El domingo 30 de abril es el día apuntado para que los paraguayos puedan decidir sobre el futuro de su país. Dos grandes candidatos y dos modelos de país distintos.
Si bien, Paraguay cuenta con un abanico de nombres que movilizaron su capacidad de captación para intentar hacerse con el poder nacional, dos de ellos destacan y lo remiten a un cuasi bipartidismo de características históricas. Por un lado, Santiago Peña del Partido Colorado y del otro lado del ring electoral, Efraín Alegre.
Peña posee experiencia en la dirección política, como funcionario claro está, ya que fue ministro de Hacienda entre 2015 y 2017, durante la presidencia de Horacio Cartes. Es economista y es el “pollo” del líder y conductor del Partido Colorado.
Este dirigente es tristemente célebre por una desafortunada frase xenofóbica hacia la Argentina, cuando hizo mención que “el argentino no quiere trabajar”. Está a la vista de todos que, en una brújula ideológica, Peña responde a la derecha, en consonancia con la tesitura histórica de su partido político.
Efraín Alegre, en tanto, es el gran candidato opositor. Un abogado con sobrada calle en el campo político paraguayo. Fue diputado, senador, ministro de Obras Públicas y dos veces candidato a presidente de la Nación. Alegre integra y lidera el tradicional Partido Liberal, reconvertido, en 2023, como una alianza política amplia llamada Concertación Nacional.
Asimismo, este candidato ha tenido una cercanía política importante a Fernando Lugo, el último presidente paraguayo que no fue del Partido Colorado.
Aunque existan otros tantos candidatos, algunos muy llamativos como José Luis Chilavert, el mítico ex arquero de la selección de Paraguay y Vélez Sarsfield, la intención de voto daría una victoria a Santiago Peña, al menos a priori y según los datos que se manejan de manera preliminar.
El paraguayo no solamente decidirá cual será el apellido que conduzca los rieles de su país hasta el 2028, sino que además tiene una bifurcación en dos modelos políticos contrapuestos.
La continuidad del Partido Colorado solamente perpetuaría la hegemonía que la derecha y la centro-derecha tienen en su país, inclusive con un candidato presidencial que hizo ponderaciones positivas a la figura del fatídico dictador, Alfredo Stroessner.
Las propuestas de Santiago Peña no escapan a esa penosa forma de pensar, entendiendo su proyecto “más linces, menos motochorros”, donde simplemente busca combatir la delincuencia con mayor presencia policial. Está demostrado que esa fórmula no funciona sino está acompañada de políticas sociales que respondan a los sectores más vulnerables, salvo que este mismo sea una consecuencia del “efecto Bukele”, que, básicamente, es la sobredimensión del aparato represivo contra delincuentes. Demagogia, es otra de las palabras que describe a esta propuesta de Peña.
En términos económicos, ambos candidatos coinciden en el problema de Paraguay. La diferencia radica en que Peña busca combatir la inflación con la famosa fórmula de atracción de inversiones extranjeras, en tanto que Alegre apuesta a una visión mucho más humanitaria de la economía popular, involucrando a los sectores más golpeados de la sociedad. El último tiene un puntal social interesante y sumamente pedido por los paraguayos: salud pública gratuita.
Pero, ¿qué necesita la región? Son claves estas elecciones para la movilización de Sudamérica como bloque ante el mundo.
Con el retorno de Lula a Brasil, se retomó una perspectiva plural de trabajo con el “mundo”, no solamente como patio trasero de Estados Unidos. En este mundo multipolar, es fundamental conocer el movimiento de las naciones y economías pujantes.
Hoy en día, China representa un gran socio comercial para el Mercosur, por ejemplo, a tal punto que el mandatario brasileño aclaró que luego de cerrar acuerdos con la Unión Europea, el próximo sería con el gigante rojo de Asia. Asimismo, India es otra de las grandes economías pujantes, en conjunto a una Rusia en guerra, pero siempre presente en la mesa chica de los gigantes del globo.
