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Lula y Peña se reúnen la próxima semana para abrir renegociación sobre Itaipú

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Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y Paraguay, Santiago Peña, se reunirán el jueves de la semana próxima en Brasilia para dejar formalmente abiertas las negociaciones sobre el llamado Anexo C del tratado por la represa de Itaipú que ambos países comparten.

El encuentro será en la sede del Ministerio de Minas y Energía, y fue anunciado por la conducción compartida de Itaipú, que integran los directores generales, Enio Verri y Justo Zacarías Irún, brasileño y paraguayo, respectivamente.

Brasil y Paraguay negociarán la revisión de la parte tarifaria de los aspectos contractuales del Anexo C, 50 años después de la firma del tratado que detalla la forma en que se gestiona la represa que comparten en la frontera.

El Anexo C del Tratado de Itapú, en vigor desde el 13 de agosto de 1973, contiene, entre otros puntos, las condiciones de abastecimiento y el costo del servicio de electricidad o tarifa, consigna la web de la represa.

Además, contempla los ingresos que tendrá la Entidad Binacional derivado de los contratos de prestación de los servicios de electricidad y su distribución.

Poco después de asumir la jefatura del Estado, Peña anunció la conformación de un “equipo altamente capacitado y con la experiencia necesaria para defender los intereses” del país en Itaipú Binacional, ante el inminente inicio de la discusión.

Y designó como miembros del Consejo de Administración de Itaipú a la jefa de Gabinete, Lea Giménez; al canciller Rubén Ramírez; al titular del Ministerio de Economía, Carlos Fernández Valdovinos; al titular de Industria, Javier Giménez, y al asesor Jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno.

La decisión apuntaba a equiparar a la representación con la de Brasil, que hace años tiene a ministros como consejeros, por lo que el encuentro de la semana próxima será casi un encuentro bilateral de gabinetes.

El Anexo C establece que la energía se reparte en un 50% para cada país, pero obliga al que no usa la propia a venderle al otro ese excedente.

La demanda paraguaya se salda con apenas el 10% de la electricidad de la represa, por lo que el resto va a Brasil, a precios que Asunción considera por debajo de los del mercado.

El Gobierno paraguayo, además, enfrenta la presión y las protestas el colectivo Itaipú Causa Nacional, integrado por partidos opositores y organizaciones sociales, sindicales y de campesinos, que reclaman endurecer las gestiones con Brasil.

Según los últimos datos oficiales publicados por medios asunceños, en el período comprendido entre 1984 y 2022, Paraguay aprovechó apenas el 8,9% de su producción total acumulada.

El resto fue entregada a Brasil a cambio de un concepto que establece el Tratado conocido como “Compensación por cesión de Energía”, cuyo promedio en el lapso de referencia rondó apenas los 4 dólares por MWh, un precio que chica con los vigentes en el mercado regional de la energía eléctrica.

Itaipú representa el 8,72% de toda la energía eléctrica que demandó el mercado brasileño, pero Brasil tiene una capacidad instalada de generación del doble de la que necesita actualmente.

Lula y Peña se vieron dos veces -en mayo y en julio- antes de que el paraguayo asumiera al frente del Palacio de López.

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Peña pone un ultimátum a las negociaciones entre el Mercosur y la UE y mira a otros socios potenciales

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El presidente paraguayo, Santiago Peña, dijo el lunes que interrumpirá las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) si las partes no llegan a un acuerdo antes del 6 de diciembre, cuando Brasil entregará la presidencia del bloque sudamericano a su país.

Peña ha criticado el avance de las conversaciones desde antes de asumir como mandatario. En una entrevista con Reuters una semana antes de su juramento, dijo que la UE demostró con sus propuestas que no tiene un interés claro de seguir adelante.

Tras regresar de su primer viaje oficial a Estados Unidos en el que participó en la Asamblea de Naciones Unidas, el mandatario aseguró que trasmitió a su colega de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien tuvo un encuentro bilateral, su intención de buscar otros acuerdos.

