Luis Caputo

La Casa Rosada reactiva su agenda política y busca destrabar las reformas clave en el Congreso

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Con el objetivo de recuperar la iniciativa política y legislativa tras la pausa generada por el Mundial de Fútbol 2026, el Gobierno nacional reunió este martes a la Mesa Política en la Casa Rosada para delinear la estrategia del segundo semestre. El encuentro, encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tuvo como eje la reactivación del Congreso y la construcción de consensos que permitan avanzar con las principales reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Durante casi dos horas, los principales referentes de La Libertad Avanza analizaron el escenario parlamentario y definieron los lineamientos para intentar destrabar proyectos que permanecen pendientes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La reunión reunió al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la senadora Patricia Bullrich; al asesor presidencial Santiago Caputo y a otros integrantes del gabinete político.

El diagnóstico compartido por el oficialismo es que la segunda mitad del año será determinante para consolidar el programa de reformas económicas e institucionales que el Gobierno considera centrales para profundizar su esquema de estabilización y modernización del Estado. Por ello, la estrategia combinará negociación política, acuerdos con gobernadores y una agenda parlamentaria escalonada.

Entre las iniciativas consideradas prioritarias figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, modificaciones al régimen de Zona Fría, cambios vinculados a la protección de la propiedad privada y la denominada Inocencia Fiscal II, un proyecto orientado a introducir nuevas modificaciones en materia tributaria y de administración fiscal.

La intención del Ejecutivo es que estas propuestas comiencen a debatirse una vez finalizado el receso invernal, período en el que el Gobierno buscará fortalecer los acuerdos necesarios para superar la fragmentación parlamentaria que caracteriza al Congreso desde el inicio de la gestión.

Además del frente legislativo, la Mesa Política también avanzó sobre la planificación electoral de cara a 2027. El oficialismo entiende que la construcción territorial y la articulación con las provincias serán factores decisivos tanto para la aprobación de las reformas como para consolidar su proyecto político en el mediano plazo.

En ese marco, Diego Santilli confirmó que continuará la ronda de reuniones con gobernadores para formalizar convenios vinculados a obras de infraestructura y fortalecer la coordinación institucional con las provincias. Entre los próximos encuentros figuran autoridades de Santa Fe, Catamarca y Santiago del Estero, con una agenda que incluye el traspaso de obras viales, proyectos de acueductos y nuevas plantas potabilizadoras.

La estrategia refleja un cambio de enfoque respecto de los primeros meses de gestión. Si inicialmente el Ejecutivo priorizó los instrumentos administrativos y regulatorios para avanzar con parte de su programa, ahora el énfasis vuelve a concentrarse en la construcción de mayorías legislativas que otorguen mayor estabilidad jurídica a las reformas estructurales.

El cronograma previsto por el Gobierno comenzará a acelerarse esta misma semana. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el proyecto de ley Inocencia Fiscal II, que será enviado a la Cámara de Diputados, mientras que el presidente Javier Milei anunciará la próxima semana la propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, considerada una de las iniciativas económicas más relevantes del segundo semestre.

Para el oficialismo, el desafío ya no pasa únicamente por diseñar reformas, sino por construir los consensos políticos necesarios para convertirlas en ley. En un Congreso sin mayorías propias, la negociación con gobernadores, bloques provinciales y sectores dialoguistas vuelve a convertirse en una pieza central para sostener la agenda de transformación impulsada por la Casa Rosada.

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Pampa Energía obtuvo la aprobación del RIGI para invertir USD 4.521 millones en Vaca Muerta

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El Gobierno nacional aprobó el ingreso del Proyecto Rincón de Aranda, de Pampa Energía, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en una decisión que representa uno de los desembolsos privados más importantes desde la creación del régimen. La iniciativa contempla una inversión total de USD 4.521 millones para desarrollar un nuevo polo de producción de petróleo no convencional en Vaca Muerta, con un fuerte perfil exportador y un horizonte operativo que se extenderá hasta 2041.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1025/2026 del Ministerio de Economía, que otorgó al proyecto la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), una figura reservada para inversiones de gran escala con capacidad de ampliar la inserción internacional de la Argentina en mercados donde su participación aún es reducida.

