Luis Caputo

En enero, las provincias solo emitieron deuda en pesos y acotaron el acceso al financiamiento en dólares

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La actividad del mercado de deuda subnacional arrancó 2026 con un perfil marcadamente conservador. Durante enero, solo dos provincias —Buenos Aires y Chaco— realizaron colocaciones de deuda, exclusivamente en pesos, por un total de $361.574 millones. El dato, relevado por la consultora Politikon Chaco, confirma la ausencia de emisiones provinciales en dólares en el primer mes del año y plantea interrogantes sobre el real apetito del mercado por riesgo argentino, en un contexto donde el Gobierno nacional sostiene que la demanda por activos locales está en expansión.

El comportamiento del financiamiento provincial no es menor: ocurre en un escenario de redefinición de la estrategia macroeconómica, con un Tesoro nacional que anticipó que no volverá a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo y con vencimientos relevantes por delante. En ese marco, el desempeño de provincias y empresas aparece como un termómetro clave para medir el flujo de dólares financieros y la profundidad del mercado de capitales local.

Emisiones provinciales: concentración, pesos y caída interanual

Según el informe de Politikon Chaco, Buenos Aires explicó el 74% del total emitido en enero, con colocaciones por $267.156 millones. Ese monto surgió de la emisión de tres Letras del Tesoro, todas a descuento. Chaco, en tanto, representó el 26% restante del mes, con $94.418 millones, correspondientes a un bono en pesos ajustado por TAMAR con margen y tres reaperturas de Letras de Tesorería.

En términos agregados, las emisiones provinciales mostraron una baja interanual del 21,7%, un dato que refuerza la lectura de cautela financiera y de restricciones en el acceso al crédito, al menos durante el primer mes del año. Aunque Córdoba anunció una colocación por u$s800 millones, esa operación se emitió con fecha 3 de febrero, por lo que no fue computada dentro de las estadísticas de enero.

El resultado parcial introduce límites a una de las hipótesis que circula en el Palacio de Hacienda: la idea de que existe una demanda creciente por deuda argentina. Al menos en el caso de las provincias, ese interés no se tradujo en colocaciones en moneda dura durante enero.

Vencimientos provinciales: predominio de pesos y amortizaciones

Del lado de las obligaciones, enero presentó un perfil exigente pero contenido. Los vencimientos de títulos públicos provinciales alcanzaron los $417.856 millones, con una variación real interanual del 0,5% y una fuerte caída del 60,1% respecto del mes previo.

El 78% de los pagos correspondió a amortización de capital y el 22% a intereses. Por tipo de instrumento, el 67% de los vencimientos estuvo vinculado a Letras y el 33% a Bonos. En cuanto a la moneda, el 63% de los pagos se realizó en pesos y el 37% en dólares.

Solo cuatro provincias enfrentaron vencimientos en moneda extranjera durante enero. Córdoba abonó u$s35,3 millones del CO32d y u$s10 millones del CO26. Chubut pagó u$s32 millones del PUL26. Neuquén canceló u$s26,6 millones del BNA26 y Tierra del Fuego desembolsó u$s5,8 millones correspondientes al TFU27.

Empresas más activas y el efecto de la estrategia oficial

Mientras las provincias mostraron menor dinamismo en el endeudamiento en dólares, el sector privado tuvo un rol más activo. De acuerdo con estimaciones de Cohen Aliados Financieros, las emisiones conjuntas de provincias y empresas sumaron u$s3.079 millones en enero, cifra que incluye la colocación de Córdoba registrada en febrero. Descontando ese monto, los privados habrían emitido alrededor de u$s2.279 millones en el primer mes del año, a lo que se agregan unos u$s1.100 millones en préstamos bancarios.

Este comportamiento se vincula directamente con la estrategia anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo. En declaraciones radiales realizadas el lunes, el funcionario afirmó que el Gobierno nacional no tiene previsto emitir deuda en dólares en los mercados internacionales, pese a los abultados vencimientos futuros. “Si el Gobierno Nacional no emite, los inversores van a buscar como alternativas empresas y provincias”, señaló, al explicar que esa dinámica permitiría el ingreso de dólares financieros.

Los datos recientes muestran, por ahora, una respuesta asimétrica: mayor actividad del sector privado y cautela en el ámbito provincial. La emisión más elevada se registró en noviembre de 2025, con u$s4.591 millones, mientras que en diciembre el monto descendió a u$s2.128 millones. En todo 2025, por esta vía ingresaron aproximadamente u$s19.100 millones.

