Luis Caputo

El Gobierno fija presupuestos con superávit para Aerolíneas Argentinas, Intercargo y EANA y busca sostener el “déficit cero” en el sector aeronáutico

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El Gobierno nacional aprobó los presupuestos 2026 de Aerolíneas Argentinas, Intercargo y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), tres compañías estatales clave del sistema aerocomercial argentino. Las decisiones quedaron formalizadas el 6 de marzo a través de resoluciones del Ministerio de Economía, que habilitan los planes de acción y los cálculos presupuestarios para el próximo ejercicio.

El dato central que busca exhibir la administración económica es político además de contable: las tres empresas proyectan superávit financiero en 2026 y, según la planificación oficial, no requerirán transferencias del Tesoro para sostener sus operaciones. La señal se alinea con la política de gasto restrictivo impulsada desde el Ministerio de Economía y refuerza un mensaje que el Gobierno intenta instalar en torno a las empresas públicas: funcionamiento con equilibrio fiscal mientras permanece abierta la discusión sobre su eventual privatización.

La pregunta que se abre ahora es doble. Por un lado, si estas proyecciones se sostendrán en un sector atravesado por tensiones laborales y demandas salariales. Por otro, si el ordenamiento financiero de las compañías funciona como antesala de futuras definiciones sobre su propiedad.

El marco institucional: empresas públicas bajo la lógica del equilibrio fiscal

Las resoluciones que aprobaron los presupuestos se dictaron en el marco del régimen presupuestario para empresas públicas previsto por la Ley 24.156, que regula la planificación financiera de entes estatales fuera de la administración central.

En la práctica, esto implica que cada empresa presenta un plan de acción y presupuesto anual que debe recibir aval del Ministerio de Economía. En esta ocasión, el enfoque adoptado por la cartera económica responde a una directriz general: operaciones autosustentables y gasto contenido.

La suma de las tres compañías proyecta gastos operativos por $3.869.858.214.471. Sobre ese nivel de actividad, el Gobierno estima un ahorro de $173.563.914.841, lo que derivaría en un superávit financiero consolidado de $40.749.146.484.

Detrás de esos números se encuentra la lógica central de la política económica: limitar el uso de recursos del Tesoro para empresas estatales y demostrar que el sistema aerocomercial público puede operar sin subsidios directos.

Aerolíneas Argentinas: superávit con inversiones que presionan las cuentas

Dentro del esquema aeronáutico estatal, Aerolíneas Argentinas concentra el mayor volumen presupuestario. Para 2026, el Gobierno aprobó ingresos operativos por $3.725.414.963.686 y gastos por $3.548.847.856.125, lo que arrojaría un resultado operativo positivo de $176.567.107.561.

En términos económicos, el ahorro estimado alcanza $90.967.011.104, mientras que el superávit financiero proyectado asciende a $32.870.702.081.

Sin embargo, la ecuación muestra un matiz relevante: el margen superavitario sería 7,7% menor al del ejercicio anterior, en parte por inversiones de capital vinculadas a la renovación de la flota. El plan financiero contempla la incorporación de nuevas aeronaves para responder al crecimiento de la demanda y a las limitaciones que genera la antigüedad de parte de la flota.

Esa combinación —equilibrio fiscal con inversión en infraestructura— define el desafío central de la aerolínea estatal para el próximo año.

Intercargo: rentabilidad en un mercado ahora competitivo

La empresa encargada de los servicios de rampa y asistencia en tierra en aeropuertos también tendrá proyecciones positivas en 2026.

El presupuesto aprobado prevé ingresos operativos por $126.417.438.752 y gastos por $117.775.929.686, lo que generaría una ganancia operativa de $8.641.509.066.

El resultado económico proyectado alcanza $7.713.932.808, mientras que el superávit financiero estimado asciende a $7.828.539.207.

La situación de Intercargo tiene un componente político adicional. En los últimos meses la empresa quedó expuesta a un nuevo escenario regulatorio: la política de “Cielos Abiertos” habilitó la entrada de múltiples operadores privados en el servicio de handling, lo que terminó con la exclusividad operativa que mantenía la compañía estatal.

