Luis Caputo

Caputo postergó el nuevo IPC tras la salida de Lavagna y ratificó que seguirá la medición actual hasta consolidar la desinflación

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La implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) quedará en suspenso hasta que el proceso de desinflación esté “consolidado”. Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al referirse a la renuncia de Marco Lavagna como titular del INDEC, una salida que —según explicó— se produjo en “muy buenos términos” pero estuvo directamente vinculada a diferencias sobre los tiempos para aplicar el cambio metodológico. El episodio reabre el debate sobre la medición de la inflación, su impacto político y la credibilidad estadística en un contexto de ajuste macroeconómico y tensión financiera.

La renuncia de Lavagna y la decisión de postergar el nuevo IPC

La salida de Marco Lavagna del INDEC, organismo que conducía desde 2019, sorprendió al inicio de la semana y fue confirmada por el propio Caputo en una entrevista radial. El ministro reconoció que el motivo central fue la discrepancia sobre cuándo poner en marcha el nuevo IPC, cuya implementación estaba prevista para febrero de 2026.

“Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación esté consolidado”, explicó Caputo. Según detalló, cuando se definieron originalmente los plazos, la inflación mostraba una desaceleración que permitía prever un escenario más estable para este año. “En mayo, cuando estábamos en 1,5%, podíamos pensar que para enero íbamos a estar mejor”, señaló, aunque advirtió que luego “el ataque político tuvo implicancias en el riesgo país y la inflación”.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que, tras ese episodio, la evolución de los precios “pegó un salto”, lo que llevó a replantear la estrategia. En ese marco, Caputo confirmó que el nuevo índice no se aplicará hasta que la baja inflacionaria sea sostenida, con el objetivo de evitar cuestionamientos sobre un eventual impacto estadístico en la desaceleración de los precios.

La metodología en debate y el trasfondo técnico

El nuevo IPC, basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018, se encuentra técnicamente listo desde fines de 2024. Sin embargo, su entrada en vigencia fue postergada en distintas oportunidades. De acuerdo con la información oficial, Lavagna había optado inicialmente por esperar a que pasaran las elecciones de medio término para evitar que una aceleración de precios condicionara el escenario político.

El inicio del nuevo cálculo estaba previsto para el martes 10 de febrero, junto con la difusión del dato de inflación de enero de 2026. No obstante, Caputo justificó la postergación al afirmar que “cambiarlo en el momento en que estás haciendo que todo caiga” podría generar la percepción de que la inflación baja no por el efecto de la política económica sino por un cambio en el índice.

El ministro también relativizó las diferencias entre ambas metodologías. Según indicó, las simulaciones realizadas por el propio Lavagna mostraban resultados similares: “Diciembre daba un poquito más abajo el nuevo. Enero lo mismo”. Incluso citó estimaciones privadas, como la del economista Martín González Rozada, que ubicaron la inflación en 33,6% frente al 31,5% que cerró el INDEC con la ENGHo 2003/2004, sin evidenciar un “recalentamiento” sustantivo del indicador.

El nuevo IPC prevé un mayor peso relativo de rubros como vivienda —que incluye servicios públicos—, transporte y comunicaciones, reflejando cambios en los patrones de consumo de los hogares.

Continuidad institucional y señales al mercado

Caputo insistió en que la salida de Lavagna fue “acordada” y sin conflictos personales, y confirmó que Pedro Lines, actual número dos del organismo, será el nuevo titular del INDEC. “Es un funcionario de excelente trayectoria e intachable. Está en el INDEC desde hace muchísimos años”, afirmó, al despejar dudas sobre la continuidad técnica del instituto.

Desde el punto de vista institucional, la decisión de mantener el IPC vigente busca preservar la credibilidad del proceso de desinflación y evitar lecturas políticas sobre los datos oficiales. Al mismo tiempo, el Gobierno envía una señal de cautela a los mercados, en un contexto donde el riesgo país y las expectativas inflacionarias siguen siendo variables sensibles.

