Luis Caputo

Caputo apuesta a un ciclo de crecimiento acelerado y afirmó que “lo peor ya pasó” para la economía argentina

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En una exposición de fuerte contenido económico y político ante empresarios reunidos en el CAMBRAS Business Day 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una defensa integral del programa económico del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que la Argentina atraviesa una transformación estructural que permitirá consolidar un ciclo prolongado de crecimiento, inversión y generación de empleo.

El mensaje estuvo dirigido principalmente al sector privado, al que convocó a acelerar decisiones de inversión en un escenario que, según su visión, ya dejó atrás los principales riesgos macroeconómicos heredados de la gestión anterior. “La bomba atómica que heredamos ya se desactivó. Hoy no hay riesgo de explosión económica”, sintetizó el titular del Palacio de Hacienda.

La presentación se produjo en un contexto donde el Gobierno busca consolidar señales de recuperación tras más de dos años de ajuste y reordenamiento macroeconómico. Caputo destacó que la recaudación comenzó a recuperarse, que la inflación continúa desacelerándose y que los salarios volvieron a mostrar mejoras reales. Además, remarcó que la reglamentación de la reforma laboral debería impulsar una mayor formalización del empleo.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la evolución de la actividad económica. Según explicó, la serie de tendencia-ciclo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) muestra 24 meses consecutivos de crecimiento, una dinámica que, aseguró, no se registraba desde hace más de quince años.

“¿Significa que todo está bien? No. Pero sí significa que vamos bien. Y si tenemos en cuenta de dónde venimos, diría que vamos extremadamente bien”, afirmó.

Caputo insistió en que la administración Milei no está ejecutando una corrección coyuntural sino un cambio profundo de régimen económico.

Según describió, el modelo anterior se sustentaba en una economía cerrada, con escasa competencia, baja inversión, salarios deprimidos y precios elevados. En contraposición, sostuvo que el nuevo esquema se apoya en tres pilares: inversión, exportaciones y competencia.

Para ilustrar esa transformación recordó que a fines de 2023 gran parte de los salarios se ubicaban en torno a los 300 dólares mensuales, mientras que bienes básicos para la producción y el consumo se encontraban entre los más caros de la región.

“El problema no era que protegíamos industrias exitosas. Lo que se protegían eran negocios financiados por consumidores que pagaban precios exorbitantes”, señaló.

En esa línea, aseguró que la apertura económica comenzó a generar una reducción de precios relativos en sectores como indumentaria, calzado, equipamiento para el hogar y medicamentos, mientras los salarios recuperan capacidad de compra.

El fin de la “restricción externa”

Uno de los conceptos históricos de la economía argentina que el ministro buscó desmontar fue el de la denominada “restricción externa”.

Durante décadas, distintos gobiernos justificaron controles cambiarios, restricciones a las importaciones y cepos financieros argumentando la insuficiencia de dólares para sostener el crecimiento.

Caputo afirmó que esa lógica quedó atrás.

“Hoy hay dólares para importar, para girar dividendos, para ahorrar y aun así el Banco Central sigue comprando divisas”, aseguró.

El ministro destacó que la autoridad monetaria acumula reservas a un ritmo cercano a los 100 millones de dólares diarios y afirmó que la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional ya se encuentra prácticamente cumplida.

La explicación, sostuvo, radica en la recuperación de sectores exportadores estratégicos y en el potencial que comienza a desplegarse en energía y minería.

Energía, minería y el nuevo motor de divisas

Uno de los pasajes más optimistas de la exposición estuvo vinculado al potencial exportador de la Argentina.

Caputo aseguró que hacia 2031 el saldo comercial conjunto de energía y minería podría alcanzar los 60.000 millones de dólares anuales, cifra que consideró incluso conservadora frente a la magnitud de los proyectos actualmente en ejecución.

Según precisó, cuando se realizaron las primeras estimaciones existían proyectos por unos 85.000 millones de dólares. Hoy, afirmó, la cartera supera los 140.000 millones, con una participación creciente del sector energético.

A ello sumó indicadores positivos en exportaciones industriales, agroindustriales, servicios y ventas externas de pequeñas y medianas empresas.

Para el funcionario, la combinación de estabilidad macroeconómica, reducción de regulaciones y menor presión tributaria terminará generando un salto de competitividad capaz de acelerar significativamente el crecimiento económico.

