Luis Caputo

Banco Mundial respalda a la Argentina con una garantía de USD 2.000 millones y acelera el regreso al financiamiento internacional

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El Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por USD 2.000 millones para la Argentina, una herramienta financiera que busca reducir el costo del endeudamiento externo y facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital. La decisión constituye un respaldo explícito a la estrategia económica del Gobierno y llega en un momento en que el riesgo país perforó los 430 puntos básicos, abriendo una ventana para retomar el financiamiento voluntario.

La operación permitirá respaldar el 95% del servicio de un nuevo préstamo comercial que el Estado argentino negociará con bancos internacionales. El objetivo es mejorar las condiciones de acceso al crédito mediante una disminución del riesgo percibido por los inversores, al tiempo que fortalece la administración de los vencimientos en moneda extranjera previstos para 2026 y 2027.

El anuncio se produjo horas antes de la reunión que mantendrá en Buenos Aires la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, con el ministro de Economía, Luis Caputo, encuentro en el que ambas partes oficializarán el nuevo esquema de cooperación financiera.

Un respaldo para volver a emitir deuda en los mercados

El paquete aprobado combina una garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con otra de MIGA, organismo especializado en la mitigación de riesgos para inversiones internacionales.

Gracias a esta estructura, Argentina podrá acceder a un préstamo comercial con un plazo de seis años y tres años de gracia, mientras que las garantías cubrirán el 95% de los pagos correspondientes al servicio de esa deuda.

Desde el Banco Mundial explicaron que el mecanismo apunta a movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios, además de facilitar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

Pero el alcance político y financiero de la decisión va más allá del préstamo en sí. En su comunicado oficial, el organismo remarcó que uno de los principales objetivos es contribuir al regreso de la Argentina a los mercados internacionales de capital, un mensaje que el mercado interpreta como una señal de respaldo institucional a la estrategia económica del Gobierno.

La aprobación de las garantías coincide con una mejora sustancial de los indicadores financieros argentinos.

Luego de la reciente mejora de la calificación soberana por parte de Standard & Poor’s, que elevó la nota de la deuda argentina desde CCC+ hasta B-, y del contexto internacional más favorable tras la distensión geopolítica en Medio Oriente, el riesgo país descendió hasta los 425 puntos básicos, su menor nivel en aproximadamente ocho años.

Este escenario reavivó el debate entre analistas e inversores sobre la conveniencia de que el Ministerio de Economía aproveche las actuales condiciones para volver a emitir deuda en el mercado internacional antes de que cambie el ciclo financiero global.

Hasta ahora, Luis Caputo optó por postergar esa posibilidad, privilegiando una reducción adicional del costo de financiamiento antes de concretar una colocación externa.

Banco Mundial: “Facilitar el regreso de Argentina a los mercados”

La vicepresidenta regional del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, sostuvo que la institución mantiene su respaldo al proceso de estabilización macroeconómica y a la agenda de reformas impulsada por el Gobierno argentino.

Según afirmó, la estructura de garantías constituye una herramienta innovadora para facilitar el retorno del país a los mercados internacionales de capital, al tiempo que promueve inversiones privadas, incrementa la productividad y fortalece la resiliencia económica de largo plazo.

En la misma línea, el vicepresidente de Operaciones de MIGA, Junaid Kamal Ahmad, destacó que la operación demuestra la capacidad del Grupo Banco Mundial para adaptar sus instrumentos financieros a las necesidades específicas de los países miembros, movilizando inversiones privadas mediante mecanismos de reducción del riesgo.

Las garantías internacionales forman parte del esquema de financiamiento que el equipo económico presentó durante la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El viceministro de Economía, José Luis Daza, había anticipado que el programa financiero correspondiente a 2026 ya cuenta con las principales fuentes de financiamiento identificadas y que las garantías de organismos multilaterales constituyen uno de sus pilares.

Además del respaldo del Banco Mundial y MIGA, el Gobierno espera concretar en los próximos días un nuevo financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 550 millones y avanzar hacia fines de julio con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), estimado entre USD 250 y USD 500 millones.