En ese contexto, el Gobierno busca que Intercargo recupere capacidad de generar recursos propios antes de avanzar en definiciones más estructurales sobre su futuro.

EANA: superávit mínimo en medio de inversiones en infraestructura

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) —responsable de la gestión del tráfico aéreo y el control de navegación— también proyecta números positivos, aunque con un margen mucho más reducido.

El presupuesto aprobado contempla ingresos operativos por $278.117.399.589 y gastos por $203.234.428.660, lo que deja un resultado operativo de $74.882.970.929.

No obstante, el resultado financiero final se reduce considerablemente por el peso de las inversiones en infraestructura: el superávit proyectado se ubica en apenas $49.905.196.

El dato refleja la naturaleza del organismo. A diferencia de las otras empresas del sector, EANA requiere inversiones constantes en tecnología y sistemas de navegación, lo que altera su equilibrio financiero incluso cuando el resultado operativo es amplio.

Un sector en equilibrio contable, pero con tensiones abiertas

La aprobación de los presupuestos llega en un contexto donde el sistema aerocomercial estatal atraviesa tensiones laborales. Los trabajadores de las tres compañías mantienen reclamos por recomposición salarial y mejoras en las condiciones de trabajo.

Esa variable introduce un factor de incertidumbre sobre las proyecciones financieras. Cualquier modificación significativa en los costos laborales podría alterar el equilibrio que el Ministerio de Economía proyecta para el próximo año.

Al mismo tiempo, el debate sobre posibles privatizaciones sigue presente en el horizonte político. Aunque el Gobierno aprobó los presupuestos bajo el supuesto de continuidad operativa estatal, las tres empresas han sido mencionadas anteriormente dentro de los activos potencialmente privatizables.

Lo que se juega en el mediano plazo

Las resoluciones que habilitan los presupuestos 2026 funcionan como una señal de ordenamiento financiero. El Gobierno busca mostrar que el sector aerocomercial estatal puede sostenerse sin asistencia directa del Tesoro.

Pero ese equilibrio contable también puede tener una lectura estratégica: empresas con balances positivos resultan más atractivas para eventuales procesos de apertura al capital privado.

Por ahora, la prioridad oficial parece ser otra: mantener el déficit cero en las compañías del sector aeronáutico y sostener la operación diaria del sistema aerocomercial.

Si ese objetivo se mantiene durante 2026, el debate sobre el futuro institucional de estas empresas —continuidad estatal, asociación con privados o privatización— podría adquirir un nuevo contexto en los próximos meses.

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El Gobierno busca USD 250 millones más con el Bonar 2027 para enfrentar vencimientos clave

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El Ministerio de Economía intenta consolidar financiamiento en dólares mientras se acerca un pago de deuda por USD 4.200 millones

El equipo económico que conduce Luis Caputo volverá esta semana al mercado financiero con un objetivo concreto: captar otros USD 250 millones mediante el Bonar 2027 (AO27) para reforzar la caja del Tesoro de cara al vencimiento de deuda de USD 4.200 millones previsto para julio. La operación, que forma parte de una estrategia de colocaciones quincenales, no es sólo un movimiento técnico de financiamiento: funciona como un test político y financiero para el modelo que el Gobierno intenta consolidar tras meses de restricciones de crédito externo.

El antecedente inmediato alimenta el optimismo oficial. En la primera licitación del instrumento, la Secretaría de Finanzas logró captar USD 250 millones con una tasa menor a la esperada, en un contexto de fuerte demanda. El resultado dejó una señal que el Ministerio de Economía busca capitalizar: existe liquidez en dólares dentro del sistema financiero local y el Gobierno pretende canalizarla hacia deuda pública. La pregunta ahora es si ese interés se sostendrá o si el mercado exigirá rendimientos más altos a medida que avance el programa de emisiones.

Un test para el esquema de financiamiento del Gobierno

La estrategia oficial gira alrededor de una hipótesis central: existe un volumen elevado de dólares ociosos en el sistema financiero local, concentrado en depósitos privados en dólares, fondos comunes de inversión y cuentas de inversores minoristas.