La disputa por la velocidad de la recuperación

Aunque reconoció que la economía ya crece a tasas cercanas al 4% anual, Caputo consideró que el país podría expandirse entre 7% y 8% por año si logra acelerar el proceso de reconversión productiva.

En ese punto identificó como principal obstáculo la persistencia de cierto escepticismo en empresarios e inversores, producto de décadas de inestabilidad económica.

Por ello insistió en transmitir previsibilidad sobre la continuidad del programa económico y aseguró que las bases fiscales, monetarias y financieras construidas durante los primeros años de gestión permiten proyectar una expansión sostenida.

“La economía va a seguir mejorando porque en economía no hay casualidad. Hay causalidad. Si hacés las cosas bien, los resultados llegan”, afirmó.

El componente político: críticas al kirchnerismo y respaldo a Milei

La parte final de la presentación estuvo marcada por definiciones políticas contundentes.

Caputo descartó cualquier posibilidad de retorno del kirchnerismo al poder y sostuvo que la sociedad argentina ya identificó al modelo económico anterior con una etapa de crisis y deterioro.

“El kirchnerismo no es una opción para la mayoría de los argentinos”, afirmó.

Incluso planteó que, aun frente a eventuales shocks externos o dificultades económicas, no visualiza condiciones para una reversión política del rumbo actual.

En ese contexto destacó el liderazgo de Javier Milei como garante de la continuidad del programa económico y atribuyó al Presidente el coraje político necesario para sostener las reformas.

Más allá de los indicadores coyunturales, el mensaje central del ministro estuvo orientado al mediano plazo.

Caputo aseguró que la Argentina se encuentra ante una oportunidad histórica y sostuvo que el país podría convertirse en una de las economías de mayor crecimiento del mundo durante las próximas décadas.

Con una visión marcadamente optimista, afirmó que 2027 mostrará una realidad económica muy diferente a la que hoy proyecta gran parte del mercado y consideró que la combinación de equilibrio fiscal, expansión exportadora, inversiones récord y estabilidad monetaria permitirá consolidar un ciclo de crecimiento sostenido.

“Estamos viviendo un cambio de época. Argentina va a ser el país que más oportunidades ofrezca durante los próximos treinta años”, concluyó.

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En la era Javier Milei, el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a personas políticamente expuestas

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La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al Estado sumó un nuevo capítulo. Según información obtenida a través de un pedido de acceso a la información pública, la entidad financiera concedió 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, sobre un total de 25.391 operaciones realizadas en ese período. Esto implica que aproximadamente uno de cada 23 préstamos fue otorgado a integrantes de una categoría sometida a controles especiales por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El dato permite dimensionar por primera vez la magnitud de una operatoria que comenzó a ser observada tras conocerse que varios funcionarios nacionales habían accedido a créditos millonarios del Banco Nación. Entre los casos que trascendieron públicamente figuran el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi.

La controversia excede a esos nombres. El universo de Personas Expuestas Políticamente incluye a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, magistrados, fiscales, autoridades militares, embajadores y otros cargos jerárquicos, además de familiares directos y ex funcionarios alcanzados por la normativa de la UIF. Sin embargo, también deja fuera a algunos cargos relevantes dentro de la estructura estatal, por lo que el número informado podría no abarcar a todos los beneficiarios con vínculos con la administración nacional.

Uno de los puntos más cuestionados es la modificación introducida por el Banco Nación en septiembre de 2024 en la línea hipotecaria “+ Hogares”. La actualización incorporó expresamente entre los potenciales beneficiarios a los “cargos políticos designados por resolución o electivos”, una definición que no figuraba en la normativa vigente durante la gestión anterior. Esa modificación motivó una denuncia presentada por la diputada nacional Mónica Frade, que actualmente tramita en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.

El Gobierno intentó relativizar el impacto del caso. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los funcionarios involucrados representan una porción mínima del total de créditos otorgados. Sin embargo, la información oficial entregada por el Banco Nación muestra que la cantidad de beneficiarios alcanzados por la categoría PEP es significativamente superior a los casos que se conocieron públicamente.

La investigación judicial busca determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos y si la modificación de la normativa pudo favorecer a determinados sectores de la administración pública. Paralelamente, continúan las investigaciones y pedidos de información sobre la evolución patrimonial de algunos funcionarios nacionales que accedieron a estas líneas crediticias. Entre ellos figura el vocero presidencial Manuel Adorni, cuyo incremento patrimonial sigue bajo análisis público y judicial, aunque hasta el momento no existe una resolución que determine irregularidades.