Más financiamiento y menor costo de la deuda

La estrategia oficial busca reemplazar gradualmente el financiamiento de corto plazo por instrumentos con mejores condiciones de plazo y tasa, aprovechando el respaldo de los organismos multilaterales para reducir el costo del endeudamiento.

En ese sentido, las garantías aprobadas por el Banco Mundial no representan un desembolso directo de USD 2.000 millones, sino un aval que mejora la calidad crediticia de la futura operación financiera y facilita el acceso del país a préstamos comerciales en condiciones más favorables.

El esquema se inscribe dentro de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial, creada en 2024 con el objetivo de ampliar el uso de estos instrumentos en economías emergentes y elevar la emisión anual de garantías hasta USD 20.000 millones hacia 2030.

Para la Argentina, el respaldo llega en un momento decisivo: mientras el Gobierno intenta consolidar la estabilización macroeconómica y recuperar el acceso al crédito voluntario, el acompañamiento de los organismos multilaterales se convierte en un factor determinante para reconstruir la confianza de los mercados internacionales.

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Finanzas logró un rollover del 120% y estira vencimientos hasta 2030 con fuerte demanda por bonos duales

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La Secretaría de Finanzas cerró una nueva licitación de deuda con un resultado que fortalece la estrategia oficial de administración de pasivos: adjudicó $6,12 billones frente a vencimientos del día y alcanzó un rollover del 120,42%, lo que implica que no sólo refinanció la totalidad de los compromisos inmediatos sino que además obtuvo financiamiento neto positivo.

El resultado adquiere relevancia en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar el equilibrio fiscal, reducir la emisión monetaria y construir una curva de financiamiento de largo plazo en moneda local. La operación recibió ofertas por $7,40 billones, lo que evidencia una demanda superior al monto finalmente adjudicado y permitió al Tesoro seleccionar condiciones más favorables.

La principal apuesta de los inversores estuvo concentrada en los nuevos bonos duales CER/TAMAR con vencimientos en 2028, 2029 y 2030. Estos instrumentos, diseñados para ofrecer cobertura tanto frente a la inflación como ante la evolución de las tasas del mercado, captaron más de $4,3 billones. El bono con vencimiento en junio de 2030 fue el más demandado, con adjudicaciones por $2,11 billones y una tasa interna de retorno efectiva anual del 9,30% sobre la pata TAMAR y del 6,34% sobre la pata CER.

La fuerte adhesión a estos títulos revela una señal relevante para el equipo económico: el mercado comienza a aceptar plazos cada vez más extensos en pesos. En términos prácticos, el Tesoro logró trasladar parte de sus necesidades financieras desde instrumentos de corto plazo hacia vencimientos ubicados entre 2028 y 2030, reduciendo presiones futuras de refinanciación.

Otro dato significativo fue la colocación de instrumentos vinculados al dólar. La nueva letra dólar linked con vencimiento en agosto de 2026 absorbió $1,62 billones, mientras que el bono dólar linked a diciembre de 2028 sumó otros $116.000 millones. La demanda por este tipo de activos refleja que una porción del mercado continúa buscando cobertura cambiaria, aunque sin recurrir a instrumentos emitidos directamente en moneda extranjera.

En paralelo, el Gobierno concretó una nueva reapertura del Bonar 2028 (AO28), denominado y pagadero en dólares. La operación captó USD 191 millones efectivos mediante la adjudicación de USD 200 millones de valor nominal, con una tasa de retorno del 8,63%. El nivel de demanda superó el monto ofrecido, obligando a aplicar un prorrateo cercano al 31% para las órdenes presentadas al precio de corte.

La colocación del AO28 tiene una importancia estratégica para la administración de Javier Milei. Por un lado, permite captar dólares genuinos del mercado sin recurrir a organismos multilaterales. Por otro, funciona como una referencia para medir la percepción de riesgo sobre la deuda soberana argentina en moneda dura.

El operativo incluyó además una conversión voluntaria de títulos con vencimiento a fin de junio de 2026. Los tenedores del BONCER TZX26 y del bono dual TTJ26 aceptaron canjear una parte relevante de sus posiciones por los nuevos bonos duales a más largo plazo. La adhesión alcanzó al 24,89% del stock en circulación del TZX26 y al 21,79% del TTJ26.

