Luis Caputo

Nación adjudicó la concesión de las rutas 12 y 105: Misiones tendrá cuatro peajes y crece el rechazo al nuevo cobro en Puerto Rico

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El Gobierno nacional adjudicó la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, una de las mayores transferencias de corredores viales al sector privado de los últimos años, que comprende más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho tramos estratégicos y que, según anunció el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, será ejecutada con inversión íntegramente privada.

Para Misiones, la decisión tiene impacto directo sobre su principal corredor económico. El denominado Tramo Noreste comprende unos 456 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 105, desde Ituzaingó, en Corrientes, hasta Puerto Iguazú y desde Posadas hasta Pindapoy, respectivamente.

El corredor fue adjudicado al consorcio integrado por Carlos E. Enríquez SA y Hormi SA, que asumirá la explotación, conservación y mantenimiento del tramo bajo el nuevo esquema de concesión vial.

La Ruta 12 constituye la columna vertebral logística de Misiones: conecta Posadas con las principales ciudades del interior, atraviesa buena parte del entramado industrial y productivo provincial y constituye la vía terrestre fundamental para el acceso a Puerto Iguazú y las Cataratas. La 105, en tanto, funciona como conexión estratégica desde Posadas hacia el corredor de la Ruta 14.

La adjudicación forma parte de un paquete nacional que incluye además los tramos Centro, Mesopotámico, Centro Norte, Noroeste, Litoral, Chaco-Santa Fe y Cuyo. En total, la Etapa III comprende corredores en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones y Mendoza.

“Con esta adjudicación, completamos más de 9.000 kilómetros de las principales rutas nacionales”, anunció Caputo. Según el ministro, el nuevo esquema alcanza 16 tramos estratégicos por los que circula cerca del 80% del tránsito del país, que estarán en obras desde fines de septiembre.

El modelo elegido por la Nación busca sustituir el financiamiento presupuestario de la infraestructura vial por inversión y explotación privada, con los peajes como uno de los componentes centrales para sostener económicamente las concesiones.

El punto de conflicto: un nuevo peaje en Puerto Rico

Precisamente allí aparece el principal foco de tensión para Misiones. La documentación de la concesión contempla una modificación sustancial del mapa de peajes provincial: a las estaciones existentes en Fachinal -sobre la 105 hoy con precios misioneros- y Santa Ana y Victoria sobre la ruta 12, se agregará un nuevo punto de cobro sobre la Ruta Nacional 12 a la altura de Puerto Rico.

De esta manera, el Tramo Noreste tendrá cinco estaciones: Ituzaingó, Santa Ana, Puerto Rico, Colonia Victoria y Fachinal. Cuatro estarán dentro de Misiones.

La futura estación de Puerto Rico estará ubicada aproximadamente en la progresiva 1462 de la RN 12 y funcionará bajo tecnología Free Flow, es decir, con cobro automático y sin barreras. El esquema contractual establece que no podrá comenzar a cobrar hasta que se hayan completado las obras iniciales de puesta en valor previstas para el corredor. 

La incorporación del nuevo peaje despertó rechazo político en Misiones, fundamentalmente porque afectará a un sector de la Ruta 12 utilizado intensamente para desplazamientos cotidianos entre Puerto Rico y municipios vecinos.

El gobernador Hugo Passalacqua cuestionó este viernes la decisión nacional y reclamó revisar el proyecto.

“Quiero expresar mi profunda preocupación ante la noticia de que el Gobierno nacional pretende instalar un nuevo peaje sobre la Ruta Nacional 12 en Misiones”, señaló el mandatario.

Passalacqua puso el foco en el efecto económico que tendría un nuevo costo vial para trabajadores, estudiantes, comerciantes y productores y sostuvo que, en el actual contexto, resulta “inaceptable imponer una traba más” a quienes necesitan utilizar diariamente el corredor.

El gobernador planteó además que la prioridad sobre las rutas nacionales que atraviesan Misiones debería estar puesta en obras, mantenimiento e inversión vial, antes que en incorporar nuevas cargas sobre los usuarios, y pidió a las autoridades nacionales revisar la decisión. 

El malestar es todavía mayor en Puerto Rico, la ciudad directamente alcanzada por la nueva estación.

El intendente Carlos Koth aseguró que el municipio no fue consultado durante el proceso y que tomó conocimiento del proyecto una vez avanzado el esquema de concesión.

“Esto realmente no se puede creer. Lo vimos por el Boletín del Gobierno nacional. Fue algo totalmente inconsulto”, cuestionó el jefe comunal.