Más allá de las definiciones judiciales futuras, el dato central es que los créditos otorgados a Personas Expuestas Políticamente no constituyen casos aislados. La información oficial revela una operatoria de alcance mucho más amplio dentro de un universo regulado y monitoreado por el propio sistema financiero, reabriendo el debate sobre los criterios de acceso al crédito en el principal banco público del país.

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Obras hídricas: Economía centraliza firmas para evitar la parálisis de proyectos financiados por organismos internacionales

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La Resolución 807/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, tiene una apariencia meramente administrativa. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico aparece un problema concreto: la salida del titular de la Subsecretaría de Recursos Hídricos en abril dejó sin autoridad formal a un área que concentra la ejecución de obras de agua y saneamiento que históricamente estuvieron bajo la órbita del desaparecido Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

La respuesta del ministro Luis Caputo fue concentrar temporalmente esas atribuciones en la Secretaría de Obras Públicas para evitar interrupciones en la gestión de contratos, convenios, licitaciones y acuerdos con organismos de financiamiento internacional.

La decisión estará vigente hasta que el Gobierno designe un nuevo subsecretario.

La importancia de la medida no radica en un cambio de política pública ni en nuevos fondos para infraestructura. El dato relevante es que evita la paralización administrativa de proyectos que dependen de autorizaciones formales para seguir avanzando.

Tras la disolución del ENOHSA en noviembre de 2024, la Subsecretaría de Recursos Hídricos absorbió la administración de numerosos programas vinculados a: Agua potable, Redes cloacales, Saneamiento urbano, Infraestructura hídrica y Programas financiados por el BID y otros organismos multilaterales.

Sin una autoridad habilitada para firmar documentación, cualquier modificación contractual, desembolso o convenio corría riesgo de quedar demorado.

Para los organismos internacionales, la continuidad institucional es una condición central. La existencia de expedientes sin funcionario competente para aprobar actos administrativos puede ralentizar certificaciones, autorizaciones y transferencias de recursos.

La reorganización del Estado sigue generando efectos

La resolución también refleja una consecuencia práctica del proceso de reestructuración estatal impulsado por el Gobierno nacional.

La eliminación del ENOHSA fue presentada como parte del esquema de reducción de organismos descentralizados y simplificación administrativa. Sin embargo, la absorción de funciones por parte de estructuras ministeriales más pequeñas generó nuevos desafíos operativos.

La salida del subsecretario de Recursos Hídricos en abril expuso una vulnerabilidad institucional: una dependencia con responsabilidades sobre contratos multimillonarios y programas internacionales quedó sin máxima autoridad designada.

La medida publicada ahora funciona como un puente administrativo hasta que se cubra formalmente el cargo.

Para gobernadores, intendentes y empresas constructoras, el punto central no es quién firma, sino que exista una firma habilitada.

Las provincias mantienen numerosos convenios vinculados a obras de agua y saneamiento cuya ejecución depende de aprobaciones nacionales y, en algunos casos, de financiamiento externo.

La continuidad administrativa evita que los proyectos entren en una zona gris jurídica que complique certificaciones, pagos o modificaciones contractuales.

En un contexto de fuerte ajuste de la inversión pública nacional, la capacidad de sostener operativos los programas que cuentan con financiamiento internacional aparece como una de las pocas ventanas disponibles para mantener activa parte de la infraestructura estratégica.

La resolución resuelve un problema operativo inmediato, pero deja abierta una pregunta más relevante: cuál será el modelo definitivo de gestión de la infraestructura hídrica nacional después de la desaparición del ENOHSA.

Para Misiones, donde el crecimiento urbano, el turismo y la expansión productiva requieren inversiones permanentes en agua y saneamiento, la velocidad con que el Gobierno normalice la estructura de Recursos Hídricos será tan importante como la disponibilidad de financiamiento.

La señal que sigue el mercado no pasa por una firma administrativa, sino por la capacidad del Estado nacional para garantizar continuidad institucional en proyectos que impactan directamente sobre la competitividad y la calidad de vida.

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La economía volvió a tropezar en abril: consultoras detectan una caída de la actividad

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Tras el fuerte repunte registrado en marzo, la actividad económica argentina habría vuelto a mostrar señales de enfriamiento durante abril. Mediciones privadas de las consultoras Analytica y Orlando J. Ferreres coinciden en que la economía registró una nueva contracción mensual, reflejando una recuperación todavía irregular y dependiente de pocos sectores dinámicos. Mientras el agro, la minería y algunos segmentos industriales vinculados a las exportaciones sostienen el nivel de actividad, el mercado interno, la industria manufacturera, el comercio y el sector automotor continúan mostrando debilidad.