Desde la óptica financiera, esta conversión representa una extensión efectiva de vencimientos por más de $3 billones, reduciendo las necesidades de caja que el Tesoro hubiera debido afrontar en las próximas semanas. Al mismo tiempo, permite construir una curva de rendimientos más extensa para los nuevos instrumentos duales.

La operación confirma que el Ministerio de Economía continúa aprovechando el escenario de desaceleración inflacionaria para reconfigurar el perfil de la deuda pública. La aparición de instrumentos con vencimientos hasta 2030 marca una diferencia respecto de los años previos, cuando la mayor parte del financiamiento se concentraba en plazos considerablemente más cortos debido a la incertidumbre macroeconómica.

El desafío hacia adelante será sostener esta dinámica. Si el Gobierno logra mantener la estabilidad cambiaria, la baja de la inflación y el superávit fiscal, la extensión gradual de plazos podría transformarse en una de las herramientas centrales para disminuir la vulnerabilidad financiera del sector público. Por lo pronto, la licitación dejó una señal positiva para el equipo económico: el mercado continúa dispuesto a financiar al Tesoro y comienza a hacerlo a horizontes temporales cada vez más largos.

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La UTA presiona por una recomposición salarial y advierte con un paro mientras crece la tensión por los subsidios al transporte

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La disputa por los subsidios al transporte público sumó un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno nacional, las empresas de colectivos y los trabajadores del sector. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) elevó una dura advertencia al Ministerio de Economía al reclamar una urgente recomposición salarial y alertar que “la paz social peligra”, en un contexto marcado por la implementación de un nuevo esquema de distribución de compensaciones tarifarias para las empresas del transporte automotor.

A través de una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, el gremio que conduce Roberto Fernández exigió una respuesta concreta a los reclamos salariales pendientes y cuestionó que los choferes estén siendo utilizados como variable de ajuste en la estrategia de equilibrio fiscal impulsada por el Gobierno nacional.

El sindicato remarcó que su pedido de actualización salarial rige desde mayo y denunció que hasta el momento sólo recibió “dilaciones” en las negociaciones. En ese marco, reclamó recibir “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”, sectores que, según la organización, cuentan con herramientas y beneficios que les permiten sostener sus niveles de actividad mientras los trabajadores del transporte enfrentan una pérdida del poder adquisitivo.

La advertencia de la UTA llega en un momento particularmente sensible para el sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la discusión sobre tarifas, subsidios y costos operativos volvió a instalarse en el centro de la agenda económica. El gremio sostiene que los trabajadores están siendo “sacrificados en el altar del superávit fiscal” y cuestiona que la consolidación de las cuentas públicas se construya sobre salarios que no logran acompañar la evolución del costo de vida.

La referencia al superávit fiscal no es casual. El Gobierno de Javier Milei convirtió el equilibrio de las cuentas públicas en el principal ancla de su programa económico y ha mantenido una política de fuerte contención del gasto. En ese escenario, el transporte público aparece como uno de los sectores bajo permanente revisión debido al peso que históricamente tuvieron los subsidios en las finanzas nacionales.

Mientras tanto, la Secretaría de Transporte avanzó con la puesta en marcha de un nuevo esquema de distribución de compensaciones tarifarias mediante la Resolución 31/2026, publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa forma parte del proceso de modernización y reestructuración del sistema impulsado por la administración nacional.

Según explicó el organismo, el nuevo mecanismo busca reforzar los controles sobre las empresas prestatarias y orientar las compensaciones hacia indicadores vinculados con la calidad del servicio. Entre las variables consideradas figuran el cumplimiento de frecuencias, los kilómetros efectivamente recorridos, la antigüedad de las unidades, la regularidad operativa y los sistemas de cobro implementados.

La lógica oficial apunta a migrar desde un esquema basado principalmente en costos empresariales hacia otro con mayor foco en la demanda y en el desempeño efectivo del servicio. De esta manera, las empresas que acrediten mejores niveles de operación y prestación tendrán mayores posibilidades de acceder a las compensaciones estatales.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el nuevo sistema permitirá mejorar la calidad y previsibilidad del transporte para los usuarios, optimizar la circulación de las unidades y fortalecer la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, la modificación también genera incertidumbre entre operadores y trabajadores, que observan con preocupación cómo impactará sobre la estructura de ingresos de las empresas y, por extensión, sobre futuras negociaciones salariales.