“He dicho y le he trasmitido esto al presidente Lula (da Silva) que cierre la negociación porque si él no cierra yo no voy a continuar en el próximo semestre”, declaró Peña en una conferencia de prensa.

“Voy a dedicarle el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones del mundo que yo estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo muy rápidamente (…) el caso de Singapur y el de Emiratos Árabes Unidos”, agregó.

Lula ha dicho que esperaba concluir este año las conversaciones sobre el acuerdo, que llevan en suspenso desde 2019 debido mayormente a las preocupaciones medioambientales europeas.

A mediados de septiembre, el Mercosur presentó una contrapropuesta a una adenda ambiental presentada por la UE, que Peña calificó de “inaceptable” por considerar que cercena la capacidad de desarrollo de países como el suyo.

“Paraguay tiene una fortísima vocación de integración (…) pero en este acuerdo comercial ya no es una discusión técnica, es una decisión política y esto no está ya más del lado del Mercosur sino del lado de la Unión Europea”, aseguró Peña.

Acuerdo con Vietnam

Mientras tanto, Lula da Silva indicó el lunes que Vietnam expresó interés en un acuerdo comercial con el bloque sudamericano, y añadió que planteará el tema para su discusión con los países miembro.

Lula afirmó que quiere acercar a los miembros del Mercosur a los países asiáticos y destacó que hay espacio para que crezca el comercio con Vietnam, al recibir en Brasilia al primer ministro vietnamita, Pham Minh Chính.

Canadá, Corea del Sur y Singapur son otros países en conversaciones para acuerdos comerciales con Mercosur. Lula había insinuado previamente posibles acuerdos con China, Indonesia, Vietnam y países de Centroamérica y el Caribe.

Lula dijo además el lunes que aspira a profundizar la cooperación entre Brasil y Vietnam en sectores como agricultura, educación y defensa, y agregó que ambos gobiernos firmaron acuerdos que cubren esas áreas durante su reunión.

Un memorando de entendimiento sobre defensa, añadió Lula, es el “primer paso” hacia un futuro acuerdo que abriría espacio para que su país exporte productos de defensa a la nación asiática, “incluidos aviones”. Minh Chính visitó el sábado la sede del fabricante brasileño de aviones Embraer en el estado de San Pablo.

Lula también agradeció el apoyo de Vietnam a Brasil en su intento de convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y dijo que aceptó la invitación de Minh Chính para visitar Hanói el próximo año.

“Somos dos países del Sur Global comprometidos con la paz, el multilateralismo, el desarrollo sostenible y la lucha contra el hambre y la pobreza”, dijo Lula. “Queremos una mayor representación en la gobernanza internacional”.

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Corte Suprema de Brasil anula pruebas del Lava Jato y dice que prisión de Lula fue “error histórico”

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El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, aceptó hoy una petición de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y anuló las pruebas logradas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, al considerar que fueron obtenidas de forma ilegal por el exjuez Sérgio Moro y los exfiscales de la operación Lava Jato, al tiempo que afirmó que fue un “error histórico” el dictamen de prisión contra el mandatario.

El fallo del juez Antonio Dias Toffoli indicó que las supuestas confesiones forman parte de artilugios ilegales de “tortura psicológica” que tuvieron como objetivo, entre otros, obtener pruebas falsas contra inocentes, a la vez que calificó como “algo armado” la condena a prisión que proscribió a Lula de las elecciones de 2018.

Los acuerdos de delaciones premiadas a Odebrecht firmados en el marco de Lava Jato en 2017 deberán volver ahora a jueces de la primera instancia para revisarse, ya que Toffoli consideró que no hubo un procedimiento adecuado y comparó lo ocurrido con las torturas que la dictadura militar ejerció contra los presos políticos.