Con ese diagnóstico, el Ministerio de Economía diseñó un esquema gradual de emisiones. El plan contempla licitaciones cada 15 días con un límite de USD 250 millones por subasta, hasta alcanzar un tope total de USD 2.000 millones.

El primer paso dejó señales que el Gobierno interpreta como positivas. Según el resultado oficial de la subasta inicial, las ofertas alcanzaron USD 868 millones, es decir 5,79 veces el monto finalmente adjudicado. En términos relativos, la demanda superó en 479% el volumen colocado.

El comportamiento del mercado secundario reforzó esa lectura. El rendimiento del Bonar 2027 descendió al 5,64%, por debajo del 5,89% que marcó la tasa de corte de la licitación, una señal que los analistas interpretan como indicio de demanda sostenida.

Para el Gobierno, ese dato tiene un valor político adicional: confirma —al menos en esta primera etapa— que el mercado local está dispuesto a financiar al Tesoro en dólares, incluso en ausencia de acceso pleno al crédito internacional.

El desafío estructural: cubrir un vencimiento de USD 4.200 millones

La necesidad de financiamiento no es menor. El pago de deuda previsto para julio representa uno de los compromisos más relevantes del calendario financiero del año.

Incluso si el plan oficial alcanzara su máximo potencial —es decir, USD 2.000 millones emitidos mediante el Bonar 2027— el Tesoro todavía debería cubrir al menos USD 1.800 millones adicionales, considerando el nivel actual de los depósitos en dólares.

En ese marco, cada licitación se convierte en una pieza dentro de un rompecabezas más amplio: garantizar liquidez sin alterar el equilibrio financiero ni presionar el mercado cambiario.

La arquitectura del nuevo bono busca justamente responder a esa lógica. El Bonar 2027 ofrece cupones mensuales, una amortización bullet —que concentra el pago al vencimiento— y una duration acotada de 1,57, características que apuntan a atraer inversores interesados en flujos de corto plazo y riesgo moderado.

Liquidez financiera y correlación de incentivos

El contexto actual del sistema financiero explica parte del interés por estos instrumentos. Los depósitos privados en dólares se mantienen en niveles récord, mientras que los fondos comunes de inversión en moneda extranjera manejan un volumen considerable de liquidez.

Ese escenario le da margen al Gobierno para sostener su estrategia de financiamiento local. En términos políticos, también le permite evitar —al menos por ahora— dos escenarios más complejos: recurrir a financiamiento extraordinario o generar presión sobre el mercado cambiario.

Sin embargo, el equilibrio es delicado. Analistas advierten que si la demanda comenzara a agotarse, las próximas licitaciones podrían requerir tasas de corte más altas para completar el cupo de emisión.

Ahí aparece el rasgo central del diseño oficial: la gradualidad. El Ministerio de Economía busca que el ritmo de emisiones permita que los nuevos ahorros en dólares del sistema financiero se vayan canalizando hacia el bono, evitando saltos abruptos en tasas o precios.

Lo que se juega en las próximas licitaciones

La próxima subasta del Bonar 2027 funcionará como un nuevo termómetro del vínculo entre el Gobierno y el mercado financiero local.

Si la demanda se mantiene sólida, el equipo económico podría consolidar una herramienta clave para financiar los vencimientos de deuda sin depender exclusivamente de organismos internacionales o crédito externo. En cambio, si el interés se diluye, el esquema gradual podría enfrentar sus primeros límites.

Más allá de la cifra puntual —otros USD 250 millones en esta licitación— lo que está en juego es la credibilidad del mecanismo que el Ministerio de Economía diseñó para administrar el calendario de pagos en dólares.

El mercado, por ahora, mostró disposición a participar. La incógnita es cuánto durará ese margen.