En este contexto, la advertencia de la UTA adquiere una dimensión política y económica significativa. El gremio deja abierta la posibilidad de medidas de fuerza si no aparecen respuestas concretas, lo que podría derivar en nuevos conflictos en uno de los servicios más sensibles para la actividad económica y la movilidad urbana del país. La pulseada entre ajuste fiscal, subsidios y salarios vuelve así a colocar al transporte público en el centro de una discusión que excede al sector y refleja las tensiones de fondo del actual modelo económico.

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Banco Central cumple la meta anual de compra de dólares y acelera la acumulación de reservas

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La estrategia de acumulación de reservas del Gobierno alcanzó uno de sus principales objetivos antes de la mitad del año. Con una nueva compra de USD 43 millones realizada este miércoles, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) superó los USD 10.000 millones en adquisiciones de divisas durante 2026 y cumplió la meta anual originalmente prevista en el programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El dato no es menor. La autoridad monetaria logró encadenar 100 ruedas consecutivas con saldo comprador —con excepción de la primera jornada operativa del año— y consolidó un proceso de recomposición de reservas que se transformó en uno de los pilares de la estabilización macroeconómica impulsada por el equipo económico de Javier Milei.

Desde enero, el Banco Central acumuló compras por USD 10.020 millones entre operaciones realizadas dentro y fuera del mercado cambiario. La rueda más significativa se registró el 10 de abril, cuando la entidad adquirió USD 457 millones en una sola jornada.

Sin embargo, el objetivo oficial ya no es simplemente alcanzar la meta. El Gobierno comenzó a elevar sus propias expectativas. Durante su participación en el Cambras Business Day, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Banco Central podría cerrar el año con compras de entre USD 17.000 y USD 24.000 millones.

“Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de USD 10.000 millones. En un escenario muy optimista pensábamos que el Central podía comprar USD 17.000 millones, pero si seguimos al ritmo actual podríamos llegar a USD 24.000 millones”, afirmó el funcionario.

Un cambio de paradigma en la acumulación de reservas

La acumulación de divisas se convirtió en una de las variables centrales del programa económico. A diferencia de ciclos anteriores, el Gobierno busca fortalecer las reservas sin recurrir a controles cambiarios más estrictos ni a emisiones monetarias descontroladas.

Durante los primeros meses del año, la estrategia combinó compras de dólares por parte del Banco Central con una activa participación del Tesoro en el mercado financiero. Mientras la autoridad monetaria adquiría divisas, el Ministerio de Economía absorbía liquidez mediante colocaciones de deuda en pesos para evitar presiones inflacionarias.

El resultado fue una mejora sustancial en la posición externa del país. Las reservas brutas cerraron la jornada en USD 48.414 millones, el nivel más alto en casi siete años y superior al máximo registrado durante febrero de la actual administración.

En paralelo, las reservas internacionales netas alcanzaron USD 5.013 millones al cierre de mayo, impulsadas por las compras de divisas, los desembolsos del FMI y nuevas colocaciones financieras.

El agro todavía tiene cartas para jugar

Uno de los factores que alimenta el optimismo oficial es que, según el Ministerio de Economía, todavía no ingresó al mercado la totalidad de las divisas provenientes de la actual campaña agrícola.

La cosecha récord de maíz y los elevados niveles de producción proyectados para varios complejos exportadores permiten anticipar un flujo adicional de dólares durante los próximos meses.

Sin embargo, algunos analistas advierten que la liquidación del sector podría estar avanzando a un ritmo más lento de lo esperado. Walter Stoeppelwerth, CIO de Grit Capital Group, señaló que los datos de liquidación todavía no reflejan plenamente el volumen asociado a la cosecha actual.

Según su análisis, algunos productores podrían estar esperando una depreciación mayor del tipo de cambio oficial para mejorar sus márgenes antes de acelerar las ventas.

Hasta ahora, los principales abastecedores de dólares para el Banco Central no fueron los exportadores agrícolas, sino las emisiones de deuda realizadas por empresas y provincias en los mercados internacionales.