“Estamos confiados que la inflación va a caer y no queremos dar lugar a que se diga que ocurrió porque tocamos el índice”, reiteró Caputo. La definición deja en claro que, por ahora, la prioridad oficial es consolidar la tendencia descendente de los precios antes de introducir cambios metodológicos que, aun siendo técnicamente consistentes, podrían generar ruido político y financiero.

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Causa YPF: el Gobierno se negó a revelar dónde está el oro y descartó que Caputo declare

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En el marco del juicio por la expropiación de YPF que se tramita en Estados Unidos, el Gobierno nacional rechazó un pedido para revelar la ubicación de las reservas de oro de la Argentina. La decisión apunta a resguardar información sensible del Banco Central (BCRA) y se inscribe en la estrategia oficial para evitar que los beneficiarios del fallo por US$16.000 millones identifiquen activos ejecutables mientras el país aguarda la resolución de la apelación.

La presentación fue realizada ante el juzgado de la jueza Loretta Preska y fue dada a conocer por el especialista Sebastián Maril, quien precisó que el Ejecutivo argumentó que el oro “pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información”. En el mismo escrito, el Gobierno también rechazó que el ministro de Economía, Luis Caputo, sea citado a declarar para brindar precisiones sobre el tema.

Autonomía del BCRA y estrategia procesal en Estados Unidos

El rechazo oficial se apoya en la independencia institucional del Banco Central, un punto central en la defensa argentina. Según lo informado, el Tesoro sostuvo que no dispone de datos sobre la localización de las reservas de oro porque estas forman parte de los activos del BCRA y no del Poder Ejecutivo. En esa línea, el Gobierno indicó que realizará el pedido correspondiente al Banco Central, sin comprometerse a revelar la información en el expediente judicial.

El planteo se produce en un contexto de máxima sensibilidad procesal. Los beneficiarios del fallo condenatorio —que fijó una indemnización de US$16.000 millones— buscan establecer conexiones y rastrear activos que permitan a la jueza ordenar la ejecución de la sentencia. La ubicación de las reservas internacionales, y en particular del oro, aparece como un elemento clave en esa estrategia.

Desde la óptica oficial, brindar detalles sobre estos activos podría debilitar la posición argentina y abrir la puerta a medidas cautelares o embargos en el exterior, aun cuando el fallo se encuentra apelado.

Rechazo a la citación de Caputo y límites de la información requerida

Además de negar la entrega de información sobre el oro, el Gobierno rechazó el pedido para que Luis Caputo se presente a declarar. La negativa refuerza la postura de que el Ministerio de Economía no es el órgano competente para responder sobre activos que pertenecen a una entidad autárquica como el BCRA.

El argumento busca delimitar responsabilidades institucionales y evitar que el proceso judicial derive en requerimientos que, desde la perspectiva argentina, exceden las atribuciones del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la defensa apunta a sostener que no existe acceso directo ni control operativo del Tesoro sobre las reservas del Banco Central.

Apelación en curso

Cabe recordar que Argentina apeló el fallo condenatorio dictado por Preska y se encuentra a la espera de una definición por parte de la Corte de Apelaciones. Hasta que esa instancia se pronuncie, el Gobierno procura ganar tiempo y preservar activos estratégicos, en un litigio que combina impacto financiero, institucional y político.

Mientras tanto, los demandantes continúan explorando vías para detectar bienes susceptibles de ejecución, lo que anticipa un escenario de alta tensión judicial. La negativa a informar la ubicación del oro se inscribe, así, en una defensa más amplia que busca blindar las reservas internacionales y sostener la autonomía del Banco Central como pilar argumental ante los tribunales estadounidenses.

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Carne: el Gobierno unificó la faena en un sistema digital y derogó normas que regían desde 1973

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El Ministerio de Economía aprobó un nuevo marco integral para el registro, control y trazabilidad de la faena de hacienda en todo el país. A través de la Resolución 40/2026, que entra en vigencia el 1° de enero de 2026, el Ejecutivo creó un Sistema Integral de Faena (SIF) unificado, digital y obligatorio, y derogó más de una decena de normas dictadas entre 1973 y 2015. La medida busca simplificar regulaciones, actualizar controles con tecnología electrónica y reforzar la trazabilidad individual en la industria cárnica, con impacto directo sobre frigoríficos, matarifes, exportadores y el comercio interno.