El desarrollo se emplazará en el área Rincón de Aranda, en el departamento neuquino de Añelo, uno de los epicentros de Vaca Muerta. El plan contempla la perforación de 259 pozos horizontales, junto con la construcción de infraestructura crítica para el procesamiento, almacenamiento y transporte de petróleo, gas y agua, incluyendo plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos.

La aprobación confirma que el Gobierno considera que el proyecto cumple con los objetivos estratégicos del RIGI: incrementar las exportaciones, atraer inversiones de largo plazo, fortalecer la competitividad energética y generar nuevas oportunidades de empleo e integración de proveedores nacionales.

El cronograma de inversiones prevé tres etapas. La primera, entre 2024 y 2028, demandará USD 1.159 millones, destinados principalmente a infraestructura y la perforación de 50 pozos. La segunda fase, entre 2028 y 2031, incorporará otros USD 1.107 millones para desarrollar 70 nuevos pozos, mientras que la tercera etapa, prevista hasta 2041, sumará USD 2.255 millones para completar el desarrollo integral del yacimiento con los 139 pozos restantes.

En apenas los dos primeros años desde la aprobación oficial, la empresa deberá acreditar inversiones por USD 1.099 millones, superando ampliamente el umbral mínimo exigido por el régimen para este tipo de proyectos estratégicos.

Uno de los elementos centrales de la evaluación técnica fue la capacidad del proyecto para consolidar a la Argentina como proveedor internacional de petróleo. La iniciativa fue presentada como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo debido a que el país mantiene una participación inferior al 1% en la producción mundial de crudo, muy por debajo del límite del 10% establecido por la normativa para acceder a esta categoría.

La producción estará orientada tanto al abastecimiento interno como a la exportación de petróleo y derivados, aprovechando el crecimiento de la infraestructura de evacuación de Vaca Muerta y la creciente demanda internacional por hidrocarburos.

Beneficios del RIGI para la inversión

Con la aprobación oficial, Pampa Energía accederá al conjunto de incentivos previstos por el RIGI, entre ellos beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios diseñados para brindar previsibilidad a inversiones de largo plazo.

La resolución también autoriza la importación de bienes de capital bajo el régimen especial previsto por la Ley Bases, dispone la inscripción del proyecto en el Registro de Proyectos de Exportación Estratégica y encomienda a la Secretaría de Energía el seguimiento y fiscalización del cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por la compañía.

Asimismo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá generar una CUIT específica para el Vehículo de Proyecto Único (VPU), mientras que el Banco Central aplicará los beneficios cambiarios contemplados para las inversiones adheridas al régimen.

La aprobación del proyecto Rincón de Aranda refuerza el papel de Vaca Muerta como principal destino de las grandes inversiones energéticas en Argentina. El desarrollo de infraestructura asociada no solo permitirá incrementar la producción de shale oil, sino también mejorar la capacidad de transporte y procesamiento, condiciones consideradas esenciales para sostener un crecimiento exportador en la próxima década.

Desde una perspectiva económica, el proyecto busca combinar mayor producción, generación de divisas y desarrollo de proveedores locales, uno de los requisitos incorporados en la evaluación del RIGI. Para la industria energética, representa una señal de continuidad del esquema de incentivos impulsado por el Gobierno para atraer capital de largo plazo hacia uno de los sectores considerados estratégicos para la estabilidad macroeconómica del país.

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Privatización de Corredores Viales: precalifican ofertas y definen quién administrará ocho corredores estratégicos

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El Ministerio de Economía dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A. al aprobar la primera etapa de la licitación nacional e internacional que permitirá concesionar ocho de los principales corredores viales del país. La medida habilita el avance hacia la apertura de las ofertas económicas y acerca al Gobierno a uno de los procesos de infraestructura más relevantes impulsados desde la sanción de la Ley Bases.