Dicho esto, parece una obviedad que, gane quien gane en Paraguay, deberá conformar una serie de alianzas para sostener una visión multipolar del mundo. Sin embargo, una victoria de Santiago Peña podría ser fundamental para Estados Unidos, quien solamente tiene a Luis Lacalle Pou y Guillermo Lasso como aliados estratégicos en esta parte del mundo.
Es imposible dejar de pensar en Misiones cuando se habla de una movida política tan grande en Paraguay. Hoy, la provincia mantiene una asimetría enorme, tanto con Paraguay como con Brasil, e inclusive con Buenos Aires. Quien maneje las riendas de Asunción puede modificar sustancialmente las relaciones en la frontera. Hoy en día, con un Guaraní mejor posicionado que décadas atrás, pero con una inflación in crescendo, las medidas monetarias de Paraguay lo encuentran en una encrucijada. Si bien, el flujo de paraguayos comprando en Misiones es enorme y produce un gran movimiento económico, también es cierto que al argentino se le dificulta en el extranjero.
Otro tópico de vital importancia es la salud gratuita. ¿Qué pasaría si Paraguay accede a esta reivindicación histórica? Es conocida la situación de que Misiones abre sus brazos a los extranjeros que necesiten atención sanitaria, con el mejor equipamiento del Parque de la Salud en Posadas, pero un cambio tan profundo, significaría un giro de 180 grados. Ni hablar del combustible. Paraguayos abarrotan las estaciones de servicio en varias ciudades misioneras, ya que con el cambio se les hace mucho más favorable, a tal punto de que extendieron el fenómeno del tráfico de combustible.
Dicho esto, cualquier decisión al otro lado del Río Paraná modifica sustancialmente el contexto de Misiones, aunque, en una visión más amplia, Argentina se juega unas elecciones presidenciales claves, la continuidad del peronismo o el retorno de la derecha, con el fantasma del abominable Milei. Esto también va a variar en términos de intereses. Aunque, más allá de eso, algo queda claro: el paraguayo, nos guste o no, es “derechoso”, casi por definición.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy que pedirá al Congreso que apruebe un desembolso de 500 millones de dólares para el Fondo Amazonia, un mecanismo gestionado por Brasil para la lucha contra la deforestación, además de otros 1.000 millones para luchar contra el cambio climático en los países en desarrollo.
“Solicitaré los fondos para que podamos contribuir con 500 millones al Fondo Amazonía y otras actividades relacionadas con el clima durante los próximos cinco años para apoyar el esfuerzo renovado de Brasil para terminar con la deforestación para 2030”, expresó Biden en su discurso durante el Foro de las Principales Economías sobre energía y clima, organizado por la Casa Blanca, en el que también participaron Alberto Fernández y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Además, el mandatario estadounidense prometió 1.000 millones de dólares adicionales para el Fondo Verde para el Clima, un instrumento de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) “para conservar la Amazonia y otros ecosistemas críticos en América Latina”.
El anuncio de Biden llega después de que su antecesor. Donald Trump, negacionista del cambio climático, redujera a cero las contribuciones estadounidenses a ese programa.
La inyección financiera al Fondo Verde para el Clima eleva la contribución estadounidense a un total de 2.000 millones de dólares, todavía por debajo de la promesa inicial de 3.000 millones del expresidente Barack Obama, pero indica que la Casa Blanca está respondiendo a los pedidos de los países en desarrollo, los que menos contribuyen al cambio climático y los que más lo sufren.
“Los efectos del cambio climático los sentirán más quienes menos han contribuido al problema, entre ellos los países en desarrollo”, subrayó Biden en la reunión virtual, de la que también participaron el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el canciller alemán, Olaf Scholz, entre otros.
“Como grandes economías debemos apoyar a estas economías. El fondo es fundamental para ayudar a las naciones en desarrollo en aspectos que ahora no pueden hacer, pero no debe ser la única manera”, expresó Biden.