La resolución, firmada por el ministro Luis Andrés Caputo y publicada en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2026, se inscribe en la política de desregulación y eficiencia administrativa impulsada por el Gobierno nacional tras el Decreto 70/2023. El objetivo declarado es “actualizar, simplificar y unificar” un régimen disperso y parcialmente obsoleto, sin resignar las funciones de control, fiscalización y poder de policía previstas en la Ley 21.740.

Un nuevo Sistema Integral de Faena y el fin de normas históricas

El eje central de la Resolución 40/2026 es la creación del Sistema Integral de Faena (SIF), que pasa a ser la plataforma obligatoria para que los establecimientos faenadores registren el ingreso de la hacienda, la autorización de faena, el resultado de faena (romaneo) y las existencias diarias de carne en cámaras frigoríficas. El sistema será provisto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y estará bajo control de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, que actuará como autoridad de aplicación.

El SIF se presenta como continuador del sistema creado en 2015, pero con una diferencia clave: se deroga la resolución 586/2015 y se eliminan libros físicos históricos. Desde ahora, todos los registros tendrán carácter de declaración jurada y se realizarán exclusivamente en formato digital, con acceso mediante clave fiscal a través del portal de autogestión del Ministerio.

En paralelo, la resolución deroga un paquete normativo de más de 50 años, incluyendo resoluciones emblemáticas de la ex Junta Nacional de Carnes (1973, 1981 y 1983), disposiciones de la ex ONCCA y normas que regulaban la identificación, clasificación, tipificación y registros manuales en la faena bovina, porcina, ovina, caprina y equina. Según el texto oficial, muchas de esas reglas quedaron “total o parcialmente obsoletas” frente a los avances tecnológicos y las nuevas dinámicas de la industria cárnica.

Trazabilidad electrónica, control de faena y nuevas obligaciones

Uno de los cambios más relevantes es la integración de la identificación electrónica individual en la etapa de faena. En línea con la Resolución 71/2024, que estableció la trazabilidad electrónica obligatoria para bovinos, bubalinos y cérvidos desde el 1° de enero de 2026, la nueva norma obliga a los frigoríficos a leer el chip electrónico en la línea de faena y asociarlo de manera precisa al número de garrón de cada animal, registrando esa información en el “Resultado de Faena”.

La resolución mantiene y refuerza controles clave:

  • Prohibición de faenar sin Autorización de Faena emitida por el SIF.
  • Cierre obligatorio del Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) al arribo de cada tropa.
  • Prohibición de mezclar tropas en corrales o en faena, aun cuando pertenezcan al mismo propietario.
  • Exigencia de corrales numerados e identificados.
  • Control estricto del funcionamiento de la balanza oficial de romaneo, con pesas de contraste mínimas de 180 kg.

Asimismo, se detallan nuevamente los procedimientos de identificación de reses y medias reses —sellos, etiquetas, lazos o sistemas autorizados—, los requisitos de clasificación, tipificación, dentición y pesaje, y las obligaciones documentales para la salida de carne, que en el caso de bovinos, bubalinos y porcinos deberá realizarse con Remito Electrónico Cárnico.

Impacto en la cadena cárnica

Desde el punto de vista institucional, la Resolución 40/2026 consolida un modelo de control más digitalizado y centralizado, con menor carga administrativa formal pero mayor exigencia de cumplimiento en tiempo real. Para el Estado, el nuevo esquema apunta a optimizar recursos, eliminar duplicaciones y mejorar la capacidad de fiscalización mediante datos electrónicos integrados.

Para los actores de la cadena cárnica —frigoríficos, matarifes, consignatarios, exportadores y operadores comerciales—, la medida implica adaptación tecnológica obligatoria, pero también mayor previsibilidad normativa. La eliminación de normas superpuestas y libros manuales reduce discrecionalidad y zonas grises, aunque incrementa la trazabilidad individual y la responsabilidad del operador, dado que toda la información cargada en el sistema tiene carácter de declaración jurada.