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Caputo defendió el modelo económico y relativizó el “riesgo kuka” en un foro empresarial en Mendoza

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El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este jueves 5 de marzo el rumbo económico del Gobierno y buscó reforzar la confianza del sector privado durante su exposición en el 7° Foro de Inversiones y Negocios realizado en Mendoza. En ese escenario, el funcionario volvió a mencionar el llamado “riesgo kuka” como uno de los factores que explican la suba del riesgo país, aunque al mismo tiempo relativizó su existencia al sostener que el kirchnerismo “va camino a ser una minoría” y que su regreso al poder es improbable.

La doble afirmación dejó planteada una tensión política y financiera: si el propio ministro considera improbable ese escenario electoral, ¿por qué los mercados lo seguirían tomando como un factor de riesgo? El interrogante atraviesa el diagnóstico oficial sobre la persistente desconfianza que todavía condiciona el financiamiento argentino.

Caputo aprovechó el foro organizado por el gobierno de Mendoza para enviar una señal de continuidad del programa económico del Gobierno nacional. “No hay razón para ser pesimistas”, aseguró ante empresarios e inversores, al tiempo que sostuvo que la actual estabilidad macroeconómica responde a una “decisión política” del presidente Javier Milei y su equipo económico.

Un discurso centrado en la reconstrucción de confianza

El eje del mensaje oficial giró alrededor de la necesidad de reconstruir la confianza, un concepto que el ministro repitió como condición indispensable para acelerar la recuperación económica.

Según su exposición, Argentina arrastra décadas de desconfianza institucional y financiera, lo que limita la velocidad de crecimiento incluso en contextos de estabilidad macroeconómica. En ese sentido, el funcionario sostuvo que el actual programa económico se diferencia de etapas anteriores porque el orden fiscal y monetario no surge de una crisis, sino de una decisión política deliberada.

Para ilustrar esa diferencia, Caputo recordó experiencias pasadas como la convertibilidad, que —según su interpretación— nació tras dos hiperinflaciones y el Plan Bonex, episodios que implicaron una fuerte licuación de salarios, jubilaciones y depósitos.

El ministro insistió en que el objetivo del actual Gobierno es romper ese ciclo histórico de estabilidad transitoria seguido de crisis. En esa línea, planteó que el equipo económico llegó con la intención de hacer “lo que Argentina no hizo en 120 años”.

Capitalismo de mercado y tensiones con el sector industrial

El discurso también incluyó una respuesta indirecta a las críticas de la UIA, que días atrás cuestionó el rumbo de la apertura comercial impulsada por el Gobierno.

Caputo rechazó que el modelo económico sea antiempresario y lo definió como “capitalismo de mercado”, aunque aclaró que el esquema favorece a quienes compiten en condiciones abiertas. En esa lógica, defendió la liberalización de importaciones y cuestionó los esquemas de protección industrial que encarecen productos para el consumidor.

El ministro sostuvo que obligar a los argentinos a pagar precios varias veces superiores a los internacionales —como en el caso de neumáticos o prendas de vestir— constituye una distorsión económica y social.

La discusión con la industria revela una de las tensiones estructurales del programa económico: la apertura comercial y la competencia internacional generan resistencia en sectores empresariales que reclaman una política industrial más activa.

Los dólares fuera del sistema y la apuesta a la formalización

Otro de los puntos centrales del discurso fue la necesidad de movilizar el ahorro en dólares que permanece fuera del sistema financiero.

Caputo señaló que el crecimiento económico podría acelerarse si esos recursos ingresaran al circuito formal. Según su planteo, el país dispone de capital suficiente, pero una parte significativa permanece inmovilizada por la desconfianza acumulada.

El ministro defendió en ese marco la Ley de Inocencia Fiscal, que ofrece protección legal a quienes decidan depositar sus ahorros en bancos o sociedades de bolsa mediante la adhesión al Régimen de Ganancias Simplificado.

Desde la perspectiva oficial, el ingreso de esos dólares permitiría expandir la inversión y el empleo sin recurrir a medidas de shock. El enfoque se apoya en dos pilares: superávit fiscal y reducción gradual de impuestos, con el objetivo de fortalecer la competitividad sin recurrir a devaluaciones.