Pese a las promesas de financiación, activistas climáticos y científicos han criticado duramente a Estados Unidos y a otros países por responder a la escasez de petróleo y gas con un aumento de la producción y planes de expansión.
Los expertos subrayan que es imposible mantener el calentamiento global dentro de los límites esperados mientras se aumenta la perforación.
Estados Unidos ingresó al Fondo Amazonia, el fideicomiso global que tiene Brasil como compensación en caso de reducir la deforestación, y al que aportan también Noruega, Alemania, tras el regreso de Lula al poder.
Por su parte, el mandatario brasileño llamó hoy a una acción coordinada para hacer frente al cambio climático, que consideró el “mayor desafío” de esta generación. “Brasil está haciendo su parte y seguirá avanzando en los esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático”, aseguró durante su intervención.
“Contamos con la matriz energética más limpia del planeta. Más del 80% de nuestra electricidad proviene de fuentes renovables: hidroeléctrica, eólica, solar, etanol y biomasa. Y vamos a aumentar esta proporción, con la instalación de nuevos parques de generación de energía solar y eólica”, apuntó.
A la vez, se quejó de que los países desarrollados no se involucran lo suficiente.
“Desde que el compromiso fue asumido, en 2009, el financiamiento climático ofrecido por los países desarrollados se mantiene debajo de la promesa de 100.000 millones de dólares por año. Es preciso que todos hagan su parte”, dijo.
Además, prometió revertir “el daño al medio ambiente causado por el gobierno anterior” en la Amazonia y señaló que el objetivo de su gobierno es la “deforestación cero”.
“Los efectos del cambio climático agravan aún más la pobreza, el hambre y la desigualdad en el mundo, flagelos que Brasil combate con todas sus fuerzas. Somos también intransigentes defensores de la paz entre los pueblos. No hay sostenibilidad en un mundo en guerra”, consideró el mandatario brasileño, que se ha ofrecido como mediador para una solución negociada a la guerra en Ucrania.
En tanto, Fernández manifestó el “fuerte compromiso” de la Argentina con las metas ambientales dentro del “modelo de desarrollo sostenible e inclusivo” que impulsa el país, pero subrayó que el éxito depende de “la provisión de recursos financieros para los países en desarrollo”, una condición “fundamental” para la implementación de la acción climática.
“Desde el sur de las Américas vemos con preocupación la ausencia de vehículos financieros globales que ayuden a nuestros países a hacer frente a los desafíos que impone el cambio climático. Creemos firmemente que la arquitectura de financiamiento climático multilateral debe ser justa, transparente, equitativa y basada en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas”, apuntó.
Respecto de metas y desafíos, Fernández señaló que “la Argentina ha adoptado la acción climática como política de Estado y como un pilar indispensable del modelo de desarrollo sostenible e inclusivo” al que se aspira y, en ese sentido, señaló que se han dado “pasos contundentes”.
El Foro de las Principales Economías se puso en marcha por primera vez en 2009 de la mano de Obama como una forma de conseguir que los mayores contaminadores del mundo hablaran entre sí sobre la reducción de emisiones.
Los países más pobres han aumentado la presión sobre los ricos para que aporten más financiación a la lucha contra el cambio climático.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fustigó hoy al Fondo Monetario Internacional por “asfixiar” a la economía de Argentina a raíz de la exigencias requeridas para cumplir con las obligaciones de la deuda externa, durante un discurso en el Nuevo Banco de Desarrollo, el banco de fomento de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
“No se puede estar asfixiando a los países como está haciendo ahora a la Argentina con el FMI y como hacían con Brasil y otros países”, aseguró Lula al celebrar la asunción de la expresidenta Dilma Rousseff al frente del NDB.
Lula defendió el comercio y la financiación en monedas locales sin el uso del dólar y reivindicó al NDB como forma de independendizarse de las “amarras” de los organismos de financiamiento tradicionales, en referencia al FMI y el Banco Mundial.
