Luis Caputo

Caputo descartó una nueva baja de retenciones en la Rural y condicionó futuros recortes al superávit fiscal

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En la antesala del acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, el ministro de Economía, Luis Caputo, llevó un mensaje de cautela al sector agropecuario. Durante su visita al predio y tras compartir un almuerzo con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), descartó que el presidente Javier Milei anuncie una nueva reducción de las retenciones el próximo domingo y dejó en claro que cualquier modificación futura estará supeditada a la consolidación del superávit fiscal.

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda buscaron moderar las expectativas que se habían instalado en torno al tradicional discurso presidencial en la Rural, escenario históricamente elegido para comunicar definiciones vinculadas a la política agropecuaria. “Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, afirmó.

El mensaje confirma que la estrategia económica del Gobierno continúa priorizando el equilibrio de las cuentas públicas como condición para avanzar con una reducción gradual de la presión tributaria. En ese esquema, las retenciones dejan de aparecer como una herramienta de corto plazo y pasan a depender de la evolución de los ingresos fiscales y del sostenimiento del programa económico.

La última modificación del esquema de Derechos de Exportación (DEX) fue anunciada por Javier Milei durante su exposición en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Allí se definió un cronograma de reducción progresiva para distintos complejos productivos, que comenzará a implementarse desde 2027 y se extenderá durante dos años.

Según ese cronograma, el trigo y la cebada reducirán sus retenciones del 7,5% al 5,5%, mientras que la soja iniciará un descenso gradual desde el 24% hasta el 15% hacia 2028. En el caso del maíz y el sorgo, la baja será escalonada mediante reducciones trimestrales hasta alcanzar el 5,5%, mientras que el girasol también seguirá un esquema progresivo que concluirá con una alícuota del 3%.

Para el sector agropecuario, la definición implica que no habrá modificaciones inmediatas en un contexto donde los productores continúan reclamando una menor carga impositiva para mejorar la competitividad y acelerar las inversiones. Sin embargo, el Gobierno mantiene el compromiso de avanzar con una reducción gradual, siempre que las condiciones macroeconómicas lo permitan.

Caputo también aprovechó su visita para destacar la evolución de la economía y poner en valor la mejora de la calificación crediticia otorgada recientemente por Moody’s, que se suma a las revisiones positivas realizadas previamente por Fitch Ratings y Standard & Poor’s.

Según el ministro, esas decisiones reflejan un cambio estructural en la economía argentina y fortalecen la percepción internacional sobre el rumbo del programa económico. “Muestran que hay un cambio estructural en el país y eso es lo que están viendo todos”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que la actividad económica mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido cuando se elimina el efecto de la estacionalidad. “Cuando le sacamos la estacionalidad y nos concentramos en la tendencia ciclo, la economía está creciendo desde hace 26 meses consecutivos, cosa que no pasaba hace más de 15 años. Todos los motivos para estar optimistas”, concluyó.

Desde una perspectiva económica, la postura oficial refleja una estrategia de gradualismo fiscal. El Gobierno busca sostener la confianza de los mercados y preservar el superávit como principal ancla macroeconómica, aun cuando ello implique postergar demandas de sectores estratégicos como el agro. La señal hacia el campo es que las futuras rebajas tributarias continúan siendo parte del horizonte oficial, pero su ejecución dependerá de la capacidad del Estado para mantener el equilibrio fiscal sin comprometer la estabilidad alcanzada.

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Dólares del colchón: funcionarios y políticos podrán inscribirse al nuevo régimen de inocencia fiscal

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El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para modificar el régimen de Inocencia Fiscal con el objetivo de incentivar la incorporación de dólares no declarados al sistema financiero y despejar las dudas que, según el Ministerio de Economía, frenaron la adhesión durante los primeros meses de vigencia.