Las estimaciones llegan en momentos en que el Gobierno nacional apuesta a una aceleración de la recuperación económica durante el segundo semestre. Sin embargo, los indicadores privados sugieren que la economía sigue transitando un recorrido errático, con avances y retrocesos mensuales que dificultan consolidar una tendencia de crecimiento sostenido.

Según el Índice Líder de Actividad (ILA) elaborado por Analytica, la actividad económica cayó 0,8% en abril respecto de marzo. La consultora atribuyó el retroceso a una contracción generalizada en la mayoría de los indicadores relevados, especialmente por la debilidad de la demanda interna, la industria pesada y el sector automotor.

En la misma línea, el Índice General de Actividad (IGA) de Orlando J. Ferreres registró una baja desestacionalizada de 0,7% respecto del mes anterior. Para la consultora, el comportamiento de la economía continúa mostrando una dinámica de “serrucho”, con fuertes oscilaciones que impiden consolidar una recuperación homogénea.

Industria y consumo, los sectores más rezagados

La industria manufacturera volvió a ser uno de los principales focos de preocupación. Analytica señaló que solo algunos segmentos de la siderurgia mostraron números positivos, mientras que gran parte de la actividad industrial permaneció en terreno negativo. Los grandes usuarios industriales también redujeron su demanda eléctrica, una señal consistente con la desaceleración productiva.

Ferreres fue incluso más contundente: estimó una caída interanual del 2% para la industria manufacturera durante abril y un retroceso acumulado de 2,5% en el primer cuatrimestre del año. Entre los datos más relevantes aparece una baja del 17,5% en la producción automotriz respecto de igual mes del año pasado, acompañada por menores despachos de cemento y una reducción en la faena bovina.

El sector automotor también mostró números negativos. La producción de vehículos cayó 4,3% respecto del mes previo, mientras que los patentamientos retrocedieron 3%. A su vez, las ventas a concesionarios bajaron 5,6%, reflejando la persistente cautela del consumo.

Agro y minería sostienen la actividad

El agro continúa siendo uno de los pilares de la economía argentina, aunque en abril también mostró algunas señales de desaceleración. El índice IACA-BCR registró una baja mensual de 2,6% debido a las abundantes lluvias que retrasaron las tareas de cosecha y complicaron la logística. Sin embargo, en la comparación interanual el sector mantuvo una expansión del 16,5%, impulsada por las exportaciones de maíz y girasol y por la recuperación de algunos complejos productivos.

La minería y la actividad petrolera continuaron exhibiendo uno de los mejores desempeños de la economía. Ferreres destacó que el sector de minas y canteras creció 7,3% en abril, impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta y los elevados niveles de producción de hidrocarburos.

Construcción: señales mixtas

La construcción mostró comportamientos divergentes según el segmento analizado. Por un lado, el Índice Construya avanzó 5% respecto de marzo, reflejando una recuperación de la obra privada. Por otro, el consumo de cemento cayó 7,7%, evidenciando que la obra pública y los proyectos de mayor escala continúan afectados por el ajuste fiscal y la menor inversión estatal.

Caputo apuesta al segundo semestre

Las mediciones privadas contrastan con el optimismo expresado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que a partir de junio comenzarán “los mejores 18 meses de las últimas décadas”. El funcionario confía en que la consolidación del equilibrio fiscal, la desaceleración inflacionaria y las reformas impulsadas por el Gobierno generen un entorno más favorable para la inversión y el empleo.

Sin embargo, tanto Analytica como Ferreres coinciden en que la recuperación sigue siendo desigual. Mientras algunos sectores vinculados a las exportaciones muestran dinamismo, el mercado interno todavía no logra despegar y el consumo continúa condicionado por la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

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Nación cancela $813 mil millones con CABA

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La Casa Rosada formalizó una operación financiera por $813.442 millones para cancelar parte de la deuda que mantiene con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el conflicto judicial de la coparticipación. La cancelación no será en efectivo, sino mediante la entrega de bonos y letras del Tesoro con vencimientos entre 2026 y 2027. La decisión, publicada por el Ministerio de Economía, tiene una lectura que excede la ingeniería financiera: mientras Nación busca evitar una mayor salida de caja en pesos, las provincias observan cómo el Gobierno prioriza resolver litigios con distritos de peso político y financiero en un contexto de extrema restricción presupuestaria.