El rol creciente de la energía y la minería

Más allá del aporte del agro, el Gobierno apuesta a una transformación estructural de la balanza externa argentina basada en la expansión de los sectores energético y minero.

Caputo insistió en que el país se encuentra apenas en el comienzo de ese proceso. Según sus estimaciones, hacia 2031 la balanza comercial combinada de energía y minería podría aportar USD 60.000 millones anuales, unos USD 40.000 millones más que en la actualidad.

El ministro vinculó esas proyecciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que concentra buena parte de los proyectos actualmente en desarrollo en Vaca Muerta, litio, cobre y otras actividades extractivas.

Para el equipo económico, esa expansión exportadora será clave para sostener un esquema de acumulación de reservas sin necesidad de generar tensiones cambiarias ni comprometer la competitividad de la economía.

La mirada del mercado ya apunta a 2027

Mientras el Gobierno celebra el cumplimiento anticipado de las metas de reservas, parte del mercado comienza a observar un horizonte más largo.

Las emisiones internacionales de deuda corporativa y provincial continúan creciendo. Según estimaciones privadas, podrían superar los USD 3.200 millones en las próximas semanas.

Desde GMA Capital destacan que, desde las elecciones legislativas, las colocaciones externas acumulan cerca de USD 11.900 millones. Ese flujo contribuye a fortalecer la disponibilidad de divisas en el corto plazo, aunque también abre interrogantes sobre la dinámica financiera futura.

La lectura de los inversores es que la consolidación de reservas durante 2026 fortalece la estabilidad macroeconómica y mejora la capacidad de pago de la Argentina. Sin embargo, la sostenibilidad del proceso dependerá de que el crecimiento de las exportaciones, particularmente de energía y minería, logre reemplazar gradualmente el protagonismo actual del financiamiento.

Por ahora, los números juegan a favor del Gobierno. El Banco Central ya alcanzó la meta anual pactada con el FMI cuando todavía queda más de medio año por delante. La discusión dejó de ser si el objetivo era posible y pasó a centrarse en cuántos dólares adicionales podrá acumular la Argentina antes de cerrar 2026.

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Caputo ratificó el rumbo económico y anticipó más reformas: “Los mejores meses están por venir”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó su participación en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) para enviar una señal clara al mercado: el Gobierno considera que la etapa más difícil del programa económico quedó atrás y apuesta a consolidar un ciclo de crecimiento sostenido, desinflación y reformas estructurales que, según su visión, permitirán modificar patrones históricos de la economía argentina.

Ante ejecutivos financieros, empresarios y referentes del sector privado, el titular del Palacio de Hacienda defendió los resultados obtenidos durante los primeros dos años y medio de gestión y aseguró que los próximos 18 meses serán mejores que los anteriores. “Esperamos que los mejores meses sean los que vienen”, afirmó, en una exposición atravesada por un mensaje de confianza sobre la evolución de la actividad económica y el proceso de baja de la inflación.

Caputo sostuvo que la economía atraviesa una recuperación sostenida y destacó que la tendencia-ciclo del nivel de actividad acumula 24 meses consecutivos de crecimiento, un comportamiento que, según señaló, no se observaba desde 2011. Para el ministro, la mejora no responde a factores transitorios sino a un cambio estructural derivado del ordenamiento macroeconómico implementado desde diciembre de 2023.

La definición más fuerte de la jornada estuvo vinculada a la perspectiva política y económica de mediano plazo. El funcionario aseguró que espera un 2027 “totalmente atípico” respecto de los años electorales tradicionales en Argentina. Según explicó, el Gobierno proyecta llegar a ese período con crecimiento más acelerado, inflación en descenso y sin las tensiones cambiarias y financieras que históricamente acompañaron los procesos electorales.

El mensaje estuvo dirigido tanto a inversores locales como internacionales. Caputo insistió en que la administración de Javier Milei dispone de información y herramientas que permiten sostener el optimismo sobre la evolución de las variables económicas y remarcó que las proyecciones oficiales no responden a una estrategia comunicacional sino a diagnósticos construidos sobre datos concretos.

En materia de reformas, el ministro reivindicó la reglamentación de la modernización laboral como uno de los hitos más relevantes de la gestión. Consideró que la iniciativa facilitará una mayor formalización del empleo y contribuirá a ampliar la base tributaria sin necesidad de aumentar la presión fiscal.