“Devaluar es bajarle el salario a la gente”, sostuvo Caputo, al explicar que la estrategia del Gobierno apunta a mejorar la competitividad a través de la baja de la carga tributaria en los distintos niveles del Estado.

Inflación, crecimiento y el frente político

El ministro también vinculó la recuperación económica con el proceso de desinflación. Según detalló, la inflación anual se redujo de 211% a 32%, un descenso que —según su interpretación— refleja el impacto del superávit fiscal.

Aun así, admitió que el ritmo de mejora económica todavía no alcanza a todos los sectores. “Hay gente que todavía la está pasando mal”, reconoció, al señalar que la velocidad del crecimiento es clave para que la recuperación llegue a los segmentos más rezagados.

En el plano político, Caputo proyectó un cambio de ciclo electoral y minimizó la posibilidad de una recuperación del kirchnerismo. Según su análisis, ese espacio político se encamina a convertirse en “una minoría absoluta” y podría quedar “marginal” hacia 2031.

Esa afirmación convive con la narrativa oficial que vincula el riesgo país con el temor del mercado a un eventual retorno de ese espacio político. La coexistencia de ambos argumentos refleja una tensión discursiva dentro del propio diagnóstico económico.

Entre la narrativa económica y la credibilidad del mercado

La intervención del ministro buscó consolidar un relato de estabilidad macroeconómica y confianza futura ante un auditorio empresarial. Sin embargo, el desafío central sigue siendo el mismo que el propio Caputo describió: reconstruir la credibilidad en un país marcado por ciclos repetidos de crisis y ajustes.

La política económica del Gobierno apuesta a que el orden fiscal y la apertura del mercado generen las condiciones para una expansión sostenida. Pero esa estrategia convive con tensiones internas —como el debate con el sector industrial— y con un mercado financiero que todavía observa con cautela.

En ese equilibrio inestable se mueve hoy la agenda económica: entre la expectativa de consolidar un nuevo ciclo de estabilidad y la pregunta, todavía abierta, sobre cuánto tiempo tardará la confianza en traducirse en inversión y financiamiento.

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Aliado de Trump frena perforaciones en EE.UU. y apuesta por Vaca Muerta

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Harold Hamm, fundador y principal accionista de Continental Resources y uno de los empresarios más cercanos a Donald Trump, confirmó la suspensión de nuevas perforaciones en la formación Bakken, en Dakota del Norte. La decisión, comunicada a Bloomberg a mediados de enero, marca la primera vez en más de 30 años que la compañía no operará plataformas activas en ese estado. El argumento es directo: con un costo mínimo de US$ 58 por pozo para cubrir gastos y obtener una ganancia marginal, “no tiene sentido perforar cuando los márgenes prácticamente han desaparecido”.

El movimiento no implica un repliegue global. Por el contrario, la empresa decidió redirigir inversiones hacia el yacimiento argentino de Vaca Muerta, en la cuenca neuquina. El primero en confirmarlo fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anunció en su cuenta de X el ingreso de Continental tras la adquisición del área Los Toldos II Oeste a Pluspetrol. En enero, la compañía también informó la compra de cuatro bloques a Pan American Energy (PAE), mientras aclaró que la operación con Pluspetrol aún está sujeta a condiciones de cierre.

El giro expone una tensión estructural: mientras Estados Unidos consolidó su liderazgo como mayor productor mundial gracias al fracking, la baja de precios y la inflación local erosionan márgenes. Argentina, en cambio, aparece como frontera de oportunidad. ¿Es una decisión táctica o el inicio de un reordenamiento más amplio del capital energético?

Costos, precios y reconfiguración de inversiones

El freno en Bakken responde a una ecuación simple. Según BloombergNEF, el punto de equilibrio subió casi 4% interanual por el aumento de costos operativos. Al mismo tiempo, los precios internacionales del crudo retrocedieron ante expectativas de exceso de oferta. Analistas señalan además el regreso progresivo del crudo venezolano al mercado estadounidense como factor adicional de presión.