La Resolución 1024/2026, firmada por el ministro Luis Caputo, valida el trabajo realizado por la comisión evaluadora, precalifica a las empresas que cumplieron los requisitos técnicos y financieros y deja fuera de competencia a dos ofertas por incumplimientos en la documentación económica exigida en los pliegos.

La licitación forma parte del proceso de privatización total de Corredores Viales S.A., empresa que fue declarada “sujeta a privatización” por la Ley 27.742. El objetivo oficial es reemplazar el actual esquema estatal por concesiones privadas bajo el régimen de obra pública por peaje, transfiriendo al sector privado la construcción, mantenimiento, explotación y ampliación de la infraestructura vial.

La denominada “Red Federal de Concesiones – Etapa III” comprende ocho grandes corredores: Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. Se trata de rutas nacionales estratégicas para el transporte de cargas, las exportaciones agroindustriales y la conectividad entre regiones productivas.

En total participaron 22 grupos empresarios que presentaron 50 ofertas para los distintos corredores, reflejando un elevado nivel de competencia en un negocio considerado clave para el desarrollo de la infraestructura logística del país.

Entre los oferentes precalificados aparecen algunas de las principales constructoras argentinas, como José Cartellone Construcciones Civiles, Benito Roggio e Hijos, Panedile, Supercemento, CPC, José J. Chediack, Lemiro Pablo Pietroboni, Luciano Construcciones, además de diversas uniones transitorias conformadas específicamente para competir en diferentes tramos.

La resolución también confirmó la exclusión de las propuestas presentadas por la UTE integrada por Compacto S.A., Edmacar Constructora Vial S.A. y Tolcon S.A. para los tramos Centro y Cuyo. Según explicó el Ministerio de Economía, la empresa intentó incorporar documentación económico-financiera nueva durante la etapa de subsanación, algo que la comisión evaluadora consideró incompatible con las reglas del proceso licitatorio.

El Gobierno rechazó además la impugnación presentada por esa unión empresaria y dispuso la pérdida de la garantía constituida para cuestionar el dictamen de precalificación, al considerar que aceptar la nueva documentación hubiera vulnerado el principio de igualdad entre todos los participantes.

Con la etapa técnica concluida, el cronograma continúa este martes 22 de julio con la apertura de los sobres económicos a través del sistema electrónico CONTRAT.AR. Allí comenzará la definición sobre qué empresas quedarán finalmente a cargo de cada uno de los corredores concesionados.

El proceso constituye uno de los pilares de la reorganización del sistema vial nacional impulsada por el Gobierno. La administración nacional sostiene que el nuevo esquema permitirá atraer inversiones privadas para mejorar el estado de las rutas, incorporar tecnología, optimizar el mantenimiento y reducir la participación del Estado en la gestión operativa.

Sin embargo, el avance del proceso también abre interrogantes sobre el impacto que tendrá el nuevo modelo en el costo de los peajes, la continuidad de las obras y el equilibrio entre rentabilidad privada y prestación de un servicio público esencial para millones de usuarios y para el transporte de la producción argentina.

Para provincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe, la licitación reviste especial importancia debido a que los corredores Litoral, Mesopotámico y Noreste concentran buena parte del movimiento de cargas vinculado con las economías regionales, el comercio exterior y la actividad turística. La calidad de esas rutas incide directamente sobre los costos logísticos, la competitividad de las exportaciones y la seguridad vial.

La resolución aprobada por Economía representa, así, un paso decisivo hacia la adjudicación definitiva de las concesiones, en un proceso que redefinirá durante los próximos años quién administra una parte sustancial de la red vial nacional y bajo qué condiciones se financiarán las inversiones en infraestructura.