Koth advirtió además que la decisión se conoce mientras continúan pendientes trabajos de infraestructura vial reclamados por el municipio. “A nosotros, como municipio, no nos consultan nada en absoluto. Es más, ni siquiera terminaron nuestro acceso”, sostuvo.

El planteo municipal agrega una dimensión económica al debate. Puerto Rico funciona como centro comercial, sanitario, industrial y de servicios para varias localidades del departamento Libertador General San Martín. Buena parte de los movimientos sobre la Ruta 12 no corresponde, por lo tanto, a viajes de larga distancia, sino a traslados cotidianos entre municipios vecinos. 

La ubicación definitiva del sistema de cobro y el régimen tarifario serán determinantes para medir ese impacto.

La adjudicación abre así dos planos diferentes para Misiones. Por un lado, implica el desembarco de capital privado para recuperar y mantener dos corredores nacionales cuya conservación constituye desde hace años uno de los principales reclamos de la Provincia.

Por otro, instala la discusión acerca del costo que deberán asumir los usuarios para financiar ese modelo.

Para una economía fronteriza y exportadora como la misionera, el estado de las rutas 12 y 105 tiene impacto directo sobre los costos logísticos de la yerba mate, el té, la madera, el comercio, el turismo y el transporte de cargas. Pero la multiplicación de estaciones de cobro también puede trasladarse al costo de transportar esos mismos bienes y servicios.

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El Gobierno licita por 50 años los trenes de carga Belgrano, San Martín y Urquiza

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El Gobierno nacional puso en marcha formalmente la licitación para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza, en una de las principales operaciones de transformación del sistema ferroviario impulsadas por la administración de Javier Milei. La iniciativa alcanza 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias y busca atraer capital privado para recuperar infraestructura clave para la producción y las exportaciones a través de los trenes de carga.

La medida fue instrumentada por el Ministerio de Economía a través de la Resolución 1350/2026, que autorizó la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0004-LPU26 para concesionar las vías y los inmuebles aledaños de las tres líneas, con opción de compra del material rodante correspondiente a cada corredor.

El esquema elegido no supone la venta de las vías ferroviarias. La infraestructura continuará bajo propiedad del Estado Nacional, mientras que los adjudicatarios asumirán la concesión, las inversiones y la gestión operativa establecidas en los contratos. El Estado conservará las funciones de regulación, fiscalización y control.

Uno de los elementos centrales del nuevo modelo será el acceso abierto a la infraestructura. Esto significa que distintos operadores podrán utilizar las vías bajo condiciones objetivas y no discriminatorias, una modalidad que apunta a ampliar la competencia y evitar que la concesión se convierta en una barrera para nuevos actores del transporte ferroviario de cargas.

La apuesta oficial es que el capital privado asuma el riesgo empresario que durante décadas no logró resolver el sistema estatal. El diagnóstico incluido en la documentación del proceso señala que la infraestructura acumuló deterioro, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes, aun cuando el Estado destinó recursos crecientes al sostenimiento del servicio.

El problema adquiere una dimensión particular cuando se observa la evolución de la producción argentina. Desde 1970, la producción agropecuaria se multiplicó por seis, mientras que el Belgrano Cargas transporta actualmente menos carga que en aquel momento. Para el Gobierno, esa brecha muestra que el principal problema no es la ausencia de demanda sino la incapacidad del modelo de gestión para acompañar el crecimiento productivo.

La situación que encontró la actual administración también fue considerada crítica. Los informes técnicos mencionados en el proceso de privatización describieron pérdidas económicas significativas, deterioro de la infraestructura, una elevada cantidad de descarrilamientos y deficiencias en el mantenimiento del parque tractivo. Durante 2023, entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado de las locomotoras no se habría cumplido.

El nuevo esquema intenta cambiar esa ecuación trasladando al concesionario la responsabilidad de invertir y mantener la red. La duración de 50 años fue definida con el objetivo de generar un horizonte suficiente para inversiones ferroviarias de gran escala, cuyos períodos de recuperación exceden ampliamente los ciclos de corto plazo.

Además, los contratos contemplarán Obras Obligatorias que deberán ejecutarse durante los primeros cinco años de las concesiones. Los oferentes también podrán comprometer obras adicionales de carácter optativo, que serán consideradas en el proceso de evaluación de las propuestas.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la eliminación del cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y la recuperación del ramal azucarero de la Línea Belgrano. En el caso del San Martín, el objetivo es recuperar capacidad, confiabilidad y regularidad del corredor principal, mientras que en el Urquiza se prevé la recuperación de su ramal troncal.