El desempeño de los próximos meses será clave para evaluar si la estrategia oficial logra canalizar efectivamente la demanda de riesgo argentino hacia empresas y provincias, o si las restricciones macroeconómicas y financieras continúan limitando el acceso al crédito, especialmente en moneda extranjera.

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Caputo frena el nuevo IPC y tensa la relación con el FMI

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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno no aplicará por ahora la actualización de la canasta con la que se mide la inflación y que el Índice de Precios al Consumidor continuará calculándose con la metodología vigente, basada en una estructura de consumos de 2004.

La nueva medición ya había sido comprometida ante el Fondo Monetario Internacional y era utilizada por el Banco Central de la República Argentina, que incluso incorporó su propio indicador complementario. La primera difusión oficial estaba prevista para el 10 de febrero, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicara el dato de inflación de enero. El desacuerdo interno en torno a este cambio derivó en la salida de Marco Lavagna, tras seis años al frente del organismo estadístico.

El compromiso con el FMI

El acuerdo firmado con el FMI en abril del año pasado establecía que el Gobierno debía avanzar en la implementación de la nueva metodología. El documento señala que “la asistencia técnica del Fondo seguirá apoyando a las autoridades en la implementación de las ponderaciones actualizadas del Índice de Precios al Consumidor” y agrega que “se espera que estas estén finalizadas e implementadas para la segunda revisión del programa”.

Originalmente, esa segunda revisión estaba pautada para noviembre de 2025, con supervisión de las metas a septiembre de ese año. Sin embargo, en la primera revisión del acuerdo se modificó el cronograma y la segunda quedó fijada para enero de 2026, evaluando el cumplimiento de los objetivos a diciembre. En ese marco, se espera que la misión técnica del FMI llegue al país en los próximos días.

En la primera revisión, realizada en agosto del año pasado, el Fondo había planteado que el INDEC debía publicar hacia fines de 2025 el nuevo IPC, actualizado en base a la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/2018 (ENGHO), con el objetivo de “reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de consumo y mejorar la calidad de los datos”.

No obstante, también quedó establecido que “el momento preciso de esta publicación se discutirá en el contexto de la próxima revisión”, es decir, la que se desarrolla este mes. Esa aclaración se alinea con la postura expresada por Caputo, quien sostiene que el cambio metodológico debe implementarse una vez consolidado el proceso de desinflación. En el oficialismo apuntan a que la inflación mensual comience con cero a mediados de este año.

La posición del Banco Central

En su Informe de Política Monetaria, el Banco Central explicó que la actualización del índice “busca reflejar las modificaciones en los patrones de consumo de los hogares”, tanto por cambios de precios relativos como por nuevos hábitos.

La nueva medición contemplaba no sólo un ajuste en las ponderaciones, sino también el relevamiento de una mayor cantidad de bienes y servicios. Según el análisis del BCRA, perderían peso relativo los alimentos, las prendas de vestir y las comidas fuera del hogar, mientras que ganarían participación distintos rubros de servicios.

Entre ellos, se destaca el caso de Alquileres y gastos conexos, cuyo peso en el índice podría duplicarse, pasando de alrededor del 3% al 6%. En ese sentido, el Banco Central sostuvo que lanzar el nuevo IPC en 2026, luego de una fuerte recomposición tarifaria, permitiría reducir el riesgo de sobreponderar gastos como electricidad y gas, un problema que se habría generado de aplicarse la actualización en años anteriores.

De acuerdo con la entidad monetaria, los cambios metodológicos “no deberían afectar significativamente la tendencia inflacionaria esperada”.

El indicador propio del BCRA

Más allá de la medición oficial, el Banco Central desarrolló su propio indicador de inflación subyacente (IPC-S), que excluye componentes volátiles como carnes y alquileres, a diferencia de la inflación núcleo que publica el INDEC.

Como referencia, en diciembre la inflación general fue del 2,8%, la núcleo del 3% y la subyacente del BCRA del 2,1%. En términos interanuales, las cifras fueron 31,5% para la general, 33,1% para la núcleo y 28,1% para el IPC-S.