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El misionero Javier Lanari fue designado director del Banco Nación

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El Gobierno nacional oficializó la designación del misionero Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina (BNA), uno de los cargos estratégicos dentro del principal banco público del país. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 618/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La designación ubica a Lanari, actual subsecretario de Prensa de la Presidencia y uno de los principales voceros políticos del Gobierno en redes sociales y medios de comunicación, en el directorio de una de las instituciones financieras más relevantes del sistema bancario argentino. Su mandato se extenderá hasta el 4 de febrero de 2028, completando el período legal que había quedado vacante tras la salida del abogado Gonzalo Pascual.

El decreto también formaliza la aceptación de la renuncia de Pascual, quien dejó el cargo con efecto retroactivo al 31 de enero de 2026, y agradece los servicios prestados durante su gestión.

Para Misiones, el nombramiento representa un nuevo espacio de representación dentro de organismos nacionales con capacidad de incidencia económica. Lanari, oriundo de la provincia, se consolidó en los últimos años como uno de los dirigentes de mayor confianza del presidente Javier Milei en materia de comunicación política y estrategia gubernamental, desempeñando un rol central en la difusión de las políticas oficiales desde la Casa Rosada.

Su incorporación al directorio del Banco Nación se produce en un momento clave para la entidad. El banco atraviesa un proceso de transformación orientado a modernizar su funcionamiento, mejorar su eficiencia operativa y ampliar su papel en el financiamiento de los sectores productivos, en línea con la agenda de reformas impulsada por el Gobierno nacional.

Más allá de su perfil vinculado a la comunicación política, el directorio del Banco Nación cumple funciones estratégicas en la definición de políticas crediticias, el seguimiento del desempeño financiero de la entidad y la aprobación de decisiones vinculadas con inversiones, financiamiento productivo y administración institucional.

El Banco Nación continúa siendo el principal actor del crédito público en Argentina y mantiene un papel determinante en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, economías regionales, actividades agroindustriales, comercio exterior e infraestructura productiva. Por esa razón, cada modificación en su conducción adquiere relevancia para el entramado económico nacional y también para provincias como Misiones, donde la entidad conserva una fuerte presencia en el financiamiento del sector productivo.

La designación de Lanari se inscribe además dentro del proceso de renovación de autoridades que el Gobierno viene llevando adelante en organismos descentralizados y empresas públicas, con el objetivo de alinear la conducción institucional con la estrategia económica y financiera de la administración nacional.

Con este nombramiento, el dirigente misionero suma una nueva responsabilidad en la estructura del Estado nacional, combinando su rol en la comunicación presidencial con participación en el máximo órgano de conducción del banco público más importante del país.

El paso de Lanari en el gobierno de Milei

La incorporación de Lanari al BNA se formalizó menos de un mes después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicara su salida de la Secretaría de Comunicación y Prensa. El 22 de junio Adorni había agradecido al funcionario por acompañar durante dos años y medio a la gestión y anticipó que el Gobierno informaría posteriormente quién quedaría a cargo del área.

La salida de Lanari del área de comunicación se dio el mismo día que entró en funciones el nuevo portavoz presidencial, Adrián Ravier. Esa decisión se dio, a su vez, en medio de la polémica que se desató en torno a Manuel Adorni por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y los altos niveles de presión que había a nivel interno para que el jefe de Gabinete fuera expulsado del Gobierno.

De hecho, su salida sucedió pocos días después. Lanari había ingresado al gobierno de Milei desde el comienzo de la gestión libertaria. En una primera etapa se desempeñó como subsecretario de Prensa y posteriormente asumió como secretario de Comunicación y Prensa. Durante su paso por esa secretaría, el experiodista ejecutó la decisión presidencial de cerrar la sala destinada a los trabajadores de prensa acreditados en la sede gubernamental.

La restricción se aplicó después de una denuncia de la Casa Militar por un presunto caso de espionaje ilegal contra dos periodistas, a raíz de la difusión de una filmación realizada dentro de la Casa Rosada. En la primera jornada de la restricción, Lanari el encargado de salir de la Casa Rosada para conversar con los periodistas, quienes habían instalado de manera provisoria un espacio de trabajo en una confitería ubicada frente a la Plaza de Mayo.