La operación incorpora además un mecanismo para transformar activos ferroviarios existentes en una fuente de financiamiento para la recuperación de la infraestructura. Los concesionarios tendrán la opción de adquirir determinados lotes de material rodante y los recursos obtenidos por la venta y el remate serán destinados a un fideicomiso de administración cuyo objetivo será financiar las obras a cargo de los concesionarios.

El diseño busca, de ese modo, que parte de los activos actualmente vinculados al sistema contribuyan a financiar su propia recuperación. La resolución establece que el fideicomiso será constituido específicamente para administrar los recursos provenientes de esas operaciones, en lugar de utilizar la estructura fiduciaria que había sido prevista anteriormente.

Otro componente relevante es la posibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los futuros concesionarios podrán beneficiarse de los incentivos y mecanismos de estabilidad y protección previstos por ese régimen, siempre que cumplan con los procedimientos y requisitos establecidos por la normativa. Para el Gobierno, incorporar esta alternativa puede ampliar la concurrencia y favorecer ofertas más competitivas.

La escala territorial de la concesión convierte al proceso en una operación con potencial impacto directo sobre la logística argentina. Las tres líneas atraviesan 16 provincias y conectan regiones productivas con los principales puertos y con pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Una mejora sostenida de la infraestructura ferroviaria podría reducir restricciones logísticas y ampliar las alternativas de transporte para las economías regionales y las cadenas exportadoras.

El cronograma ya quedó definido. Las consultas sobre los pliegos podrán realizarse hasta el 28 de octubre de 2026 a las 10, mientras que las ofertas deberán presentarse hasta el 11 de noviembre a las 9.59. La apertura se realizará ese mismo día a las 10, a través de la plataforma CONTRAT.AR.

La resolución también habilita a la Secretaría de Transporte y a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a requerir asistencia técnica y operativa de Belgrano Cargas y Logística durante el proceso. Una vez adjudicados y perfeccionados los contratos previstos para las distintas unidades de negocio, el esquema definido por el Gobierno contempla la disolución y posterior liquidación de Belgrano Cargas y Logística S.A.

La discusión de fondo, más allá de la privatización, será si el nuevo modelo logra convertir kilómetros de vías deterioradas en una infraestructura capaz de acompañar el crecimiento de la producción argentina. El éxito de la concesión no se medirá solamente por la adjudicación de los contratos, sino por la capacidad de recuperar corredores, reducir tiempos y costos logísticos, aumentar la carga transportada y generar condiciones para que más producción pueda llegar de manera competitiva a los mercados internos y externos.

La licitación marca así el paso de una etapa de administración estatal de Belgrano Cargas hacia un modelo de concesión de largo plazo con inversión privada y acceso abierto. El desafío será transformar ese cambio contractual en resultados concretos sobre la infraestructura, la logística y la competitividad de las economías productivas que dependen de esos corredores ferroviarios.

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Caputo anunció la licitación por 50 años del Belgrano Cargas y abre el sistema ferroviario a operadores privados

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El Gobierno nacional avanzó con uno de los movimientos de mayor alcance dentro de su programa de transformación ferroviaria: el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, anunció la convocatoria a una Licitación Pública Nacional e Internacional para otorgar por 50 años la concesión de las líneas Belgrano cargas, San Martín y Urquiza.

El esquema comprende 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias y conectados con los principales puertos argentinos, además de corredores estratégicos hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. La magnitud de la red convierte a la operación en una pieza relevante para la competitividad logística del país y, particularmente, para las economías regionales que dependen del transporte ferroviario para reducir costos y ampliar mercados.

La concesión se estructurará bajo un régimen de acceso abierto, mediante el cual distintos operadores podrán utilizar la infraestructura ferroviaria. El modelo contempla, además, Planes de Inversiones Obligatorias destinados a garantizar el mantenimiento y la recuperación de la red, con la intención de evitar que la concesión se limite a la explotación de la infraestructura existente.

Uno de los principales incentivos para atraer capital privado será la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para aquellos proyectos que contemplen inversiones de al menos USD 200 millones destinadas a la renovación de vías.

El Gobierno justificó la decisión a partir del deterioro acumulado del sistema ferroviario bajo administración estatal. Según el argumento presentado por Caputo, durante décadas el Estado sostuvo una estructura que registró un deterioro progresivo pese al crecimiento del gasto público destinado a su funcionamiento.

