Luis Caputo

Junio cerró con déficit fiscal, pero el Gobierno sostuvo el superávit acumulado en el primer semestre

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Las cuentas públicas registraron un traspié en junio, aunque el Gobierno nacional logró preservar el equilibrio fiscal acumulado durante la primera mitad del año. El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional (SPN) cerró el sexto mes de 2026 con un déficit financiero de $1,02 billones, explicado por una combinación de menores ingresos tributarios y un incremento estacional del gasto asociado al pago del medio aguinaldo a jubilados y pensionados.

Pese al resultado mensual negativo, el balance del primer semestre continúa mostrando números positivos. Entre enero y junio, el SPN acumuló un superávit financiero equivalente al 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario cercano al 0,6% del PBI, manteniendo vigente el principal ancla del programa económico que impulsa el Gobierno nacional.

Durante junio, el resultado financiero arrojó un rojo de $1.024.891 millones, compuesto por un déficit primario de $696.843 millones y pagos de intereses de la deuda pública —netos de operaciones intra sector público— por $328.049 millones.

Desde el Palacio de Hacienda explicaron que el deterioro mensual respondió principalmente al traslado de los vencimientos del Impuesto a las Ganancias para personas humanas hacia julio, lo que redujo la recaudación del período, mientras que el gasto aumentó por el impacto del pago del aguinaldo a beneficiarios del sistema previsional.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $14,16 billones, con una expansión interanual superior al 22%. En tanto, los recursos tributarios crecieron 21,7% respecto de junio de 2025, aunque ese desempeño quedó condicionado por la postergación del calendario impositivo.

Por el lado del gasto, las erogaciones primarias ascendieron a $14,86 billones, con un incremento interanual del 37,7%. El principal componente continuó siendo el gasto previsional: las prestaciones sociales totalizaron $11,06 billones, un 38,1% más que un año atrás, impulsadas por la incorporación del medio aguinaldo.

Las remuneraciones del sector público alcanzaron los $1,61 billones, con una suba interanual del 20,2%, mientras que las transferencias corrientes crecieron 48,6% hasta los $3,54 billones. Dentro de ese rubro, Economía destacó el incremento de las partidas destinadas a las universidades nacionales.

En materia de subsidios, el Estado destinó $1,06 billones, de los cuales $714.381 millones correspondieron al sector energético y $348.916 millones al transporte. Por su parte, el gasto de capital se ubicó en $224.453 millones, mostrando una recuperación respecto del mes anterior.

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que el resultado acumulado confirma la continuidad de la política de disciplina fiscal, uno de los pilares centrales del programa económico. En esa línea, el ministro Luis Caputo sostuvo que “el orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico” y aseguró que la consolidación fiscal permitió avanzar con una reducción de impuestos nacionales equivalente a casi 3% del PBI desde 2024.

Si bien el déficit de junio refleja el impacto de factores estacionales y del calendario tributario, el dato que sigue observando el mercado es el comportamiento del resultado acumulado. Con un superávit primario del 0,6% del PBI en la primera mitad del año, el Gobierno mantiene margen para acercarse al objetivo comprometido con el Fondo Monetario Internacional, que establece una meta anual de 1,4% del PBI.

Imig Junio 2026 by CristianMilciades

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El Tesoro colocó los USD 150 millones previstos en la segunda vuelta del Bonar 2029

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La Secretaría de Finanzas completó con éxito la segunda vuelta de la licitación del nuevo Bonar 2029 (AO29), al adjudicar la totalidad de los USD 150 millones previstos para esta instancia. La operación volvió a mostrar un elevado interés de los inversores, ya que recibió ofertas por USD 276 millones en valor nominal, casi el doble del monto finalmente colocado.

La licitación complementó la colocación realizada el día anterior y se efectuó bajo la modalidad de adhesión al precio de corte definido en la primera ronda. En términos de valor efectivo, las propuestas alcanzaron USD 260 millones, mientras que el monto adjudicado fue de USD 141 millones, correspondiente a un valor nominal de USD 150 millones.

El Bonar 2029 mantuvo las mismas condiciones financieras de la licitación original. El precio de corte quedó fijado en USD 943 por cada USD 1.000 de valor nominal, con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 7,99% y una Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual (TIREA) de 8,29%.