“Ningún gobernante puede gobernar con un cuchillo en la garganta por el hecho de que el país sea un deudor. Los bancos multilaterales deberían poner tolerancia en cada renovación de acuerdos. El sueño de crear los Brics era crear un instrumendo de desarrollo”, aseguró Lula en la sede del banco de fomento del sur del global, ubicado en Shangai. en el primer día de su gira por China.
Además, criticó la forma en la cual los países se endeudaron apenas para cubrir la cuenta financiera y no destinar préstamos del FMI o de bancos privados para motorizar el desarrollo o la infraestructura.
“Todos los países pueden endeudarse, claro. Pero para hacer obras, activos que antes no había, para tener más capacidad de producción. Ese mundo queremos ver a partir de ahora, no el mundo de quienes piensan que los genios que opinan de economía y después quieren que el Estado salve a la quiebra de los bancos”, aseguró.
Lula citó el caso de la quiebra de Lehman Brothers en 2008 en Estados Unidos y la reciente crisis del banco suizo Credit Suisse. “Daban lecciones de sabiduría y Suiza tuvo que colocar el 8% de su PBI para salvar a los bancos privados”, fustigó el exlíder metalúrgico.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció la realización de la primera cumbre de presidentes del grupo BIC (Brasil, Indonesia y República Democrática del Congo) para conformar un pacto entre los países con las mayores reservas tropicales del planeta, en el marco de las políticas del sur global contra el cambio climático.
“Ahora, con el tema climático, el potencial de negociación de Brasil ha aumentado mucho. Todos quieren hablar con Brasil de clima”, aseguró el líder del Partido de los Trabajadores anoche, en el programa Voz do Brasil, del sistema de medios públicos, y reveló que en junio se realizará la primera cumbre de presidentes de la nueva alianza ambiental en la ciudad Kinshasa, la capital de República Democrática del Congo.
Lula aclaró que pretende invitar a los países sudamericanos que comparten la selva amazónica a la cumbre en la República Democrática del Congo.
“La Amazonia no es solo nuestra, es de los otros países sudamericanos también, y tiene un potencial extraordinario”, aseguró Lula, cuyo país posee el 60% de la selva sudamericana.
El mandatario defendió que la región debe generar recursos sostenibles para el bienestar de su población y que no debe ser tratada como un “santuario”, tras fustigar la política del gobierno de su antecesor Jair Bolsonaro, durante cuyo mandato se registraron los mayores avances del agronegocio y de la minería ilegal sobre las tierras indígenas.
“En junio tengo un compromiso con el Congo, que está invitando a Brasil y a Indonesia a realizar un gran encuentro entre los tres países que tienen las selvas tropicales más grandes”, dijo.
El presidente aseguró que Brasil está abierto a la investigación científica mundial en la Amazonia para generar industrias innovadoras que generen riqueza a las más de 25 millones de personas que viven en las ciudades comprendidas en la región.
La creación de la alianza había sido anunciada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), celebrada en Egipto el año pasado, y a la que asistió Lula, entonces presidente electo.
Durante la campaña electoral en 2022, la actual ministra de Medio Ambiente y Clima, Marina Silva, había anunciado la conformación del grupo BIC para que las naciones del sur tengan capacidad de negociación de compensaciones climáticas con los países desarrollados en los foros internacionales.
El objetivo de la coalición, según el gobierno brasileño, es valorizar la biodiversidad de los países y promover una remuneración justa por los servicios proporcionados por las tres naciones, especialmente a través de créditos de carbono de los bosques nativos.
Escribe Meghie Rodrigues , Diálogo Chino. Cuando el 30 de octubre de 2022 se confirmó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, científicos y ecologistas respiraron aliviados tras los cuatro destructivos años de gobierno de Jair Bolsonaro. Quince días después, y meses antes incluso de jurar el cargo, Lula ya estaba de camino a la cumbre del clima COP27 en Egipto para anunciar que “Brasil ha vuelto” a la escena medioambiental mundial.