El debate no es solo coyuntural. El petróleo no convencional exige inversión sostenida para mantener niveles productivos y es más sensible a la baja de precios que el crudo convencional. Un informe de Wood Mackenzie anticipa que en 2026 la producción de los 48 estados continentales podría estancarse por primera vez desde la pandemia.

En ese contexto, Vaca Muerta ofrece otra ecuación. Diversos estudios, incluido uno del Real Instituto Elcano, señalan que su productividad es comparable a grandes cuencas norteamericanas. Autoridades argentinas sostienen que se trata del cuarto recurso mundial de petróleo no convencional y el segundo de gas. Con un Brent en torno a US$ 68, el desarrollo intensivo se mantiene competitivo. Algunos analistas ubican el umbral de rentabilidad por encima de US$ 50 por barril, una diferencia relevante frente al punto de equilibrio en Bakken.

Producción récord y respaldo político

El desembarco de Continental ocurre en un momento de expansión productiva. En 2025, Argentina alcanzó casi 860.000 barriles diarios de crudo, con alrededor del 68% proveniente de Vaca Muerta, según datos de la consultora RICSA. Las exportaciones de combustibles y energía totalizaron US$ 11.086 millones, con un crecimiento interanual de 14,1%. El petróleo crudo explicó US$ 6.714 millones FOB, el mayor nivel en dólares en 23 años.

El movimiento también tiene lectura política. Hamm visitó el país en septiembre y se reunió con el presidente Javier Milei, aliado de Trump. La llegada de un empresario identificado con el círculo republicano fortalece la narrativa oficial sobre apertura a inversiones y competitividad energética.

En paralelo, el mapa empresario se reconfigura. Algunas compañías internacionales, como ExxonMobil, Petronas o TotalEnergies, vendieron activos o redujeron exposición, mientras otras —entre ellas la italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes Unidos— avanzan en asociaciones con actores locales como YPF y PAE.

Correlación de fuerzas y escenario abierto

La decisión de Continental reordena incentivos. En Estados Unidos, el freno en perforaciones refleja límites de rentabilidad y anticipa menor dinamismo en ciertas cuencas. En Argentina, en cambio, consolida a Vaca Muerta como polo de atracción de capital en un momento donde el Gobierno busca ampliar exportaciones y generar dólares.

Sin embargo, la ecuación depende de variables externas. Si el precio internacional cae por debajo de los US$ 50, la competitividad también se pondría a prueba. El propio Hamm reconoce que muchas compañías evalúan su actividad en todas las cuencas.

La apuesta argentina se apoya en costos, productividad y respaldo político. Pero el mercado energético global sigue condicionado por oferta, demanda y decisiones geopolíticas. El desembarco de un aliado de Trump en Neuquén es una señal potente. Resta ver si inaugura una etapa sostenida de inversión o si queda atado a la volatilidad del barril.

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Caputo desafía a los mercados y relativiza el riesgo país: “No se arregla con reservas ni con un bono de USD 1.000 millones”

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El ministro defendió la estrategia del Gobierno y marcó límites a la presión financiera.

En Córdoba, ante empresarios reunidos en la Fundación Mediterránea, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso una tensión que atraviesa hoy al Gobierno: pese a la compra acelerada de reservas, el riesgo país se mantiene cerca de los 600 puntos básicos. Y lejos de anunciar un giro, eligió confrontar con el diagnóstico de los analistas. “Es más difícil de lo que se cree”, dijo, en un mensaje que buscó ordenar expectativas dentro y fuera del mercado.

El dato no es menor. El Ejecutivo incrementó las compras de divisas por encima del compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional —pasó de un 5% del volumen diario acordado a algo más del 30%—, pero esa señal no se tradujo en una baja sustancial del indicador que mide el costo del financiamiento externo. La pregunta que dejó flotando Caputo es si el mercado exige algo más estructural que acumulación de dólares o si, directamente, el acceso al crédito sigue condicionado por factores políticos y externos.