La paradoja planteada por Economía es particularmente relevante para el transporte de cargas: desde 1970 la producción agropecuaria, identificada como el principal demandante del servicio, se multiplicó por seis, mientras que el Belgrano Cargas actualmente transporta menos carga que en aquel momento.

Para el Gobierno, esa evolución demuestra que el principal problema del sistema no estuvo en la falta de demanda, sino en la estructura de incentivos y en la capacidad de gestión. La privatización busca modificar esa ecuación mediante la incorporación de operadores privados que aporten capital, capacidad de administración y asuman el riesgo asociado a las inversiones.

La discusión tendrá un impacto especial sobre las economías regionales. En un país donde buena parte de la producción primaria se genera lejos de los puertos, la disponibilidad de una red ferroviaria eficiente puede modificar de manera significativa la estructura de costos logísticos. Una mejora sostenida en las vías permitiría ampliar el radio competitivo de las producciones del interior y reducir la dependencia del transporte automotor en los trayectos de larga distancia.

Para las provincias del Norte Grande, el alcance de las líneas Belgrano y Urquiza adquiere además una dimensión estratégica. La conexión con los países limítrofes y con los principales corredores de exportación puede convertir al ferrocarril en una herramienta de integración regional, siempre que las inversiones logren recuperar capacidad operativa y continuidad en los servicios.

El régimen de acceso abierto pretende introducir competencia sobre una infraestructura que, bajo el nuevo esquema, dejaría de depender exclusivamente de un operador estatal. El Estado conservaría funciones de regulación y control, mientras que las empresas concesionarias asumirían las obligaciones de inversión establecidas en los contratos.

El desafío será transformar la licitación en infraestructura efectiva. La recuperación de miles de kilómetros de vías requiere inversiones de largo plazo, mantenimiento permanente y previsibilidad regulatoria. Por eso, la estructura contractual y el cumplimiento de los planes obligatorios serán determinantes para medir si el nuevo modelo consigue revertir décadas de deterioro.

La decisión forma parte de un proceso más amplio de reforma del sistema ferroviario y de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei. En este caso, el Gobierno busca que el capital privado no solamente tome a su cargo la operación, sino que también financie la modernización de una red considerada estratégica para la logística nacional.

El punto de fondo es económico: si la infraestructura ferroviaria logra recuperar volumen, velocidad y confiabilidad, el impacto puede extenderse mucho más allá del sector transporte. Menores costos logísticos pueden mejorar la competitividad de las exportaciones, ampliar mercados para las economías regionales y generar mejores condiciones para atraer inversiones productivas en las provincias.

La licitación del Belgrano, San Martín y Urquiza abre así una etapa de transición en la que el resultado dependerá menos del anuncio de la concesión que de la capacidad de convertir las obligaciones de inversión en kilómetros de vías recuperados, servicios confiables y mayor carga transportada. Ese será, en definitiva, el indicador que permitirá determinar si el cambio de modelo logra convertir una red deteriorada en una plataforma para el desarrollo productivo federal.

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Misiones negoció con Caputo recuperar subsidios eléctricos: el nuevo esquema alcanzaría a 70% de los hogares

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Misiones dio un paso clave para recuperar parte de los subsidios eléctricos perdidos y adaptar el esquema nacional a una provincia donde la electricidad no es solamente una fuente de energía, sino prácticamente la única disponible para miles de hogares.

El presidente de Energía de Misiones, Julio César Barreto, detalló a Economis los resultados de las gestiones realizadas ante el Ministerio de Economía y el ministro Luis Caputo, después de que el reclamo por una tarifa energética diferencial para el Norte Grande volviera a ocupar un lugar central en la agenda regional con el planteo del gobernador Hugo Passalacqua.

El principio de acuerdo contempla modificar los actuales bloques de consumo subsidiado y establecer un régimen específico para las zonas cálidas: hasta 500 kWh mensuales durante los seis meses de mayores temperaturas y 300 kWh durante el resto del año.

La estimación de Energía de Misiones es que, con esos parámetros, más del 70% de los usuarios residenciales de la provincia quedarían alcanzados por el beneficio.

La discusión tiene un trasfondo económico considerable. En los últimos dos años y medio, según los números expuestos por Barreto, el costo de la energía aumentó alrededor de 423%, como consecuencia de la recomposición del precio mayorista y la reducción de los subsidios nacionales.

Sin embargo, ese incremento no fue trasladado completamente a las facturas.