La principal novedad es que el nuevo esquema no excluirá a funcionarios, exfuncionarios ni dirigentes políticos. Todos podrán adherirse al régimen simplificado de Ganancias siempre que cumplan con los requisitos previstos por la ley, aunque continuarán alcanzados por los controles específicos que pesan sobre quienes ejercen o ejercieron funciones públicas.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, acompañado por especialistas tributarios y funcionarios del área legal del Gobierno. La iniciativa busca fortalecer la ley aprobada en diciembre pasado y ofrecer mayor seguridad jurídica a quienes decidan exteriorizar ahorros que permanecen fuera del sistema bancario.

Los principales cambios

Entre las modificaciones más relevantes figura la eliminación de los topes patrimoniales y de ingresos que limitaban el acceso al régimen simplificado.

De prosperar el proyecto, podrán adherirse todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, sin importar el nivel de ingresos o patrimonio declarado. Los grandes contribuyentes nacionales también podrán ingresar, aunque sin acceder a todos los beneficios previstos para el régimen simplificado.

Otro punto central es la redefinición de la denominada “discrepancia significativa”, el parámetro que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a revisar ejercicios fiscales anteriores.

Actualmente, el beneficio del llamado “tapón fiscal” se pierde cuando la diferencia entre el impuesto declarado y el determinado por el organismo supera el 15%. La reforma propone un nuevo criterio: el beneficio solo caerá cuando la diferencia supere el 5% del umbral de evasión simple, equivalente actualmente a unos cinco millones de pesos.

Además, si ARCA detecta diferencias, el contribuyente podrá conservar los beneficios del régimen siempre que rectifique su declaración jurada dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación y pague la diferencia correspondiente junto con los intereses.

La iniciativa también incorpora un mecanismo de devolución acelerada para quienes resulten favorecidos en una controversia con el fisco. Si el contribuyente paga un ajuste para preservar el régimen y posteriormente la determinación de ARCA es revocada, el organismo deberá reintegrar el monto abonado, con los intereses correspondientes, dentro de los 45 días hábiles desde que la resolución quede firme.

Funcionarios, sin exclusión automática

Uno de los puntos que más debate generó tras la presentación fue la posibilidad de que funcionarios y exfuncionarios también puedan adherirse.

Los tributaristas que participaron de la presentación oficial aclararon que el proyecto no contempla exclusiones específicas para quienes ocupan cargos públicos. Sin embargo, remarcaron que ello no implica inmunidad frente a investigaciones patrimoniales, penales o administrativas.

En otras palabras, un funcionario podrá acceder al régimen tributario si cumple con los requisitos legales, pero seguirá sujeto a las investigaciones y controles que correspondan por su condición de agente público.

La propuesta comenzará ahora su recorrido parlamentario, donde podrían incorporarse modificaciones antes de su eventual aprobación.

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Caputo relanza la “Inocencia Fiscal” para captar los dólares fuera del sistema y reforzar el ahorro en la economía formal

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El Gobierno nacional presentó una nueva versión del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que apunta a facilitar la regularización de ahorros no declarados y estimular el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la propuesta será enviada al Congreso con modificaciones destinadas a ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y brindar mayores garantías jurídicas para incentivar la adhesión.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para fortalecer el ahorro interno como fuente de financiamiento de la economía. Según estimaciones del Banco Central citadas por Caputo, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero unos US$170.000 millones, una cifra que supera ampliamente los depósitos en moneda extranjera dentro del sistema bancario.

“Necesitamos que esos dólares ingresen al circuito financiero para que haya más inversión, más crecimiento y mayores recursos que permitan seguir reduciendo impuestos”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda durante la presentación realizada junto a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y representantes del ámbito tributario.

El funcionario remarcó que conservar esos fondos fuera del sistema constituye un costo para la economía y para los propios ahorristas. “Tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Pierden valor y no generan financiamiento para el crecimiento”, afirmó.