Lula, que fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010, había prometido en repetidas ocasiones durante la campaña que retomaría el diálogo con países de todo el mundo, además de liderar la lucha contra la deforestación y renovar la inversión en políticas medioambientales. Estos esfuerzos son urgentemente necesarios tras la presidencia de Jair Bolsonaro, dijo Suely Araújo, especialista en políticas públicas del Observatorio del Clima (Observatório do Clima), una red climática brasileña sin ánimo de lucro.
“La situación que deja el gobierno de Bolsonaro, especialmente en la Amazonía, es de caos y ausencia del Estado”, dijo Araújo a Diálogo Chino. “Los organismos ambientales han sido deslegitimados y desmovilizados. Se han paralizado varias políticas públicas. Se necesita una reconstrucción completa”.
Vista aérea de la extracción de oro en la carretera Transgarimpeira, estado de Pará, en agosto de 2022. Los incendios arrasan la selva para dejar paso al avance de actividades económicas (Imagen: Flávia Milhorance / Diálogo Chino)
En sus dos primeros meses de mandato, Lula ha reanudado los proyectos y la financiación destinados a impulsar el desarrollo sostenible, y ha elegido para altos cargos ministeriales a dirigentes reconocidos por su trayectoria medioambiental. Se destacan los nombramientos de Marina Silva al frente del Ministerio de Medioambiente —cargo que ocupó de 2003 a 2008 durante el anterior gobierno de Lula— y el de Sonia Guajajara como la primera Ministra de Pueblos Indígenas del país.
Sin embargo, el gobierno de Lula también ha hecho anuncios que han puesto en alerta a los ecologistas, remontándose a las estrategias de crecimiento en las que se basó en sus anteriores mandatos, como las controvertidas inversiones en energía e infraestructuras. Entonces, ¿hasta qué punto son realistas los planes y promesas medioambientales del nuevo gobierno de Lula?
Lula anuncia grandes medidas en materia de ambiente
En su inicio, el gobierno de Lula tendrá que revisar o revocar varias leyes y decretos promulgados durante la era Bolsonaro que han debilitado la gobernanza ambiental de Brasil, explicó Suely Araújo. Un informe del Instituto Talanoa, una organización brasileña de política climática, destacó 401 leyes promulgadas por la administración anterior en varios sectores —incluyendo energía, biodiversidad y agronegocios— que sugirió deberían ser revisadas por el gobierno federal.
La toma de posesión de Lula como presidente de Brasil, en Brasilia, el 1 de enero de 2023 (Imagen: Ana Pessoa / Mídia Ninja / CC BY-NC)
El 1 de enero, el mismo día de su toma de posesión, Lula firmó un paquete de medidas para hacer frente a algunos de estos actos. El presidente revocó un decreto de 2022 que fomentaba la minería a pequeña escala en la Amazonía, lo que se consideraba que había favorecido la minería ilegal. También se relanzó el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm). Creado en 2004, durante la primera etapa de Marina Silva como ministra de Medioambiente, el PPCDam ayudó a reducir la deforestación en la selva amazónica en un 83% entre 2004 y 2012.
Tras su suspensión durante el gobierno de Bolsonaro, Lula también impulsó la reactivación del Fondo Amazonía, un mecanismo de apoyo a acciones de prevención, monitoreo y combate a la deforestación en la selva, financiado por países desarrollados como Noruega y Alemania. En febrero, Estados Unidos, Francia, España y la Unión Europea expresaron su interés en contribuir al fondo.
Además, el gobierno de Lula declaró el estado de emergencia para el pueblo Yanomami, un grupo indígena amazónico que se enfrenta a una crisis humanitaria provocada por la invasión de miles de mineros ilegales en su territorio. El 20 de febrero, un grupo de trabajo ya había prestado más de 5.000 servicios médicos al grupo.