De acuerdo con el presidente de Energía de Misiones, el Gobierno provincial absorbió durante ese período más de 300 puntos porcentuales del aumento, mediante distintas herramientas y decisiones tarifarias. De esa manera, mientras el costo de abastecimiento trepó más de cuatro veces, el incremento acumulado que terminó llegando a usuarios residenciales, comercios e industrias rondó el 100%.

Esa brecha explica buena parte del esfuerzo fiscal que viene realizando Misiones para contener el costo energético, pero también expone los límites de una estrategia provincial frente a una política tarifaria definida a nivel nacional.

El argumento que Misiones llevó a la mesa con Economía tiene una particularidad que la diferencia de buena parte del país: la provincia no cuenta con gas natural por redes. “Estamos como en el siglo XIX, con leña para producir”, cuestionó Passalacqua durante la cumbre del Norte Grande que se hizo en Posadas. 

Eso convierte a la electricidad en un insumo difícil de sustituir. Durante el verano, los equipos de refrigeración y acondicionamiento de aire disparan la demanda residencial, mientras que comercios, industrias y actividades productivas también dependen fuertemente del suministro eléctrico.

En otras palabras, un hogar misionero no necesariamente consume más electricidad por ineficiencia o falta de racionalidad energética. Consume más porque vive en una de las regiones más cálidas del país y porque muchas de las alternativas energéticas disponibles en otras provincias directamente no existen en Misiones.

Ese fue uno de los puntos centrales planteados ante Caputo y los equipos de la Secretaría de Energía.

El reclamo tomó nuevo impulso después de la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande realizada en Posadas, donde las diez provincias de la región volvieron a instalar la necesidad de corregir las asimetrías energéticas.

La discusión busca trasladar al mapa eléctrico una lógica similar a la que durante años justificó tratamientos diferenciales para las zonas frías: si el clima determina consumos energéticos estructuralmente superiores, los bloques subsidiados deberían reconocer esa realidad.

La propuesta que comenzó a tomar forma establece dos períodos claramente diferenciados.

Entre noviembre y abril, los meses de temperaturas más altas y mayor utilización de refrigeración, el bloque de consumo alcanzado por el subsidio llegaría hasta 500 kWh mensuales. Entre mayo y octubre, el límite se reduciría a 300 kWh mensuales.

La diferencia no es menor. Ampliar el bloque subsidiado implica que una porción mayor del consumo eléctrico de cada hogar quede protegida frente al costo pleno de la energía.

El diseño está pensado fundamentalmente para usuarios residenciales. Los consumos habituales de comercios e industrias suelen superar esos niveles, por lo que el impacto directo será considerablemente menor en esos segmentos.

Para las familias, en cambio, Energía de Misiones calcula que más de siete de cada diez usuarios podrían quedar dentro de los nuevos parámetros.

También aparecerá un incentivo adicional para administrar el consumo. Mantenerse dentro de los 500 kWh en los meses cálidos o de los 300 kWh durante el resto del año permitirá maximizar el beneficio del esquema subsidiado.

El acuerdo político y técnico alcanzado con Economía no significa que el beneficio vaya a aparecer inmediatamente en la próxima factura. Barreto advirtió que todavía queda un recorrido administrativo y legislativo.

Uno de los pasos centrales será la definición legislativa del régimen vinculado a las zonas climáticas y posteriormente su reglamentación. En paralelo, deberán trabajar los equipos técnicos de las provincias, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía para adecuar los sistemas de segmentación y facturación.

La estimación más optimista es que el impacto económico pueda comenzar a verse dentro de los próximos 45 a 60 días.

El calendario no es un detalle. Si los plazos se cumplen, el nuevo esquema podría comenzar a operar cerca del inicio del período de mayor demanda eléctrica en Misiones, cuando las altas temperaturas vuelven a empujar los consumos hacia arriba.

La negociación abre así una ventana para corregir una de las principales distorsiones que Misiones viene señalando desde el comienzo del proceso de quita de subsidios.

No se trata únicamente de pagar menos por la electricidad. La discusión de fondo es qué se considera un consumo razonable en cada región del país.

Un mismo límite nacional puede resultar suficiente para una familia con acceso al gas natural y temperaturas moderadas, pero insuficiente para un hogar del NEA que cocina, refrigera ambientes y en muchos casos también calienta agua utilizando electricidad.

Después de una suba de 423% en el costo de la energía en apenas dos años y medio, Misiones busca ahora que esa diferencia deje de ser absorbida casi exclusivamente por las cuentas provinciales y los bolsillos de los usuarios.

