el objetivo de ampliar el uso de estos instrumentos en economías emergentes y elevar la emisión anual de garantías hasta USD 20.000 millones hacia 2030.

Para la Argentina, el respaldo llega en un momento decisivo: mientras el Gobierno intenta consolidar la estabilización macroeconómica y recuperar el acceso al crédito voluntario, el acompañamiento de los organismos multilaterales se convierte en un factor determinante para reconstruir la confianza de los mercados internacionales.

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Finanzas logró un rollover del 120% y estira vencimientos hasta 2030 con fuerte demanda por bonos duales

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La Secretaría de Finanzas cerró una nueva licitación de deuda con un resultado que fortalece la estrategia oficial de administración de pasivos: adjudicó $6,12 billones frente a vencimientos del día y alcanzó un rollover del 120,42%, lo que implica que no sólo refinanció la totalidad de los compromisos inmediatos sino que además obtuvo financiamiento neto positivo.

El resultado adquiere relevancia en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar el equilibrio fiscal, reducir la emisión monetaria y construir una curva de financiamiento de largo plazo en moneda local. La operación recibió ofertas por $7,40 billones, lo que evidencia una demanda superior al monto finalmente adjudicado y permitió al Tesoro seleccionar condiciones más favorables.

La principal apuesta de los inversores estuvo concentrada en los nuevos bonos duales CER/TAMAR con vencimientos en 2028, 2029 y 2030. Estos instrumentos, diseñados para ofrecer cobertura tanto frente a la inflación como ante la evolución de las tasas del mercado, captaron más de $4,3 billones. El bono con vencimiento en junio de 2030 fue el más demandado, con adjudicaciones por $2,11 billones y una tasa interna de retorno efectiva anual del 9,30% sobre la pata TAMAR y del 6,34% sobre la pata CER.

La fuerte adhesión a estos títulos revela una señal relevante para el equipo económico: el mercado comienza a aceptar plazos cada vez más extensos en pesos. En términos prácticos, el Tesoro logró trasladar parte de sus necesidades financieras desde instrumentos de corto plazo hacia vencimientos ubicados entre 2028 y 2030, reduciendo presiones futuras de refinanciación.

Otro dato significativo fue la colocación de instrumentos vinculados al dólar. La nueva letra dólar linked con vencimiento en agosto de 2026 absorbió $1,62 billones, mientras que el bono dólar linked a diciembre de 2028 sumó otros $116.000 millones. La demanda por este tipo de activos refleja que una porción del mercado continúa buscando cobertura cambiaria, aunque sin recurrir a instrumentos emitidos directamente en moneda extranjera.

En paralelo, el Gobierno concretó una nueva reapertura del Bonar 2028 (AO28), denominado y pagadero en dólares. La operación captó USD 191 millones efectivos mediante la adjudicación de USD 200 millones de valor nominal, con una tasa de retorno del 8,63%. El nivel de demanda superó el monto ofrecido, obligando a aplicar un prorrateo cercano al 31% para las órdenes presentadas al precio de corte.

La colocación del AO28 tiene una importancia estratégica para la administración de Javier Milei. Por un lado, permite captar dólares genuinos del mercado sin recurrir a organismos multilaterales. Por otro, funciona como una referencia para medir la percepción de riesgo sobre la deuda soberana argentina en moneda dura.

El operativo incluyó además una conversión voluntaria de títulos con vencimiento a fin de junio de 2026. Los tenedores del BONCER TZX26 y del bono dual TTJ26 aceptaron canjear una parte relevante de sus posiciones por los nuevos bonos duales a más largo plazo. La adhesión alcanzó al 24,89% del stock en circulación del TZX26 y al 21,79% del TTJ26.

Desde la óptica financiera, esta conversión representa una extensión efectiva de vencimientos por más de $3 billones, reduciendo las necesidades de caja que el Tesoro hubiera debido afrontar en las próximas semanas. Al mismo tiempo, permite construir una curva de rendimientos más extensa para los nuevos instrumentos duales.

La operación confirma que el Ministerio de Economía continúa aprovechando el escenario de desaceleración inflacionaria para reconfigurar el perfil de la deuda pública. La aparición de instrumentos con vencimientos hasta 2030 marca una diferencia respecto de los años previos, cuando la mayor parte del financiamiento se concentraba en plazos considerablemente más cortos debido a la incertidumbre macroeconómica.

El desafío hacia adelante será sostener esta dinámica. Si el Gobierno logra mantener la estabilidad cambiaria, la baja de la inflación y el superávit fiscal, la extensión gradual de plazos podría transformarse en una de las herramientas centrales para disminuir la vulnerabilidad financiera del sector público. Por lo pronto, la licitación dejó una señal positiva para el equipo económico: el mercado continúa dispuesto a financiar al Tesoro y comienza a hacerlo a horizontes temporales cada vez más largos.