En términos de mercado, el fortalecimiento de la trazabilidad y del control de faena impacta tanto en el comercio interno, al mejorar la transparencia en peso, clasificación y tipificación, como en el perfil exportador, donde la trazabilidad individual es un requisito creciente para el acceso a mercados internacionales.

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Georgieva recibió a Caputo en Davos y destacó la acumulación de reservas

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En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien destacó “el fuerte desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”. La reunión se produjo en la antesala de la segunda revisión del acuerdo vigente, de la que depende un nuevo desembolso de USD 1.000 millones, y a pocos días de un vencimiento de USD 824 millones en intereses, previsto para el 1° de febrero.

Señales políticas y financieras en Davos: respaldo del FMI y diálogo en un momento clave

El encuentro entre Caputo y Georgieva fue calificado como “breve”, pero se dio en un contexto de alta sensibilidad financiera. Tras la reunión, la titular del FMI compartió una imagen en sus redes sociales junto al ministro argentino y subrayó el “progreso en la acumulación de reservas”, una de las principales metas bajo observación del organismo.

“El tiempo es muy corto y estamos tratando de tener un abrazo. Está todo muy bien, se están reconstruyendo las reservas”, afirmó Georgieva al ser consultada sobre la delegación argentina, luego del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos. Caputo citó el mensaje y respondió: “Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.

La señal pública del FMI llega cuando una misión técnica del organismo se prepara para viajar a la Argentina en febrero, con el objetivo de realizar la segunda revisión del programa. De su aprobación depende la liberación de un giro por USD 1.000 millones, clave para reforzar la posición financiera del país y atender compromisos externos.

Vencimientos, reservas y la expectativa de un waiver

El calendario financiero inmediato agrega presión. El 1° de febrero, el Gobierno debe afrontar un pago de USD 824 millones en intereses al FMI. Fuentes del Ministerio de Economía evitaron precisar si el pago se realizará antes o después de la auditoría del organismo, y tampoco confirmaron la fecha exacta de arribo de la misión, más allá de que será durante febrero.

Entre los economistas, el consenso apunta a que el Ejecutivo cumplirá con el vencimiento. “El Gobierno lo va a pagar y va a esperar el desembolso de USD 1.000 millones luego de la revisión”, sostuvo Fausto Spotorno, director de la consultora OJF.

El foco central del análisis del FMI estará puesto en el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025. Si bien el equipo económico cumplió con las exigencias fiscales, no logró alcanzar el objetivo de reservas, lo que abre la puerta a la solicitud de un waiver (dispensa).

En la revisión anterior, el Fondo ya había recortado de manera significativa las metas para facilitar el cumplimiento. Inicialmente, el BCRA debía cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero el objetivo fue modificado a USD -2.600 millones. Aun así, la meta no se alcanzó, influida por la estrategia de no comprar divisas hasta tocar el piso de la banda cambiaria y, en menor medida, por ventas destinadas a contener el dólar antes de las elecciones legislativas.

Nueva fase del programa y compras del BCRA: el punto fuerte de la revisión

De cara a la próxima evaluación, el Banco Central llega con una posición más favorable. Desde el 1° de enero, comenzó una nueva etapa del programa económico, con bandas cambiarias ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un esquema de compras de dólares en función de la demanda de dinero.

En ese marco, el BCRA compró USD 712 millones en las últimas 12 jornadas, y al 20 de enero las reservas internacionales brutas alcanzaron USD 44.874 millones, tras adquisiciones por USD 716 millones en ese período. Luego de la primera revisión, el FMI había solicitado explícitamente que la autoridad monetaria “desempeñe un papel más activo en el proceso de acumulación de reservas, incluyendo la compra de divisas según un calendario predecible”, recomendando observar experiencias de Chile, Colombia y México.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, celebró el inicio de esta nueva fase: “Si bien todavía es temprano, el proceso de acumulación empezó este año a un ritmo más rápido de lo previsto. Las compras del Banco Central superaron el 5% del piso del volumen diario del mercado de cambios en la mayoría de los días, lo cual es bienvenido”.

Para 2026, las metas acordadas tras la primera revisión establecen que las reservas internacionales netas deben ubicarse en USD -3.100 millones al cierre del primer trimestre, en USD 1.600 millones al segundo trimestre y en USD 8.400 millones en diciembre, todos objetivos inferiores a los originalmente pactados.