El magistrado afirmó que los agentes públicos “se valieron de verdadera tortura psicológica para obtener pruebas contra inocentes” y que actuaron con parcialidad y fuera de su esfera de competencia.

De esa forma, invalidó elementos de prueba contenidos en los “sistemas de sobornos” que fueron presentados por Odebrecht para corromper políticos, financiar campañas electorales y hacer cartel con otras constructoras para ganar licitaciones públicas.

El acuerdo entre el Ministerio Público Federal y Odebrecht fue firmado en diciembre de 2016 y ratificado, en el ámbito de Lava Jato, en mayo de 2017, por el entonces juez Moro.

La empresa se comprometió a revelar conductas ilícitas y a cesar las prácticas con pago de multas en Brasil, Suiza y Estados Unidos y su entonces presidente, Marcelo Odebrecht, fue detenido.

Al menos 87 personas involucradas participaron de los acuerdos de delación y posteriormente la constructora cambió su nombre a Novonor por cuestiones de imagen, en medio de un proceso de convocatoria de acreedores.

El fallo de Toffoli indica que la detención de Lula en 2018 puede haber sido “uno de los mayores errores judiciales en la historia del país”.

Lula fue preso en abril de ese año acusado de corrupción pasiva y blanqueo de dinero, y salió de la cárcel tras 580 días, en noviembre de 2019, después de que el Supremo decidiera que una persona sólo puede cumplir condena cuando se agotan todos los recursos.

Posteriormente, en 2021, la corte anuló las sentencias contra el mandatario al considerar que Moro y los fiscales persiguieron políticamente al líder del Partido de los Trabajadores (PT) para retirarlo de la vida política y permitir la victoria del ultradrechista Jair Bolsonaro en los comicios de ese año.

De esa forma, Lula recuperó sus derechos políticos y pudo presentarse como candidato a las elecciones de 2022, que venció con 60 millones de votos, por un estrecho margen por encima de Bolsonaro.

Por su parte, Moro fue ministro de Justicia de Bolsonaro luego de haber encarcelado a Lula y hoy es senador opositor.

“Fue un montaje resultante de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarias a la ley”, dijo Toffoli en parte de la decisión.

También indicó que la detención de Lula “fue el verdadero huevo de serpiente de los ataques a la democracia y a las instituciones que ya se presagiaban en las acciones y voces de estos agentes contra las instituciones y el propio Supremo Tribunal Federal”.

El fallo de hoy fue rechazado por Moro, quien dijo que la corrupción durante los gobiernos del PT “fue real”.

“La corrupción en los Gobiernos del PT era real, los criminales confesaron y se recuperaron más de 6.000 millones de reales (unos 1.200 millones de dólares al cambio actual) para Petrobras”, señaló en las redes sociales el exjuez.

“Este fue el trabajo de Lava Jato, dentro de la ley, con decisiones confirmadas durante años por los Tribunales Superiores. Los brasileños lo vieron, lo apoyaron y conocen la verdad. Respetamos las instituciones y todas nuestras acciones fueron legales. Lucharemos en el Senado por el derecho a la verdad, por la integridad y por la democracia”, añadió.

Por el contrario, el ministro de Justicia, Flavio Dino, celebró la decisión judicial que deja atrás “una de las páginas oscuras” de la historia del país.

“La decisión del juez Toffoli tiene dos implicaciones: una es jurídica, al reafirmar la inocencia del presidente Lula, que fue injustamente juzgado sin el debido proceso legal; la otra es política, al dejar constancia de los absurdos perpetrados en una página oscura de nuestra historia”, manifestó en redes sociales.

“Cuando el Ministerio de Justicia reciba oficialmente la decisión, la enviaré a la Policía Federal para que cumpla la orden de investigar la responsabilidad penal de los funcionarios públicos”, agregó.