La entidad remarcó que esta práctica es habitual entre bancos centrales, especialmente la exclusión de la carne por la elevada volatilidad de sus precios. “En el margen, el IPC-S del BCRA sugiere una tendencia inflacionaria más benigna que las medidas convencionales informadas por el INDEC”, señalaron, aunque advirtieron que a comienzos de 2026, cuando se revierta el efecto estacional de los precios de la carne, podría observarse el efecto contrario.

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Marco Lavagna, tras su renuncia: “Fue un privilegio haber estado al frente del INDEC”

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Tras presentar su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna agradeció este lunes “los mensajes y saludos recibidos” y aseguró que “fue un privilegio haber estado al frente” del organismo estadístico.

“Gracias por todos los mensajes y saludos recibidos. Fue un verdadero privilegio haber estado al frente del INDEC y trabajar junto a un equipo tan comprometido con la producción de estadísticas públicas. Nueva etapa se abre”, destacó el economista en su cuenta de la red social

La dimisión de Lavagna generó incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación, y justo cuando su gestión había trabajado para la puesta a punto de una nueva metodología de medición. 

El ahora ex funcionario, que había asumido el 30 de diciembre de 2019 cuando gobernaba Alberto Fernández, lideró una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas públicas con un sentido de transparencia en la gestión.

Su partida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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Caputo postergó el nuevo IPC tras la salida de Lavagna y ratificó que seguirá la medición actual hasta consolidar la desinflación

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La implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) quedará en suspenso hasta que el proceso de desinflación esté “consolidado”. Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al referirse a la renuncia de Marco Lavagna como titular del INDEC, una salida que —según explicó— se produjo en “muy buenos términos” pero estuvo directamente vinculada a diferencias sobre los tiempos para aplicar el cambio metodológico. El episodio reabre el debate sobre la medición de la inflación, su impacto político y la credibilidad estadística en un contexto de ajuste macroeconómico y tensión financiera.

La renuncia de Lavagna y la decisión de postergar el nuevo IPC

La salida de Marco Lavagna del INDEC, organismo que conducía desde 2019, sorprendió al inicio de la semana y fue confirmada por el propio Caputo en una entrevista radial. El ministro reconoció que el motivo central fue la discrepancia sobre cuándo poner en marcha el nuevo IPC, cuya implementación estaba prevista para febrero de 2026.

“Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación esté consolidado”, explicó Caputo. Según detalló, cuando se definieron originalmente los plazos, la inflación mostraba una desaceleración que permitía prever un escenario más estable para este año. “En mayo, cuando estábamos en 1,5%, podíamos pensar que para enero íbamos a estar mejor”, señaló, aunque advirtió que luego “el ataque político tuvo implicancias en el riesgo país y la inflación”.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que, tras ese episodio, la evolución de los precios “pegó un salto”, lo que llevó a replantear la estrategia. En ese marco, Caputo confirmó que el nuevo índice no se aplicará hasta que la baja inflacionaria sea sostenida, con el objetivo de evitar cuestionamientos sobre un eventual impacto estadístico en la desaceleración de los precios.

La metodología en debate y el trasfondo técnico

El nuevo IPC, basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018, se encuentra técnicamente listo desde fines de 2024. Sin embargo, su entrada en vigencia fue postergada en distintas oportunidades. De acuerdo con la información oficial, Lavagna había optado inicialmente por esperar a que pasaran las elecciones de medio término para evitar que una aceleración de precios condicionara el escenario político.

El inicio del nuevo cálculo estaba previsto para el martes 10 de febrero, junto con la difusión del dato de inflación de enero de 2026. No obstante, Caputo justificó la postergación al afirmar que “cambiarlo en el momento en que estás haciendo que todo caiga” podría generar la percepción de que la inflación baja no por el efecto de la política económica sino por un cambio en el índice.

El ministro también relativizó las diferencias entre ambas metodologías. Según indicó, las simulaciones realizadas por el propio Lavagna mostraban resultados similares: “Diciembre daba un poquito más abajo el nuevo. Enero lo mismo”. Incluso citó estimaciones privadas, como la del economista Martín González Rozada, que ubicaron la inflación en 33,6% frente al 31,5% que cerró el INDEC con la ENGHo 2003/2004, sin evidenciar un “recalentamiento” sustantivo del indicador.

El nuevo IPC prevé un mayor peso relativo de rubros como vivienda —que incluye servicios públicos—, transporte y comunicaciones, reflejando cambios en los patrones de consumo de los hogares.