El 27 de febrero, las autoridades visitaron el valle del Javari, también en la Amazonía, donde el año pasado fueron asesinados el activista indígena Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillips. Aunque la investigación del crimen está casi concluida, los líderes indígenas piden una mayor intervención del Estado en la región para combatir las amenazas a las que se enfrentan, y para contrarrestar las actividades ilegales que las dos víctimas habían intentado denunciar y prevenir. “No tenemos seguridad en nuestra propia tierra”, afirmó Paulo Marubo, coordinador de la asociación indígena Univaja, en una reciente conferencia de prensa.
Durante la visita, la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, anunció la creación de un comité permanente para la protección de la región del Valle del Javari, que reunirá a organismos y ministerios gubernamentales, fuerzas policiales y Univaja. “Tenemos que poner fin a este ciclo de violencia en todos los territorios indígenas”, afirmó.
Señales verdes prometedoras, pero con algunas polémicas
A pesar de los primeros indicios alentadores, algunas propuestas de la nueva administración aún pueden ser motivo de preocupación para ecologistas y activistas sociales. El gobierno de Lula tiene previsto realizar inversiones por el valor de 1.700 millones de reales (325 millones de dólares) en obras viales y ferroviarias en todo el país en el primer semestre de 2023. Entre ellas se encuentra el polémico Ferrogrão, una línea ferroviaria que transportará la producción de soja desde el centro de la Amazonía hasta la costa, y desde allí a mercados internacionales como China.
Una de las medidas que más polémica ha generado en las primeras semanas del nuevo gobierno ha sido la potencial financiación de un tramo de un gasoducto en el centro de Argentina, destinado a transportar gas de esquisto (o gas shale) desde la reserva de Vaca Muerta en el sur del país, que podría permitir la exportación de gas a Brasil. Durante una visita a Buenos Aires en enero, su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo, Lula señaló que “creará las condiciones” para que el banco estatal de desarrollo brasileño BNDES apoye el proyecto, cuya financiación se estima en 690 millones de dólares.
La extracción de gas en Vaca Muerta se lleva a cabo mediante fracturación hidráulica, o fracking, una técnica muy criticada por los ecologistas y prohibida en Francia, Alemania y el Reino Unido, entre otros países. El método “fractura” el esquisto arcilloso con una mezcla de agua, arena, disolventes y otros productos químicos, bombeados al subsuelo mediante chorros de alta presión. Estos chorros desprenden el gas de la roca y permiten extraerlo. Pero la mezcla contiene sustancias muy tóxicas, incluso cancerígenas, que pueden contaminar las aguas subterráneas. Dado su impacto geológico, el método de extracción también puede provocar terremotos.
El pueblo indígena mapuche de la provincia argentina de Neuquén, donde se encuentra Vaca Muerta, ha experimentado estos problemas de primera mano. Al menos 14 pozos de exploración han sido excavados en sus tierras, y han protestado contra la contaminación de sus aguas. Más allá de los impactos socioambientales en la región, y de las dudas que pueda arrojar sobre las credenciales ecológicas de Lula, la explotación de Vaca Muerta pone en entredicho los propios compromisos climáticos de Argentina.
Tras las reacciones al anuncio, el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, declaró posteriormente que el gasoducto de Vaca Muerta no requeriría recursos del BNDES. Una declaración del banco dada a Diálogo Chino dijo que, hasta el momento, “no hay demanda ni previsión, por parte del BNDES, de financiar proyectos de servicios de infraestructura en el exterior”.
¿Una nueva era de desarrollo?
Los grandes proyectos energéticos y de infraestructuras estaban en el ADN del primer gobierno Lula. Entre 2003 y 2010, la capacidad de generación de energía del país creció un 25%, terminando la década con 27.900 megavatios más de energía, en comparación con 2002. Durante este período, los programas de obras públicas construyeron o iniciaron la construcción de algunas de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo, más de 20.000 km de líneas de transmisión, más de 6.000 km de carreteras y 909 km de ferrocarriles.