Para Misiones, la señal tiene un doble impacto. Por un lado, confirma que la administración nacional continuará utilizando instrumentos de deuda para administrar obligaciones judiciales y fiscales. Por otro, reabre la discusión sobre la distribución de recursos federales y la capacidad de negociación de las provincias periféricas frente al poder central.

La Resolución Conjunta 29/2026 de Finanzas y Hacienda establece que el pago se realizará mediante una combinación de BONCAP y LECAP capitalizables. El esquema evita un desembolso inmediato de liquidez y traslada vencimientos hacia adelante, una estrategia consistente con la política financiera que impulsa el equipo económico de Luis Caputo: preservar reservas, sostener el superávit financiero y evitar emisión monetaria directa.

El punto central es político. La deuda con CABA surge de la cautelar de la Corte Suprema por la quita de fondos coparticipables aplicada durante la gestión de Alberto Fernández. El Gobierno nacional decidió ahora cerrar parte de esa discusión mediante títulos públicos, en un movimiento que busca reducir incertidumbre judicial y enviar una señal de cumplimiento al mercado.

Para las provincias del NEA, donde la dependencia de transferencias nacionales es estructuralmente más alta, el dato no pasa inadvertido. Misiones mantiene históricamente un reclamo por inequidades en la distribución de recursos federales y por el costo económico de las asimetrías fronterizas con Brasil y Paraguay. Mientras CABA logra monetizar judicialmente su reclamo, las provincias fronterizas continúan negociando compensaciones fiscales vinculadas al comercio, el combustible y la competitividad regional.

La diferencia no es menor. En el AMBA, la discusión gira alrededor del reparto de impuestos nacionales. En Misiones, el problema incorpora además la pérdida de consumo hacia Encarnación o Foz do Iguaçu cuando el tipo de cambio genera distorsiones de precios. Esa fuga impacta directamente sobre comercio, empleo y recaudación provincial.

El uso de bonos para cancelar deuda también tiene implicancias sobre la economía real. La decisión evita presión inmediata sobre el gasto corriente, pero incrementa compromisos financieros futuros. Para sectores productivos del NEA, eso implica que la posibilidad de una expansión fiscal nacional orientada a infraestructura o programas de estímulo seguirá limitada.

La cadena forestal, la yerba mate y el comercio fronterizo dependen en gran medida de costos logísticos, rutas, energía y consumo interno. Si el Tesoro concentra recursos en estabilización financiera y administración de deuda, el margen para políticas activas sectoriales continúa siendo reducido.

Además, el instrumento elegido muestra otro dato relevante para el sector privado: Economía continúa profundizando el mercado de títulos en pesos como mecanismo central de financiamiento. La señal busca fortalecer la curva en moneda local y sostener la estrategia de desinflación sin recurrir al financiamiento monetario del Banco Central.

Los bonos utilizados para cancelar la deuda con CABA tienen vencimientos relativamente cortos:

  • 20% del pago se hará con un BONCAP al 30 de junio de 2026.
  • Otro 40% se distribuye entre LECAP con vencimiento en agosto y octubre de 2026.
  • El 40% restante irá a un BONCAP con vencimiento en abril de 2027.

El mensaje implícito es que el Gobierno apuesta a mantener condiciones financieras relativamente estables durante los próximos dieciocho meses para refinanciar esos compromisos sin tensiones mayores.

Para Misiones, el movimiento vuelve a instalar un interrogante de fondo: cómo se reposicionan las provincias exportadoras y fronterizas dentro del nuevo esquema fiscal argentino. La administración Milei sostiene un enfoque de fuerte centralización financiera y disciplina del gasto. Eso obliga a las provincias a fortalecer recursos propios y competitividad regional en un contexto donde la asistencia nacional aparece cada vez más condicionada.

El escenario a seguir de cerca es doble. Primero, cómo reaccionará el resto de las provincias frente al acuerdo financiero con CABA y si reaparecen reclamos por fondos compensatorios. Segundo, qué margen real tendrá Nación para sostener el equilibrio fiscal sin afectar obra pública, infraestructura logística y programas vinculados a economías regionales. En una provincia como Misiones, donde el costo del transporte y la competencia fronteriza condicionan toda la actividad económica, esa discusión impacta directamente sobre producción, empleo y consumo.

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