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El Gobierno incumplió la meta fiscal con el FMI tras el déficit de junio

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El resultado fiscal de junio marcó un punto de inflexión para la estrategia económica del Gobierno nacional. Luego de varios meses exhibiendo el superávit como principal activo de la política macroeconómica, el Sector Público Nacional (SPN) cerró el sexto mes del año con un déficit superior a los $1 billón, un resultado que derivó en el incumplimiento de la meta fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el primer semestre de 2026.

El acuerdo vigente establecía un superávit acumulado de $6,9 billones entre enero y junio. Sin embargo, con el resultado negativo de junio, el Gobierno finalizó el semestre con un saldo de aproximadamente $6,3 billones, unos $570.000 millones por debajo del objetivo pactado, lo que obligaría a solicitar un waiver —la dispensa que el FMI concede cuando un país no alcanza una meta cuantitativa, aunque considera que el programa mantiene consistencia general— durante la próxima revisión del acuerdo.

El deterioro de las cuentas públicas en junio respondió a una combinación de factores extraordinarios y estacionales. El déficit del SPN alcanzó los $1.024.891 millones, explicado por una caída de los ingresos tributarios, el pago del medio aguinaldo, mayores erogaciones vinculadas a subsidios energéticos y la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó gran parte de la menor recaudación precisamente al cambio en el calendario tributario. Según explicó, el corrimiento del vencimiento de las declaraciones juradas desde junio hacia julio redujo transitoriamente los ingresos fiscales del sexto mes del año, efecto que podría revertirse cuando esos recursos ingresen efectivamente al Tesoro.

No obstante, distintos economistas advierten que la explicación no se limita al calendario impositivo. Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, señaló que el Gobierno también enfrentó mayores dificultades para continuar ajustando el gasto público, debido tanto al incremento de las prestaciones como al aumento de las transferencias destinadas a subsidios energéticos.

El comportamiento de la recaudación también refleja una economía que todavía no logra consolidar una recuperación suficientemente robusta. Durante junio, los ingresos tributarios registraron una caída superior al 10% en términos reales respecto del mismo mes del año anterior, una señal que comienza a generar interrogantes sobre la capacidad de sostener el equilibrio fiscal únicamente mediante el ajuste del gasto.

Desde GMA Capital sostienen que el desvío es relativamente acotado y no compromete el principal ancla macroeconómica del programa económico. Sin embargo, advierten que reduce el margen de maniobra para la segunda mitad del año y obliga a que el crecimiento económico comience a traducirse en una recuperación genuina de la recaudación tributaria. En otras palabras, la consolidación fiscal dependerá cada vez menos de los recortes presupuestarios y más del desempeño de la actividad económica.

En la misma línea, Fausto Spotorno consideró que el incumplimiento responde principalmente a un fenómeno estacional y sostuvo que el objetivo central será alcanzar la meta anual comprometida con el organismo internacional, más que el cumplimiento estricto del resultado semestral.

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, coincidió en que el desvío es reducido y estimó que el Gobierno buscará compensarlo durante los próximos meses mediante una mejora en la recaudación asociada a una recuperación gradual del nivel de actividad.

El contexto adquiere mayor relevancia porque hacia fines de julio está prevista una nueva revisión del programa con el FMI, instancia que podría habilitar un desembolso superior a los US$680 millones. En ese marco, también se espera la visita a la Argentina de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, quien mantendrá reuniones con el presidente Javier Milei, autoridades del Ministerio de Economía y representantes del sector privado.

Más allá del incumplimiento puntual, el episodio refleja una nueva etapa para la política fiscal argentina. Tras varios meses en los que el ajuste del gasto permitió alcanzar resultados históricos, el desafío comienza a desplazarse hacia la generación de ingresos sostenibles en un contexto de menor inflación, desaceleración tributaria y recuperación económica todavía heterogénea. El equilibrio fiscal ya no dependerá exclusivamente de la disciplina presupuestaria, sino también de la capacidad del crecimiento para ampliar la base tributaria sin recurrir a mayores cargas impositivas.

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