Lectura económica e institucional

El respaldo discursivo de Georgieva en Davos refuerza la estrategia del Gobierno de mostrar alineamiento con el FMI y avances en los ejes centrales del programa, en especial la reconstrucción de reservas. Sin embargo, la necesidad de un waiver vuelve a poner en evidencia la fragilidad del frente externo y la dependencia de la política económica argentina de la validación periódica del organismo multilateral.

En el corto plazo, la atención del mercado estará puesta en dos definiciones: el pago del vencimiento del 1° de febrero y el resultado de la segunda revisión, de la que depende no solo el desembolso de USD 1.000 millones, sino también la señal de continuidad y previsibilidad del programa financiero.

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Caputo celebró la baja de la inflación mayorista y afirmó que el plan económico “terminará con la inflación”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el programa económico del Gobierno nacional “es el camino para terminar de una vez por todas con la inflación”, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que confirmaron una marcada desaceleración inflacionaria durante 2025. En particular, la inflación mayorista cerró el año con un alza acumulada del 26,2%, el nivel más bajo de los últimos ocho años, pese a una aceleración puntual en diciembre.

Las cifras oficiales fueron destacadas por el titular del Palacio de Hacienda como una señal de consolidación del rumbo macroeconómico, en contraste con los registros de años previos y con impacto directo en la formación de precios, los costos empresariales y las expectativas económicas.

Inflación mayorista en mínimos de ocho años

De acuerdo con los datos difundidos por el INDEC, el IPIM registró una suba del 2,4% en diciembre, lo que implicó una aceleración respecto de meses anteriores, pero permitió cerrar 2025 con un incremento anual del 26,2%. Se trata del registro más bajo desde 2017, cuando la inflación mayorista había finalizado en 18,8%.

El dato adquiere mayor relevancia al compararse con el desempeño de 2023, cuando el mismo índice había mostrado una variación acumulada del 276,4%. En ese sentido, Caputo remarcó que el resultado “contrasta con el 276,4% de variación en el IPIM en 2023”, subrayando la magnitud del cambio observado en el último año.

La inflación mayorista es seguida de cerca por analistas y empresas debido a su incidencia directa sobre los costos de producción y su capacidad de anticipar movimientos futuros en los precios al consumidor, lo que le otorga un rol clave en la evaluación del escenario macroeconómico.

Los fundamentos del programa económico

A través de sus redes sociales, el ministro explicó los factores que, a su entender, permitieron alcanzar la inflación más baja desde 2017. Según Caputo, el resultado fue posible gracias a “la combinación de superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero, recapitalización del Banco Central (BCRA) y las distintas medidas de desregulación y facilitación del comercio que han permitido reducir costos innecesarios para el sector privado”.

En esa línea, el titular de Economía vinculó de manera directa la desaceleración inflacionaria con los pilares centrales del programa económico impulsado por el Gobierno, al señalar que estas políticas constituyen “el camino para terminar con la inflación”.

El énfasis en el superávit fiscal y en el control monetario se alinea con la estrategia oficial de atacar las causas estructurales de la inflación, mientras que las medidas de desregulación y apertura comercial apuntan a mejorar la eficiencia y reducir distorsiones en la formación de precios.

Impacto económico y señales al mercado

El cierre del año con una inflación mayorista del 26,2% tiene implicancias relevantes para distintos sectores de la economía. Para el sector productivo, una menor variación de precios mayoristas contribuye a estabilizar costos y facilita la planificación. Para el Gobierno, los datos refuerzan el discurso oficial sobre la efectividad del programa económico y su capacidad para anclar expectativas.

Aunque diciembre mostró una aceleración mensual, el balance anual dejó una señal clara de desaceleración inflacionaria, que el Ministerio de Economía presenta como un respaldo a la continuidad de las políticas aplicadas. En ese marco, la evolución futura del IPC y del IPIM seguirá siendo un termómetro central para evaluar la consistencia del proceso de desinflación y su impacto sobre el poder adquisitivo y la actividad económica.

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