Cambios para ampliar la adhesión

La nueva propuesta mantiene el espíritu del régimen aprobado anteriormente, aunque incorpora modificaciones técnicas surgidas de reuniones entre el Gobierno y especialistas en materia tributaria.

Uno de los cambios centrales elimina los límites patrimoniales y de ingresos para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias. De esta manera, podrán adherirse todas las personas humanas y sucesiones indivisas, mientras que los grandes contribuyentes también tendrán acceso a una modalidad simplificada para la liquidación del impuesto, aunque sin algunos de los beneficios adicionales previstos para el resto de los contribuyentes.

Otro aspecto relevante modifica el tratamiento de las denominadas discrepancias significativas detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El nuevo texto redefine los parámetros para considerar una diferencia relevante y, además, incorpora la posibilidad de que el contribuyente rectifique su declaración jurada y regularice la situación dentro de un plazo determinado antes de perder los beneficios del régimen.

La propuesta también introduce un cambio de criterio respecto de la carga probatoria. Será el organismo recaudador quien deberá fundamentar las observaciones utilizando información objetiva y verificable, sin recurrir a presunciones, reforzando así las garantías para quienes ingresen al sistema.

Asimismo, si posteriormente una impugnación administrativa fuera revocada, el contribuyente recuperará plenamente los beneficios del régimen y ARCA deberá reintegrar los importes abonados con los intereses correspondientes en un plazo de 45 días hábiles.

El desafío de transformar ahorro en inversión

Desde la perspectiva oficial, el proyecto busca resolver uno de los principales desafíos estructurales de la economía argentina: movilizar un importante volumen de ahorro privado que permanece fuera del sistema financiero.

El Ejecutivo sostiene que una mayor bancarización de esos recursos permitiría ampliar el crédito, financiar inversiones productivas, fortalecer el nivel de actividad y aumentar la recaudación sin recurrir a nuevos tributos, consolidando además el equilibrio fiscal.

En ese sentido, María Ibarzabal Murphy explicó que las modificaciones apuntan a “robustecer la seguridad jurídica del régimen” y generar la confianza necesaria para que un mayor número de contribuyentes decida formalizar sus activos.

El desafío político

La nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal iniciará ahora su recorrido legislativo, donde el oficialismo deberá construir consensos para su aprobación. El debate volverá a poner en discusión el delicado equilibrio entre ampliar la base tributaria, incentivar la formalización de capitales y garantizar reglas previsibles para los contribuyentes.

Más allá del resultado parlamentario, el proyecto refleja una estrategia orientada a canalizar el ahorro privado hacia la economía formal como herramienta para impulsar la inversión y sostener el crecimiento sin incrementar la presión fiscal, un objetivo que el Gobierno considera central para consolidar la estabilidad macroeconómica.

El detalle de las modificaciones

Los ejes principales estuvieron enfocados en ampliar el universo de contribuyentes al Régimen Simplificado de Ganancias y alivianar las discrepancias significativas, entre otros cambios.

Ampliación del universo: se eliminan los topes o barreras patrimoniales y de ingresos. El régimen queda abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas. Quienes revistan las categorías de “Grandes Contribuyentes” podrán adherir a la “modalidad simplificada” a los fines prácticos de el que fisco les pre-liquide el impuesto y para efectuar el pago, aunque no gozarán de las presuncionesefectos liberatorios ni demás beneficios previstos en la ley.

Discrepancia significativa: se configura una discrepancia si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos (lo cual implica una mejora técnica respecto del texto actual que hablaba de “saldos”) por un porcentaje inferior al 15%Aun superando el 15%, no habrá exclusión del régimen si la diferencia nominal reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión previsto ($5 millones).