En paralelo, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso una nueva versión del proyecto de “Inocencia Fiscal”, incorporando observaciones realizadas por entidades profesionales. La apuesta oficial es que los ahorros que hoy permanecen fuera del circuito financiero se transformen en inversión productiva y potencien el crecimiento económico.

Caputo vinculó directamente ese proceso con la posibilidad de profundizar la reducción de impuestos. Recordó que la administración nacional ya eliminó o redujo tributos equivalentes a tres puntos del Producto Bruto Interno, unos 20.000 millones de dólares anuales, y aseguró que el objetivo sigue siendo disminuir la carga tributaria y los costos regulatorios para mejorar la competitividad.

Sin embargo, dejó en claro que la transformación impositiva no dependerá exclusivamente de la Nación. El ministro apuntó a las provincias y municipios, particularmente por el peso de Ingresos Brutos y las tasas locales. Aunque evitó confrontaciones, afirmó que observa una creciente predisposición de los gobernadores para acompañar el nuevo esquema económico.

Otro de los temas centrales fue la inflación. Caputo reconoció que durante el último año hubo episodios de volatilidad asociados a shocks políticos internos, pero aseguró que el sendero de desaceleración continúa intacto. Según explicó, el Gobierno espera que mayo confirme una nueva reducción del índice de precios y reiteró que la inflación argentina terminará convergiendo a niveles internacionales.

Para respaldar su argumento, comparó la experiencia local con otros programas de estabilización exitosos de América Latina y sostuvo que Argentina logró una reducción de la inflación más rápida que la observada en casos como Chile, Perú, México o Polonia.

En relación con el debate sobre la dolarización, el ministro aclaró que el objetivo del presidente Javier Milei nunca fue reemplazar completamente al peso sino avanzar hacia un esquema de competencia de monedas. En ese sentido, defendió las medidas destinadas a incentivar la circulación de dólares dentro de la economía formal y anticipó una transición hacia un sistema bimonetario similar al uruguayo, donde conviven pesos y dólares según el tipo de transacción.

Respecto del acceso al financiamiento, Caputo explicó por qué el Gobierno continúa sin regresar plenamente a los mercados internacionales. Según detalló, la decisión responde a criterios financieros y no a restricciones de acceso. Argumentó que la Nación puede refinanciar obligaciones mediante organismos multilaterales y emisiones locales a tasas más bajas que las disponibles actualmente en el mercado internacional.

Incluso afirmó que los vencimientos de deuda correspondientes a 2026 y 2027 ya se encuentran cubiertos y destacó el excelente vínculo que mantiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. “La relación con el FMI no puede ser mejor”, resumió.

El ministro también dedicó parte de su exposición al escenario internacional. Reconoció que la incertidumbre global representa un riesgo, especialmente por las tensiones geopolíticas, la persistencia de déficits fiscales en economías desarrolladas y los efectos de la inteligencia artificial sobre la demanda energética y las tasas de interés.

No obstante, sostuvo que Argentina enfrenta ese contexto desde una posición mucho más sólida que en el pasado. Destacó que el país exhibe simultáneamente superávit fiscal y superávit energético, una combinación inédita en las últimas décadas que, a su juicio, permite absorber mejor los shocks externos.

La conclusión de Caputo fue también una definición política. Reafirmó que el programa económico actual es distinto a los anteriores porque el orden macroeconómico no surgió de una crisis sino de una decisión política deliberada. Según su visión, esa diferencia marca un punto de quiebre en la historia económica argentina.

“Esta vez es diferente”, insistió. Para el ministro, la estabilización se consiguió respetando contratos y propiedad privada, sin recurrir a confiscaciones, corralitos o pesificaciones forzadas. En esa lógica, atribuyó al presidente Milei el liderazgo y la determinación necesarios para sostener un programa que considera excepcional en la historia reciente del país.

El mensaje final hacia el empresariado fue inequívoco: más disciplina fiscal, más desregulación, más apertura a la inversión privada y una profundización de las reformas estructurales. En palabras del propio ministro, el camino elegido exige “más ortodoxia que nunca”.

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