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El gobierno de Lula trabaja en una reforma para prohibir candidaturas de militares activos

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El gobierno de Brasil está elaborando una propuesta para modificar la Constitución y prohibir que militares en actividad puedan presentarse como candidatos en las elecciones, confirmó hoy el ministro de Defensa, José Múcio.

“Lo que deseábamos, y que las Fuerzas Armadas están de acuerdo totalmente, es que, quien quiera ser militar, no puede disputar un cargo político y después volver al comando”, explicó el ministro ante los medios, según el portal de noticias G1.

Según Múcio, hubo un largo diálogo durante meses con los militares para llevar a cabo la propuesta, y finalmente el gobierno cedió en un punto importante: no prohibirá que los militares sean ministros.

El veto tampoco afectaría a los agentes de la Policía Militar, ya que dependen de los gobiernos de los estados, por lo que el gobierno federal no tiene poder para impedir su participación en comicios.

Durante el mandato del presidente Jair Bolsonaro (2019-23) muchos militares dieron el salto a la política, y la politización de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar es uno de los problemas a los que ahora se enfrenta el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Para sacar adelante la prohibición se necesita modificar la Constitución, por lo que el gobierno tendrá que conseguir una amplia mayoría en el Congreso Nacional.

Se precisa el apoyo de tres quintos de los parlamentarios y dos votaciones favorables, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

En Diputados existe un grupo de trabajo conformado para analizar esos cambios en la legislación electoral, y se prevé que presente y vote el dictamen el próximo miércoles.

El grupo fue creado la semana pasada y, para que los cambios sean válidos para las elecciones municipales de 2024, la minireforma debe estar sancionada antes del 5 de octubre.

En la audiencia pública de hoy, el relator de la minireforma, el diputado Rubens Pereira Júnior (PT), explicó que el objetivo del proyecto es realizar ajustes a la legislación electoral para mejorar el proceso.

“No queremos hacer grandes cambios, sino pequeños ajustes que traigan grandes aportes. Ya tenemos texto para casi todas las propuestas; nuestra tarea será unificarlas”, afirmó en una entrevista con TV Cámara, recogida por la estatal Agencia Brasil.

Para Pereira, deben abordarse temas como la federación de partidos, la propaganda electoral, la rendición de cuentas electoral, la inelegibilidad, el financiamiento de campañas y la violencia política contra las mujeres.

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El Congreso de Brasil eliminó el tope del gasto público, tal como lo pidió Lula

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La Cámara de Diputados de Brasil sancionó hoy una ley, impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deroga el “techo” del gasto público que regía desde 2016 y establece nuevas reglas presupuestarias más flexibles, informó la prensa local.

Con 379 votos a favor y 64 en contra, la iniciativa obtuvo el visto bueno final luego de que regresara a la cámara baja con modificaciones introducidas por el Senado, y solo falta ahora la promulgación por parte de Lula para que rija.

La norma, que tendrá efecto en el presupuesto para el año próximo, eliminó el tope para el gasto público que el propio parlamento había sancionado en 2016 a instancias del gobierno del presidente Michel Temer.

La flamante ley permitirá al Ejecutivo mayor flexibilidad para el gasto, que podrá aumentar a medida que lo hagan los ingresos fiscales.

Al mismo tiempo, garantiza cierto rigor presupuestario al limitar el incremento de las erogaciones a una proporción equivalente a 70% del aumento de los ingresos del Estado, según la agencia estatal Brasil y la francesa AFP.

El proyecto, uno de los principales y más urgentes de Lula desde su campaña electoral, ya había sido aprobado por Diputados en mayo, pero luego el Senado le introdujo modificaciones, por lo que debió volver a ser debatido y votado en la cámara baja.

La medida es instrumental a las políticas del mandatario, que tras asumir el 1 de enero pasado su tercer período de gobierno restableció programas sociales y subsidios, y fortaleció organismos estatales de cuidado del ambiente, que habían sufrido recortes presupuestarios en la gestión de su antecesor, Jair Bolsonaro.

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