Dado que la demanda superó ampliamente la oferta disponible, la Secretaría de Finanzas aplicó un factor de prorrateo de 54,43% sobre las órdenes presentadas al precio de corte, mecanismo habitual cuando el volumen ofertado excede el cupo establecido.

Con esta segunda rueda, el nuevo Bonar 2029 amplió su volumen en circulación hasta alcanzar un valor nominal de USD 649 millones, consolidando la estrategia oficial de captar financiamiento en moneda dura mediante instrumentos destinados al mercado.

La elevada demanda registrada tanto en la licitación principal como en esta segunda instancia refleja el interés de los inversores por los títulos soberanos en dólares, en un contexto donde el Gobierno busca fortalecer su programa financiero, extender el perfil de vencimientos y diversificar las fuentes de financiamiento sin incrementar las necesidades de emisión monetaria.

La operación también confirma la utilización de las segundas vueltas como herramienta para ampliar las colocaciones cuando la respuesta del mercado supera las expectativas iniciales, permitiendo al Tesoro captar recursos adicionales manteniendo las mismas condiciones de tasa y precio definidas en la licitación competitiva.

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El Gobierno modifica el Presupuesto 2026 por DNU: refuerza fondos para el pago de salarios, deuda y programas sociales

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El Gobierno nacional volvió a recurrir a un Decreto de Necesidad y Urgencia para introducir modificaciones al Presupuesto 2026 con el objetivo de reforzar partidas destinadas a áreas consideradas críticas para el funcionamiento del Estado. A través del DNU 594/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reasignó recursos para afrontar incrementos salariales, fortalecer el financiamiento de las universidades nacionales, ampliar el presupuesto de la ANSES para cubrir déficits previsionales provinciales y garantizar el funcionamiento de distintos organismos de la Administración Pública.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y la totalidad del Gabinete, sostiene que la adecuación presupuestaria resulta indispensable para evitar riesgos en la prestación de servicios esenciales y para atender compromisos que surgieron durante la ejecución del ejercicio fiscal. El decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez conforme al procedimiento previsto para los DNU.

Uno de los principales ejes de la modificación es el refuerzo presupuestario para la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Los nuevos recursos estarán destinados a financiar la política salarial de docentes y no docentes de las universidades nacionales y asegurar la continuidad del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, una herramienta orientada a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo. El área recibirá un aumento de $1.335.312.502.795 en su partida presupuestaria.

En paralelo, el Ejecutivo amplió el presupuesto de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para garantizar el financiamiento del Programa Monotributo Social, mecanismo que facilita la formalización laboral de trabajadores de bajos ingresos y emprendedores de la economía popular.

Otro de los capítulos de mayor impacto económico corresponde a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El decreto fija en $409.342.664.874 el crédito presupuestario destinado a financiar las transferencias hacia las cajas previsionales provinciales con déficit no transferidas al Estado nacional, consolidando uno de los principales compromisos financieros del sistema previsional argentino.

La readecuación también alcanza a la Jurisdicción Servicio de la Deuda Pública, cuyos créditos fueron incrementados para asegurar el cumplimiento de los vencimientos financieros previstos durante el ejercicio. Paralelamente, se modifican partidas de Obligaciones a Cargo del Tesoro para asistir financieramente a Educ.ar S.A.U., empresa estatal que depende de la Secretaría de Educación y desarrolla contenidos y plataformas digitales para el sistema educativo.

El decreto incorpora además una operación financiera relevante para las cuentas públicas. El Ministerio de Capital Humano deberá transferir al Tesoro Nacional $280.510.611.926, correspondientes al reembolso de fondos vinculados al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, recursos que habían sido adelantados previamente por el Tesoro.

La modificación presupuestaria también contempla ajustes administrativos derivados de cambios en la estructura del Estado. Mientras se completan las adecuaciones formales de organismos cuya naturaleza jurídica fue modificada durante 2026, el Ejecutivo dispuso que continúen ejecutando sus gastos con cargo a las partidas originalmente asignadas.