Reservas, acceso al mercado y el debate sobre la colocación internacional

Caputo apuntó contra quienes, semanas atrás, reclamaban mayor intervención del Banco Central para fortalecer reservas como condición para reducir el riesgo país. Ahora, sostuvo, esos mismos sectores proponen una colocación internacional, aunque sea por USD 1.000 millones, como gesto para validar acceso al mercado.

El ministro rechazó esa alternativa. “Esas son cosas coyunturales que no cambian nada”, afirmó. Según su lectura, el mercado no necesita demostraciones simbólicas de acceso, porque “lo único que sabe es si un país tiene acceso o no”. La diferencia, agregó, puede estar en la tasa, no en la posibilidad técnica de emitir deuda.

La definición tiene peso político. Implica que el Gobierno no se moverá por presión de corto plazo y que priorizará el equilibrio fiscal y la acumulación de reservas por sobre señales financieras que puedan interpretarse como concesiones.

El funcionario insistió en que la estrategia de compra de divisas continuará y que se ejecuta “sin afectar el precio”, considerando la profundidad del mercado. El mensaje apunta a despejar temores de distorsiones cambiarias, pero también a sostener la idea de que la política económica tiene coherencia interna más allá de la volatilidad externa, hoy atravesada por el conflicto en Medio Oriente.

Equilibrio fiscal como eje de poder

Caputo encuadró el debate financiero dentro de una narrativa más amplia: orden macroeconómico, reducción del gasto y eliminación del déficit. Aseguró que el Gobierno bajó el gasto 30% en términos reales y corrigió cinco puntos de déficit fiscal en un mes, sin recurrir a default ni a mecanismos extraordinarios.

En términos políticos, el mensaje es claro. El oficialismo busca consolidar el equilibrio fiscal como activo de poder, no solo como herramienta técnica. “El compromiso fiscal es indeclinable”, afirmó el ministro, y lo presentó como “el escudo más importante ante cualquier shock externo”.

Esa postura redefine la correlación de fuerzas con el mercado. Si el Gobierno mantiene superávit y disciplina fiscal, el riesgo país deja de ser —según esta lógica— un indicador exclusivamente interno y pasa a estar más vinculado a percepciones estructurales y al contexto global.

También defendió la continuidad de reformas y la baja de impuestos, condicionadas al crecimiento de la recaudación y la formalización del empleo. En ese marco, mencionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la reducción de aportes patronales de 18 a 2 puntos, con el objetivo de transparentar costos y reducir litigiosidad.

Crecimiento, crédito y el desafío estructural

El ministro vinculó el problema del riesgo país con una debilidad más profunda: la falta de crédito y de mercado de capitales. Recordó que cuando el Gobierno asumió, el crédito al sector privado representaba apenas el 3% del PBI, frente a niveles superiores al 30% en economías comparables.

Para Caputo, el ahorro existe pero permanece fuera del sistema financiero. Sin crédito interno y con dependencia histórica del financiamiento externo, la baja del riesgo país no depende solo de decisiones puntuales, sino de reconstruir confianza de largo plazo.

Esa definición introduce un matiz estratégico. Si el problema es estructural, la solución no será inmediata. Y si el mercado exige pruebas adicionales, el Gobierno parece dispuesto a sostener el rumbo antes que modificar la hoja de ruta.

Un indicador bajo presión y un Gobierno que no cede

La exposición en la Fundación Mediterránea funcionó como mensaje político. Caputo no anunció cambios. Tampoco negó la dificultad. Admitió que el proceso es “más difícil de lo que se cree”, pero reafirmó la continuidad del esquema fiscal, la acumulación de reservas y la agenda de reformas.

El riesgo país cerca de los 600 puntos básicos refleja que la discusión sigue abierta. La clave estará en si el equilibrio fiscal y la acumulación sostenida de divisas logran alterar la percepción de acceso al crédito o si el mercado demanda un hito adicional.

Por ahora, el Gobierno elige resistir la presión coyuntural. El termómetro financiero no acompaña, pero la estrategia no se mueve. En las próximas semanas, la evolución del contexto internacional y la reacción de los inversores marcarán si la apuesta consolida autoridad o reabre el debate interno sobre cómo acelerar la baja del costo argentino.

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