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La UTA presiona por una recomposición salarial y advierte con un paro mientras crece la tensión por los subsidios al transporte

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La disputa por los subsidios al transporte público sumó un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno nacional, las empresas de colectivos y los trabajadores del sector. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) elevó una dura advertencia al Ministerio de Economía al reclamar una urgente recomposición salarial y alertar que “la paz social peligra”, en un contexto marcado por la implementación de un nuevo esquema de distribución de compensaciones tarifarias para las empresas del transporte automotor.

A través de una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, el gremio que conduce Roberto Fernández exigió una respuesta concreta a los reclamos salariales pendientes y cuestionó que los choferes estén siendo utilizados como variable de ajuste en la estrategia de equilibrio fiscal impulsada por el Gobierno nacional.

El sindicato remarcó que su pedido de actualización salarial rige desde mayo y denunció que hasta el momento sólo recibió “dilaciones” en las negociaciones. En ese marco, reclamó recibir “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”, sectores que, según la organización, cuentan con herramientas y beneficios que les permiten sostener sus niveles de actividad mientras los trabajadores del transporte enfrentan una pérdida del poder adquisitivo.

La advertencia de la UTA llega en un momento particularmente sensible para el sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la discusión sobre tarifas, subsidios y costos operativos volvió a instalarse en el centro de la agenda económica. El gremio sostiene que los trabajadores están siendo “sacrificados en el altar del superávit fiscal” y cuestiona que la consolidación de las cuentas públicas se construya sobre salarios que no logran acompañar la evolución del costo de vida.

La referencia al superávit fiscal no es casual. El Gobierno de Javier Milei convirtió el equilibrio de las cuentas públicas en el principal ancla de su programa económico y ha mantenido una política de fuerte contención del gasto. En ese escenario, el transporte público aparece como uno de los sectores bajo permanente revisión debido al peso que históricamente tuvieron los subsidios en las finanzas nacionales.

Mientras tanto, la Secretaría de Transporte avanzó con la puesta en marcha de un nuevo esquema de distribución de compensaciones tarifarias mediante la Resolución 31/2026, publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa forma parte del proceso de modernización y reestructuración del sistema impulsado por la administración nacional.

Según explicó el organismo, el nuevo mecanismo busca reforzar los controles sobre las empresas prestatarias y orientar las compensaciones hacia indicadores vinculados con la calidad del servicio. Entre las variables consideradas figuran el cumplimiento de frecuencias, los kilómetros efectivamente recorridos, la antigüedad de las unidades, la regularidad operativa y los sistemas de cobro implementados.

La lógica oficial apunta a migrar desde un esquema basado principalmente en costos empresariales hacia otro con mayor foco en la demanda y en el desempeño efectivo del servicio. De esta manera, las empresas que acrediten mejores niveles de operación y prestación tendrán mayores posibilidades de acceder a las compensaciones estatales.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el nuevo sistema permitirá mejorar la calidad y previsibilidad del transporte para los usuarios, optimizar la circulación de las unidades y fortalecer la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, la modificación también genera incertidumbre entre operadores y trabajadores, que observan con preocupación cómo impactará sobre la estructura de ingresos de las empresas y, por extensión, sobre futuras negociaciones salariales.

En este contexto, la advertencia de la UTA adquiere una dimensión política y económica significativa. El gremio deja abierta la posibilidad de medidas de fuerza si no aparecen respuestas concretas, lo que podría derivar en nuevos conflictos en uno de los servicios más sensibles para la actividad económica y la movilidad urbana del país. La pulseada entre ajuste fiscal, subsidios y salarios vuelve así a colocar al transporte público en el centro de una discusión que excede al sector y refleja las tensiones de fondo del actual modelo económico.

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Banco Central cumple la meta anual de compra de dólares y acelera la acumulación de reservas

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La estrategia de acumulación de reservas del Gobierno alcanzó uno de sus principales objetivos antes de la mitad del año. Con una nueva compra de USD 43 millones realizada este miércoles, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) superó los USD 10.000 millones en adquisiciones de divisas durante 2026 y cumplió la meta anual originalmente prevista en el programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El dato no es menor. La autoridad monetaria logró encadenar 100 ruedas consecutivas con saldo comprador —con excepción de la primera jornada operativa del año— y consolidó un proceso de recomposición de reservas que se transformó en uno de los pilares de la estabilización macroeconómica impulsada por el equipo económico de Javier Milei.

Desde enero, el Banco Central acumuló compras por USD 10.020 millones entre operaciones realizadas dentro y fuera del mercado cambiario. La rueda más significativa se registró el 10 de abril, cuando la entidad adquirió USD 457 millones en una sola jornada.