Inversión de la carga probatoria y salvataje por rectificativa: se invierte la carga de la prueba hacia ARCA. Para sostener una discrepancia significativa, el fisco no podrá utilizar presunciones sino que solo podrá valerse de la información declarada, sus propios sistemas o datos de terceros. Se otorga una oportunidad al contribuyente para no perder el régimen. No se considerará configurada la discrepancia si el contribuyente presenta una declaración jurada rectificativa y cancela o regulariza la diferencia (más intereses) en un plazo no mayor a 15 días hábiles tras ser notificado de la liquidación administrativa (por ingresos directos) o de la determinación de oficio. En el texto actual solo se permitía en el caso de uso de facturas apócrifas.

Restablecimiento de la presunción y reintegro con intereses en plazo expedito: si el contribuyente paga el ajuste para no perder el régimen y posteriormente se revoca la impugnación de ARCA, se le restablece plenamente la presunción de exactitud. En este escenario, ARCA está obligada a reintegrar los importes con intereses de repetición en un plazo no mayor a 45 días hábiles desde la notificación de la resolución firme.

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Avanzan con la privatización de rutas nacionales: abren las ofertas económicas de la Etapa III, que incluye a Misiones

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de concesión de la infraestructura vial al abrir este miércoles las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un esquema que prevé incorporar capital privado para la operación, mantenimiento y modernización de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidas en once provincias, entre ellas Misiones.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que esta etapa forma parte del plan para concesionar más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos, por donde circula cerca del 80% del tránsito nacional. El objetivo oficial es reemplazar el financiamiento estatal de estas obras por inversión privada, bajo un modelo de concesión que busca mejorar la infraestructura vial y reducir los costos logísticos para la producción.

Para Misiones, el proceso adquiere especial relevancia porque la provincia integra dos de los corredores licitados. Por un lado, el Tramo Mesopotámico, que comprende 276 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 18, y por otro el Tramo Noreste, con 456 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 105, dos ejes fundamentales para la conectividad provincial y el comercio con Paraguay y Brasil.

La Ruta Nacional 12 constituye el principal corredor logístico de Misiones. Conecta la provincia con Corrientes y el resto del país, además de vincular ciudades estratégicas como Posadas, Jardín América, Eldorado, Puerto Esperanza e Iguazú. La Ruta Nacional 105, en tanto, funciona como uno de los principales accesos al área metropolitana de Posadas y canaliza buena parte del tránsito de cargas provenientes del sur provincial.

La Etapa III también incluye otros seis corredores distribuidos en distintas regiones del país. El Tramo Centro comprende 681 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 19 y 34; el Centro Norte abarca 536 kilómetros de la Ruta Nacional 34; el Noroeste suma 596 kilómetros sobre las rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016; el Litoral comprende 547 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16; el corredor Chaco-Santa Fe cubre 497 kilómetros de la Ruta Nacional 11; mientras que el Tramo Cuyo incorpora 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7.

Según explicó Caputo en sus redes sociales, la apertura de las ofertas económicas representa un nuevo avance del proceso licitatorio y permitirá continuar con la evaluación para adjudicar cada uno de los corredores.

“Se realizó la apertura de las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un nuevo avance del proceso licitatorio para concesionar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión 100 % privada”, señaló el ministro.

El funcionario sostuvo además que estos corredores son “fundamentales para la producción, el comercio, el turismo y la integración regional”, al tiempo que reafirmó la estrategia oficial de avanzar hacia un esquema donde el mantenimiento y desarrollo de la red vial quede en manos de operadores privados.

La iniciativa se enmarca en el proceso de transformación del sistema de infraestructura impulsado por el Gobierno nacional, que busca reemplazar el modelo tradicional de obra pública financiada con recursos del Estado por concesiones de largo plazo. En este esquema, las empresas adjudicatarias asumirán las inversiones necesarias para mantener, reparar y ampliar las rutas, recuperando esos desembolsos a través de la explotación de los corredores concesionados.