Se asignaron más fondos para el funcionamiento de hospitales nacionales. El Hospital Garrahan recibirá $103.966 millones, mientras que el Hospital Cuenca Alta Nestor Kirchner contará con $17.521 millones, entre otros centros de salud del sistema SAMIC.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) recibió un refuerzo total de $49.261 millones, que incluye partidas para personal, bienes de consumo y equipos de computación. Por su parte, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal también recibieron adecuaciones en sus créditos para gastos de personal y funcionamiento.

En cuanto a la deuda pública, se registró una readecuación importante del presupuesto para cumplir con los servicios financieros del ejercicio actual, incluyendo la amortización de letras intransferibles al Banco Central por más de $18 billones, utilizando recursos del Tesoro Nacional.

Las planillas anexas al decreto muestran que la redistribución de recursos alcanza a numerosos organismos del Estado. Entre ellos aparecen refuerzos para el Poder Judicial, el Ministerio Público, universidades nacionales, áreas de seguridad, cultura y diversos organismos descentralizados, principalmente para afrontar gastos salariales, funcionamiento e inversiones operativas.

Desde una perspectiva fiscal, el DNU refleja las tensiones propias de la ejecución presupuestaria en un contexto de fuerte disciplina sobre el gasto público. Aunque el Gobierno mantiene como objetivo central el equilibrio fiscal, la dinámica de la administración obliga a reasignar partidas para atender compromisos salariales, previsionales, educativos y financieros que no podían postergarse sin afectar el funcionamiento del Estado.

DNU 594/2026 by CristianMilciades

La decisión confirma, además, que el Poder Ejecutivo continúa utilizando la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia para introducir modificaciones presupuestarias durante la ejecución del ejercicio, una práctica prevista por la legislación vigente pero que, como ocurre con todos los DNU, quedará sujeta al control político posterior del Congreso de la Nación.

anexo 1 DNU 594/2026 by CristianMilciades

anexo 2 DNU 594/2026 by CristianMilciades

anexo 3 DNU 594/2026 by CristianMilciades

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Hacienda captó $5,44 billones y logró un rollover del 183% en una licitación con fuerte demanda por bonos en dólares

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La Secretaría de Finanzas cerró una nueva licitación de deuda con un resultado que refuerza la estrategia financiera del Gobierno para sostener el programa de financiamiento en moneda local y reducir las necesidades de emisión monetaria. En la operación adjudicó instrumentos por un valor efectivo de $5,44 billones, luego de recibir ofertas por $8,45 billones, lo que implicó un rollover del 183,12% respecto de los vencimientos que enfrentaba el Tesoro en la jornada.

El elevado nivel de renovación refleja que el mercado volvió a mostrar una demanda superior a las necesidades de financiamiento inmediato del Estado, permitiendo al Ministerio de Economía captar recursos adicionales y continuar fortaleciendo su posición de liquidez en un contexto de consolidación fiscal y desaceleración inflacionaria.

La mayor parte de los fondos adjudicados se concentró en instrumentos en pesos a tasa fija. La LECAP con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6) absorbió $2,38 billones, con una tasa efectiva mensual (TEM) de 1,92% y un rendimiento efectivo anual (TIREA) de 25,59%, consolidándose como el principal vehículo de colocación de la licitación.

En los instrumentos ajustados por inflación, el Tesoro adjudicó $1,08 billones en el BONCER TZXM8, con vencimiento en marzo de 2028 y una TIREA de 8,07%, manteniendo el interés de los inversores por activos indexados al CER, aunque con una participación menor respecto de las colocaciones a tasa fija.

También tuvo una buena recepción el bono ajustado por tasa TAMAR (TMG28), que captó $627.511 millones, equivalente a $0,63 billones, con un margen de 8,06%, ampliando la oferta de instrumentos vinculados a tasas variables dentro del menú financiero del Tesoro.

Uno de los datos más relevantes volvió a ser la demanda por títulos vinculados al dólar oficial. Los instrumentos Dólar Linked sumaron adjudicaciones por aproximadamente $1,35 billones, distribuidos entre la letra con vencimiento en agosto de 2026 ($259.998 millones, TIREA de 7,77%), la nueva emisión con vencimiento en mayo de 2027 ($868.063 millones, TIREA de 3,16%) y el bono a diciembre de 2028 ($222.177 millones, TIREA de 9,08%). La colocación del nuevo título evidencia que una parte del mercado continúa demandando cobertura cambiaria de mediano plazo, pese al actual esquema de flotación administrada del tipo de cambio.