Sin embargo, el objetivo oficial ya no es simplemente alcanzar la meta. El Gobierno comenzó a elevar sus propias expectativas. Durante su participación en el Cambras Business Day, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Banco Central podría cerrar el año con compras de entre USD 17.000 y USD 24.000 millones.

“Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de USD 10.000 millones. En un escenario muy optimista pensábamos que el Central podía comprar USD 17.000 millones, pero si seguimos al ritmo actual podríamos llegar a USD 24.000 millones”, afirmó el funcionario.

Un cambio de paradigma en la acumulación de reservas

La acumulación de divisas se convirtió en una de las variables centrales del programa económico. A diferencia de ciclos anteriores, el Gobierno busca fortalecer las reservas sin recurrir a controles cambiarios más estrictos ni a emisiones monetarias descontroladas.

Durante los primeros meses del año, la estrategia combinó compras de dólares por parte del Banco Central con una activa participación del Tesoro en el mercado financiero. Mientras la autoridad monetaria adquiría divisas, el Ministerio de Economía absorbía liquidez mediante colocaciones de deuda en pesos para evitar presiones inflacionarias.

El resultado fue una mejora sustancial en la posición externa del país. Las reservas brutas cerraron la jornada en USD 48.414 millones, el nivel más alto en casi siete años y superior al máximo registrado durante febrero de la actual administración.

En paralelo, las reservas internacionales netas alcanzaron USD 5.013 millones al cierre de mayo, impulsadas por las compras de divisas, los desembolsos del FMI y nuevas colocaciones financieras.

El agro todavía tiene cartas para jugar

Uno de los factores que alimenta el optimismo oficial es que, según el Ministerio de Economía, todavía no ingresó al mercado la totalidad de las divisas provenientes de la actual campaña agrícola.

La cosecha récord de maíz y los elevados niveles de producción proyectados para varios complejos exportadores permiten anticipar un flujo adicional de dólares durante los próximos meses.

Sin embargo, algunos analistas advierten que la liquidación del sector podría estar avanzando a un ritmo más lento de lo esperado. Walter Stoeppelwerth, CIO de Grit Capital Group, señaló que los datos de liquidación todavía no reflejan plenamente el volumen asociado a la cosecha actual.

Según su análisis, algunos productores podrían estar esperando una depreciación mayor del tipo de cambio oficial para mejorar sus márgenes antes de acelerar las ventas.

Hasta ahora, los principales abastecedores de dólares para el Banco Central no fueron los exportadores agrícolas, sino las emisiones de deuda realizadas por empresas y provincias en los mercados internacionales.

El rol creciente de la energía y la minería

Más allá del aporte del agro, el Gobierno apuesta a una transformación estructural de la balanza externa argentina basada en la expansión de los sectores energético y minero.

Caputo insistió en que el país se encuentra apenas en el comienzo de ese proceso. Según sus estimaciones, hacia 2031 la balanza comercial combinada de energía y minería podría aportar USD 60.000 millones anuales, unos USD 40.000 millones más que en la actualidad.

El ministro vinculó esas proyecciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que concentra buena parte de los proyectos actualmente en desarrollo en Vaca Muerta, litio, cobre y otras actividades extractivas.

Para el equipo económico, esa expansión exportadora será clave para sostener un esquema de acumulación de reservas sin necesidad de generar tensiones cambiarias ni comprometer la competitividad de la economía.

La mirada del mercado ya apunta a 2027

Mientras el Gobierno celebra el cumplimiento anticipado de las metas de reservas, parte del mercado comienza a observar un horizonte más largo.

Las emisiones internacionales de deuda corporativa y provincial continúan creciendo. Según estimaciones privadas, podrían superar los USD 3.200 millones en las próximas semanas.

Desde GMA Capital destacan que, desde las elecciones legislativas, las colocaciones externas acumulan cerca de USD 11.900 millones. Ese flujo contribuye a fortalecer la disponibilidad de divisas en el corto plazo, aunque también abre interrogantes sobre la dinámica financiera futura.

La lectura de los inversores es que la consolidación de reservas durante 2026 fortalece la estabilidad macroeconómica y mejora la capacidad de pago de la Argentina. Sin embargo, la sostenibilidad del proceso dependerá de que el crecimiento de las exportaciones, particularmente de energía y minería, logre reemplazar gradualmente el protagonismo actual del financiamiento.

Por ahora, los números juegan a favor del Gobierno. El Banco Central ya alcanzó la meta anual pactada con el FMI cuando todavía queda más de medio año por delante. La discusión dejó de ser si el objetivo era posible y pasó a centrarse en cuántos dólares adicionales podrá acumular la Argentina antes de cerrar 2026.

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