La inversión pública en infraestructura fue uno de los pilares del modelo de desarrollo durante las últimas dos décadas, impregnando no sólo la primera era Lula, sino también el mandato de su sucesora Dilma Rousseff (2011-2016) y otros gobiernos latinoamericanos de la llamada “marea rosa“. Hoy, muchos de estos proyectos, como la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el estado de Pará, se consideran obsoletos, con impactos socioambientales y costos financieros que eclipsan las obras.
Otro pilar del modelo fue la financiación subvencionada por los bancos públicos para estimular al sector privado. Hubo incentivos directos, con programas de apoyo financiero a la agroindustria y la minería, e indirectos, mediante proyectos de construcción estatales, o privados con préstamos estatales, que facilitaron el flujo de productos básicos como la soja y la carne vacuna.
Aunque Lula haya “incorporado la sostenibilidad” a sus discursos, no debe renunciar a la estrategia que marcó sus dos primeros mandatos, opina Daniel Neri, profesor del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Minas Gerais.
Neri investiga los conflictos socioambientales del Cuadrilátero de Hierro, región del estado de Minas Gerais donde se extraen muchos de los minerales del país, como oro, diamantes y mineral de hierro. Le preocupa el nombramiento de Alexandre Silveira, cuya carrera política ha sido financiada por empresas mineras, para dirigir el Ministerio de Minas y Energía. Según el profesor, Silveira “no parece dispuesto en modo alguno” a imponer controles a la exploración minera para proteger el medioambiente.
También es probable que Lula se encuentre con una política interna más hostil que en sus primeros mandatos, afirmó Jamile Coleti, profesora de desarrollo económico de la Universidad Estatal de Minas Gerais. El abismo que se ha profundizado entre progresistas y conservadores, ilustrado por los ataques a edificios gubernamentales en Brasilia en enero, podría reducir la capacidad del gobierno de Lula para hacer avanzar las políticas medioambientales.
“La mayor dificultad del presidente Lula será construir alianzas políticas”, dijo Coleti, añadiendo que será un gran desafío pasar directamente de “un gobierno de extrema derecha” a una administración de izquierda.
Lula ha declarado en varias ocasiones que su misión es unir a un país dividido. Marina Silva, por su parte, se ha empeñado en promover la posibilidad de conciliar el desarrollo con la conservación. En el Foro Económico Mundial celebrado en Suiza el pasado mes de enero, la Ministra de Medioambiente subrayó que la agenda medioambiental del Gobierno será “transversal” y estará presente en sus políticas de energía, transporte, industria y agroindustria. “Podemos triplicar la producción agrícola de Brasil sin tener que talar un solo árbol”, afirmó Silva en el evento en Davos.
La elección de Silva para volver a dirigir el ministerio fue bien recibida por China, afirmó Leila Ferreira, profesora e investigadora del Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp). Desde hace más de una década, China sigue siendo el principal socio comercial y el mayor mercado de exportación de Brasil, y la expectativa es que ambos estrechen sus relaciones bilaterales.
“Ahora, con el gobierno de Lula dando prioridad a las cuestiones medioambientales, estoy absolutamente segura de que la conversación entre ambos países será beneficiosa”, afirmó Ferreira, especialista en políticas y relaciones medioambientales entre China y Brasil. China, dijo, “está mucho más interesada en asociarse con Brasil en el liderazgo medioambiental que con Estados Unidos”, dadas las tensiones geopolíticas entre las dos mayores economías.
La visita de Lula a Beijing, prevista para finales de marzo, en la que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, dará más pistas sobre el rumbo de la relación chino-brasileña. Es probable que el comercio y las infraestructuras ocupen un lugar destacado en la agenda, y el vicepresidente de Lula, Geraldo Alckmin, destacó recientemente el potencial de las inversiones chinas en energías renovables e hidrógeno verde, entre otros sectores. Al parecer, la diplomacia brasileña también se centrará en intentar reforzar el papel de los BRICS, el grupo que también incluye a Rusia, India, China y Sudáfrica.