Continuidad institucional y señales al mercado

Caputo insistió en que la salida de Lavagna fue “acordada” y sin conflictos personales, y confirmó que Pedro Lines, actual número dos del organismo, será el nuevo titular del INDEC. “Es un funcionario de excelente trayectoria e intachable. Está en el INDEC desde hace muchísimos años”, afirmó, al despejar dudas sobre la continuidad técnica del instituto.

Desde el punto de vista institucional, la decisión de mantener el IPC vigente busca preservar la credibilidad del proceso de desinflación y evitar lecturas políticas sobre los datos oficiales. Al mismo tiempo, el Gobierno envía una señal de cautela a los mercados, en un contexto donde el riesgo país y las expectativas inflacionarias siguen siendo variables sensibles.

“Estamos confiados que la inflación va a caer y no queremos dar lugar a que se diga que ocurrió porque tocamos el índice”, reiteró Caputo. La definición deja en claro que, por ahora, la prioridad oficial es consolidar la tendencia descendente de los precios antes de introducir cambios metodológicos que, aun siendo técnicamente consistentes, podrían generar ruido político y financiero.

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Causa YPF: el Gobierno se negó a revelar dónde está el oro y descartó que Caputo declare

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En el marco del juicio por la expropiación de YPF que se tramita en Estados Unidos, el Gobierno nacional rechazó un pedido para revelar la ubicación de las reservas de oro de la Argentina. La decisión apunta a resguardar información sensible del Banco Central (BCRA) y se inscribe en la estrategia oficial para evitar que los beneficiarios del fallo por US$16.000 millones identifiquen activos ejecutables mientras el país aguarda la resolución de la apelación.

La presentación fue realizada ante el juzgado de la jueza Loretta Preska y fue dada a conocer por el especialista Sebastián Maril, quien precisó que el Ejecutivo argumentó que el oro “pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información”. En el mismo escrito, el Gobierno también rechazó que el ministro de Economía, Luis Caputo, sea citado a declarar para brindar precisiones sobre el tema.

Autonomía del BCRA y estrategia procesal en Estados Unidos

El rechazo oficial se apoya en la independencia institucional del Banco Central, un punto central en la defensa argentina. Según lo informado, el Tesoro sostuvo que no dispone de datos sobre la localización de las reservas de oro porque estas forman parte de los activos del BCRA y no del Poder Ejecutivo. En esa línea, el Gobierno indicó que realizará el pedido correspondiente al Banco Central, sin comprometerse a revelar la información en el expediente judicial.

El planteo se produce en un contexto de máxima sensibilidad procesal. Los beneficiarios del fallo condenatorio —que fijó una indemnización de US$16.000 millones— buscan establecer conexiones y rastrear activos que permitan a la jueza ordenar la ejecución de la sentencia. La ubicación de las reservas internacionales, y en particular del oro, aparece como un elemento clave en esa estrategia.

Desde la óptica oficial, brindar detalles sobre estos activos podría debilitar la posición argentina y abrir la puerta a medidas cautelares o embargos en el exterior, aun cuando el fallo se encuentra apelado.

Rechazo a la citación de Caputo y límites de la información requerida

Además de negar la entrega de información sobre el oro, el Gobierno rechazó el pedido para que Luis Caputo se presente a declarar. La negativa refuerza la postura de que el Ministerio de Economía no es el órgano competente para responder sobre activos que pertenecen a una entidad autárquica como el BCRA.

El argumento busca delimitar responsabilidades institucionales y evitar que el proceso judicial derive en requerimientos que, desde la perspectiva argentina, exceden las atribuciones del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la defensa apunta a sostener que no existe acceso directo ni control operativo del Tesoro sobre las reservas del Banco Central.

Apelación en curso

Cabe recordar que Argentina apeló el fallo condenatorio dictado por Preska y se encuentra a la espera de una definición por parte de la Corte de Apelaciones. Hasta que esa instancia se pronuncie, el Gobierno procura ganar tiempo y preservar activos estratégicos, en un litigio que combina impacto financiero, institucional y político.

Mientras tanto, los demandantes continúan explorando vías para detectar bienes susceptibles de ejecución, lo que anticipa un escenario de alta tensión judicial. La negativa a informar la ubicación del oro se inscribe, así, en una defensa más amplia que busca blindar las reservas internacionales y sostener la autonomía del Banco Central como pilar argumental ante los tribunales estadounidenses.

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