Para Misiones, donde la competitividad de sectores como la forestoindustria, la yerba mate, el té, el turismo y el comercio internacional depende en gran medida de la calidad de la infraestructura vial, la modernización de estos corredores aparece como un factor clave para reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad y fortalecer la integración logística con el Mercosur. El desafío, sin embargo, será que las futuras concesiones logren equilibrar inversiones, calidad del servicio y costos para los usuarios, en un contexto donde el transporte terrestre continúa siendo uno de los principales motores de la economía regional.

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Finanzas logró una adhesión del 45% en el canje de deuda dólar linked y refinanció casi US$ 1.900 millones

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La Secretaría de Finanzas concretó una nueva operación de administración de pasivos al adjudicar US$ 1.895 millones en la licitación destinada a convertir la LELINK con vencimiento el 31 de julio de 2026. La operación alcanzó una adhesión del 45,17% del Valor Nominal Original (VNO) en circulación, luego de recibir ofertas por US$ 2.087 millones, en una señal de aceptación significativa por parte del mercado para la estrategia oficial de extender los plazos de la deuda.

La conversión se realizó en el marco del artículo 2 del Decreto 846/24 y tuvo como objetivo reemplazar parte de la LELINK D31L6 por nuevos instrumentos dólar linked con vencimientos más largos. En total se recibieron 315 ofertas, de las cuales fueron aceptadas aquellas que permitieron refinanciar casi la mitad del stock elegible.

El principal instrumento de la licitación fue la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (D31G6). En su reapertura se adjudicaron US$ 1.736 millones, sobre ofertas por US$ 1.911 millones, con un precio de corte de US$ 990 por cada valor nominal de US$ 1.000. Para concretar esta operación se rescataron US$ 1.851 millones de la letra original que vencía a fines de julio.

En paralelo, el Tesoro también reabrió el Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (TZVD8), donde adjudicó US$ 159 millones sobre propuestas por US$ 176 millones. En este caso, el precio de corte fue de US$ 809,90 por cada valor nominal de US$ 1.000, ofreciendo a los inversores una alternativa de mayor plazo dentro de la curva de instrumentos ajustados por tipo de cambio.

La operación forma parte de la estrategia que viene desplegando el Ministerio de Economía para administrar el calendario de vencimientos y reducir las necesidades de refinanciamiento de corto plazo. Mediante estos canjes voluntarios, el Gobierno busca distribuir los compromisos hacia horizontes más largos sin incrementar el nivel de endeudamiento, al tiempo que ofrece nuevas opciones de inversión a los tenedores de títulos públicos.

Los instrumentos dólar linked continúan ocupando un lugar relevante dentro del mercado financiero argentino. Al ajustar su capital según la evolución del tipo de cambio oficial, constituyen una cobertura frente a eventuales movimientos del dólar sin requerir pagos en moneda extranjera durante la vida del bono, una característica que resulta atractiva para inversores institucionales en escenarios de incertidumbre cambiaria.

Desde la Secretaría de Finanzas recordaron que los participantes cuyas ofertas fueron aceptadas deberán completar la liquidación antes de las 17 horas del jueves 23 de julio mediante una única transferencia de los títulos elegibles desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación (CRYL) del Banco Central hacia la cuenta oficial de la Secretaría de Finanzas. Aquellos inversores que mantengan sus títulos depositados en Caja de Valores deberán realizar previamente la transferencia hacia la CRYL para cumplir con el procedimiento establecido.

Asimismo, el organismo informó que, en caso de incumplimiento en la entrega de los títulos elegibles, la liquidación se efectuará mediante un débito en pesos calculado sobre el valor efectivo del nuevo instrumento, aplicando el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central conforme a la Comunicación “A” 3500.

La adhesión cercana al 45% refleja una respuesta favorable del mercado a la propuesta oficial, aunque también evidencia que una parte importante de los tenedores optó por mantener la letra original hasta su vencimiento. Para el Gobierno, el resultado permite continuar mejorando el perfil temporal de la deuda pública y reducir presiones sobre el cronograma financiero, uno de los pilares de la estrategia de consolidación fiscal y estabilidad macroeconómica.

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