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Casa de Moneda proyecta un déficit operativo de $45.487 millones, pero cerraría 2026 con superávit financiero

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La Resolución 1337/2026, firmada por el ministro Luis Caputo, formaliza una hoja de ruta que expone una diferencia central entre la sustentabilidad del negocio operativo y el resultado final de las cuentas. Casa de Moneda estima $57.978 millones en ingresos de operación, frente a $103.465 millones en gastos operativos, una brecha de $45.487 millones que constituye el principal desafío económico de la empresa.

La lectura del presupuesto requiere distinguir dos planos. Una empresa puede registrar pérdidas en su actividad principal y, al mismo tiempo, mostrar un resultado financiero positivo por transferencias, recursos de capital u otros ingresos corrientes. En el caso de Casa de Moneda, esa diferencia será determinante para evaluar cuánto de su funcionamiento puede sostenerse con ingresos propios y cuánto depende de recursos provenientes del sector público.

El desafío de transformar el presupuesto en una estrategia de sostenibilidad

Casa de Moneda ocupa un lugar particular dentro de la estructura estatal. Su actividad está vinculada a la producción de bienes y servicios de alta sensibilidad institucional, por lo que el análisis no puede reducirse exclusivamente a la rentabilidad. Pero esa condición tampoco elimina la necesidad de construir una estructura operativa sostenible.

El presupuesto aprobado prevé ingresos corrientes por $139.978 millones y gastos corrientes por $117.600 millones, lo que arrojaría un ahorro económico de $22.378 millones. A eso se suman $4.462 millones en recursos de capital, sin gastos de capital previstos en la resolución, para llegar al superávit financiero estimado de $26.841 millones.

La ecuación plantea una cuestión de política pública: el superávit financiero proyectado no modifica el hecho de que la actividad operativa, según los números aprobados, continuará arrojando pérdidas. El desafío será determinar si durante 2026 la empresa puede reducir esa brecha mediante una mayor utilización de su capacidad productiva, una mejora en la composición de sus contratos o una reducción de costos que no afecte su capacidad técnica.

Los ingresos propios y el respaldo estatal

Los anexos presupuestarios permiten observar que, en empresas públicas, la discusión sobre el resultado financiero suele ser más compleja que la simple comparación entre ingresos y gastos.

La información presupuestaria muestra cómo la estructura de ingresos puede combinar facturación por ventas con transferencias públicas, una distinción relevante para medir el grado de autonomía económica de una empresa estatal. En ese sentido, los ingresos de operación y las transferencias corrientes deben analizarse por separado para conocer cuál es el verdadero peso de la actividad comercial dentro de la ecuación financiera.

Esa transparencia resulta especialmente importante cuando se discute el destino de los recursos públicos. Para la sociedad, el debate no debería plantearse únicamente en términos de mantener o cerrar una empresa estatal, sino en cómo mejorar su eficiencia, definir qué funciones estratégicas debe preservar y establecer indicadores verificables sobre productividad y sostenibilidad.

El impacto social de una discusión que parece exclusivamente contable

Detrás de un presupuesto de estas características hay una cuestión que excede la administración de una compañía: la capacidad del Estado para garantizar determinados servicios y funciones sin convertir esa responsabilidad en una fuente permanente de desequilibrios.

El periodismo de soluciones obliga a salir de esa falsa dicotomía. La respuesta no es asumir que toda pérdida operativa debe sostenerse indefinidamente ni que cualquier empresa estatal con dificultades financieras carece automáticamente de utilidad pública. El punto es identificar dónde se produce el desequilibrio y qué decisiones pueden corregirlo.

Para Casa de Moneda, el presupuesto de 2026 ofrece una referencia concreta. La empresa deberá generar casi $58.000 millones de ingresos operativos frente a más de $103.000 millones de gastos de operación. Reducir esa distancia requeriría una revisión permanente de costos, capacidad instalada y fuentes de facturación.

La sustentabilidad también puede medirse por la calidad de los ingresos. Una estructura basada en mayor producción y ventas genera una ecuación diferente a otra sostenida principalmente por transferencias. Esa distinción será central para evaluar el desempeño real de la compañía durante el ejercicio.

El superávit financiero proyectado de $26.841 millones permite que Casa de Moneda presente un presupuesto formalmente equilibrado en términos globales, pero no resuelve por sí mismo la pérdida de su operación principal. La información relevante durante 2026 será si esa brecha de $45.487 millones comienza a reducirse.

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