El mayor interés relativo, sin embargo, se observó en el nuevo BONAR 2029 (AO29) denominado e integrado exclusivamente en dólares estadounidenses. Por este instrumento el Tesoro recibió ofertas por USD 1.046 millones, pero adjudicó USD 470 millones a un precio de corte de USD 943 por cada VNO USD 1.000, equivalente a una TNA de 7,99% y una TIREA de 8,29%.

La diferencia entre la demanda y el monto finalmente aceptado muestra que el Gobierno optó por privilegiar el costo financiero antes que maximizar la captación de divisas, manteniendo una política de colocaciones selectivas.

El Ministerio de Economía confirmó además que este jueves realizará una segunda vuelta del BONAR 2029, abierta a personas humanas y jurídicas, por hasta USD 150 millones adicionales, al mismo precio de corte surgido de la licitación principal. La operatoria se extenderá entre las 11 y las 13 horas a través del sistema oficial de licitaciones.

El resultado de la licitación llega en un contexto de descenso de la inflación, mejora de las expectativas financieras y reducción del riesgo país, factores que vienen favoreciendo una mayor demanda de instrumentos emitidos por el Tesoro. Al mismo tiempo, el elevado rollover fortalece la estrategia oficial de financiar los vencimientos principalmente con colocaciones en el mercado, reduciendo la dependencia de la asistencia monetaria del Banco Central.

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El RIGI suma un nuevo proyecto de litio en Catamarca: aprobaron una inversión de US$709 millones

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El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) continúa ampliando su cartera de proyectos estratégicos. El Comité Evaluador aprobó el ingreso de la iniciativa presentada por la sucursal dedicada de LIEX S.A., destinada a desarrollar un complejo de producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, ubicado en Fiambalá, provincia de Catamarca. La inversión comprometida asciende a US$709 millones, consolidando al litio como uno de los sectores con mayor capacidad para atraer capitales de largo plazo dentro de la minería argentina.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el proyecto contempla la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, además del desarrollo integral de la infraestructura necesaria para la explotación del yacimiento. El plan incluye la perforación de pozos para extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos internos, tuberías, instalaciones industriales auxiliares y obras de control de inundaciones, entre otras inversiones vinculadas a la operación del complejo.

Desde la perspectiva económica, el emprendimiento presenta indicadores de escala relevantes. Según la documentación evaluada por el Comité, el yacimiento dispone de recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva, mientras que las exportaciones proyectadas alcanzarían aproximadamente US$400 millones por año, fortaleciendo el ingreso de divisas provenientes del sector minero y ampliando la participación del litio dentro de la matriz exportadora argentina.

El impacto también se proyecta sobre el mercado laboral. Durante las etapas de construcción y operación, el desarrollo demandará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos, generando un efecto multiplicador sobre proveedores, servicios especializados, infraestructura y actividades vinculadas a la cadena minera de Catamarca.

La aprobación representa un nuevo respaldo al RIGI como herramienta para canalizar inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos por el Gobierno nacional. Con la incorporación de LIEX S.A., el régimen acumula 21 proyectos aprobados, que en conjunto comprometen US$46.700 millones en inversiones distribuidas entre minería, energía e infraestructura.

Para la administración nacional, la incorporación de nuevos proyectos busca consolidar un esquema de previsibilidad regulatoria orientado a acelerar el desarrollo de inversiones intensivas en capital y con fuerte perfil exportador. En ese contexto, el litio continúa posicionándose como uno de los principales motores del crecimiento minero argentino, impulsado por la creciente demanda internacional asociada a la transición energética y a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

La aprobación del proyecto en Catamarca reafirma además el protagonismo del denominado “triángulo del litio”, integrado por Argentina, Chile y Bolivia, una región que concentra una parte sustancial de las reservas mundiales del mineral y que se ha convertido en uno de los principales destinos para las inversiones globales en minerales críticos.

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